#LeyAmnistíaCDMX – Réplica al diario La Razón 26 oct 2016

Artículo original de La Razón: Morena hace ley para quitar delitos a 500 vándalos
Aquí el link de descarga del documento digital: respuesta-la-razon

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

Sr. Rubén Cortes Hernández,
Director General de La Razón,
P r e s e n t e .

El mayor daño, muy probablemente, que se ha hecho a los detenidos arbitrariamente en marchas y manifestaciones en esta Ciudad, es la criminalización y su identificación, con total impunidad por parte de sus acusadores, como “vándalos” y “delincuentes”.

Si revisamos los medios de comunicación del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, vamos a encontrarnos con un mundo de señalamientos, todos ellos falsos, pero que sin embargo han creado un entorno adverso socialmente para las víctimas, que es la fecha no ha sido resarcido a pesar de que se ha demostrado lo ilegal de sus procesos e incluso que muchos de ellos han obtenido sus libertad probando lo falso de las acusaciones que se les hicieron.

Es el caso de la nota aparecida hoy en La Razón, firmada por Luis Alonso, en la cual trata de presentarse a la Amnistía propuesta por Morena como una “ley a modo” hecha para “salvar” a 4 vándalos, repitiendo exactamente lo mismo que ha venido diciendo el GDF desde hace 3 años y soslayando que esos 4 jóvenes están presos por haber asistido a marchas o manifestaciones, que fueron inculpados de diversos delitos en medio de un cúmulo de irregularidades, y ante el fracaso sonado de todos los casos de detenciones en ese tipo de evento, ya que no pudo demostrarse a la mayoría su culpabilidad (más de 500 detenidos arbitrariamente, de los cuales sólo se pudo procesar a 193, casi todos libres por una razón u otra), se pretende ahora usarlos como “ejemplarizantes” de la “eficacia” del GDF y “prueba” de que el vandalismo sí se castiga en esta Ciudad.

La nota incurre, empero, en varias imprecisiones que es preciso aclarar:

1.- Jesse Alejandro Montaño, de 31 años de edad. El fue detenido sin ninguna razón antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013 y le fue sembrada marihuana para poderlo acusar de delitos contra la salud, a pesar de que consta en video todo lo que él llevaba en su mochila ese día. Salió en libertad, pero fue nuevamente detenido el 12 de junio de 2014, dice la nota “por ultrajes a la autoridad luego de que… escalara la megapantalla ubicada en el Zócalo capitalino, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas”. ¡Vaya delito!

2.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en 2013 a los 19 años, fue acusado de haber quemado el árbol de una refresquera pero no fue detenido en flagrancia sino en calles aledañas al Metro insurgentes; se le detuvo con lujo de violencia y lo sentenciaron con la única prueba de un video editado en el que no se logra ver más que un grupo de personas encapuchadas, aunque la jueza sí distinguió entre ellos a Fernando, y lo condenó a 5 años 9 meses. Le bastó el testimonio de un policía que lo “identificó” en el video y como no correspondía con los encapuchados que quemaron el árbol, lo que se dice es que se despojó de la capucha y de la ropa para confundirse con los transeúntes, aunque no presentan ni la capucha ni la ropa.

3.- Abraham Cortés Avila, joven oaxaqueño de 23 años, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por agentes vestidos de civil. A él lo condenaron a pesar de que de la noche a la mañana el delito original por el que se le acusó –portación de objeto apto para agredir- lo convirtieron, mediante el testimonio de dos policías, en tentativa de homicidio. Sin embargo, el MP nunca acreditó el dicho de los policías y los peritos dictaminaron que los objetos asegurados por los agentes remitentes y usados para inculparlo no fueron obtenidos con una adecuada cadena de custodia, por lo que estaban contaminados.  Originalmente lo sentenciaron a 13 años 4 meses, pero en su lucha jurídica para demostrar su inocencia logró que se rebajara la pena a 6 años 6 meses.

4.- Luis Fernando Sotelo. Él tiene 20 años y se le acusa de haber incendiado un Metrobús en CU el 5 de noviembre de 2014, pero en realidad fue castigado porque tenía un historial incómodo como activista comprometido. Tampoco fue detenido en flagrancia, y entre las irregularidades desde su detención constan que fue golpeado por la policía y las lesiones reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos; que fue trasladado en un carro particular al MP y después al Reclusorio Sur, antes del plazo legal de 48 horas, y sin que se le informara a los abogados. El único testimonio en su contra es el del conductor del metrobús, una declaración incongruente y prefabricada en la que a pesar de hablar de encapuchados, señaló plenamente como responsable a Luís Fernando.

5.- Gabriela Hernández, Luna Flores, su caso es emblemático de las arbitrariedades cometidas contra manifestantes por la SPP y la PGJ capitalinas. Ella nunca estuvo detenida por motín, fue detenida el 29 de octubre de 2013 y pasaron varios días para que se aclarara la razón de su detención. Dos policías la acusaron de “ultrajes a la autoridad” a pesar de contarse con videos que contradicen sus dichos, y sin embargo, la jueza consideró que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones”. Una clara violación no sólo de nuestra Constitución sino de las convenciones y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. Además tiene dos recomendaciones de la CDHDF en su favor, la 09/2015 y la 11/2016.

Ahora bien, respecto a otros detenidos que se señala en el reportaje: José Luis Ramírez Alcántara, no es sujeto de la Ley de Amnistía porque si bien fue preso y procesado penalmente por su supuesta participación en hechos vandálicos del 2 de octubre de 2013, esto nunca se le pudo comprobar y fue absuelto. Y tanto en su caso como en el de Irene Pérez Villegas, se les ha criminalizado por hechos que no contempla la Amnistía (la toma de CU) porque no se trata ni de una marcha ni de una manifestación. Pero además, en el caso de Irene, si bien fue detenida en la marcha del 2 de octubre de 2013, salió inmediatamente libre bajo fianza, confirmándose que los policías utilizaron toletes y gas pimienta, por lo que las detenciones fueron ilegales.

