#LeyAmnistíaCDMX – Réplica al diario La Razón 26 oct 2016

Artículo original de La Razón: Morena hace ley para quitar delitos a 500 vándalos
Aquí el link de descarga del documento digital: respuesta-la-razon

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

Sr. Rubén Cortes Hernández,
Director General de La Razón,
P r e s e n t e .

El mayor daño, muy probablemente, que se ha hecho a los detenidos arbitrariamente en marchas y manifestaciones en esta Ciudad, es la criminalización y su identificación, con total impunidad por parte de sus acusadores, como “vándalos” y “delincuentes”.

Si revisamos los medios de comunicación del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, vamos a encontrarnos con un mundo de señalamientos, todos ellos falsos, pero que sin embargo han creado un entorno adverso socialmente para las víctimas, que es la fecha no ha sido resarcido a pesar de que se ha demostrado lo ilegal de sus procesos e incluso que muchos de ellos han obtenido sus libertad probando lo falso de las acusaciones que se les hicieron.

Es el caso de la nota aparecida hoy en La Razón, firmada por Luis Alonso, en la cual trata de presentarse a la Amnistía propuesta por Morena como una “ley a modo” hecha para “salvar” a 4 vándalos, repitiendo exactamente lo mismo que ha venido diciendo el GDF desde hace 3 años y soslayando que esos 4 jóvenes están presos por haber asistido a marchas o manifestaciones, que fueron inculpados de diversos delitos en medio de un cúmulo de irregularidades, y ante el fracaso sonado de todos los casos de detenciones en ese tipo de evento, ya que no pudo demostrarse a la mayoría su culpabilidad (más de 500 detenidos arbitrariamente, de los cuales sólo se pudo procesar a 193, casi todos libres por una razón u otra), se pretende ahora usarlos como “ejemplarizantes” de la “eficacia” del GDF y “prueba” de que el vandalismo sí se castiga en esta Ciudad.

La nota incurre, empero, en varias imprecisiones que es preciso aclarar:

1.- Jesse Alejandro Montaño, de 31 años de edad. El fue detenido sin ninguna razón antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013 y le fue sembrada marihuana para poderlo acusar de delitos contra la salud, a pesar de que consta en video todo lo que él llevaba en su mochila ese día. Salió en libertad, pero fue nuevamente detenido el 12 de junio de 2014, dice la nota “por ultrajes a la autoridad luego de que… escalara la megapantalla ubicada en el Zócalo capitalino, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas”. ¡Vaya delito!

2.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en 2013 a los 19 años, fue acusado de haber quemado el árbol de una refresquera pero no fue detenido en flagrancia sino en calles aledañas al Metro insurgentes; se le detuvo con lujo de violencia y lo sentenciaron con la única prueba de un video editado en el que no se logra ver más que un grupo de personas encapuchadas, aunque la jueza sí distinguió entre ellos a Fernando, y lo condenó a 5 años 9 meses. Le bastó el testimonio de un policía que lo “identificó” en el video y como no correspondía con los encapuchados que quemaron el árbol, lo que se dice es que se despojó de la capucha y de la ropa para confundirse con los transeúntes, aunque no presentan ni la capucha ni la ropa.

3.- Abraham Cortés Avila, joven oaxaqueño de 23 años, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por agentes vestidos de civil. A él lo condenaron a pesar de que de la noche a la mañana el delito original por el que se le acusó –portación de objeto apto para agredir- lo convirtieron, mediante el testimonio de dos policías, en tentativa de homicidio. Sin embargo, el MP nunca acreditó el dicho de los policías y los peritos dictaminaron que los objetos asegurados por los agentes remitentes y usados para inculparlo no fueron obtenidos con una adecuada cadena de custodia, por lo que estaban contaminados.  Originalmente lo sentenciaron a 13 años 4 meses, pero en su lucha jurídica para demostrar su inocencia logró que se rebajara la pena a 6 años 6 meses.

