2 de octubre. Posicionamiento sobre recomendación 10/2015 CDHDF

Observaciones a la recomendación 10/2015 de la CDHDF referente a los hechos de represión del 2 de octubre de 2013.

Luego de dos años y medio sin recomendaciones en torno a la escalada de represión que se ha vivido bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la CDHDF por fin se ha pronunciado. Desafortunadamente las recomendaciones que ha expedido carecen de la precisión y la rigurosidad que justifiquen la tardanza. Desde hace ya más de dos años numerosas víctimas de la actuación ilegal del gobierno capitalino acudimos a la CDHDF buscando que se le diera a este tema la mayor importancia dada su gravedad y su relevancia social. Se nos dio como excusa de la tardanza la supuesta intención de sacar una recomendación global que evidenciara la mala actuación de las autoridades y la política de violaciones de derechos humanos que se estaba dando. Desafortunadamente luego de dos años lo único que tenemos son tres recomendaciones separadas que ven estos hechos como casos aislados y que no apuntan contra los verdaderos perpetradores que dirigen el gobierno local. Nos centraremos pues en la recomendación 10/2015 referente a los hechos del 2 de octubre de 2013 sin dejar de hacer notar que las otras dos recomendaciones tienen defectos similares que corresponde a las víctimas hacer notar.

La recomendación 7/2013 referente a los hechos del 1º de diciembre de 2012 enlista 22 puntos recomendatorios dirigidos a la SSP-DF, PGJ-DF, TSJ y Consejo de la Judicatura del DF, así como a la Secretaría de Gobierno del DF. En cambio la recomendación 10/2015 hace 17 recomendaciones en contra de la SSP, PGJ, TSJ y Consejo de la Judicatura, al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del DF y a la Asamblea Legislativa. Salta en primer lugar que se omitan los puntos recomendatorios dictados en contra de la PGJ durante 2013 por la mala actuación de los Ministerios Públicos que consignaron a las víctimas así como la participación de la Policía de Investigación en los operativos y en las violaciones a derechos humanos.  En segundo lugar salta el hecho de que no se incluye entre las autoridades recomendadas a la Secretaría de Gobierno cuando la propia Comisión tuvo conocimiento de diversas anomalías y violaciones a los derechos humanos en los reclusorios en contra de los procesados y sentenciados. Así mismo es evidente la deficiencia en el estudio de las circunstancias políticas y el contexto de los hechos, mismo que se podría haber dado en una recomendación global bien hecha, misma que sirve para que se evada la responsabilidad de las Secretaría y Jefatura de Gobierno en los distintos hechos de represión. Ante la similitud de los hechos y su reiteración  es evidente que la escalada represiva es una política de gobierno dictada desde las oficinas de los más altos funcionarios capitalinos.

El propio contenido de la recomendación es un galimatías de equívocos y omisiones en torno a las circunstancias y casos englobados. La falta de una investigación seria y amplia respecto de los acontecimientos lleva a que se tomen en cuenta exclusivamente los datos provenientes de los expedientes recabados en las diferentes dependencias. Por ello se desdeñan las declaraciones de las víctimas de la causa 235/2013 quienes señalamos reiteradamente la participación de la PGJ en la selección y fabricación de los casos a consignar durante nuestra ilegal estadía en la Coordinación Territorial GAM 6. Esta omisión es mayor en tanto la comisión no recabó las pruebas que, por un lado, explicaban la tardanza en nuestra presentación y por el otro evidenciaban el conocimiento y participación que tuvo la Procuraduría en estos hechos.

Otro claro ejemplo es la exposición del caso 236/2015 de la víctima, hoy fallecida, José Alejandro Bautista Peña. Bajo el apartado de víctimas de violaciones a la integridad personal se hace referencia a la tortura a la cual fue sometido por las personas que lo detuvieron. Si bien esta tortura es un hecho comprobado por el Protocolo de Estambul que se le realizó, hay que señalar que la Comisión asume, sin presentar evidencia, que los agresores eran policías de la SSP capitalina sin hacer mención que tales personas estaban vestidas de civil y que jamás se identificaron. Meses más tarde pudimos identificar a uno de los agresores como parte del personal oficial que antecedía a la marcha del 10 de junio de 2014 portando radios y comunicándose personalmente con empleados del edificio de la Jefatura de Gobierno en el Zócalo de la ciudad. Este personaje fue fotografiado y tales evidencias entregadas a la Comisión sin que se realizara absolutamente nada al respecto y sobre lo cual no se realiza mención alguna en la recomendación.

