#LeyAmnistíaCDMX – Réplica al diario La Razón 26 oct 2016

Artículo original de La Razón: Morena hace ley para quitar delitos a 500 vándalos
Aquí el link de descarga del documento digital: respuesta-la-razon

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

Sr. Rubén Cortes Hernández,
Director General de La Razón,
P r e s e n t e .

El mayor daño, muy probablemente, que se ha hecho a los detenidos arbitrariamente en marchas y manifestaciones en esta Ciudad, es la criminalización y su identificación, con total impunidad por parte de sus acusadores, como “vándalos” y “delincuentes”.

Si revisamos los medios de comunicación del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, vamos a encontrarnos con un mundo de señalamientos, todos ellos falsos, pero que sin embargo han creado un entorno adverso socialmente para las víctimas, que es la fecha no ha sido resarcido a pesar de que se ha demostrado lo ilegal de sus procesos e incluso que muchos de ellos han obtenido sus libertad probando lo falso de las acusaciones que se les hicieron.

Es el caso de la nota aparecida hoy en La Razón, firmada por Luis Alonso, en la cual trata de presentarse a la Amnistía propuesta por Morena como una “ley a modo” hecha para “salvar” a 4 vándalos, repitiendo exactamente lo mismo que ha venido diciendo el GDF desde hace 3 años y soslayando que esos 4 jóvenes están presos por haber asistido a marchas o manifestaciones, que fueron inculpados de diversos delitos en medio de un cúmulo de irregularidades, y ante el fracaso sonado de todos los casos de detenciones en ese tipo de evento, ya que no pudo demostrarse a la mayoría su culpabilidad (más de 500 detenidos arbitrariamente, de los cuales sólo se pudo procesar a 193, casi todos libres por una razón u otra), se pretende ahora usarlos como “ejemplarizantes” de la “eficacia” del GDF y “prueba” de que el vandalismo sí se castiga en esta Ciudad.

La nota incurre, empero, en varias imprecisiones que es preciso aclarar:

1.- Jesse Alejandro Montaño, de 31 años de edad. El fue detenido sin ninguna razón antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013 y le fue sembrada marihuana para poderlo acusar de delitos contra la salud, a pesar de que consta en video todo lo que él llevaba en su mochila ese día. Salió en libertad, pero fue nuevamente detenido el 12 de junio de 2014, dice la nota “por ultrajes a la autoridad luego de que… escalara la megapantalla ubicada en el Zócalo capitalino, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas”. ¡Vaya delito!

2.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en 2013 a los 19 años, fue acusado de haber quemado el árbol de una refresquera pero no fue detenido en flagrancia sino en calles aledañas al Metro insurgentes; se le detuvo con lujo de violencia y lo sentenciaron con la única prueba de un video editado en el que no se logra ver más que un grupo de personas encapuchadas, aunque la jueza sí distinguió entre ellos a Fernando, y lo condenó a 5 años 9 meses. Le bastó el testimonio de un policía que lo “identificó” en el video y como no correspondía con los encapuchados que quemaron el árbol, lo que se dice es que se despojó de la capucha y de la ropa para confundirse con los transeúntes, aunque no presentan ni la capucha ni la ropa.

3.- Abraham Cortés Avila, joven oaxaqueño de 23 años, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por agentes vestidos de civil. A él lo condenaron a pesar de que de la noche a la mañana el delito original por el que se le acusó –portación de objeto apto para agredir- lo convirtieron, mediante el testimonio de dos policías, en tentativa de homicidio. Sin embargo, el MP nunca acreditó el dicho de los policías y los peritos dictaminaron que los objetos asegurados por los agentes remitentes y usados para inculparlo no fueron obtenidos con una adecuada cadena de custodia, por lo que estaban contaminados.  Originalmente lo sentenciaron a 13 años 4 meses, pero en su lucha jurídica para demostrar su inocencia logró que se rebajara la pena a 6 años 6 meses.

4.- Luis Fernando Sotelo. Él tiene 20 años y se le acusa de haber incendiado un Metrobús en CU el 5 de noviembre de 2014, pero en realidad fue castigado porque tenía un historial incómodo como activista comprometido. Tampoco fue detenido en flagrancia, y entre las irregularidades desde su detención constan que fue golpeado por la policía y las lesiones reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos; que fue trasladado en un carro particular al MP y después al Reclusorio Sur, antes del plazo legal de 48 horas, y sin que se le informara a los abogados. El único testimonio en su contra es el del conductor del metrobús, una declaración incongruente y prefabricada en la que a pesar de hablar de encapuchados, señaló plenamente como responsable a Luís Fernando.

5.- Gabriela Hernández, Luna Flores, su caso es emblemático de las arbitrariedades cometidas contra manifestantes por la SPP y la PGJ capitalinas. Ella nunca estuvo detenida por motín, fue detenida el 29 de octubre de 2013 y pasaron varios días para que se aclarara la razón de su detención. Dos policías la acusaron de “ultrajes a la autoridad” a pesar de contarse con videos que contradicen sus dichos, y sin embargo, la jueza consideró que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones”. Una clara violación no sólo de nuestra Constitución sino de las convenciones y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. Además tiene dos recomendaciones de la CDHDF en su favor, la 09/2015 y la 11/2016.

Ahora bien, respecto a otros detenidos que se señala en el reportaje: José Luis Ramírez Alcántara, no es sujeto de la Ley de Amnistía porque si bien fue preso y procesado penalmente por su supuesta participación en hechos vandálicos del 2 de octubre de 2013, esto nunca se le pudo comprobar y fue absuelto. Y tanto en su caso como en el de Irene Pérez Villegas, se les ha criminalizado por hechos que no contempla la Amnistía (la toma de CU) porque no se trata ni de una marcha ni de una manifestación. Pero además, en el caso de Irene, si bien fue detenida en la marcha del 2 de octubre de 2013, salió inmediatamente libre bajo fianza, confirmándose que los policías utilizaron toletes y gas pimienta, por lo que las detenciones fueron ilegales.

Conviene señalar además, que Abraham Cortés y Jesse Alejandro Montaño están considerados dentro de Recomendaciones de la CDHDF. Jesse Alejandro en la 11/2015 donde se consigna la tortura de que fue objeto, y en la 11/2016 donde consta lo arbitrario de su detención; y Abraham Cortés en la 10/2015 donde se da testimonio de la fabricación de delitos. Y si bien a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas no se les considera en ninguna Recomendación, la CDHDF mantiene bajo investigación ambos casos, el de Sotelo en el Exp. de Queja CDHDF/122/COY/14/D7154 y el de Bárcenas en el Exp. de Queja CDHDF/122/CUAUH/14/D1638. Contando éste último además con un “Amicus” emitido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

Subrayando por último que este es un caso de peculiar de Amnistía, pues trata de favorecer a inocentes, procesados y presos con procesos irregulares y acusaciones fabricadas, siendo que las Amnistías no se hacen para quienes la justicia señala como inocentes sino para favorecer a quienes los tribunales han condenado. Entonces, doblemente justificada esta Amnistía, porque lo que se busca con ella es hacer justicia y poner fin a un clima de tensión social, reconciliar a la sociedad con las autoridades y abrir paso a una nueva etapa, mejor  que la anterior. A eso se oponen quienes obstaculizan que se apruebe no un “dictamen de Morena” sino el dictamen aprobatorio de la Comisión de DDHH de la Asamblea, quienes con argumentos leguleyos insisten en mantener el clima de encono y desencuentro con un importante sector de ciudadanos, en especial jóvenes, un contexto en el que nadie puede ganar.

Tener jóvenes en las cárceles, y más por los “delitos” que se les achaca a los 4 presos, es una afrenta para cualquier gobierno que se precie de democrático, ya no se diga de izquierda.

Si José López Portillo y Carlos Salinas estuvieron dispuestos a amnistiar guerrilleros y ciudadanos acusados de terrorismo en sus gobiernos. Si priístas como José Murat y Fidel Herrera lo hicieron en sus respectivos estados, ¿cual es la verdadera razón por la que el gobierno de esta Ciudad se niega a corregir los flagrantes errores que cometió con ciudadanos y estudiantes criminalizados injustamente entre 2012 y 2015?