4.- Luis Fernando Sotelo. Él tiene 20 años y se le acusa de haber incendiado un Metrobús en CU el 5 de noviembre de 2014, pero en realidad fue castigado porque tenía un historial incómodo como activista comprometido. Tampoco fue detenido en flagrancia, y entre las irregularidades desde su detención constan que fue golpeado por la policía y las lesiones reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos; que fue trasladado en un carro particular al MP y después al Reclusorio Sur, antes del plazo legal de 48 horas, y sin que se le informara a los abogados. El único testimonio en su contra es el del conductor del metrobús, una declaración incongruente y prefabricada en la que a pesar de hablar de encapuchados, señaló plenamente como responsable a Luís Fernando.

5.- Gabriela Hernández, Luna Flores, su caso es emblemático de las arbitrariedades cometidas contra manifestantes por la SPP y la PGJ capitalinas. Ella nunca estuvo detenida por motín, fue detenida el 29 de octubre de 2013 y pasaron varios días para que se aclarara la razón de su detención. Dos policías la acusaron de “ultrajes a la autoridad” a pesar de contarse con videos que contradicen sus dichos, y sin embargo, la jueza consideró que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones”. Una clara violación no sólo de nuestra Constitución sino de las convenciones y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. Además tiene dos recomendaciones de la CDHDF en su favor, la 09/2015 y la 11/2016.

Ahora bien, respecto a otros detenidos que se señala en el reportaje: José Luis Ramírez Alcántara, no es sujeto de la Ley de Amnistía porque si bien fue preso y procesado penalmente por su supuesta participación en hechos vandálicos del 2 de octubre de 2013, esto nunca se le pudo comprobar y fue absuelto. Y tanto en su caso como en el de Irene Pérez Villegas, se les ha criminalizado por hechos que no contempla la Amnistía (la toma de CU) porque no se trata ni de una marcha ni de una manifestación. Pero además, en el caso de Irene, si bien fue detenida en la marcha del 2 de octubre de 2013, salió inmediatamente libre bajo fianza, confirmándose que los policías utilizaron toletes y gas pimienta, por lo que las detenciones fueron ilegales.

Conviene señalar además, que Abraham Cortés y Jesse Alejandro Montaño están considerados dentro de Recomendaciones de la CDHDF. Jesse Alejandro en la 11/2015 donde se consigna la tortura de que fue objeto, y en la 11/2016 donde consta lo arbitrario de su detención; y Abraham Cortés en la 10/2015 donde se da testimonio de la fabricación de delitos. Y si bien a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas no se les considera en ninguna Recomendación, la CDHDF mantiene bajo investigación ambos casos, el de Sotelo en el Exp. de Queja CDHDF/122/COY/14/D7154 y el de Bárcenas en el Exp. de Queja CDHDF/122/CUAUH/14/D1638. Contando éste último además con un “Amicus” emitido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

Subrayando por último que este es un caso de peculiar de Amnistía, pues trata de favorecer a inocentes, procesados y presos con procesos irregulares y acusaciones fabricadas, siendo que las Amnistías no se hacen para quienes la justicia señala como inocentes sino para favorecer a quienes los tribunales han condenado. Entonces, doblemente justificada esta Amnistía, porque lo que se busca con ella es hacer justicia y poner fin a un clima de tensión social, reconciliar a la sociedad con las autoridades y abrir paso a una nueva etapa, mejor  que la anterior. A eso se oponen quienes obstaculizan que se apruebe no un “dictamen de Morena” sino el dictamen aprobatorio de la Comisión de DDHH de la Asamblea, quienes con argumentos leguleyos insisten en mantener el clima de encono y desencuentro con un importante sector de ciudadanos, en especial jóvenes, un contexto en el que nadie puede ganar.

Tener jóvenes en las cárceles, y más por los “delitos” que se les achaca a los 4 presos, es una afrenta para cualquier gobierno que se precie de democrático, ya no se diga de izquierda.

Si José López Portillo y Carlos Salinas estuvieron dispuestos a amnistiar guerrilleros y ciudadanos acusados de terrorismo en sus gobiernos. Si priístas como José Murat y Fidel Herrera lo hicieron en sus respectivos estados, ¿cual es la verdadera razón por la que el gobierno de esta Ciudad se niega a corregir los flagrantes errores que cometió con ciudadanos y estudiantes criminalizados injustamente entre 2012 y 2015?