Igualmente nos parece grave que no se realice mención alguna a las violaciones a derechos humanos en contra del inculpado en la causa 238/2013, también llevada por el juez 40 de lo penal, a quien detuvieron y desaparecieron por más de 12 horas miembros de la Policía de Investigación durante las cuales fue trasladado a instalaciones de la PGR, mismas que se negaron a recibirlo y por lo cual fue consignado posteriormente ante un MP en la delegación Iztacalco. Así mismo en su calidad de inculpado fue criminalizado ante los medios en voz de funcionarios públicos y actualmente se halla purgando una sentencia de 5 años en el Reclusorio Norte. Nos llama la atención de que, a pesar de encontrarse referido su caso en los anexos, no se haga ninguna referencia en la recomendación.

Hay numerosas deficiencias en el expediente de la investigación. Varias víctimas son omitidas de la recomendación y del expediente por no constar en los documentos oficiales. Por citar un ejemplo los casos de Arely Guerrero y Mónica Hernández, quienes fueron detenidas arbitrariamente y llevadas al Juzgado Cívico TLP-03 no constan en la recomendación a pesar de que sus casos son públicos. El motivo de esta omisión bien puede ser que la ilegalidad de las detenciones y los procesos subsecuentes hizo que no constaran en los archivos remitidos por los Juzgados Cívicos.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves omisiones y errores que contiene la recomendación y la investigación en la que se basa. Por desconocimiento de las características específicas de los casos y expedientes falta especificar aquí otros aspectos de la recomendación como son los referidos a la detención arbitraria y tortura de Mario Gonzalez y demás víctimas detenidas en la calle de Isabel La Católica. Es igualmente grave la falta de mención al caso de Gabriela Hernández cuya detención es producto de las falsas imputaciones con las que policías de la SSP tergiversaron los hechos de la noche del 2 de octubre de 2013 en la entrada de la agencia 50, mismos que se hallan grabados en video. En general la recomendación hace referencia a 57 víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando la propia SSP reconoció 102 detenidos y las organizaciones de defensa de derechos humanos manejaron cifras también superiores al centenar de detenidos. Por ello es evidente que la recomendación deja sin analizar numerosos casos y acontecimientos de la misma fecha.

La investigación de la comisión adolece de graves deficiencias en torno al material y la evidencia que recopiló en dos años. No hay ni una referencia al material de las cámaras de vigilancia ni a las radiocomunicaciones de los organismos de seguridad capitalinos, tampoco se recabaron todas las hojas de fatiga  de la SSP y otros materiales fundamentales de la investigación.  Tales evidencias fueron solicitadas a las dependencias el 1º de diciembre de 2012 y lo recabado en ellas sirvió para sustentar y reforzar profundamente la investigación respectiva. En el caso de las víctimas posteriores una y otra vez se nos dijo que otro de los motivos de la tardanza en la emisión de la recomendación era el hecho de no contar con esos materiales que ya se habían solicitado. En tal caso nos parece grave que no se haga mención alguna a las razones por las que no se pudo acceder a tales pruebas ya sea por causa de un encubrimiento de las propias dependencias o por ineficiencia en el proceso de investigación. Sin ese material se incumple el derecho a la verdad que tiene la sociedad en torno a conocer los hechos y los perpetradores y, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos queda reducida a una mera consejería legal en la materia. Tampoco constan en el anexo las evidencias que proporcionamos las víctimas en nuestra calidad de coadyuvantes como son fotografías, videos y otros materiales.

