#LeyAmnistíaCDMX – Réplica al diario La Razón 26 oct 2016

Artículo original de La Razón: Morena hace ley para quitar delitos a 500 vándalos
Aquí el link de descarga del documento digital: respuesta-la-razon

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

Sr. Rubén Cortes Hernández,
Director General de La Razón,
P r e s e n t e .

El mayor daño, muy probablemente, que se ha hecho a los detenidos arbitrariamente en marchas y manifestaciones en esta Ciudad, es la criminalización y su identificación, con total impunidad por parte de sus acusadores, como “vándalos” y “delincuentes”.

Si revisamos los medios de comunicación del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, vamos a encontrarnos con un mundo de señalamientos, todos ellos falsos, pero que sin embargo han creado un entorno adverso socialmente para las víctimas, que es la fecha no ha sido resarcido a pesar de que se ha demostrado lo ilegal de sus procesos e incluso que muchos de ellos han obtenido sus libertad probando lo falso de las acusaciones que se les hicieron.

Es el caso de la nota aparecida hoy en La Razón, firmada por Luis Alonso, en la cual trata de presentarse a la Amnistía propuesta por Morena como una “ley a modo” hecha para “salvar” a 4 vándalos, repitiendo exactamente lo mismo que ha venido diciendo el GDF desde hace 3 años y soslayando que esos 4 jóvenes están presos por haber asistido a marchas o manifestaciones, que fueron inculpados de diversos delitos en medio de un cúmulo de irregularidades, y ante el fracaso sonado de todos los casos de detenciones en ese tipo de evento, ya que no pudo demostrarse a la mayoría su culpabilidad (más de 500 detenidos arbitrariamente, de los cuales sólo se pudo procesar a 193, casi todos libres por una razón u otra), se pretende ahora usarlos como “ejemplarizantes” de la “eficacia” del GDF y “prueba” de que el vandalismo sí se castiga en esta Ciudad.

La nota incurre, empero, en varias imprecisiones que es preciso aclarar:

1.- Jesse Alejandro Montaño, de 31 años de edad. El fue detenido sin ninguna razón antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013 y le fue sembrada marihuana para poderlo acusar de delitos contra la salud, a pesar de que consta en video todo lo que él llevaba en su mochila ese día. Salió en libertad, pero fue nuevamente detenido el 12 de junio de 2014, dice la nota “por ultrajes a la autoridad luego de que… escalara la megapantalla ubicada en el Zócalo capitalino, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas”. ¡Vaya delito!

2.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en 2013 a los 19 años, fue acusado de haber quemado el árbol de una refresquera pero no fue detenido en flagrancia sino en calles aledañas al Metro insurgentes; se le detuvo con lujo de violencia y lo sentenciaron con la única prueba de un video editado en el que no se logra ver más que un grupo de personas encapuchadas, aunque la jueza sí distinguió entre ellos a Fernando, y lo condenó a 5 años 9 meses. Le bastó el testimonio de un policía que lo “identificó” en el video y como no correspondía con los encapuchados que quemaron el árbol, lo que se dice es que se despojó de la capucha y de la ropa para confundirse con los transeúntes, aunque no presentan ni la capucha ni la ropa.

3.- Abraham Cortés Avila, joven oaxaqueño de 23 años, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por agentes vestidos de civil. A él lo condenaron a pesar de que de la noche a la mañana el delito original por el que se le acusó –portación de objeto apto para agredir- lo convirtieron, mediante el testimonio de dos policías, en tentativa de homicidio. Sin embargo, el MP nunca acreditó el dicho de los policías y los peritos dictaminaron que los objetos asegurados por los agentes remitentes y usados para inculparlo no fueron obtenidos con una adecuada cadena de custodia, por lo que estaban contaminados.  Originalmente lo sentenciaron a 13 años 4 meses, pero en su lucha jurídica para demostrar su inocencia logró que se rebajara la pena a 6 años 6 meses.

4.- Luis Fernando Sotelo. Él tiene 20 años y se le acusa de haber incendiado un Metrobús en CU el 5 de noviembre de 2014, pero en realidad fue castigado porque tenía un historial incómodo como activista comprometido. Tampoco fue detenido en flagrancia, y entre las irregularidades desde su detención constan que fue golpeado por la policía y las lesiones reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos; que fue trasladado en un carro particular al MP y después al Reclusorio Sur, antes del plazo legal de 48 horas, y sin que se le informara a los abogados. El único testimonio en su contra es el del conductor del metrobús, una declaración incongruente y prefabricada en la que a pesar de hablar de encapuchados, señaló plenamente como responsable a Luís Fernando.