Morena no defiende vándalos ni la Amnistía es un “cheque en blanco” al vandalismo, antes bien la promueve porque hubo detenciones arbitrarias, porque hubo acusaciones inventadas y procesos irregulares mediante los cuales se condenó a inocentes y activistas, y todavía se mantiene a 4 jóvenes en prisión, por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta. 4 jóvenes que podrían estar estudiando, trabajando, aportando a la lucha social de manera constructiva y que con la sola acreditación de la irregularidad de sus detenciones y las violaciones al debido proceso sufridas por todos ellos sería razón suficiente para dejarlos libres. Y no se ha hecho.

Dicho lo anterior, convendrá con nosotros señor Director en que la Amnistía es la oportunidad de darle vuelta a la hoja de un capítulo que nunca debió haberse abierto. Un llamado a la razón y también a la concordia. No una bandera política sino, llanamente, una deuda social con los jóvenes de esta Ciudad.

En ejercicio del derecho de réplica consagrado por el Art. 6o de nuestra Constitución, solicitamos atentamente se publique la presente en el mismo espacio donde se publicó la nota de referencia el día de hoy.

Atentamente,
Presos, ex presos y procesados en el contexto de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México entre 2012 y 2015

El canero #3: ilegalidad

El siguiente escrito es parte del número 3 de El CⒶNERO, Periódico Independiente de Combate, que es publicado por los presos políticos de la Ciudad de México. Hay que recordar que ellos, junto con otros reclusos, acordaron la conformación de la Coordinador Informal de Presos en Resistencia, misma que se declaró en huelga de hambre el 27 de junio de 2015 para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro del sistema penitenciario del DF ante el silencio cómplice de la CDHDF. Parte de esta Coordinación es también partícipe en la publicación de El CⒶNERO, periódico que han publicado desde el interior del reclusorio en colaboración con otros presos políticos y presos comunes.

Es imprescindible no olvidar que en la Ciudad de México aún se encuentran recluidos varios presos políticos producto de diversas represiones a marchas y protestas durante los últimos tres años. Esta represión se incrementó con las detenciones arbitrarias a diversos activistas cerca de sus domicilios por parte de policías federales que les imputaron delitos falsos. El caso más sonado fue sin duda el de Jacqueline Santana y Bryan Reyes quienes el pasado viernes 10 de julio obtuvieron su libertad luego de 8 meses de prisión.

Sin embargo aún quedan en las prisiones Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Jessie Alejandro Montaño, Luis Fernando Sotelo entre otros, además de que existen más de 30 procesos abiertos contra personas que han sido víctimas de la represión de Estado desde que arreció en el DF el 1° de diciembre de 2012.

Así pues este artículo es, en parte, un testimonio de lo que ocurre dentro de las cárceles; por otra parte es también una reflexión acerca de las mismas desde su vivencia inmediata y finalmente un programa de lucha contra la degradación social que existe por parte de este sistema opresor y represor, dentro y fuera de las prisiones. Al final pongo el pliego petitorio de los presos en huelga de hambre.


El Canero #3

ETAPAS DE LA CARCEL

Etapa de resistencia pasiva. (Apando / Estancias de ING y C.O.C.)

La primera etapa comenzó desde el ingreso al penal, en esos momentos mi mente comenzaba a asimilar la cárcel como un proyecto, como una oportunidad para construir un nuevo escenario de lucha y resistencia. Al principio me enfoqué pero las cosas fueron difíciles, no entendía cómo podía enfrentarme a un panorama tan adverso, tan poco cotidiano, tan miserable y con medios ridículamente pequeños para actuar.