Morena no defiende vándalos ni la Amnistía es un “cheque en blanco” al vandalismo, antes bien la promueve porque hubo detenciones arbitrarias, porque hubo acusaciones inventadas y procesos irregulares mediante los cuales se condenó a inocentes y activistas, y todavía se mantiene a 4 jóvenes en prisión, por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta. 4 jóvenes que podrían estar estudiando, trabajando, aportando a la lucha social de manera constructiva y que con la sola acreditación de la irregularidad de sus detenciones y las violaciones al debido proceso sufridas por todos ellos sería razón suficiente para dejarlos libres. Y no se ha hecho.

Dicho lo anterior, convendrá con nosotros señor Director en que la Amnistía es la oportunidad de darle vuelta a la hoja de un capítulo que nunca debió haberse abierto. Un llamado a la razón y también a la concordia. No una bandera política sino, llanamente, una deuda social con los jóvenes de esta Ciudad.

En ejercicio del derecho de réplica consagrado por el Art. 6o de nuestra Constitución, solicitamos atentamente se publique la presente en el mismo espacio donde se publicó la nota de referencia el día de hoy.

Atentamente,
Presos, ex presos y procesados en el contexto de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México entre 2012 y 2015

Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

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Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

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Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.

2 de octubre. Posicionamiento sobre recomendación 10/2015 CDHDF

Observaciones a la recomendación 10/2015 de la CDHDF referente a los hechos de represión del 2 de octubre de 2013.

Luego de dos años y medio sin recomendaciones en torno a la escalada de represión que se ha vivido bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la CDHDF por fin se ha pronunciado. Desafortunadamente las recomendaciones que ha expedido carecen de la precisión y la rigurosidad que justifiquen la tardanza. Desde hace ya más de dos años numerosas víctimas de la actuación ilegal del gobierno capitalino acudimos a la CDHDF buscando que se le diera a este tema la mayor importancia dada su gravedad y su relevancia social. Se nos dio como excusa de la tardanza la supuesta intención de sacar una recomendación global que evidenciara la mala actuación de las autoridades y la política de violaciones de derechos humanos que se estaba dando. Desafortunadamente luego de dos años lo único que tenemos son tres recomendaciones separadas que ven estos hechos como casos aislados y que no apuntan contra los verdaderos perpetradores que dirigen el gobierno local. Nos centraremos pues en la recomendación 10/2015 referente a los hechos del 2 de octubre de 2013 sin dejar de hacer notar que las otras dos recomendaciones tienen defectos similares que corresponde a las víctimas hacer notar.

La recomendación 7/2013 referente a los hechos del 1º de diciembre de 2012 enlista 22 puntos recomendatorios dirigidos a la SSP-DF, PGJ-DF, TSJ y Consejo de la Judicatura del DF, así como a la Secretaría de Gobierno del DF. En cambio la recomendación 10/2015 hace 17 recomendaciones en contra de la SSP, PGJ, TSJ y Consejo de la Judicatura, al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del DF y a la Asamblea Legislativa. Salta en primer lugar que se omitan los puntos recomendatorios dictados en contra de la PGJ durante 2013 por la mala actuación de los Ministerios Públicos que consignaron a las víctimas así como la participación de la Policía de Investigación en los operativos y en las violaciones a derechos humanos.  En segundo lugar salta el hecho de que no se incluye entre las autoridades recomendadas a la Secretaría de Gobierno cuando la propia Comisión tuvo conocimiento de diversas anomalías y violaciones a los derechos humanos en los reclusorios en contra de los procesados y sentenciados. Así mismo es evidente la deficiencia en el estudio de las circunstancias políticas y el contexto de los hechos, mismo que se podría haber dado en una recomendación global bien hecha, misma que sirve para que se evada la responsabilidad de las Secretaría y Jefatura de Gobierno en los distintos hechos de represión. Ante la similitud de los hechos y su reiteración  es evidente que la escalada represiva es una política de gobierno dictada desde las oficinas de los más altos funcionarios capitalinos.

El propio contenido de la recomendación es un galimatías de equívocos y omisiones en torno a las circunstancias y casos englobados. La falta de una investigación seria y amplia respecto de los acontecimientos lleva a que se tomen en cuenta exclusivamente los datos provenientes de los expedientes recabados en las diferentes dependencias. Por ello se desdeñan las declaraciones de las víctimas de la causa 235/2013 quienes señalamos reiteradamente la participación de la PGJ en la selección y fabricación de los casos a consignar durante nuestra ilegal estadía en la Coordinación Territorial GAM 6. Esta omisión es mayor en tanto la comisión no recabó las pruebas que, por un lado, explicaban la tardanza en nuestra presentación y por el otro evidenciaban el conocimiento y participación que tuvo la Procuraduría en estos hechos.

Otro claro ejemplo es la exposición del caso 236/2015 de la víctima, hoy fallecida, José Alejandro Bautista Peña. Bajo el apartado de víctimas de violaciones a la integridad personal se hace referencia a la tortura a la cual fue sometido por las personas que lo detuvieron. Si bien esta tortura es un hecho comprobado por el Protocolo de Estambul que se le realizó, hay que señalar que la Comisión asume, sin presentar evidencia, que los agresores eran policías de la SSP capitalina sin hacer mención que tales personas estaban vestidas de civil y que jamás se identificaron. Meses más tarde pudimos identificar a uno de los agresores como parte del personal oficial que antecedía a la marcha del 10 de junio de 2014 portando radios y comunicándose personalmente con empleados del edificio de la Jefatura de Gobierno en el Zócalo de la ciudad. Este personaje fue fotografiado y tales evidencias entregadas a la Comisión sin que se realizara absolutamente nada al respecto y sobre lo cual no se realiza mención alguna en la recomendación.

Igualmente nos parece grave que no se realice mención alguna a las violaciones a derechos humanos en contra del inculpado en la causa 238/2013, también llevada por el juez 40 de lo penal, a quien detuvieron y desaparecieron por más de 12 horas miembros de la Policía de Investigación durante las cuales fue trasladado a instalaciones de la PGR, mismas que se negaron a recibirlo y por lo cual fue consignado posteriormente ante un MP en la delegación Iztacalco. Así mismo en su calidad de inculpado fue criminalizado ante los medios en voz de funcionarios públicos y actualmente se halla purgando una sentencia de 5 años en el Reclusorio Norte. Nos llama la atención de que, a pesar de encontrarse referido su caso en los anexos, no se haga ninguna referencia en la recomendación.

Hay numerosas deficiencias en el expediente de la investigación. Varias víctimas son omitidas de la recomendación y del expediente por no constar en los documentos oficiales. Por citar un ejemplo los casos de Arely Guerrero y Mónica Hernández, quienes fueron detenidas arbitrariamente y llevadas al Juzgado Cívico TLP-03 no constan en la recomendación a pesar de que sus casos son públicos. El motivo de esta omisión bien puede ser que la ilegalidad de las detenciones y los procesos subsecuentes hizo que no constaran en los archivos remitidos por los Juzgados Cívicos.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves omisiones y errores que contiene la recomendación y la investigación en la que se basa. Por desconocimiento de las características específicas de los casos y expedientes falta especificar aquí otros aspectos de la recomendación como son los referidos a la detención arbitraria y tortura de Mario Gonzalez y demás víctimas detenidas en la calle de Isabel La Católica. Es igualmente grave la falta de mención al caso de Gabriela Hernández cuya detención es producto de las falsas imputaciones con las que policías de la SSP tergiversaron los hechos de la noche del 2 de octubre de 2013 en la entrada de la agencia 50, mismos que se hallan grabados en video. En general la recomendación hace referencia a 57 víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando la propia SSP reconoció 102 detenidos y las organizaciones de defensa de derechos humanos manejaron cifras también superiores al centenar de detenidos. Por ello es evidente que la recomendación deja sin analizar numerosos casos y acontecimientos de la misma fecha.