Conviene señalar además, que Abraham Cortés y Jesse Alejandro Montaño están considerados dentro de Recomendaciones de la CDHDF. Jesse Alejandro en la 11/2015 donde se consigna la tortura de que fue objeto, y en la 11/2016 donde consta lo arbitrario de su detención; y Abraham Cortés en la 10/2015 donde se da testimonio de la fabricación de delitos. Y si bien a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas no se les considera en ninguna Recomendación, la CDHDF mantiene bajo investigación ambos casos, el de Sotelo en el Exp. de Queja CDHDF/122/COY/14/D7154 y el de Bárcenas en el Exp. de Queja CDHDF/122/CUAUH/14/D1638. Contando éste último además con un “Amicus” emitido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

Subrayando por último que este es un caso de peculiar de Amnistía, pues trata de favorecer a inocentes, procesados y presos con procesos irregulares y acusaciones fabricadas, siendo que las Amnistías no se hacen para quienes la justicia señala como inocentes sino para favorecer a quienes los tribunales han condenado. Entonces, doblemente justificada esta Amnistía, porque lo que se busca con ella es hacer justicia y poner fin a un clima de tensión social, reconciliar a la sociedad con las autoridades y abrir paso a una nueva etapa, mejor  que la anterior. A eso se oponen quienes obstaculizan que se apruebe no un “dictamen de Morena” sino el dictamen aprobatorio de la Comisión de DDHH de la Asamblea, quienes con argumentos leguleyos insisten en mantener el clima de encono y desencuentro con un importante sector de ciudadanos, en especial jóvenes, un contexto en el que nadie puede ganar.

Tener jóvenes en las cárceles, y más por los “delitos” que se les achaca a los 4 presos, es una afrenta para cualquier gobierno que se precie de democrático, ya no se diga de izquierda.

Si José López Portillo y Carlos Salinas estuvieron dispuestos a amnistiar guerrilleros y ciudadanos acusados de terrorismo en sus gobiernos. Si priístas como José Murat y Fidel Herrera lo hicieron en sus respectivos estados, ¿cual es la verdadera razón por la que el gobierno de esta Ciudad se niega a corregir los flagrantes errores que cometió con ciudadanos y estudiantes criminalizados injustamente entre 2012 y 2015?

Morena no defiende vándalos ni la Amnistía es un “cheque en blanco” al vandalismo, antes bien la promueve porque hubo detenciones arbitrarias, porque hubo acusaciones inventadas y procesos irregulares mediante los cuales se condenó a inocentes y activistas, y todavía se mantiene a 4 jóvenes en prisión, por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta. 4 jóvenes que podrían estar estudiando, trabajando, aportando a la lucha social de manera constructiva y que con la sola acreditación de la irregularidad de sus detenciones y las violaciones al debido proceso sufridas por todos ellos sería razón suficiente para dejarlos libres. Y no se ha hecho.

Dicho lo anterior, convendrá con nosotros señor Director en que la Amnistía es la oportunidad de darle vuelta a la hoja de un capítulo que nunca debió haberse abierto. Un llamado a la razón y también a la concordia. No una bandera política sino, llanamente, una deuda social con los jóvenes de esta Ciudad.

En ejercicio del derecho de réplica consagrado por el Art. 6o de nuestra Constitución, solicitamos atentamente se publique la presente en el mismo espacio donde se publicó la nota de referencia el día de hoy.

Atentamente,
Presos, ex presos y procesados en el contexto de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México entre 2012 y 2015

Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

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Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

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Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.

2 de octubre. Posicionamiento sobre recomendación 10/2015 CDHDF

Observaciones a la recomendación 10/2015 de la CDHDF referente a los hechos de represión del 2 de octubre de 2013.

Luego de dos años y medio sin recomendaciones en torno a la escalada de represión que se ha vivido bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la CDHDF por fin se ha pronunciado. Desafortunadamente las recomendaciones que ha expedido carecen de la precisión y la rigurosidad que justifiquen la tardanza. Desde hace ya más de dos años numerosas víctimas de la actuación ilegal del gobierno capitalino acudimos a la CDHDF buscando que se le diera a este tema la mayor importancia dada su gravedad y su relevancia social. Se nos dio como excusa de la tardanza la supuesta intención de sacar una recomendación global que evidenciara la mala actuación de las autoridades y la política de violaciones de derechos humanos que se estaba dando. Desafortunadamente luego de dos años lo único que tenemos son tres recomendaciones separadas que ven estos hechos como casos aislados y que no apuntan contra los verdaderos perpetradores que dirigen el gobierno local. Nos centraremos pues en la recomendación 10/2015 referente a los hechos del 2 de octubre de 2013 sin dejar de hacer notar que las otras dos recomendaciones tienen defectos similares que corresponde a las víctimas hacer notar.

La recomendación 7/2013 referente a los hechos del 1º de diciembre de 2012 enlista 22 puntos recomendatorios dirigidos a la SSP-DF, PGJ-DF, TSJ y Consejo de la Judicatura del DF, así como a la Secretaría de Gobierno del DF. En cambio la recomendación 10/2015 hace 17 recomendaciones en contra de la SSP, PGJ, TSJ y Consejo de la Judicatura, al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del DF y a la Asamblea Legislativa. Salta en primer lugar que se omitan los puntos recomendatorios dictados en contra de la PGJ durante 2013 por la mala actuación de los Ministerios Públicos que consignaron a las víctimas así como la participación de la Policía de Investigación en los operativos y en las violaciones a derechos humanos.  En segundo lugar salta el hecho de que no se incluye entre las autoridades recomendadas a la Secretaría de Gobierno cuando la propia Comisión tuvo conocimiento de diversas anomalías y violaciones a los derechos humanos en los reclusorios en contra de los procesados y sentenciados. Así mismo es evidente la deficiencia en el estudio de las circunstancias políticas y el contexto de los hechos, mismo que se podría haber dado en una recomendación global bien hecha, misma que sirve para que se evada la responsabilidad de las Secretaría y Jefatura de Gobierno en los distintos hechos de represión. Ante la similitud de los hechos y su reiteración  es evidente que la escalada represiva es una política de gobierno dictada desde las oficinas de los más altos funcionarios capitalinos.