En un principio me enfoqué en conocer el panorama y tratar de buscar alguna alternativa de sobrevivencia; la fajina fue uno de los problemas económicos, más grande; al día siguiente “me leyeron la cartilla” y me di cuenta de que habia una especie de complicidad entre las “autoridades” y algunos internos que funcionan como una subpolicía; algo similar a un equipo de operaciones parapoliciales que generan una auto-reproducción del sistema de corrupción…

La primera etapa de “iniciación” es “formarle a la fajina”, y pareciera ser un simple rito de castigo psicosomático que asociado al hecho de que el individuo ha ingresado a la cárcel y ha sentido esa ruptura con el exterior; la pérdida de esperanza y el sentido de marginación social, golpean las emociones de quienes experimentan esa etapa de tortura mental. Pero no solo se queda ahí, sino que al sostenerse dicha aplicación impúnemente por medio de la corrupción, inicia la explotación económica; el cuerpo del individux está limitado por el miedo y el terror psicológico que lo hace frágil ante un panorama adverso, lo hace susceptible, al robo y la violencia directa del sistema de criminalidad…

Al iniciar la “fajina” inicia otra etapa de tortura física y mental, es un trabajo forzado que debe hacerse con la intención de: degradar a las personas y hacerlas sentir humillación y miedo para que su voluntad se quiebre y obligarlo a que decida hacer cualquier cosa por dejar de experimentar el terror, dolor y humillación.

[La fajina como método de extosión (extracción de capital económico mediante el robo, el cohecho y la corrupción)]

Durante la fajina, había quienes no podían seguir, debido a la presión psicológica que ejercían sobre ellxs, con el fin de implantar terror, miedo, al sometido cuerpo del prisionero de recién ingreso… ésto sirve para dos cosas: Primero, para generar resentimiento en lxs sometidxs; segundo, para aprovechar la vulnerabilidad emocional de lxs sometidxs y extorcionarlos para que paguen lo que se llama “un rescate”.

Había quienes pagaban hasta $3000 para dejar de hacer la fajina, en mi caso, yo no tenía dinero y aunque lo tuviera, no estaba dispuesto a participar de ninguna manera para perpetuar su sistema de corrupción; desde el principio decidí marcar la línea, con el desconocimiento de las “autoridades” penitenciarias, asimilándolos como mis enemigos inmediatos en esta etapa de guerra en la que me tocó ser prisionero…

Siempre he hecho una distinción entre las maneras y modos de la ilegalidad y en este contexto serían dos alternativas, siendo que omitimos por excelencia la institucionalización como vía o alternativa coherente…

FORMAS DE LA ILEGALIDAD:

1) La corrupción: que es la via de la ilegalidad propuesta por el Estado que básicamente propone una “permisividad” para salir momentánea o constantemente del parámetro “legal” en complicidad con las autoridades y su silencio y respaldo, a cambio de un fin monetario; los “derechos” están a la venta y aquel que pueda adquirirlos, generará la idea de un “estado de privilegio”… Es entonces cuando la degradación del individux lo lleva a tener que aceptar ser reducido a un simple material productivo; atándolo a la esclavitud perpetua que le exige competitividad, porque así lo han moldeado, le han enseñado a ser un rebelde incompleto; a violentar a lxs débiles y a tolerar la violencia de arriba, a ser sumiso ante la “autoridad”; comvierte al individux en un animal domesticado que velará los intereses de su amo y saldrá a defenderlos cuando le sea demandado.

De esta manera la corrupción, al ser perpetuadora del sistema, no puede ser una vía de lucha, y mucho menos en la cárcel, pues aunque aparentemente “rompe con los esquemas de la “sociedad””, en el fondo no hace más que repetir los ciclos mismos y por lo tanto ayuda a su crecimiento y fortalecimiento, pues incrementa sus capacidades represivas; al ir coptando y/o comprando aliadxs que le servirán para mantener el panorama social controlado. Con esto descubrí que la corrupción crea lo que aquí se llaman “borregos”; que son quienes trabajan directa o indirectamente en complicidad con la autoridad, generando como máxima “todos los problemas entre presxs” que se reprimirán entre ellos y respetarán a la falsa autoridad.

2) Clandestinidad: que es la vía ilegal que propongo y trato de mantener en pie de la manera más coherente posible desde que puedo llamarme anarquista; consiste básicamente en moldear el panorama y moverse a través de la oscuridad de la ilegalidad pero sin mediador alguno, es hacer que suceda lo necesario para hacer posible lo mediocremente creído imposible.

Se trata de sostener tus principios y tu dignidad, de obedecer a nadie más que tú mismo, de ser incorrompible, incorruptible, de aceptar los riesgos y las consecuencias de tus actos de rebeldía, saberse libre y actuar por propia decisión con paso fiero y decidido.