La investigación de la comisión adolece de graves deficiencias en torno al material y la evidencia que recopiló en dos años. No hay ni una referencia al material de las cámaras de vigilancia ni a las radiocomunicaciones de los organismos de seguridad capitalinos, tampoco se recabaron todas las hojas de fatiga  de la SSP y otros materiales fundamentales de la investigación.  Tales evidencias fueron solicitadas a las dependencias el 1º de diciembre de 2012 y lo recabado en ellas sirvió para sustentar y reforzar profundamente la investigación respectiva. En el caso de las víctimas posteriores una y otra vez se nos dijo que otro de los motivos de la tardanza en la emisión de la recomendación era el hecho de no contar con esos materiales que ya se habían solicitado. En tal caso nos parece grave que no se haga mención alguna a las razones por las que no se pudo acceder a tales pruebas ya sea por causa de un encubrimiento de las propias dependencias o por ineficiencia en el proceso de investigación. Sin ese material se incumple el derecho a la verdad que tiene la sociedad en torno a conocer los hechos y los perpetradores y, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos queda reducida a una mera consejería legal en la materia. Tampoco constan en el anexo las evidencias que proporcionamos las víctimas en nuestra calidad de coadyuvantes como son fotografías, videos y otros materiales.

Tales deficiencias se repiten en las recomendaciones 09/2015 y 11/2015 presentadas el 14 de septiembre de 2015 y consideramos necesario un estudio puntual de las mismas para evaluar la labor que realiza la CDHDF actualmente. Es imprescindible que este organismo se ajuste a estándares internacionales que le permitan cumplir su función a cabalidad sin permitir que los responsables de la actual política represiva queden impunes.

Finalmente hay que mencionar la opacidad con la que se presentaron las recomendaciones mencionadas. Si bien se avisó de último momento a las víctimas que serían publicadas, se nos dijo que “su presencia no sería necesaria”. Días antes se nos hizo de nuestro conocimiento una serie de aspectos relevantes que tendría la recomendación sin permitírsenos una lectura exhaustiva del documento. El 14 de septiembre de 2015, en un evento a puerta cerrada con la presencia de pocos medios, fue realizada conferencia donde se señalaron algunos puntos que se incluyeron. Afuera algunas de las víctimas solicitaron acceso a la Comisión señalando el expediente que venían a revisar bajo el conocimiento de que habría un evento público al respecto. A pesar de ello se les dio largas y se les impidió el acceso. Esta exclusión de las víctimas y el desdén a los datos que pueden aportar es la más grave falta que ha tenido la Comisión ha tenido durante la Presidencia de la Doctora Perla Gómez Gallardo, una política institucional que tiene que revertirse urgentemente pues sin las víctimas la Comisión es incapaz de retomar su función de defensa de los derechos fundamentales de nuestra sociedad.

La situación de los derechos humanos en la Ciudad de México presenta un retroceso innegable. La política de represión y militarización se ha extendido en nuestra ciudad a lo largo de los últimos años actuando premeditadamente en contra de la población y particularmente en contra de todos aquellos que luchan por el cabal cumplimiento de los derechos de la población. La Comisión tiene actualmente un serio retraso en la investigación y pronunciamiento en torno a los casos de represión. Si bien las tres recomendaciones emitidas se refieren a tres fechas emblemáticas, se deja de lado la actuación policiaca en fechas intermedias y se hace patente la falta de pronunciamientos en torno a todos los hechos de represión posteriores; falta la investigación y condena ante la presencia de civiles que participaron en las agresiones y las detenciones; los operativos de vigilancia contra agrupaciones políticas, luchadores sociales y víctimas; la criminalización de la población y de las diferentes posturas políticas; así como los casos quienes aún continúan injustamente presos por manifestar su posición política. Estos no son casos aislados, por el contrario: son parte de una estrategia de criminalización y judicialización de la protesta y la organización política. Una estrategia que se desarrolla a nivel nacional.

Por ello exigimos:

  • Investigaciones serias e imparciales en torno a la responsabilidad de las autoridades capitalinas en los hechos de represión y criminalización.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al cumplimiento de las recomendaciones 07/2013, 09/2015, 10/2015 y 11/2015.

¡Presos políticos libertad!

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El canero #3: ilegalidad

El siguiente escrito es parte del número 3 de El CⒶNERO, Periódico Independiente de Combate, que es publicado por los presos políticos de la Ciudad de México. Hay que recordar que ellos, junto con otros reclusos, acordaron la conformación de la Coordinador Informal de Presos en Resistencia, misma que se declaró en huelga de hambre el 27 de junio de 2015 para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro del sistema penitenciario del DF ante el silencio cómplice de la CDHDF. Parte de esta Coordinación es también partícipe en la publicación de El CⒶNERO, periódico que han publicado desde el interior del reclusorio en colaboración con otros presos políticos y presos comunes.

Es imprescindible no olvidar que en la Ciudad de México aún se encuentran recluidos varios presos políticos producto de diversas represiones a marchas y protestas durante los últimos tres años. Esta represión se incrementó con las detenciones arbitrarias a diversos activistas cerca de sus domicilios por parte de policías federales que les imputaron delitos falsos. El caso más sonado fue sin duda el de Jacqueline Santana y Bryan Reyes quienes el pasado viernes 10 de julio obtuvieron su libertad luego de 8 meses de prisión.

Sin embargo aún quedan en las prisiones Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Jessie Alejandro Montaño, Luis Fernando Sotelo entre otros, además de que existen más de 30 procesos abiertos contra personas que han sido víctimas de la represión de Estado desde que arreció en el DF el 1° de diciembre de 2012.

Así pues este artículo es, en parte, un testimonio de lo que ocurre dentro de las cárceles; por otra parte es también una reflexión acerca de las mismas desde su vivencia inmediata y finalmente un programa de lucha contra la degradación social que existe por parte de este sistema opresor y represor, dentro y fuera de las prisiones. Al final pongo el pliego petitorio de los presos en huelga de hambre.


El Canero #3

ETAPAS DE LA CARCEL

Etapa de resistencia pasiva. (Apando / Estancias de ING y C.O.C.)

La primera etapa comenzó desde el ingreso al penal, en esos momentos mi mente comenzaba a asimilar la cárcel como un proyecto, como una oportunidad para construir un nuevo escenario de lucha y resistencia. Al principio me enfoqué pero las cosas fueron difíciles, no entendía cómo podía enfrentarme a un panorama tan adverso, tan poco cotidiano, tan miserable y con medios ridículamente pequeños para actuar.

En un principio me enfoqué en conocer el panorama y tratar de buscar alguna alternativa de sobrevivencia; la fajina fue uno de los problemas económicos, más grande; al día siguiente “me leyeron la cartilla” y me di cuenta de que habia una especie de complicidad entre las “autoridades” y algunos internos que funcionan como una subpolicía; algo similar a un equipo de operaciones parapoliciales que generan una auto-reproducción del sistema de corrupción…

La primera etapa de “iniciación” es “formarle a la fajina”, y pareciera ser un simple rito de castigo psicosomático que asociado al hecho de que el individuo ha ingresado a la cárcel y ha sentido esa ruptura con el exterior; la pérdida de esperanza y el sentido de marginación social, golpean las emociones de quienes experimentan esa etapa de tortura mental. Pero no solo se queda ahí, sino que al sostenerse dicha aplicación impúnemente por medio de la corrupción, inicia la explotación económica; el cuerpo del individux está limitado por el miedo y el terror psicológico que lo hace frágil ante un panorama adverso, lo hace susceptible, al robo y la violencia directa del sistema de criminalidad…

Al iniciar la “fajina” inicia otra etapa de tortura física y mental, es un trabajo forzado que debe hacerse con la intención de: degradar a las personas y hacerlas sentir humillación y miedo para que su voluntad se quiebre y obligarlo a que decida hacer cualquier cosa por dejar de experimentar el terror, dolor y humillación.

[La fajina como método de extosión (extracción de capital económico mediante el robo, el cohecho y la corrupción)]

Durante la fajina, había quienes no podían seguir, debido a la presión psicológica que ejercían sobre ellxs, con el fin de implantar terror, miedo, al sometido cuerpo del prisionero de recién ingreso… ésto sirve para dos cosas: Primero, para generar resentimiento en lxs sometidxs; segundo, para aprovechar la vulnerabilidad emocional de lxs sometidxs y extorcionarlos para que paguen lo que se llama “un rescate”.