El propio contenido de la recomendación es un galimatías de equívocos y omisiones en torno a las circunstancias y casos englobados. La falta de una investigación seria y amplia respecto de los acontecimientos lleva a que se tomen en cuenta exclusivamente los datos provenientes de los expedientes recabados en las diferentes dependencias. Por ello se desdeñan las declaraciones de las víctimas de la causa 235/2013 quienes señalamos reiteradamente la participación de la PGJ en la selección y fabricación de los casos a consignar durante nuestra ilegal estadía en la Coordinación Territorial GAM 6. Esta omisión es mayor en tanto la comisión no recabó las pruebas que, por un lado, explicaban la tardanza en nuestra presentación y por el otro evidenciaban el conocimiento y participación que tuvo la Procuraduría en estos hechos.

Otro claro ejemplo es la exposición del caso 236/2015 de la víctima, hoy fallecida, José Alejandro Bautista Peña. Bajo el apartado de víctimas de violaciones a la integridad personal se hace referencia a la tortura a la cual fue sometido por las personas que lo detuvieron. Si bien esta tortura es un hecho comprobado por el Protocolo de Estambul que se le realizó, hay que señalar que la Comisión asume, sin presentar evidencia, que los agresores eran policías de la SSP capitalina sin hacer mención que tales personas estaban vestidas de civil y que jamás se identificaron. Meses más tarde pudimos identificar a uno de los agresores como parte del personal oficial que antecedía a la marcha del 10 de junio de 2014 portando radios y comunicándose personalmente con empleados del edificio de la Jefatura de Gobierno en el Zócalo de la ciudad. Este personaje fue fotografiado y tales evidencias entregadas a la Comisión sin que se realizara absolutamente nada al respecto y sobre lo cual no se realiza mención alguna en la recomendación.

Igualmente nos parece grave que no se realice mención alguna a las violaciones a derechos humanos en contra del inculpado en la causa 238/2013, también llevada por el juez 40 de lo penal, a quien detuvieron y desaparecieron por más de 12 horas miembros de la Policía de Investigación durante las cuales fue trasladado a instalaciones de la PGR, mismas que se negaron a recibirlo y por lo cual fue consignado posteriormente ante un MP en la delegación Iztacalco. Así mismo en su calidad de inculpado fue criminalizado ante los medios en voz de funcionarios públicos y actualmente se halla purgando una sentencia de 5 años en el Reclusorio Norte. Nos llama la atención de que, a pesar de encontrarse referido su caso en los anexos, no se haga ninguna referencia en la recomendación.

Hay numerosas deficiencias en el expediente de la investigación. Varias víctimas son omitidas de la recomendación y del expediente por no constar en los documentos oficiales. Por citar un ejemplo los casos de Arely Guerrero y Mónica Hernández, quienes fueron detenidas arbitrariamente y llevadas al Juzgado Cívico TLP-03 no constan en la recomendación a pesar de que sus casos son públicos. El motivo de esta omisión bien puede ser que la ilegalidad de las detenciones y los procesos subsecuentes hizo que no constaran en los archivos remitidos por los Juzgados Cívicos.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves omisiones y errores que contiene la recomendación y la investigación en la que se basa. Por desconocimiento de las características específicas de los casos y expedientes falta especificar aquí otros aspectos de la recomendación como son los referidos a la detención arbitraria y tortura de Mario Gonzalez y demás víctimas detenidas en la calle de Isabel La Católica. Es igualmente grave la falta de mención al caso de Gabriela Hernández cuya detención es producto de las falsas imputaciones con las que policías de la SSP tergiversaron los hechos de la noche del 2 de octubre de 2013 en la entrada de la agencia 50, mismos que se hallan grabados en video. En general la recomendación hace referencia a 57 víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando la propia SSP reconoció 102 detenidos y las organizaciones de defensa de derechos humanos manejaron cifras también superiores al centenar de detenidos. Por ello es evidente que la recomendación deja sin analizar numerosos casos y acontecimientos de la misma fecha.

La investigación de la comisión adolece de graves deficiencias en torno al material y la evidencia que recopiló en dos años. No hay ni una referencia al material de las cámaras de vigilancia ni a las radiocomunicaciones de los organismos de seguridad capitalinos, tampoco se recabaron todas las hojas de fatiga  de la SSP y otros materiales fundamentales de la investigación.  Tales evidencias fueron solicitadas a las dependencias el 1º de diciembre de 2012 y lo recabado en ellas sirvió para sustentar y reforzar profundamente la investigación respectiva. En el caso de las víctimas posteriores una y otra vez se nos dijo que otro de los motivos de la tardanza en la emisión de la recomendación era el hecho de no contar con esos materiales que ya se habían solicitado. En tal caso nos parece grave que no se haga mención alguna a las razones por las que no se pudo acceder a tales pruebas ya sea por causa de un encubrimiento de las propias dependencias o por ineficiencia en el proceso de investigación. Sin ese material se incumple el derecho a la verdad que tiene la sociedad en torno a conocer los hechos y los perpetradores y, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos queda reducida a una mera consejería legal en la materia. Tampoco constan en el anexo las evidencias que proporcionamos las víctimas en nuestra calidad de coadyuvantes como son fotografías, videos y otros materiales.

Tales deficiencias se repiten en las recomendaciones 09/2015 y 11/2015 presentadas el 14 de septiembre de 2015 y consideramos necesario un estudio puntual de las mismas para evaluar la labor que realiza la CDHDF actualmente. Es imprescindible que este organismo se ajuste a estándares internacionales que le permitan cumplir su función a cabalidad sin permitir que los responsables de la actual política represiva queden impunes.