De esta manera, creo que en estas circunstancias de reclusión, la mejor vía para desconocer la “legalidad”, así como suy funcionalidad y procedencia sin dejar de ser autónomo, es la clandestinidad; pues al negar y desconocer todo tipo de práctica autoritaria no la reproduces, sino por el contrario la atacas desde sus bases ideológicas; no hay tratos cordiales con las figuras que componen la clase gobernante del reclusorio, que como ya he declarado son mis enemigos…

Desde un principio he creído que el anarquista es sembrador por naturaleza; se ha demostrado con el autosustento colectivo e individual; también sabemos plantar bombas en edificios de gobierno. Pero, sobre todo, están esas semillas que se dispersan y germinan durante el transcurso cotidiano. Basta tener una determinación y constancia de sí mismo.

Por la libertad y la real solidaridad, porque hay un mundo mejor.

Sin título

Caricatura sobre el sistema dentro de El Canero #3


[Huelga de hambre] Por las siguientes reivindicaciones:

1) Cese a los malos tratos y la tortura en todas las prisiones ya sean de palabra u obra.

2) Cese a la represión silenciosa que ejerce la institución en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (C.D.H.D.F. )

3) Mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y/o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos.

4) Repudio total a las medidas de austeridad que se están implantando a nivel mundial, en las cárceles por la tendencia de intereses económicos y      políticos.

5) Aplicación del protocolo de Estambul por tortura a todos los internos.

6) Esclarecimiento y desistimiento penal sobre causa 148/201H ; del compañero sentenciado José Santiago Hernández quien fue sentenciado y encarcelado 8 meses antes de su mayoría de edad.

7) Que se guarde el debido respeto y consideración a los familiares de los presos cuando estos se hallen en los recintos penitenciarios.

8) No más enriquecimiento ilícito, con base a la explotación de los presxs.

9) No más enriquecimiento ilícito de los funcionarios con base a la explotación sexual de las internas en los reclusorios femeniles y varoniles.

10) Rompimiento a la relación de complicidad entre la administración y la unidad médica; no más negligencia y tratos inhumanos.

11) Abrir más espacios de recreación cultural y proyección artística, así como trabajos remunerados para los presxs; ya que los pocos que existen están elitisados  y condicionados por la administración.

12) Renuncia del personal que activamente conforma el Consejo Técnico en todas las prisiones del D.F. y generar los mecanismos necesarios para eliminar la corrupción y autoritarismo de la administración y custodia.

13) Que no se nos juzgue ni reprima por las actividades que tomamos en protesta, ya que siempre hemos sido incitados por el mal funcionamiento de la institución penitenciaria.

14) No más violaciones a los datos personales y correspondencia con fines de extorsión, secuestro, intimidación y decomiso de materiales informativos.

Así mismo denunciamos el aislamiento y la incomunicación que es practicada en contra del compañero Jessi Alejandro Montaño por llevar a cabo una jornada de lucha y resistencia para dejar marcada la línea de desconocimiento y rechazo a la autoridad penitenciaria. ¡Codo a codo con nuestrxs hermanxs cara a cara con el enemigo!

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡QUE NADIE SE CALLE, LOS PRESOS A LA CALLE!

¡LIBERTAD, LIBERTAD, A LOS PRESOS POR LUCHAR!

Seguramente los señores Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal; Daniel Alejandro Magaña Jimenez de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno y Ángel Erick Ibarra Cruz Contralor Interno de la Secretaría de Gobierno estarán muy interesados en conocer las denuncias a las que hacen referencia los presos en huelga de hambre. Sobre todo cuando han estado tan ocupados recientemente con el tema de los reclusorios ya sea por el cese e inhabilitación del director del Reclusorio Oriente o bien por la investigación en torno a los custodios que traían un perro colgando del barandal de una camioneta. Así pues confío en que enviarán el llamado de atención procedente para que los consejos interdisciplinarios dentro de los reclusorios terminen inmediatamente las replesalias en contra de los internos por su labor de denuncia. En cualquier caso la población en general puede encontrar en los enlaces los números telefónicos de estas dependencias donde podrán informarse de qué se está haciendo al respecto.