Tales deficiencias se repiten en las recomendaciones 09/2015 y 11/2015 presentadas el 14 de septiembre de 2015 y consideramos necesario un estudio puntual de las mismas para evaluar la labor que realiza la CDHDF actualmente. Es imprescindible que este organismo se ajuste a estándares internacionales que le permitan cumplir su función a cabalidad sin permitir que los responsables de la actual política represiva queden impunes.

Finalmente hay que mencionar la opacidad con la que se presentaron las recomendaciones mencionadas. Si bien se avisó de último momento a las víctimas que serían publicadas, se nos dijo que “su presencia no sería necesaria”. Días antes se nos hizo de nuestro conocimiento una serie de aspectos relevantes que tendría la recomendación sin permitírsenos una lectura exhaustiva del documento. El 14 de septiembre de 2015, en un evento a puerta cerrada con la presencia de pocos medios, fue realizada conferencia donde se señalaron algunos puntos que se incluyeron. Afuera algunas de las víctimas solicitaron acceso a la Comisión señalando el expediente que venían a revisar bajo el conocimiento de que habría un evento público al respecto. A pesar de ello se les dio largas y se les impidió el acceso. Esta exclusión de las víctimas y el desdén a los datos que pueden aportar es la más grave falta que ha tenido la Comisión ha tenido durante la Presidencia de la Doctora Perla Gómez Gallardo, una política institucional que tiene que revertirse urgentemente pues sin las víctimas la Comisión es incapaz de retomar su función de defensa de los derechos fundamentales de nuestra sociedad.

La situación de los derechos humanos en la Ciudad de México presenta un retroceso innegable. La política de represión y militarización se ha extendido en nuestra ciudad a lo largo de los últimos años actuando premeditadamente en contra de la población y particularmente en contra de todos aquellos que luchan por el cabal cumplimiento de los derechos de la población. La Comisión tiene actualmente un serio retraso en la investigación y pronunciamiento en torno a los casos de represión. Si bien las tres recomendaciones emitidas se refieren a tres fechas emblemáticas, se deja de lado la actuación policiaca en fechas intermedias y se hace patente la falta de pronunciamientos en torno a todos los hechos de represión posteriores; falta la investigación y condena ante la presencia de civiles que participaron en las agresiones y las detenciones; los operativos de vigilancia contra agrupaciones políticas, luchadores sociales y víctimas; la criminalización de la población y de las diferentes posturas políticas; así como los casos quienes aún continúan injustamente presos por manifestar su posición política. Estos no son casos aislados, por el contrario: son parte de una estrategia de criminalización y judicialización de la protesta y la organización política. Una estrategia que se desarrolla a nivel nacional.

Por ello exigimos:

  • Investigaciones serias e imparciales en torno a la responsabilidad de las autoridades capitalinas en los hechos de represión y criminalización.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al cumplimiento de las recomendaciones 07/2013, 09/2015, 10/2015 y 11/2015.

¡Presos políticos libertad!

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Carta pública a los Consejeros de la CDH DF

México D.F., a 12 de noviembre de 2014

Honorables Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal:
Isabel Belausteguigoitia Rius
José Alfonso Bouzas Ortíz
José Antonio Caballero Juárez
José Luis Juan Caballero Ochoa
Miguel Carbonell Sánchez
Denise Eugenia Dresser Guerra
Lawrence Salome Flores Ayvar
Mónica González Contró
Nancy Pérez García
Nashieli Ramírez Hernández

PRESENTES

Les envío un atento saludo y un reconocimiento por la importante labor que desempeñan como órgano de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Mi nombre es Ilia Adad Infante Trejo y les escribo para expresarles mi preocupación por el actual trabajo y desempeño de la Comisión. Presenté una queja ante el organismo que se sigue dentro del expediente CDHDF/171227CUAUH/13/D6667 a cargo de la primera visitaduría por haber sido detenido arbitrariamente el 2 de octubre de 2013 e ilegalmente consignado por el ministerio público dos días después. Pasé seis meses en el Reclusorio Norte al cabo de los cuales el Juzgado octavo en materia de amparo dictó la protección de la justicia a efectos de revisar el caso y sus múltiples irregularidades lo que me permitió obtener mi justa libertad el 4 de abril del presente año.