Finalmente hay que mencionar la opacidad con la que se presentaron las recomendaciones mencionadas. Si bien se avisó de último momento a las víctimas que serían publicadas, se nos dijo que “su presencia no sería necesaria”. Días antes se nos hizo de nuestro conocimiento una serie de aspectos relevantes que tendría la recomendación sin permitírsenos una lectura exhaustiva del documento. El 14 de septiembre de 2015, en un evento a puerta cerrada con la presencia de pocos medios, fue realizada conferencia donde se señalaron algunos puntos que se incluyeron. Afuera algunas de las víctimas solicitaron acceso a la Comisión señalando el expediente que venían a revisar bajo el conocimiento de que habría un evento público al respecto. A pesar de ello se les dio largas y se les impidió el acceso. Esta exclusión de las víctimas y el desdén a los datos que pueden aportar es la más grave falta que ha tenido la Comisión ha tenido durante la Presidencia de la Doctora Perla Gómez Gallardo, una política institucional que tiene que revertirse urgentemente pues sin las víctimas la Comisión es incapaz de retomar su función de defensa de los derechos fundamentales de nuestra sociedad.

La situación de los derechos humanos en la Ciudad de México presenta un retroceso innegable. La política de represión y militarización se ha extendido en nuestra ciudad a lo largo de los últimos años actuando premeditadamente en contra de la población y particularmente en contra de todos aquellos que luchan por el cabal cumplimiento de los derechos de la población. La Comisión tiene actualmente un serio retraso en la investigación y pronunciamiento en torno a los casos de represión. Si bien las tres recomendaciones emitidas se refieren a tres fechas emblemáticas, se deja de lado la actuación policiaca en fechas intermedias y se hace patente la falta de pronunciamientos en torno a todos los hechos de represión posteriores; falta la investigación y condena ante la presencia de civiles que participaron en las agresiones y las detenciones; los operativos de vigilancia contra agrupaciones políticas, luchadores sociales y víctimas; la criminalización de la población y de las diferentes posturas políticas; así como los casos quienes aún continúan injustamente presos por manifestar su posición política. Estos no son casos aislados, por el contrario: son parte de una estrategia de criminalización y judicialización de la protesta y la organización política. Una estrategia que se desarrolla a nivel nacional.

Por ello exigimos:

  • Investigaciones serias e imparciales en torno a la responsabilidad de las autoridades capitalinas en los hechos de represión y criminalización.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al cumplimiento de las recomendaciones 07/2013, 09/2015, 10/2015 y 11/2015.

¡Presos políticos libertad!

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El canero #3: ilegalidad

El siguiente escrito es parte del número 3 de El CⒶNERO, Periódico Independiente de Combate, que es publicado por los presos políticos de la Ciudad de México. Hay que recordar que ellos, junto con otros reclusos, acordaron la conformación de la Coordinador Informal de Presos en Resistencia, misma que se declaró en huelga de hambre el 27 de junio de 2015 para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro del sistema penitenciario del DF ante el silencio cómplice de la CDHDF. Parte de esta Coordinación es también partícipe en la publicación de El CⒶNERO, periódico que han publicado desde el interior del reclusorio en colaboración con otros presos políticos y presos comunes.

Es imprescindible no olvidar que en la Ciudad de México aún se encuentran recluidos varios presos políticos producto de diversas represiones a marchas y protestas durante los últimos tres años. Esta represión se incrementó con las detenciones arbitrarias a diversos activistas cerca de sus domicilios por parte de policías federales que les imputaron delitos falsos. El caso más sonado fue sin duda el de Jacqueline Santana y Bryan Reyes quienes el pasado viernes 10 de julio obtuvieron su libertad luego de 8 meses de prisión.

Sin embargo aún quedan en las prisiones Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Jessie Alejandro Montaño, Luis Fernando Sotelo entre otros, además de que existen más de 30 procesos abiertos contra personas que han sido víctimas de la represión de Estado desde que arreció en el DF el 1° de diciembre de 2012.

Así pues este artículo es, en parte, un testimonio de lo que ocurre dentro de las cárceles; por otra parte es también una reflexión acerca de las mismas desde su vivencia inmediata y finalmente un programa de lucha contra la degradación social que existe por parte de este sistema opresor y represor, dentro y fuera de las prisiones. Al final pongo el pliego petitorio de los presos en huelga de hambre.


El Canero #3

ETAPAS DE LA CARCEL

Etapa de resistencia pasiva. (Apando / Estancias de ING y C.O.C.)

La primera etapa comenzó desde el ingreso al penal, en esos momentos mi mente comenzaba a asimilar la cárcel como un proyecto, como una oportunidad para construir un nuevo escenario de lucha y resistencia. Al principio me enfoqué pero las cosas fueron difíciles, no entendía cómo podía enfrentarme a un panorama tan adverso, tan poco cotidiano, tan miserable y con medios ridículamente pequeños para actuar.

En un principio me enfoqué en conocer el panorama y tratar de buscar alguna alternativa de sobrevivencia; la fajina fue uno de los problemas económicos, más grande; al día siguiente “me leyeron la cartilla” y me di cuenta de que habia una especie de complicidad entre las “autoridades” y algunos internos que funcionan como una subpolicía; algo similar a un equipo de operaciones parapoliciales que generan una auto-reproducción del sistema de corrupción…

La primera etapa de “iniciación” es “formarle a la fajina”, y pareciera ser un simple rito de castigo psicosomático que asociado al hecho de que el individuo ha ingresado a la cárcel y ha sentido esa ruptura con el exterior; la pérdida de esperanza y el sentido de marginación social, golpean las emociones de quienes experimentan esa etapa de tortura mental. Pero no solo se queda ahí, sino que al sostenerse dicha aplicación impúnemente por medio de la corrupción, inicia la explotación económica; el cuerpo del individux está limitado por el miedo y el terror psicológico que lo hace frágil ante un panorama adverso, lo hace susceptible, al robo y la violencia directa del sistema de criminalidad…

Al iniciar la “fajina” inicia otra etapa de tortura física y mental, es un trabajo forzado que debe hacerse con la intención de: degradar a las personas y hacerlas sentir humillación y miedo para que su voluntad se quiebre y obligarlo a que decida hacer cualquier cosa por dejar de experimentar el terror, dolor y humillación.