Había quienes pagaban hasta $3000 para dejar de hacer la fajina, en mi caso, yo no tenía dinero y aunque lo tuviera, no estaba dispuesto a participar de ninguna manera para perpetuar su sistema de corrupción; desde el principio decidí marcar la línea, con el desconocimiento de las “autoridades” penitenciarias, asimilándolos como mis enemigos inmediatos en esta etapa de guerra en la que me tocó ser prisionero…

Siempre he hecho una distinción entre las maneras y modos de la ilegalidad y en este contexto serían dos alternativas, siendo que omitimos por excelencia la institucionalización como vía o alternativa coherente…

FORMAS DE LA ILEGALIDAD:

1) La corrupción: que es la via de la ilegalidad propuesta por el Estado que básicamente propone una “permisividad” para salir momentánea o constantemente del parámetro “legal” en complicidad con las autoridades y su silencio y respaldo, a cambio de un fin monetario; los “derechos” están a la venta y aquel que pueda adquirirlos, generará la idea de un “estado de privilegio”… Es entonces cuando la degradación del individux lo lleva a tener que aceptar ser reducido a un simple material productivo; atándolo a la esclavitud perpetua que le exige competitividad, porque así lo han moldeado, le han enseñado a ser un rebelde incompleto; a violentar a lxs débiles y a tolerar la violencia de arriba, a ser sumiso ante la “autoridad”; comvierte al individux en un animal domesticado que velará los intereses de su amo y saldrá a defenderlos cuando le sea demandado.

De esta manera la corrupción, al ser perpetuadora del sistema, no puede ser una vía de lucha, y mucho menos en la cárcel, pues aunque aparentemente “rompe con los esquemas de la “sociedad””, en el fondo no hace más que repetir los ciclos mismos y por lo tanto ayuda a su crecimiento y fortalecimiento, pues incrementa sus capacidades represivas; al ir coptando y/o comprando aliadxs que le servirán para mantener el panorama social controlado. Con esto descubrí que la corrupción crea lo que aquí se llaman “borregos”; que son quienes trabajan directa o indirectamente en complicidad con la autoridad, generando como máxima “todos los problemas entre presxs” que se reprimirán entre ellos y respetarán a la falsa autoridad.

2) Clandestinidad: que es la vía ilegal que propongo y trato de mantener en pie de la manera más coherente posible desde que puedo llamarme anarquista; consiste básicamente en moldear el panorama y moverse a través de la oscuridad de la ilegalidad pero sin mediador alguno, es hacer que suceda lo necesario para hacer posible lo mediocremente creído imposible.

Se trata de sostener tus principios y tu dignidad, de obedecer a nadie más que tú mismo, de ser incorrompible, incorruptible, de aceptar los riesgos y las consecuencias de tus actos de rebeldía, saberse libre y actuar por propia decisión con paso fiero y decidido.

De esta manera, creo que en estas circunstancias de reclusión, la mejor vía para desconocer la “legalidad”, así como suy funcionalidad y procedencia sin dejar de ser autónomo, es la clandestinidad; pues al negar y desconocer todo tipo de práctica autoritaria no la reproduces, sino por el contrario la atacas desde sus bases ideológicas; no hay tratos cordiales con las figuras que componen la clase gobernante del reclusorio, que como ya he declarado son mis enemigos…

Desde un principio he creído que el anarquista es sembrador por naturaleza; se ha demostrado con el autosustento colectivo e individual; también sabemos plantar bombas en edificios de gobierno. Pero, sobre todo, están esas semillas que se dispersan y germinan durante el transcurso cotidiano. Basta tener una determinación y constancia de sí mismo.

Por la libertad y la real solidaridad, porque hay un mundo mejor.

Sin título

Caricatura sobre el sistema dentro de El Canero #3


[Huelga de hambre] Por las siguientes reivindicaciones:

1) Cese a los malos tratos y la tortura en todas las prisiones ya sean de palabra u obra.

2) Cese a la represión silenciosa que ejerce la institución en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (C.D.H.D.F. )

3) Mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y/o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos.

4) Repudio total a las medidas de austeridad que se están implantando a nivel mundial, en las cárceles por la tendencia de intereses económicos y      políticos.

5) Aplicación del protocolo de Estambul por tortura a todos los internos.

6) Esclarecimiento y desistimiento penal sobre causa 148/201H ; del compañero sentenciado José Santiago Hernández quien fue sentenciado y encarcelado 8 meses antes de su mayoría de edad.

7) Que se guarde el debido respeto y consideración a los familiares de los presos cuando estos se hallen en los recintos penitenciarios.

8) No más enriquecimiento ilícito, con base a la explotación de los presxs.

9) No más enriquecimiento ilícito de los funcionarios con base a la explotación sexual de las internas en los reclusorios femeniles y varoniles.

10) Rompimiento a la relación de complicidad entre la administración y la unidad médica; no más negligencia y tratos inhumanos.

11) Abrir más espacios de recreación cultural y proyección artística, así como trabajos remunerados para los presxs; ya que los pocos que existen están elitisados  y condicionados por la administración.

12) Renuncia del personal que activamente conforma el Consejo Técnico en todas las prisiones del D.F. y generar los mecanismos necesarios para eliminar la corrupción y autoritarismo de la administración y custodia.

13) Que no se nos juzgue ni reprima por las actividades que tomamos en protesta, ya que siempre hemos sido incitados por el mal funcionamiento de la institución penitenciaria.

14) No más violaciones a los datos personales y correspondencia con fines de extorsión, secuestro, intimidación y decomiso de materiales informativos.

Así mismo denunciamos el aislamiento y la incomunicación que es practicada en contra del compañero Jessi Alejandro Montaño por llevar a cabo una jornada de lucha y resistencia para dejar marcada la línea de desconocimiento y rechazo a la autoridad penitenciaria. ¡Codo a codo con nuestrxs hermanxs cara a cara con el enemigo!

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡QUE NADIE SE CALLE, LOS PRESOS A LA CALLE!

¡LIBERTAD, LIBERTAD, A LOS PRESOS POR LUCHAR!

Seguramente los señores Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal; Daniel Alejandro Magaña Jimenez de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno y Ángel Erick Ibarra Cruz Contralor Interno de la Secretaría de Gobierno estarán muy interesados en conocer las denuncias a las que hacen referencia los presos en huelga de hambre. Sobre todo cuando han estado tan ocupados recientemente con el tema de los reclusorios ya sea por el cese e inhabilitación del director del Reclusorio Oriente o bien por la investigación en torno a los custodios que traían un perro colgando del barandal de una camioneta. Así pues confío en que enviarán el llamado de atención procedente para que los consejos interdisciplinarios dentro de los reclusorios terminen inmediatamente las replesalias en contra de los internos por su labor de denuncia. En cualquier caso la población en general puede encontrar en los enlaces los números telefónicos de estas dependencias donde podrán informarse de qué se está haciendo al respecto.

La democracia sobre la dictadura – Samuel I. del Villar

Samuel del Villar, foto Arturo Guerra. La Jornada.

Samuel del Villar, foto Arturo Guerra. La Jornada.

Antes de entrar en materia…

La historia de la crisis de la política institucional en México bien puede remontarse al fraude electoral de 1988. Eso no significa que ahí haya tenido sus orígenes o que esté olvidando que tal crisis es el resultado de un proceso político y social mucho más amplio, complejo y antiguo. Sin embargo la específica importancia de 1988 radica, creo yo, en que la crisis política que se vivió entonces evidenció los problemas que experimentaban las relaciones y nociones de poder del sistema priísta, mismas que entraron en una decadencia acelerada desde principios de los ochentas cuando el grupo tecnócrata empezó a hacerse del poder. El fraude electoral de 1988 persigue la conciencia política de México a 27 años de haber ocurrido y, con toda seguridad, la perseguirá en las elecciones de 2018.

