Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

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Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

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Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.