[La fajina como método de extosión (extracción de capital económico mediante el robo, el cohecho y la corrupción)]

Durante la fajina, había quienes no podían seguir, debido a la presión psicológica que ejercían sobre ellxs, con el fin de implantar terror, miedo, al sometido cuerpo del prisionero de recién ingreso… ésto sirve para dos cosas: Primero, para generar resentimiento en lxs sometidxs; segundo, para aprovechar la vulnerabilidad emocional de lxs sometidxs y extorcionarlos para que paguen lo que se llama “un rescate”.

Había quienes pagaban hasta $3000 para dejar de hacer la fajina, en mi caso, yo no tenía dinero y aunque lo tuviera, no estaba dispuesto a participar de ninguna manera para perpetuar su sistema de corrupción; desde el principio decidí marcar la línea, con el desconocimiento de las “autoridades” penitenciarias, asimilándolos como mis enemigos inmediatos en esta etapa de guerra en la que me tocó ser prisionero…

Siempre he hecho una distinción entre las maneras y modos de la ilegalidad y en este contexto serían dos alternativas, siendo que omitimos por excelencia la institucionalización como vía o alternativa coherente…

FORMAS DE LA ILEGALIDAD:

1) La corrupción: que es la via de la ilegalidad propuesta por el Estado que básicamente propone una “permisividad” para salir momentánea o constantemente del parámetro “legal” en complicidad con las autoridades y su silencio y respaldo, a cambio de un fin monetario; los “derechos” están a la venta y aquel que pueda adquirirlos, generará la idea de un “estado de privilegio”… Es entonces cuando la degradación del individux lo lleva a tener que aceptar ser reducido a un simple material productivo; atándolo a la esclavitud perpetua que le exige competitividad, porque así lo han moldeado, le han enseñado a ser un rebelde incompleto; a violentar a lxs débiles y a tolerar la violencia de arriba, a ser sumiso ante la “autoridad”; comvierte al individux en un animal domesticado que velará los intereses de su amo y saldrá a defenderlos cuando le sea demandado.

De esta manera la corrupción, al ser perpetuadora del sistema, no puede ser una vía de lucha, y mucho menos en la cárcel, pues aunque aparentemente “rompe con los esquemas de la “sociedad””, en el fondo no hace más que repetir los ciclos mismos y por lo tanto ayuda a su crecimiento y fortalecimiento, pues incrementa sus capacidades represivas; al ir coptando y/o comprando aliadxs que le servirán para mantener el panorama social controlado. Con esto descubrí que la corrupción crea lo que aquí se llaman “borregos”; que son quienes trabajan directa o indirectamente en complicidad con la autoridad, generando como máxima “todos los problemas entre presxs” que se reprimirán entre ellos y respetarán a la falsa autoridad.

2) Clandestinidad: que es la vía ilegal que propongo y trato de mantener en pie de la manera más coherente posible desde que puedo llamarme anarquista; consiste básicamente en moldear el panorama y moverse a través de la oscuridad de la ilegalidad pero sin mediador alguno, es hacer que suceda lo necesario para hacer posible lo mediocremente creído imposible.

Se trata de sostener tus principios y tu dignidad, de obedecer a nadie más que tú mismo, de ser incorrompible, incorruptible, de aceptar los riesgos y las consecuencias de tus actos de rebeldía, saberse libre y actuar por propia decisión con paso fiero y decidido.

De esta manera, creo que en estas circunstancias de reclusión, la mejor vía para desconocer la “legalidad”, así como suy funcionalidad y procedencia sin dejar de ser autónomo, es la clandestinidad; pues al negar y desconocer todo tipo de práctica autoritaria no la reproduces, sino por el contrario la atacas desde sus bases ideológicas; no hay tratos cordiales con las figuras que componen la clase gobernante del reclusorio, que como ya he declarado son mis enemigos…

Desde un principio he creído que el anarquista es sembrador por naturaleza; se ha demostrado con el autosustento colectivo e individual; también sabemos plantar bombas en edificios de gobierno. Pero, sobre todo, están esas semillas que se dispersan y germinan durante el transcurso cotidiano. Basta tener una determinación y constancia de sí mismo.

Por la libertad y la real solidaridad, porque hay un mundo mejor.

Sin título

Caricatura sobre el sistema dentro de El Canero #3


[Huelga de hambre] Por las siguientes reivindicaciones:

1) Cese a los malos tratos y la tortura en todas las prisiones ya sean de palabra u obra.

2) Cese a la represión silenciosa que ejerce la institución en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (C.D.H.D.F. )

3) Mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y/o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos.

4) Repudio total a las medidas de austeridad que se están implantando a nivel mundial, en las cárceles por la tendencia de intereses económicos y      políticos.

5) Aplicación del protocolo de Estambul por tortura a todos los internos.

6) Esclarecimiento y desistimiento penal sobre causa 148/201H ; del compañero sentenciado José Santiago Hernández quien fue sentenciado y encarcelado 8 meses antes de su mayoría de edad.

7) Que se guarde el debido respeto y consideración a los familiares de los presos cuando estos se hallen en los recintos penitenciarios.

8) No más enriquecimiento ilícito, con base a la explotación de los presxs.

9) No más enriquecimiento ilícito de los funcionarios con base a la explotación sexual de las internas en los reclusorios femeniles y varoniles.

10) Rompimiento a la relación de complicidad entre la administración y la unidad médica; no más negligencia y tratos inhumanos.

11) Abrir más espacios de recreación cultural y proyección artística, así como trabajos remunerados para los presxs; ya que los pocos que existen están elitisados  y condicionados por la administración.

12) Renuncia del personal que activamente conforma el Consejo Técnico en todas las prisiones del D.F. y generar los mecanismos necesarios para eliminar la corrupción y autoritarismo de la administración y custodia.

13) Que no se nos juzgue ni reprima por las actividades que tomamos en protesta, ya que siempre hemos sido incitados por el mal funcionamiento de la institución penitenciaria.

14) No más violaciones a los datos personales y correspondencia con fines de extorsión, secuestro, intimidación y decomiso de materiales informativos.

Así mismo denunciamos el aislamiento y la incomunicación que es practicada en contra del compañero Jessi Alejandro Montaño por llevar a cabo una jornada de lucha y resistencia para dejar marcada la línea de desconocimiento y rechazo a la autoridad penitenciaria. ¡Codo a codo con nuestrxs hermanxs cara a cara con el enemigo!