Como parte de la necesaria historia que hay que reconstruir cotidianamente para entender mejor el proceso del cual somos consecuencia y parte hasta el día de hoy es que transcribo este artículo que encontré entre otras antigüedades. La democracia sobre la dictadura es un texto importante por sí mismo ya que al mismo tiempo es un análisis legal, un recuento de hechos y una crítica a los eventos de aquel tiempo hecha en ese mismo momento. Así mismo su autor, si bien no formará parte fundamental de todo libro de historia, jugó un papel tristemente bufonesco pero relevante en la transformación política del país que quizá con el tiempo deba ser mejor analizado. Yo no comparto la postura del texto, misma que es propia de un abogado que se fundamenta de principio en el iuspositivismo y en sus valores liberales y que no realiza prácticamente ningún análisis social; en cambio, me parece loable su esfuerzo por hacer un texto conciso y crítico en momentos donde el futuro inmediato del país era incierto.

Esta reflexión fue publicada en seis entregas en el periódico La Jornada entre el 26 de septiembre y el primero de octubre de 1988 motivo por el cual especifico sus diferentes publicaciones con la fecha correspondiente a su edición. Por lo mismo el texto contiene reiteraciones aparentemente innecesarias pero que son perfectamente comprensibles a la luz de la forma de su edición original. Otras ediciones pueden ser encontradas en revistas especializadas como Modernización Política de Noviembre de 1988 que, desgraciadamente, no se encuentran en línea.  Al final del texto añadiré una semblanza de su autor que espero sea de mejor utilidad.


LA DEMOCRACIA SOBRE LA DICTADURA

Samuel I. del Villar

La Jornada

Primera entrega 26/09/1988

El 10 de septiembre de 1988 una “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados, y de la representación del pueblo de México, declaró a Carlos Salinas como “presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos” para el periodo 1988-1994. La integración de esa “mayoría” y su declaración se hizo ocultando los votos directos de los ciudadanos y sin el escrutinio de su mayoría efectiva que exige nuestra Constitución y la legalidad derivada de ella para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y declararlo como tal. El sustento de esa “mayoría” en el ocultamiento del sufragio de los ciudadanos mexicanos, y su control arbitrario sobre el aparato del Estado, sustituyeron a la soberanía del pueblo, a la Constitución y a la legalidad derivada de ella como fundamento para constituir el poder en México.

Sería impropio caracterizar al régimen político construido a partir de esa declaración como constitucional y como democracia. Si no fuese “dictadura sin adjetivos”, podría calificarse como “dictadura de la mayoría oculta” y/o de la “mayoría fraudulenta”. La alternativa a este régimen es el curso constitucional que irremediablemente conduce a la democracia.

Se ha pensado que la declaración de lo que seguramente pasará a la historia como el “albazo del 10 de septiembre de 1988” instauró la dictadura para que domine en México al menos durante los seis años próximos. En este ensayo busco razonar mi confianza en que la democracia y el bienestar económico y social derivado de ella prevalecerá sobre la dictadura, incluso si llega a consumarse su imposición el primero de diciembre. El ensayo se divide en tres partes que abordan, respectivamente, el establecimiento de la dictadura de la “mayoría” autodesignada, su desintegración y la transición a la democracia.

  1. La dictadura de la “mayoría” autodesignada

La Constitución y el albazo del 10 de septiembre

Dictadura en español quiere decir un gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la elección de Presidente será directa” (art. 81) y que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “erigirse en Colegio Electoral para ejercer las funciones que la ley le señala respecto de la elección de presidente de la República” (art. 71 fracc. I) La Ley Orgánica del Congreso General establece claramente las funciones respectivas: “La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para presidente de la República, para lo cual se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado” (art. 24).

La “elección” del señor Salinas no fue en esos términos. La declaración del 10 de septiembre negó la “elección directa” de los ciudadanos. Sustituyó la calificación y el cómputo del total de los votos emitidos en todo el país por la calificación y cómputo de “la información de la Comisión Federal Electoral” que propuso el secretario general del PRI, Manuel Camacho, el 6 de septiembre, como base para declarar Presidente Electo a Carlos Salinas. En esa ocasión el señor Camacho instruyó públicamente a esa “mayoría” en el sentido de que “condicionar la validez de los comicios a la apertura de los paquetes (electorales) no tiene fundamento legal”. El razonamiento para ocultar los votos contenidos en los paquetes fue que su publicidad, y el fundar en su conocimiento la calificación del Colegio Electoral, implicaría desconocer el cómputo hecho por la Comisión Federal Electoral (CFE). El razonamiento es absurdo.

El único fundamento constitucional y legal para declarar Presidente Electo son los votos directos contenidos en esos paquetes. La racionalidad constitucional y legislativa de dar intervención en la Cámara de Diputados para calificar la elección presidencial haciendo el cómputo de los votos es, precisamente, el riesgo de parcialidad y de fraude hecho por la CFE. Si el poder constituyente hubiese considerado que no hay riesgo significativo de corrupción en ese sentido de la autoridad electoral, que sus cómputos son necesaria e indubitablemente honestos, no hubiese previsto tal intervención constitucional de la Cámara de Diputados y su reglamentación no habría ordenado la remisión a ésta de los paquetes electorales y el cómputo de su contenido para fundamentar la calificación de la elección crucial a fin de constituir el poder público en México. La “mayoría” autodesignada de diputados al impedir, mediante el uso de las fuerzas armadas, el conocimiento y el escrutinio público de los votos populares a los diputados que así lo solicitaban, y al fundar su declaración de Presidente Electo en un cómputo hecho por otro poder ampliamente descalificado en la propia Cámara, negó la constitucionalidad y legalidad de su declaración.

Por más que declare esa “mayoría” sobre esas bases anticonstitucionales, y por más que informe la CFE, simple y sencillamente el señor Salinas no es Presidente constitucional electo de los Estados Unidos Mexicanos, si las declaraciones y las informaciones que lo califican de “presidente” no están sustentadas públicamente en la mayoría de votos efectivos de los ciudadanos mexicanos. Lo que no tiene fundamento constitucional ni legal es imponerlo por el 52.6 por ciento de los diputados sobre el ocultamiento de esos votos. Más aún si la integración de esa “mayoría” se obtuvo con base en los mismos vicios de calificación –cuya ostensible arbitrariedad llevó incluso a la renuncia del magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, Emilio Krieger.

El albazo del 10 de septiembre de 1988 no sólo quebrantó los mandamientos sustantivos de la Constitución y su legalidad. La Ley Orgánica del Congreso General establece un amplio periodo para que la Cámara de Diputados realice el cómputo de los votos de la elección presidencial: “la declaratoria –del Presidente- deberá emitirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se inició el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el año de la elección” (art. 24, párrafo segundo). Evidentemente, la racionalidad legislativa de establecer hasta dos meses para que la Cámara desahogue su responsabilidad constitucional de calificar la elección presidencial es lograr un escrutinio cuidadoso y un cómputo efectivo de la mayoría del total de votos emitidos en todo el país. Esto era particularmente significativo en la elección presidencial más reñida en la historia posrevolucionaria de México, y cuando una mayoría abrumadora (de cinco de los seis partidos políticos) representada en la Cámara de Diputados y 47.4 por ciento de sus integrantes reconocidos, oficialmente descalificó la información de la autoridad electoral, en vez de seguir la racionalidad de la ley, la “mayoría” comprimió al extremo de diez días el proceso de calificación, imposibilitando la realización del “cómputo” legal. La imposición de la “mayoría” de términos legales absurdos para calificar la elección presidencial, con base en un dictamen que se informó, ni siquiera fue elaborado en la Cámara de Diputados; fue una arbitrariedad ulterior para negar el sustento constitucional y legal de la “presidencia” del señor Salinas.