Dictan libertad bajo caución a 4 de los Presos Políticos de San Bartolo Ameyalco

WP_003408 Hace unos momentos, a la una de la tarde, se realizó una conferencia de prensa frente al Reclusorio Oriente del Distrito Federal para informar de la situación jurídica de las cinco personas que se encuentran recluidas en este centro penitenciario inculpadas por el enfrentamiento con elementos de la policía capitalina  el 21 de mayo de 2014 en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. En la conferencia de prensa estuvieron presentes familiares, miembros de la Coordinación por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco y representantes de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

Durante la conferencia se informó que, luego de que se ratificara el amparo a efectos en contra del auto de formal prisión emitido por el juzgado 56 de lo penal, se dictó un nuevo auto constitucional que permite la salida bajo caución a cuatro de los inculpados luego de que se les retirase el agravante. Por lo anterior Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez, Juan José González Martínez y Gerardo Gutiérrez García podrían salir en las próximas horas. En cambio a Eduardo Mejía Nava se le reconfiguró el delito bajo la modalidad de lesiones agravado por lo que no podrá alcanzar fianza.

Los familiares denunciaron que autoridades de la delegación Álvaro Obregón ofrecieron pagar las fianzas y sostuvieron que este ofrecimiento es un chantaje pues si el gobierno delegacional tuviera la voluntad política de solucionar el conflicto desistiría de la acción penal, mientras que la retención de Eduardo Mejía Nava tiene como objetivo usarlo como botín político en época electoral. Así mismo denunciaron que miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como funcionarios delegacionales han intentado chantajear previamente a la población amenazándola con recortar el flujo de agua si no hay votos a favor de este partido en las elecciones a celebrarse el próximo 7 de junio. De último momento informaron que la juez responsable del caso había amagado con incrementar las fianzas hasta 500 mil pesos si no se suspendía el evento de prensa realizado en las inmediaciones. WP_003406

El Comité Cerezo México expresó que con esta nueva determinación la intención del Gobierno del Distrito Federal es alargar el conflicto pues los funcionarios tienen pleno conocimiento de que las detenciones se dieron previas al operativo y que fue el mismo subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa el que informó de la salida de los cuatro acusados. El Comité también señaló que el nuevo auto es producto de la ratificación del amparo que se obtuvo hace más de dos meses, mismo que se retrasó debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de inconformidad a pesar de que en el operativo no participaron elementos ni fuerzas federales.

Este caso se remonta al 21 de mayo de 2014 cuando pobladores del San Bartolo Ameyalco se manifestaron en contra de la imposición de obra para la extracción de agua por parte de la Delegación Álvaro Obregón. Ante esto el delegado Leonel Luna ordenó la realización de un operativo policiaco en el que participaron 2500 elementos antimotines y que fue coordinado por la Secretaría de Gobierno, encabezada por Héctor Serrano, y la Secretaría de Seguridad Pública entonces dirigida por Jesús Almeida. Durante la realización del mismo se dieron abusos policiacos entre los que se cuentan cateos ilegales, detenciones arbitrarias y agresiones que fueron documentadas y expuestas en las redes sociales. Dos días después cinco personas fueron puestas a disposición del juzgado 56 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente donde continúan al día de hoy sin que hasta el momento se haya dado acción administrativa o penal alguna en contra de los elementos que incurrieron en abusos. Mientras tanto la obra fue concluida y el pueblo argumenta que es usada para llevar agua a la zona de Santa Fe donde se usa en zonas residenciales y abrevaderos de animales de lujo como es la sección Rancho San Francisco mientras a los propios pobladores son despojados de su derecho al agua.

El giro que ha tomado este caso se inserta dentro del enrarecido ambiente político electoral pues el pasado 25 de febrero Leonel Luna Estrada abandonó la corriente perredista IDN, dirigida por René Bejarano, a pesar del apoyo que este último le prestó al afirmar que eran los dueños de las pipas de agua los que incitaban el conflicto en la demarcación. Ahora Leonel Luna Estrada busca la diputación local por el PRD sin filiación definida a una corriente luego de pedir licencia al cargo de delegado.

Más información en el facebook de Comité Cerezo México.

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