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡QUE NADIE SE CALLE, LOS PRESOS A LA CALLE!

¡LIBERTAD, LIBERTAD, A LOS PRESOS POR LUCHAR!

Seguramente los señores Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal; Daniel Alejandro Magaña Jimenez de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno y Ángel Erick Ibarra Cruz Contralor Interno de la Secretaría de Gobierno estarán muy interesados en conocer las denuncias a las que hacen referencia los presos en huelga de hambre. Sobre todo cuando han estado tan ocupados recientemente con el tema de los reclusorios ya sea por el cese e inhabilitación del director del Reclusorio Oriente o bien por la investigación en torno a los custodios que traían un perro colgando del barandal de una camioneta. Así pues confío en que enviarán el llamado de atención procedente para que los consejos interdisciplinarios dentro de los reclusorios terminen inmediatamente las replesalias en contra de los internos por su labor de denuncia. En cualquier caso la población en general puede encontrar en los enlaces los números telefónicos de estas dependencias donde podrán informarse de qué se está haciendo al respecto.

Dictan libertad bajo caución a 4 de los Presos Políticos de San Bartolo Ameyalco

WP_003408 Hace unos momentos, a la una de la tarde, se realizó una conferencia de prensa frente al Reclusorio Oriente del Distrito Federal para informar de la situación jurídica de las cinco personas que se encuentran recluidas en este centro penitenciario inculpadas por el enfrentamiento con elementos de la policía capitalina  el 21 de mayo de 2014 en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. En la conferencia de prensa estuvieron presentes familiares, miembros de la Coordinación por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco y representantes de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

Durante la conferencia se informó que, luego de que se ratificara el amparo a efectos en contra del auto de formal prisión emitido por el juzgado 56 de lo penal, se dictó un nuevo auto constitucional que permite la salida bajo caución a cuatro de los inculpados luego de que se les retirase el agravante. Por lo anterior Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez, Juan José González Martínez y Gerardo Gutiérrez García podrían salir en las próximas horas. En cambio a Eduardo Mejía Nava se le reconfiguró el delito bajo la modalidad de lesiones agravado por lo que no podrá alcanzar fianza.

Los familiares denunciaron que autoridades de la delegación Álvaro Obregón ofrecieron pagar las fianzas y sostuvieron que este ofrecimiento es un chantaje pues si el gobierno delegacional tuviera la voluntad política de solucionar el conflicto desistiría de la acción penal, mientras que la retención de Eduardo Mejía Nava tiene como objetivo usarlo como botín político en época electoral. Así mismo denunciaron que miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como funcionarios delegacionales han intentado chantajear previamente a la población amenazándola con recortar el flujo de agua si no hay votos a favor de este partido en las elecciones a celebrarse el próximo 7 de junio. De último momento informaron que la juez responsable del caso había amagado con incrementar las fianzas hasta 500 mil pesos si no se suspendía el evento de prensa realizado en las inmediaciones. WP_003406

El Comité Cerezo México expresó que con esta nueva determinación la intención del Gobierno del Distrito Federal es alargar el conflicto pues los funcionarios tienen pleno conocimiento de que las detenciones se dieron previas al operativo y que fue el mismo subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa el que informó de la salida de los cuatro acusados. El Comité también señaló que el nuevo auto es producto de la ratificación del amparo que se obtuvo hace más de dos meses, mismo que se retrasó debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de inconformidad a pesar de que en el operativo no participaron elementos ni fuerzas federales.

Este caso se remonta al 21 de mayo de 2014 cuando pobladores del San Bartolo Ameyalco se manifestaron en contra de la imposición de obra para la extracción de agua por parte de la Delegación Álvaro Obregón. Ante esto el delegado Leonel Luna ordenó la realización de un operativo policiaco en el que participaron 2500 elementos antimotines y que fue coordinado por la Secretaría de Gobierno, encabezada por Héctor Serrano, y la Secretaría de Seguridad Pública entonces dirigida por Jesús Almeida. Durante la realización del mismo se dieron abusos policiacos entre los que se cuentan cateos ilegales, detenciones arbitrarias y agresiones que fueron documentadas y expuestas en las redes sociales. Dos días después cinco personas fueron puestas a disposición del juzgado 56 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente donde continúan al día de hoy sin que hasta el momento se haya dado acción administrativa o penal alguna en contra de los elementos que incurrieron en abusos. Mientras tanto la obra fue concluida y el pueblo argumenta que es usada para llevar agua a la zona de Santa Fe donde se usa en zonas residenciales y abrevaderos de animales de lujo como es la sección Rancho San Francisco mientras a los propios pobladores son despojados de su derecho al agua.

El giro que ha tomado este caso se inserta dentro del enrarecido ambiente político electoral pues el pasado 25 de febrero Leonel Luna Estrada abandonó la corriente perredista IDN, dirigida por René Bejarano, a pesar del apoyo que este último le prestó al afirmar que eran los dueños de las pipas de agua los que incitaban el conflicto en la demarcación. Ahora Leonel Luna Estrada busca la diputación local por el PRD sin filiación definida a una corriente luego de pedir licencia al cargo de delegado.

Más información en el facebook de Comité Cerezo México.

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Elecciones México 2015

1.- #Quitaunanuncio

La propaganda electoral solo puede ser colocada en los lugares permitidos por la ley. Si encuentras publicidad de partidos o candidatos en algún lugar no permitido puedes quitarla sin que la autoridad te reprenda por ello. Esto está facultado por las siguientes leyes: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (art. 234, 235, 236)el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF (arts. 311, 313, 318 154 a 157 y 222) y la Ley de Publicidad Exterior y su reglamento (arts. 13 fracc. I, XXXII 21 y 94) se desprende el que puedas quitar la publicidad de los siguientes lugares por ser ilegal (llevar contigo una copia de estos artículos puede ser muy útil):

Sitios prohibidos: 

▪Árboles
▪Áreas verdes
▪Semáforos
▪Puentes y bajo puentes
▪Casetas telefónicas
▪Paradas de autotransporte
▪Señalamientos viales
▪Buzones de correo
▪Monumentos históricos
▪Propiedad privada sin permiso

¿Dónde sí se puede instalar propaganda electoral? 