La explicación evidente del ocultamiento arbitrario de los votos de los ciudadanos es que sus resultados fueron contrarios a los que formuló la autoridad electoral. Sea porque el candidato releccionado por el Presidente no fue electo por los votos efectivos contenidos en los paquetes. Sea porque la magnitud de los votos fraudulentos fue tal que nulificó la elección presidencial del 6 de julio e imposibilitó la declaración constitucional de un Presidente Electo. El albazo de la “mayoría”, en vez de abrir, cerró las posibilidades constitucionales de que el señor Salinas ocupe la presidencia de la República, al impedir que el cómputo legal de la Cámara de Diputados mostrase a la nación que la voluntad soberana del pueblo mexicano lo eligió, si es que en realidad lo hizo. El albazo hizo de esa posibilidad, y de la del triunfo del ingeniero Cuahutémoc Cárdenas, meras especulaciones inverificables. El curso constitucional, que el albazo del 10 de septiembre pretendió obstruir ante estas circunstancias, es la elección de un Presidente interino por un colegio electoral de al menos las dos terceras partes del Congreso de la Unión, que tomaría posesión el primero de diciembre y la convocatoria a elecciones presidenciales democráticas a celebrarse entre el 10 de febrero y el 10 de agosto de 1989.

El albazo de la “mayoría” fraudulenta pone al rojo vivo la crisis constitucional que vive México a raíz del divorcio entre los resultados sustantivos de las elecciones del 6 de julio para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y su “calificación” por esa “mayoría”. Si la toma de posesión del sucesor del pre4sidente De la Madrid se diese conforme a los dictados de esa “mayoría”, se habrá impuesto en México literalmente una dictadura del fraude y la corrupción, obviamente rompiendo con el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda entrega 27/09/1988

México caería en “un orden de poder, más no en un orden jurídico que sólo puede ser el que crean los hombres en ejercicio de su liberad y de su soberanía” –en palabras de Mario de la Cueva, cuyo pensamiento es de lo más significativo para ilustrar sobre la crisis constitucional que vive México. El gran maestro y jurista mexicano, homenajeado incluso por su alumno Miguel de la Madrid, calificó en esos términos precisamente la ilegalidad de “la Constitución impuesta por un usurpador o por una especie de asamblea”, que lo mismo sirven para negar la juricidad del positivismo estatista de Hans Kelsen, que la juricidad de un gobierno constituido a partir de la declaración de la especie de asamblea “mayoritaria” del 10 de septiembre. Vale la pena referir el corolario del pensamiento de De la Cueva: “las ideas de régimen de poder y de soberanía no implican supremacía del poder sobre el derecho; únicamente el positivismo estatista defiende eso que podría llamarse el libertinaje jurídico del derecho injusto”.

Seguramente algunos pensarían peyorativamente con el Presidente De la Madrid que el pensamiento de De la Cueva corresponde al de un “académico de cubículo” –como muchos en la audiencia de su último discurso ante la asamblea de la CTM, en el que refirió el concepto e hizo la apología del corporativismo frente a la democracia-. Seguramente el desprecio de aquellos para un trabajo como el de De la Cueva por su falta de “realismo político” aumentaría si se les recordase que renunció a la dirección de la Facultad de Derecho de la UNAM a raíz de la decisión de otorgar el grado de licenciado en Derecho a Miguel Alemán Velasco cuando su padre era presidente de la República, por considerar que tal acto defraudaba la legalidad universitaria.

Tendrían razón en que De la Cueva fue un gran académico y en que para serlo tuvo que dedicar la parte más significativa de su vida a la concentración de su inteligencia en el conocimiento y reflexión sobre el ser y el deber ser del hombre en su biblioteca, que para el efecto es lo mismo que un cubículo. Con certeza no hubiese producido nada que valiera la pena si se hubiese pasado la parte más significativa de su vida asistiendo a reuniones como esa de la CTM, haciendo discursos improvisados en ellas y guiando su vida con una moralidad representativa como la del anfitrión presidencial del DF, Joaquín Gamboa Pascoe. Ciertamente no hubiese producido el Código Federal del Trabajo vigente, que ha sido infinitamente más significativo para el bienestar de los trabajadores de México que todas las asambleas, discursos y anfitriones presidenciales como ésos.

No tendrían razón de descalificar el pensamiento de De la Cueva porque es verdadero, porque no existe orden constitucional ni jurídico sin fundamento incuestionable en la soberanía del pueblo. La Constitución es en esencia la garantía de los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado. La efectividad del derecho a elegir a los propios gobernantes, a no ser gobernado reprimiendo o falseando la voluntad soberana del pueblo, es el fundamento del poder constitucional del Estado. La dictadura es, en síntesis, la usurpación de ese derecho por una persona o por un grupo de personas que en el caso se apoderan anticonstitucionalmente del poder del Estado y lo ejerce o lo ejercen arbitrariamente cancelando aquel y otros principios constitucionales de gobierno protectores de los derechos de las personas y de la sociedad.

Del supremo poder conservador al libertinaje jurídico.

El voto directo de la mayoría de los ciudadanos sufragantes es la piedra angular de la democracia constitucional mexicana. Incluso algunos constitucionalistas del país critican la democracia de Estados Unidos por el sistema de votación indirecta para elegir presidente a través de electores en un colegio electoral que eligen al titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el principio del voto directo en México se ha corrompido por el control “mayoritario” autodesignado del Colegio Electoral. Al desechar arbitrariamente los sufragios directos emitidos por los ciudadanos, su “calificación” de la elección presidencial ha usurpado a un grado extremo el derecho fundamental de los mexicanos de elegir a nuestros gobernantes que, a su vez, es la piedra angular de nuestra Constitución Política y de la revolución que le dio origen.

El orgullo de nuestro constitucionalismo por el sistema de votación directa se derrumba debido a la corrupción de la garantía que el Colegio Electoral debería ser para que prevalezca la elección del pueblo por encima de los fraudes en el proceso electoral, y de la corrupción de la autoridad electoral que los permite y propicia. En vez de ser el medio para la democracia que exige el pueblo de México en 1988, la “mayoría” en el Colegio Electoral ha degenerado retrotrayendo más de 150 años si naturaleza a una “especie de asamblea” parecida a la del “Supremo Poder Conservador” de las Bases Constitucionales instauradas por Antonio López de Santa Anna en 1836 al suprimir la Constitución de 1824. Lucas Alamán diseñó este poder como control de la “constitucionalidad”, estableciendo que “este supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones” (base segunda, art. 17). El primero de septiembre declaraba Octavio Paz que “el PAN debía mirar más hacia Lucas Alamán y menos hacia el Partido Republicano de Estados Unidos”. Independientemente de dónde esté situado el pensamiento político del señor Paz, el gran problema político no sólo del PRI sino de México, que subyace en la crisis constitucional que vivimos, es que la dirigencia priísta actual y la autodesignada “mayoría” en la Cámara de Diputados –y no las fuerzas democráticas del PAN- son quienes han atendido su recomendación de mirar hacia Lucas Alamán. Con el control del aparato del Estado han atribuido la soberanía del pueblo a un “supremo poder conservador” autodesignado como “mayoría”, que en realidad atropella el orden constitucional para garantizar los intereses ampliamente minoritarios de élites restringidas.

Incluso la evolución del sistema constitucional de Estados Unidos ha hecho que la institución del colegio electoral sea cada vez más una ficción por la atadura de los electores en el mismo con los candidatos presidenciales, cancelándose su discrecionalidad para elegir en contra de la voluntad de los ciudadanos que los eligieron. Por el contrario, los votos de los diputados-electores de la “mayoría”, el 10 de septiembre, se desvincularon abiertamente del voto de los ciudadanos sufragantes para imponer al candidato designado por el Presidente, sin fundamento democrático constitucional sustantivo.

Las dictaduras siempre se establecen y se justifican a sí mismas como los baluartes contra la “anarquía” que resulta del ejercicio de derechos constitucionales. En realidad el orden dictatorial no es fuente de Derecho y de un orden jurídico, sino que es fuente de anarquía o, en términos de De la Cueva, de un “libertinaje jurídico” que se funda en la negación de los derechos constitucionales de las personas y de la sociedad.

