Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

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Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

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Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.

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Elecciones México 2015

1.- #Quitaunanuncio

La propaganda electoral solo puede ser colocada en los lugares permitidos por la ley. Si encuentras publicidad de partidos o candidatos en algún lugar no permitido puedes quitarla sin que la autoridad te reprenda por ello. Esto está facultado por las siguientes leyes: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (art. 234, 235, 236)el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF (arts. 311, 313, 318 154 a 157 y 222) y la Ley de Publicidad Exterior y su reglamento (arts. 13 fracc. I, XXXII 21 y 94) se desprende el que puedas quitar la publicidad de los siguientes lugares por ser ilegal (llevar contigo una copia de estos artículos puede ser muy útil):

Sitios prohibidos: 

▪Árboles
▪Áreas verdes
▪Semáforos
▪Puentes y bajo puentes
▪Casetas telefónicas
▪Paradas de autotransporte
▪Señalamientos viales
▪Buzones de correo
▪Monumentos históricos
▪Propiedad privada sin permiso

¿Dónde sí se puede instalar propaganda electoral? 

▪Postes de luz y alumbrado (Siempre y cuando no obstruyan la iluminación).
▪Bienes de uso común propiedad del GDF (sobre todo bardas).
▪Vallas y anuncios espectaculares con premiso en regla
▪Bardas y en general propiedad privada con permiso del dueño.

Procura tomar una foto de la publicidad colocada en lugares prohibidos y subirla al Twitter de #QuitaUnAnuncio, así se llevará un registro y se exhibirá vía digital a los políticos. Puedes devolver esa propaganda a los partidos políticos o, si está muy dañada, disponer de ella mediante el adecuado proceso de separación de residuos.

2.- #Ayotzinapasomostodos

La clase política no representa al pueblo de México. Representa a la clase empresarial y criminal que ha corrompido nuestra sociedad sistemáticamente con tal de conservar sus intereses y privilegios por encima del bienestar de la nación. Por ello el gobierno mexicano, los empresarios y los narcotraficantes no quieren que se reconozcan los delitos de DESAPARICIÓN FORZADA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL que implican que el propio gobierno o una parte de él ha participado en un acto delictivo aprovechando todo el aparato estatal para estos fines. Reconocer estos delitos obligaría a:

a) Revisar la estructura gubernamental en sus leyes y en sus instituciones no sólo para aplicar el castigo a los responsables sino para prevenir que un hecho como éstos se repita tal y como está estipulado en leyes y tratados internacionales.
b) La tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial obligaría a las autoridades judiciales a abrir vías de investigación hasta el momento no exploradas por la PGR que la averiguación por secuestro o asesinato no permite ni en el caso de Ayotzinapa ni en ninguno otro.
c) No se trata solamente de encerrar en la cárcel a los criminales por la razón que sea sino de tener certeza jurídica e histórica sobre el paradero de los desaparecidos, la verdad acerca de quienes han sido asesinados y ejercer el justo y proporcional castigo a los responsables.

La clase política a través de la estructura de partidos y de la militarización del país se halla profundamente corrompida y actúa en gran parte aliada a los intereses de empresarios criminales y narcotraficantes. Si bien es obligación de las instancias judiciales investigar y perseguir los delitos así como avisar a las autoridades electorales de cualquier indicio de criminalidad en algún ciudadano que persigue ejercer un puesto de elección popular, también es una obligación ética de los partidos revisar el currículo e historial de las personas que postulan. No sólo eso sino que tal obligación junto con la de hacer públicos esos currículos debe ser establecida en la ley.

Hay más de 22 mil personas desaparecidas en nuestro país y cerca de 200 mil asesinatos muchos de los cuales no se han aclarado si son homicidios o ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de casos la autoridad intenta relacionarlos al crimen organizado en un proceso denominado criminalización sin aclarar las circunstancias del caso y congelando las investigaciones.

3.- #PresosPoliticosLibertad

Los presos asociados a motivos políticos en nuestro país son cerca de 800. Más de 350 son producto de las políticas represivas de los últimos tres años por parte de gobiernos de cualquier nivel y orientación política. Tan sólo en  los reclusorios de  la Ciudad de México se encuentran Jaqueline Santana López, Bryan Reyes Rodríguez, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés Ávila, Alejandro Montaño, Javier Brígido Castro, Alberto Pérez Linares, Eduardo Nava Mejía y Luis Fernando Sotelo, entre otros; mientras que en el Estado de México se encuentra Héctor Hernández Neri.

El contubernio del gobierno federal priísta y el gobierno local perredista ha establecido una política represiva en nuestra ciudad impidiendo el derecho humano a la protesta. Lo hacen activando mecanismos normativos y legales que prohíben o amenazan directamente el ejercicio de este derecho como son el Protocolo de Control de Multitudes de la policía, la Ley de Movilidad y a través del uso faccioso de la ley con artículos tan faltos de fundamento jurídico como el 362 del Código Penal del DF que tipifica el “delito” de Atentado contra la Paz Pública. De estos mecanismos ha sido víctimas los mencionados Presos Políticos así como más de 500 personas detenidas arbitrariamente y víctimas de agresiones entre los que se cuentan periodistas, manifestantes e incluso el propio personal de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Por su parte el gobierno del Estado de México ha sido omiso en cualquier materia de derechos humanos. Sus cuerpos de seguridad han mantenido la misma política represiva tradicional con total opacidad mientras que en la periferia de la ciudad han permitido el trabajo de los conocidos grupos de choque que inhiben la protesta ciudadana y la organización social. Es de sobra conocida la situación de inseguridad y violencia que vive el Estado de México desde hace años y que  el gobierno ha dejado gestar.

4.- ¿Y las consultas populares?

Como parte de las luchas políticas de los partidos que buscaron que por vía electoral se pusiera a discusión la Reforma Energética el Congreso aprobó la realización de Consultas Populares. Esto significaba que el día de las votaciones se incluirían boletas en donde se le hacía una pregunta clave al votante y a partir de los resultados se modificarían políticas o leyes por la vía democrática. Los partidos hicieron tres propuestas: el PRI propuso eliminar los diputados plurinominales, el PAN propuso incrementar el salario mínimo y el PRD/PT/MC/MORENA propusieron revertir la Reforma Energética. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las tres consultas bajo diversos argumentos entre los cuales se cuenta que la propia Ley tiene candados contra que la ciudadanía vote cualquier asunto relacionado con el presupuesto. De tal forma que es una ley sin efecto porque los ciudadanos seguimos sin poder participar en las decisiones de gran calado de nuestro país más que a través de los mismos partidos corruptos, verticalistas y clientelares.

5.- Recuerda

  • Que sólo la ORGANIZACIÓN de la sociedad puede hacer emerger el gobierno que quiere y necesita ya sea transformando el existente, sustituyéndolo por otro o por la combinación de ambas.
  • Que de toda la transformación política que México necesita tu voto es tan sólo un pequeño paso. El verdadero cambio está en tu participación ciudadana para resolver los problemas de tu comunidad, tu ciudad y tu país; es ésta la que verdaderamente transforma nuestra realidad y debilita el poder corrupto de empresas, criminales y gobierno.
  • Que si bien ellos tienen en sus manos el presupuesto con el que se hace obra pública y se implementan programas sociales nosotros no tenemos por qué ser compasivos ni cómplices de sus crímenes y corruptelas.
  • Que puedes anular tu voto, puedes votar por un candidato independiente registrado o anotar en la boleta el candidato de tu preferencia. LA ABSTENCIÓN NO ES UNA OPCIÓN PARA CAMBIAR NUESTRO PAÍS.

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