▪Postes de luz y alumbrado (Siempre y cuando no obstruyan la iluminación).
▪Bienes de uso común propiedad del GDF (sobre todo bardas).
▪Vallas y anuncios espectaculares con premiso en regla
▪Bardas y en general propiedad privada con permiso del dueño.

Procura tomar una foto de la publicidad colocada en lugares prohibidos y subirla al Twitter de #QuitaUnAnuncio, así se llevará un registro y se exhibirá vía digital a los políticos. Puedes devolver esa propaganda a los partidos políticos o, si está muy dañada, disponer de ella mediante el adecuado proceso de separación de residuos.

2.- #Ayotzinapasomostodos

La clase política no representa al pueblo de México. Representa a la clase empresarial y criminal que ha corrompido nuestra sociedad sistemáticamente con tal de conservar sus intereses y privilegios por encima del bienestar de la nación. Por ello el gobierno mexicano, los empresarios y los narcotraficantes no quieren que se reconozcan los delitos de DESAPARICIÓN FORZADA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL que implican que el propio gobierno o una parte de él ha participado en un acto delictivo aprovechando todo el aparato estatal para estos fines. Reconocer estos delitos obligaría a:

a) Revisar la estructura gubernamental en sus leyes y en sus instituciones no sólo para aplicar el castigo a los responsables sino para prevenir que un hecho como éstos se repita tal y como está estipulado en leyes y tratados internacionales.
b) La tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial obligaría a las autoridades judiciales a abrir vías de investigación hasta el momento no exploradas por la PGR que la averiguación por secuestro o asesinato no permite ni en el caso de Ayotzinapa ni en ninguno otro.
c) No se trata solamente de encerrar en la cárcel a los criminales por la razón que sea sino de tener certeza jurídica e histórica sobre el paradero de los desaparecidos, la verdad acerca de quienes han sido asesinados y ejercer el justo y proporcional castigo a los responsables.

La clase política a través de la estructura de partidos y de la militarización del país se halla profundamente corrompida y actúa en gran parte aliada a los intereses de empresarios criminales y narcotraficantes. Si bien es obligación de las instancias judiciales investigar y perseguir los delitos así como avisar a las autoridades electorales de cualquier indicio de criminalidad en algún ciudadano que persigue ejercer un puesto de elección popular, también es una obligación ética de los partidos revisar el currículo e historial de las personas que postulan. No sólo eso sino que tal obligación junto con la de hacer públicos esos currículos debe ser establecida en la ley.

Hay más de 22 mil personas desaparecidas en nuestro país y cerca de 200 mil asesinatos muchos de los cuales no se han aclarado si son homicidios o ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de casos la autoridad intenta relacionarlos al crimen organizado en un proceso denominado criminalización sin aclarar las circunstancias del caso y congelando las investigaciones.

3.- #PresosPoliticosLibertad

Los presos asociados a motivos políticos en nuestro país son cerca de 800. Más de 350 son producto de las políticas represivas de los últimos tres años por parte de gobiernos de cualquier nivel y orientación política. Tan sólo en  los reclusorios de  la Ciudad de México se encuentran Jaqueline Santana López, Bryan Reyes Rodríguez, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés Ávila, Alejandro Montaño, Javier Brígido Castro, Alberto Pérez Linares, Eduardo Nava Mejía y Luis Fernando Sotelo, entre otros; mientras que en el Estado de México se encuentra Héctor Hernández Neri.

El contubernio del gobierno federal priísta y el gobierno local perredista ha establecido una política represiva en nuestra ciudad impidiendo el derecho humano a la protesta. Lo hacen activando mecanismos normativos y legales que prohíben o amenazan directamente el ejercicio de este derecho como son el Protocolo de Control de Multitudes de la policía, la Ley de Movilidad y a través del uso faccioso de la ley con artículos tan faltos de fundamento jurídico como el 362 del Código Penal del DF que tipifica el “delito” de Atentado contra la Paz Pública. De estos mecanismos ha sido víctimas los mencionados Presos Políticos así como más de 500 personas detenidas arbitrariamente y víctimas de agresiones entre los que se cuentan periodistas, manifestantes e incluso el propio personal de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Por su parte el gobierno del Estado de México ha sido omiso en cualquier materia de derechos humanos. Sus cuerpos de seguridad han mantenido la misma política represiva tradicional con total opacidad mientras que en la periferia de la ciudad han permitido el trabajo de los conocidos grupos de choque que inhiben la protesta ciudadana y la organización social. Es de sobra conocida la situación de inseguridad y violencia que vive el Estado de México desde hace años y que  el gobierno ha dejado gestar.

4.- ¿Y las consultas populares?

Como parte de las luchas políticas de los partidos que buscaron que por vía electoral se pusiera a discusión la Reforma Energética el Congreso aprobó la realización de Consultas Populares. Esto significaba que el día de las votaciones se incluirían boletas en donde se le hacía una pregunta clave al votante y a partir de los resultados se modificarían políticas o leyes por la vía democrática. Los partidos hicieron tres propuestas: el PRI propuso eliminar los diputados plurinominales, el PAN propuso incrementar el salario mínimo y el PRD/PT/MC/MORENA propusieron revertir la Reforma Energética. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las tres consultas bajo diversos argumentos entre los cuales se cuenta que la propia Ley tiene candados contra que la ciudadanía vote cualquier asunto relacionado con el presupuesto. De tal forma que es una ley sin efecto porque los ciudadanos seguimos sin poder participar en las decisiones de gran calado de nuestro país más que a través de los mismos partidos corruptos, verticalistas y clientelares.