Por una parte, el candidato del PRI afirmó después de la declaración de la “mayoría”, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que “desterraremos el capricho y la arbitrariedad”. Por otra parte, el 14 de septiembre el CEN del PRI afirmó que el discurso pronunciado por Cuahutémoc Cárdenas Solórzano el mismo día en el Zócalo “lo coloca en franca ilegalidad… es evidente que a la oferta de un diálogo político democrático el ingeniero Cárdenas Solórzano responde con un abierto llamado a la violencia y con una disyuntiva notoriamente grave: ‘yo o la guerra civil’”. Lo único que es evidente es la falsedad, la arbitrariedad y la voluntad de cancelar las garantías constitucionales y de establecer el “libertinaje jurídico” que anuncian los suscriptores de ese comunicado.

Lo que hizo Cárdenas y quienes lo acompañaron fue ejercer sus derechos y libertades civiles de “manifestación de las ideas”, de “petición y de protesta”, de “asociación y de reunión” que garantizan los artículos sexto y noveno de la Constitución. Más aún, el texto de su discurso fue singularmente constitucionalista y legalista, rechazando expresamente cualquier incitación a la violencia.

Cárdenas hubiese podido autodesignarse “presidente electo” con base en su información parcial de la mayoría de las casillas electorales y en sus partidarios que le daban el triunfo, como lo hizo Salinas con base en su información y en sus partidarios. Pero no lo hizo, respetando el principio constitucional que exige una mayoría efectiva de votos contenidos en los paquetes electorales –que la “mayoría” en el Colegio Electoral impidió abrir- para la legitimidad del Presidente. Cambió su posición política de acuerdo con lo procedente para resolver la crisis constitucional provocada por la arbitraria declaración de esa “mayoría”. Pidió con todo respeto a Salinas: “si renuncia al cargo de Presidente Electo, que abriría el camino para restaurar legalidad y legitimidad constitucionales, al través de un interinato y la convocatoria para celebrar nuevas elecciones presidenciales” – de acuerdo con lo previsto en los artículos 84 y 85 constitucionales-. El medio de lucha política que anunció para “derrotar” la ilegitimidad se restringió al “ejercicio de los derechos que nos da la Constitución”. Anticipó la respuesta del CEN del PRI: “ellos –el partido de la corrupción- han roto la legalidad, se han puesto fuera del marco constitucional, y sólo ellos serán responsables de violentar la decisión popular de hacer valer el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes por la vía constitucional”. Hizo énfasis en que su curso político “no será rindiéndose a la amenaza y a la intimidación, ni cayendo ante la tentación del cohecho, ni por la violencia”.

Además de una pésima redacción, se necesita en verdad una mentalidad política anárquica y torva para escribir que ese discurso es “una disyuntiva notoriamente grave: “yo o la guerra civil”, “un abierto llamado a la violencia” que coloca a Cárdenas “en la franca ilegalidad”. Da la impresión de que quien escribió el escrito piensa que la amenaza, la intimidación, el cohecho y la violencia constituyen la legalidad, y que la legalidad y la guerra civil consisten en el ejercicio de los derechos constitucionales y en el rechazo a la violencia. También da la impresión de que esa mentalidad y el libertinaje jurídico derivado de ella, inspirarán al régimen “constitucional” de la “mayoría” autodesignada, o dictadura, que posiblemente se inaugure el primero de diciembre de 1988.

Tercera entrega 28/09/88

II.- La desintegración de la dictadura

Ha habido y hay dictaduras que se han establecido y consolidado política, económica y socialmente durante años, e incluso décadas, sin fundamentos en un orden constitucional y en el Estado de Derecho, derivado del mismo. Todavía el 6 de julio, el día de las elecciones, hubiese resultado inverosímil que México sufriría a partir del primero de diciembre “la constitución impuesta por un usurpador o por una especie de asamblea” -para usar los términos del positivismo estatista de Kelsen- en contra de los derechos políticos de los ciudadanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después del albazo contra ella que asestó la especie de asamplea de la “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados el 10 de septiembre, esta posibilidad dejó de ser inverosímil, aunque todavía nos cueste mucho trabajo aceptar que México vivirá en cuestión de semanas bajo una dictadura. Más aún si ella sostiene que la “franca ilegalidad” consiste en el ejercicio de los derechos constitucionales y en el rechazo a la amenaza, la intimidación, el cohecho, y la violencia, como lo anticipó el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI del 14 de septiembre. Sin embargo, bajo la hipótesis de que lo que resultaba inverosímil ocurriese, todo permite pensar que el “orden” del poder anticonstitucional e ilegítimo emanado de ello no podría durar mucho, ni -de nuevo en términos de De la Cueva- sus “mandamientos autoritarios impuestos coercitivamente, que pueden encontrar obediencia por temor a la coacción, pero sin obligar a la conciencia.”

Las estructuras políticas, como los edificios, se sustentan en las bases y no en las cúpulas, en los cimientos y no en los techos. El orden dictatorial en México no tendría sustento de base, y su poder tendería a desintegrarse más bien rápida que lentamente. El saldo de las elecciones de julio fue el rechazo equilibrado del pueblo -ideológicamente desde el centro, la izquierda y la derecha- a cualquier gobierno que no tenga sustento democrático electoral incuestionable e intachable, lo mismo del proletario trabajador que del empresario productivo, del estudiante que del empleado y del votante libre, lo mismo en la ciudad que en el campo. La dictadura de la “mayoría” autodesignada, sin legitimidad democrático-electoral, intentaría sustentarse en pactos corporativos. Su gran problema sería que los representantes corporativos pactantes, o bien ya no tienen a quién representar, o el precio de su apoyo sería tan alto que una dictadura empobrecida no podría pagar aunque se les subordinase enteramente, y/o su deslealtad fuese tan grande que lo mismo pactarían con la oposición.

También se refiere como evidencia de la capacidad para sostener un gobierno federal elegido sin el sustento de los votos de los mexicanos la aptitud probada para sostener gobiernos estatales y municipales electos fraudulentamente. Hay una distinción fundamental. Mientras que los primeros han podido sostenerse en el apoyo del “Centro”, cuando al gobierno federal le faltase el sustento constitucional se descentraría el régimen, ya no tendrían dónde sostenerse.

Los previsores de la dictadura apuntan a las fuerzas armadas mexicanas de nuestros días como el baluarte fundamental para su sostenimiento, bajo la hipótesis de que el régimen dictatorial ampliase la cancelación de los derechos políticos a la represión general de otras garantías constitucionales. Las confunden denigrantemente con los militares conservadores de Félix Zuluoaga que apoyaron el golpe de Estado del presidente Comonfort, con el ejército porfirista que sostuvo efímeramente a Victoriano Huerta, con las oficialidades elitistas y golpistas sudamericanas del pasado, o con los conspiradores franquistas-tejeristas que intentaron fallidamente obstruir el curso de la democracia constitucional en España. Si algo ha distinguido el balance del Ejército Mexicano posrevolucionario es su carácter popular y constitucionalista. Resulta totalmente inverosímil imaginarlo como sustento de un régimen dictatorial fundado en la represión generalizada y permanente de las garantías constitucionales del pueblo.

Quienes piensan en forma diferente incluso se refieren a las fotografías publicadas en la prensa nacional de un militar uniformado marchando junto al secretario general del PRI, Manuel Camacho, en una manifestación partidista el 15 de septiembre en Puebla, celebrando el “triunfo” del señor Salinas, con el apoyo más significativo de Antorcha Campesina. Desde luego que los militares, como todo ciudadano mexicano, disfrutan de las libertades y derechos políticos que garantiza la Constitución. Tan es así que las encuestas sobre el sufragio militar del 6 de julio fueron muestra de las variadas preferencias nacionales por los candidatos Salinas, Cárdenas y Clouthier. Sin embargo, como todo servidor público, están impedidos de comprometer su servicio en tareas político-partidistas. Es enteramente irresponsable comprometer el uniforme militar en política partidista, particularmente en estos momentos tan críticos para la vida constitucional del país y con contingentes de grupos como Antorcha Campesina, que se han distinguido por su desafío incluso armado a la legalidad. Si el militar fotografiado deseaba manifestar en la calle su preferencia ideológica y política por el PRI o por Antorcha Campesina, debería haberlo hecho sin comprometer su uniforme. Y si la dirigencia actual del PRI desea ganarse el apoyo político de los militares, debe hacerlo apelando a su voto en las urnas y no a su uniforme en manifestaciones callejeras.