5.- Gabriela Hernández, Luna Flores, su caso es emblemático de las arbitrariedades cometidas contra manifestantes por la SPP y la PGJ capitalinas. Ella nunca estuvo detenida por motín, fue detenida el 29 de octubre de 2013 y pasaron varios días para que se aclarara la razón de su detención. Dos policías la acusaron de “ultrajes a la autoridad” a pesar de contarse con videos que contradicen sus dichos, y sin embargo, la jueza consideró que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones”. Una clara violación no sólo de nuestra Constitución sino de las convenciones y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. Además tiene dos recomendaciones de la CDHDF en su favor, la 09/2015 y la 11/2016.

Ahora bien, respecto a otros detenidos que se señala en el reportaje: José Luis Ramírez Alcántara, no es sujeto de la Ley de Amnistía porque si bien fue preso y procesado penalmente por su supuesta participación en hechos vandálicos del 2 de octubre de 2013, esto nunca se le pudo comprobar y fue absuelto. Y tanto en su caso como en el de Irene Pérez Villegas, se les ha criminalizado por hechos que no contempla la Amnistía (la toma de CU) porque no se trata ni de una marcha ni de una manifestación. Pero además, en el caso de Irene, si bien fue detenida en la marcha del 2 de octubre de 2013, salió inmediatamente libre bajo fianza, confirmándose que los policías utilizaron toletes y gas pimienta, por lo que las detenciones fueron ilegales.

Conviene señalar además, que Abraham Cortés y Jesse Alejandro Montaño están considerados dentro de Recomendaciones de la CDHDF. Jesse Alejandro en la 11/2015 donde se consigna la tortura de que fue objeto, y en la 11/2016 donde consta lo arbitrario de su detención; y Abraham Cortés en la 10/2015 donde se da testimonio de la fabricación de delitos. Y si bien a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas no se les considera en ninguna Recomendación, la CDHDF mantiene bajo investigación ambos casos, el de Sotelo en el Exp. de Queja CDHDF/122/COY/14/D7154 y el de Bárcenas en el Exp. de Queja CDHDF/122/CUAUH/14/D1638. Contando éste último además con un “Amicus” emitido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

Subrayando por último que este es un caso de peculiar de Amnistía, pues trata de favorecer a inocentes, procesados y presos con procesos irregulares y acusaciones fabricadas, siendo que las Amnistías no se hacen para quienes la justicia señala como inocentes sino para favorecer a quienes los tribunales han condenado. Entonces, doblemente justificada esta Amnistía, porque lo que se busca con ella es hacer justicia y poner fin a un clima de tensión social, reconciliar a la sociedad con las autoridades y abrir paso a una nueva etapa, mejor  que la anterior. A eso se oponen quienes obstaculizan que se apruebe no un “dictamen de Morena” sino el dictamen aprobatorio de la Comisión de DDHH de la Asamblea, quienes con argumentos leguleyos insisten en mantener el clima de encono y desencuentro con un importante sector de ciudadanos, en especial jóvenes, un contexto en el que nadie puede ganar.

Tener jóvenes en las cárceles, y más por los “delitos” que se les achaca a los 4 presos, es una afrenta para cualquier gobierno que se precie de democrático, ya no se diga de izquierda.

Si José López Portillo y Carlos Salinas estuvieron dispuestos a amnistiar guerrilleros y ciudadanos acusados de terrorismo en sus gobiernos. Si priístas como José Murat y Fidel Herrera lo hicieron en sus respectivos estados, ¿cual es la verdadera razón por la que el gobierno de esta Ciudad se niega a corregir los flagrantes errores que cometió con ciudadanos y estudiantes criminalizados injustamente entre 2012 y 2015?

Morena no defiende vándalos ni la Amnistía es un “cheque en blanco” al vandalismo, antes bien la promueve porque hubo detenciones arbitrarias, porque hubo acusaciones inventadas y procesos irregulares mediante los cuales se condenó a inocentes y activistas, y todavía se mantiene a 4 jóvenes en prisión, por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta. 4 jóvenes que podrían estar estudiando, trabajando, aportando a la lucha social de manera constructiva y que con la sola acreditación de la irregularidad de sus detenciones y las violaciones al debido proceso sufridas por todos ellos sería razón suficiente para dejarlos libres. Y no se ha hecho.

Dicho lo anterior, convendrá con nosotros señor Director en que la Amnistía es la oportunidad de darle vuelta a la hoja de un capítulo que nunca debió haberse abierto. Un llamado a la razón y también a la concordia. No una bandera política sino, llanamente, una deuda social con los jóvenes de esta Ciudad.

En ejercicio del derecho de réplica consagrado por el Art. 6o de nuestra Constitución, solicitamos atentamente se publique la presente en el mismo espacio donde se publicó la nota de referencia el día de hoy.

Atentamente,
Presos, ex presos y procesados en el contexto de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México entre 2012 y 2015

Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

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Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

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Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.