5.- Recuerda

  • Que sólo la ORGANIZACIÓN de la sociedad puede hacer emerger el gobierno que quiere y necesita ya sea transformando el existente, sustituyéndolo por otro o por la combinación de ambas.
  • Que de toda la transformación política que México necesita tu voto es tan sólo un pequeño paso. El verdadero cambio está en tu participación ciudadana para resolver los problemas de tu comunidad, tu ciudad y tu país; es ésta la que verdaderamente transforma nuestra realidad y debilita el poder corrupto de empresas, criminales y gobierno.
  • Que si bien ellos tienen en sus manos el presupuesto con el que se hace obra pública y se implementan programas sociales nosotros no tenemos por qué ser compasivos ni cómplices de sus crímenes y corruptelas.
  • Que puedes anular tu voto, puedes votar por un candidato independiente registrado o anotar en la boleta el candidato de tu preferencia. LA ABSTENCIÓN NO ES UNA OPCIÓN PARA CAMBIAR NUESTRO PAÍS.

Ayotzinapa-luto

Carta pública a los Consejeros de la CDH DF

México D.F., a 12 de noviembre de 2014

Honorables Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:
Isabel Belausteguigoitia Rius
José Alfonso Bouzas Ortíz
José Antonio Caballero Juárez
José Luis Juan Caballero Ochoa
Miguel Carbonell Sánchez
Denise Eugenia Dresser Guerra
Lawrence Salome Flores Ayvar
Mónica González Contró
Nancy Pérez García
Nashieli Ramírez Hernández

PRESENTES

Les envío un atento saludo y un reconocimiento por la importante labor que desempeñan como órgano de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Mi nombre es Ilia Adad Infante Trejo y les escribo para expresarles mi preocupación por el actual trabajo y desempeño de la Comisión. Presenté una queja ante el organismo que se sigue dentro del expediente CDHDF/171227CUAUH/13/D6667 a cargo de la primera visitaduría por haber sido detenido arbitrariamente el 2 de octubre de 2013 e ilegalmente consignado por el ministerio público dos días después. Pasé seis meses en el Reclusorio Norte al cabo de los cuales el Juzgado octavo en materia de amparo dictó la protección de la justicia a efectos de revisar el caso y sus múltiples irregularidades lo que me permitió obtener mi justa libertad el 4 de abril del presente año.

Han pasado más de 13 meses de los acontecimientos de la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco y sin embargo la CDH DF aún no ha podido expedir la recomendación pertinente. Ello a pesar de que los juzgados de amparo han reconocido las irregularidades e ilegalidades en los casos de las personas que fuimos encarceladas en aquella fecha; parte de ello es la liberación en días recientes de Mario González García y de Alejandro Bautista Peña quienes permanecieron más de un año en prisión injustamente.

Desde mi salida de prisión he dirigido escritos individuales y colectivos a la Dra. Perla Gómez Gallardo solicitando se me permita una audiencia o se me responda por escrito para obtener un informe detallado del avance de la recomendación sin que haya tenido respuesta hasta el momento. La mejor respuesta que se me ha brindado ha sido el otorgarme audiencia con el Lic. Alfonso García a cargo de la visitaduría correspondiente quien nos ha dicho reiteradamente que la recomendación está lista para salir desde el mes de junio pero que no nos ha explicado por qué se dilata la publicación de la misma.

La situación es más grave en virtud de que, según he sido informado, la recomendación que se planea agrupa los casos de diversas quejas relativas a las violaciones al derecho a la protesta producto de diversas represiones a las movilizaciones que se realizaron durante el año 2013. Así pues la Comisión ha sido omisa en expresarse en torno a las agresiones policiacas y los procesos ilegales que se llevaron a cabo en contra de manifestantes, documentadores, periodistas y activistas sociales el 10 de junio, 1º de septiembre, 13 de septiembre y 2 de octubre de 2013. Comprendo que una recomendación tan amplia requiere un trabajo de investigación exahustivo y detallado, sin embargo, la tardanza en la actuación de la comisión y la nula información al respecto de la misma son violatorias de los principios expresados en el artículo 5º de la Ley de la Comisión.

Tal recomendación es necesaria no sólo por la dilación que se ha tenido desde la institución, también porque el documento serviría para abonar las pruebas e información que las instituciones judiciales necesitan para juzgar la legalidad de los procesos de quienes aún están procesados y de los presos Abraham Cortés Ávila y Jessie Alejandro Montaño quienes se encuentran en reclusorios del Distrito Federal. Igualmente la recomendación es necesaria dado que aún se continúan cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos tal y como lo atestiguan los hechos del 22 de abril de 2014 mejor conocido como Marcha Telecom, el 8 de noviembre de 2014 con las detenciones arbitrarias posteriores a la marcha #YaMeCanse (sic), las detenciones arbitrarias de Bryan Reyes, Jaqueline Santana, entre otros donde los cuerpos de seguridad y autoridades judiciales capitalinas han realizado violaciones indiscriminadas contra los derechos humanos de manifestantes, ciudadanos e incluso personal de la propia Comisión.

El artículo 43 del Reglamento de la Comisión señala: “El Consejo aprobará las políticas y lineamientos generales, los programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de la Comisión”. Si bien el papel del Consejo que se desprende de tal redacción es el de un órgano de revisión general del funcionamiento de la institución también es cierto que la planeación estratégica de expedir una recomendación general y dilatar las expresiones en torno a la actuación de las instituciones de seguridad del Gobierno Capitalino es una política pública cuyos resultados, hasta el momento, son preocupantes pues no se ha señalado a autoridad alguna ni se ha emitido pronunciamento en torno a las graves violaciones a derechos humanos que se vienen repitiendo por parte de las instituciones de seguridad pública y de la Secretaría de Gobierno desde el 1º de diciembre de 2012 a excepción de la recomendación 7/2013.

Por ello los exhorto a que hagan un llamado de atención a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dra. Perla Gómez Gallardo, para que explique la situación de los expedientes correspondientes y el estado que guarda la recomendación respectiva así como las de hechos similares. Así mismo los conmino a que hagan un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que revise los casos y se pronuncie enérgicamente en torno a la política policiaca que se está desarrollando la cual constituye un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos en nuestra ciudad.

Les reitero un afectuoso saludo y un agradecimiento por su atención a la presente.

Atentamente

Ilia Adad Infante Trejo