Han pasado más de 13 meses de los acontecimientos de la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la masacre de Tlatelolco y sin embargo la CDH DF aún no ha podido expedir la recomendación pertinente. Ello a pesar de que los juzgados de amparo han reconocido las irregularidades e ilegalidades en los casos de las personas que fuimos encarceladas en aquella fecha; parte de ello es la liberación en días recientes de Mario González García y de Alejandro Bautista Peña quienes permanecieron más de un año en prisión injustamente.

Desde mi salida de prisión he dirigido escritos individuales y colectivos a la Dra. Perla Gómez Gallardo solicitando se me permita una audiencia o se me responda por escrito para obtener un informe detallado del avance de la recomendación sin que haya tenido respuesta hasta el momento. La mejor respuesta que se me ha brindado ha sido el otorgarme audiencia con el Lic. Alfonso García a cargo de la visitaduría correspondiente quien nos ha dicho reiteradamente que la recomendación está lista para salir desde el mes de junio pero que no nos ha explicado por qué se dilata la publicación de la misma.

La situación es más grave en virtud de que, según he sido informado, la recomendación que se planea agrupa los casos de diversas quejas relativas a las violaciones al derecho a la protesta producto de diversas represiones a las movilizaciones que se realizaron durante el año 2013. Así pues la Comisión ha sido omisa en expresarse en torno a las agresiones policiacas y los procesos ilegales que se llevaron a cabo en contra de manifestantes, documentadores, periodistas y activistas sociales el 10 de junio, 1º de septiembre, 13 de septiembre y 2 de octubre de 2013. Comprendo que una recomendación tan amplia requiere un trabajo de investigación exahustivo y detallado, sin embargo, la tardanza en la actuación de la comisión y la nula información al respecto de la misma son violatorias de los principios expresados en el artículo 5º de la Ley de la Comisión.

Tal recomendación es necesaria no sólo por la dilación que se ha tenido desde la institución, también porque el documento serviría para abonar las pruebas e información que las instituciones judiciales necesitan para juzgar la legalidad de los procesos de quienes aún están procesados y de los presos Abraham Cortés Ávila y Jessie Alejandro Montaño quienes se encuentran en reclusorios del Distrito Federal. Igualmente la recomendación es necesaria dado que aún se continúan cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos tal y como lo atestiguan los hechos del 22 de abril de 2014 mejor conocido como Marcha Telecom, el 8 de noviembre de 2014 con las detenciones arbitrarias posteriores a la marcha #YaMeCanse (sic), las detenciones arbitrarias de Bryan Reyes, Jaqueline Santana, entre otros donde los cuerpos de seguridad y autoridades judiciales capitalinas han realizado violaciones indiscriminadas contra los derechos humanos de manifestantes, ciudadanos e incluso personal de la propia Comisión.

El artículo 43 del Reglamento de la Comisión señala: “El Consejo aprobará las políticas y lineamientos generales, los programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de la Comisión”. Si bien el papel del Consejo que se desprende de tal redacción es el de un órgano de revisión general del funcionamiento de la institución también es cierto que la planeación estratégica de expedir una recomendación general y dilatar las expresiones en torno a la actuación de las instituciones de seguridad del Gobierno Capitalino es una política pública cuyos resultados, hasta el momento, son preocupantes pues no se ha señalado a autoridad alguna ni se ha emitido pronunciamento en torno a las graves violaciones a derechos humanos que se vienen repitiendo por parte de las instituciones de seguridad pública y de la Secretaría de Gobierno desde el 1º de diciembre de 2012 a excepción de la recomendación 7/2013.

Por ello los exhorto a que hagan un llamado de atención a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dra. Perla Gómez Gallardo, para que explique la situación de los expedientes correspondientes y el estado que guarda la recomendación respectiva así como las de hechos similares. Así mismo los conmino a que hagan un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que revise los casos y se pronuncie enérgicamente en torno a la política policiaca que se está desarrollando la cual constituye un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos en nuestra ciudad.

Les reitero un afectuoso saludo y un agradecimiento por su atención a la presente.

Atentamente

Ilia Adad Infante Trejo