Como los servidores públicos en el magisterio, en correos, en las policías, en Pemex, o en cualquier otro servicio público, están obligados a prestar el suyo en los términos que les marcan sus respectivos ordenamientos legales. Y están igualmente obligados a rechazar cualquier corrupción de su servicio, más aun si los llevase a ser el medio para la supresión dictatorial de las garantías constitucionales de los mexicanos. Nada permite pensar en que, llegado el caso en que ese fuese el último reducto para el régimen dictatorial, los militares mexicanos participarían de una empresa tal.

Independientemente de la naturaleza popular y constitucionalista de los militares mexicanos, sería absurdo y descabellado para ellos convertirse en los grandes gorilas del subcontinente después de ser durante tantas décadas el ejemplo iberoamericano mundial de un ejército constitucionalista, después de los grandes fracasos en todos los órdenes de los regímenes dictatoriales-militares y en un momento histórico en que la democracia finalmente predomina en el continente.

Cuarta entrega 29/09/1988

En ausencia de fuerzas reales mexicanas, se argumenta que el sostén de la dictadura estaría en el exterior, notablemente en Estados Unidos. Están los antecedentes de las felicitaciones al triunfo electoral del candidato Salinas promovidas por el canciller Sepúlveda antes de su procedencia constitucional, y la inusitada visita a Washington del secretario general del PRI, Manuel Camacho, el 10 de septiembre. También se refiere a un supuesto temor de Washington a un gobierno de izquierda elegido constitucional y democráticamente como el que podría constituir Cuahutémoc Cárdenas. Por más extranjerizante que se pueda ser, habría que ser políticamente oligofrénico para pensar que la legitimidad o el sustento de un gobierno mexicano puede encontrarse en el extranjero, en Estados Unidos. Por otra parte, es claro que el Washington de nuestros días preferiría que los mexicanos eligiesen un gobierno pronorteamericano de derecha. Lo que no está claro es que Washington tema más al gobierno constitucional de un Presidente interino elegido por al menos las dos terceras partes del Congreso de la Unión y con un amplísimo apoyo y sustento popular que siguiese el curso constitucional de la democracia, que la imposición de una dictadura sin más sustento político interno que el ocultamiento del voto de los ciudadamnos mexicanos. El embajador, el secretario de Estado o incluso el presidente de Estados Unidos que temiese más al curso constitucional e interviniese en los asuntos internos de México para obstruirlo y favorecer el curso dictatorial, tendrían que ser políticamente tan oligofrénicos para definir los intereses nacionales efectivos de Estados Unidos, como el diplomático o el político mexicano que pensase en la procedencia de sustituir el sustento constitucional por el sustento de Washington.

El único sustento político-social para la dictadura de la “mayoría fraudulenta” son restringidas élites burocráticas que esperarían satisfacer sus ambiciones políticas y económicas y que no muestran más capacidad política que hacer comisiones, ponencias, planes y manifestaciones “populares” de opereta, como las del presidente del PRI en el DF cuando “gana la calle” para convalidad la imposición -y replicar al Zócalo lleno de pueblo por la democracia-. Un gobierno mínimamente efectivo de México evidentemente necesita algo más de sustento social. Tampoco se lo pueden dar las cúpulas corporativas del PRI y del empresariado que pretenden controlar desde la ciudad de México la conciencia y la conducta política de asalariados, profesionales, campesinos y empresarios. Cierto que hasta ahora han sido vehículos de lo más efectivo para imponer las directrices burocrático-centralistas en materia de precios, salarios e ingresos, para ocultar la inefectividad de esas directrices en el saneamiento equitativo y productivo de la economía y la arbitrariedad y corrupción asociadas a ellas, y para reprimir en los protocolos del Palacio Nacional y Los Pinos la manifestación del amplio descontento social y político que las directrices han ocasionado entre campesinos, asalariados y empresarios de toda índole. Pero las elecciones del 6 de julio fueron la muestra más abrumadora de la derrota política, históricamente irreversible, que han sufrido esas cúpulas para representar y manipular a la sociedad mexicana. Pueden sostenerse todavía porque están engarzadas de una forma u otra a la ubre de concesiones y a los medios de coerción del aparato burocrático. Pero esa ubre está enferma de mastitis, se está secando, y esos medios de coerción difícilmente se sostendrían al confrontar con la represión generalizada de las garantías constitucionales que necesitaría una dictadura para consolidarse.

Cierto que se han desarrollado crecientemente indicios de represión de garantías constitucionales. A los homicidios presuntamente políticos de Francisco Javier Ovando y Ramón Gil y los subsecuentes, se han añadido la afectación de las garantías constitucionales de protesta y de reunión de los miembros del PAN y de trabajadoras dañadas por el sismo. Pero hay todavía una enorme brecha a la represión general de las garantías constitucionales.

El sustento económico para esa dictadura de la “mayoría” también sería lo más precario. El gobierno actual ha podido sostener hasta principios de diciembre los controles de precios que impuso corporativamente después del derrumbe de la Bolsa de Valores y de la espectacular devaluación de noviembre de 1987. El más significativo de esos controles es el tipo de esos controles es el tipo de cambio que debe reflejar el balance del comportamiento de los precios internos en relación con los precios internacionales. Cierto que la tasa de inflación se ha reducido contrayendo brutalmente el ingreso real de la población con una congelación total de salarios. Pero el Pacto de Solidaridad Económica no ha impedido que el peso se sobrevalúe de nuevo contra el dólar, que estén creciendo más rápido las importaciones que las exportaciones, que se estén drenando las reservas internacionales y que se desencadene en un futuro próximo la especulación contra la divisa nacional y el ensanchamiento del déficit financiero del gobierno federal. Esta inercia conduce de nuevo irremediablemente a la devaluación y al derrumbe de la estabilidad artificial de precios. Su supervivencia, antes o después del primero de diciembre, será la puntilla para el sustento económico de la dictadura de la autodesignada “mayoría” oculta y/o fraudulenta.

Quinta entrega 30/09/1988

III.- La confianza en la democracia.

La opinión dominante en las élites políticas y burocráticas es que la dictadura prevalecerá sobre la democracia con la designación y toma de posesión de Carlos Salinas impuesta por la “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados con base en los sufragios ocultos. Además del albazo del 10 de septiembre, la autodesignación de esta fracción como mayoría camaral, la premura y la arbitrariedad para calificar a su favor las elecciones legislativas, las evidencias persuasivas de fraude con que se integró esa mayoría, la impugnación de casi la mitad de los diputados al informe del Presidente, la salida de los diputados cardenistas del recinto cameral y la ruptura consecuente del Congreso de la Unión, ciertamente, anticipan la cancelación de la Constitución y un gobierno dictatorial.

No obstante, pienso que esa perspectiva está equivocada. Tengo confianza en que la democracia constitucional prevalecerá sobre la dictadura, por infranqueables que parezcan en estos momentos los obstáculos a la democracia que “la mayoría” autodesignada pueda anteponerle. La confianza en el futuro democrático de México está fincada esencialmente en la expresión abrumadora de la voluntad el pueblo (sic) y la nación del México por la democracia constitucional en las elecciones del seis de julio, y en la convicción de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es más fuerte para hacer prevalecer la democracia, que la fuerza de sus violadores para derrotarla. Ha sido un gran absurdo político que la “mayoría” autodesignada trate de imponer al pueblo una dictadura sin sustento no sólo constitucional, sino tampoco político, económico y social. Más aun, bajo la hipótesis de que ese atentado se consumase en contra de la voluntad del pueblo y de la nación, la dictadura parecería tan endeble que en poco tiempo se desmoronaría.

Los intentos de imposición dictatorial no garantizan más que el desorden social, el continuo deterioro económico y la ruptura creciente del orden político-constitucional, es decir, el desgobierno que comenzó a sentise crudamente en la nueva realidad política de México con la disgregación del Congreso de la Unión a raíz del último informe de gobierno de Miguel de la Madrid.

Interpelaciones de la oposición que cortaron la palabra presidencial. Insultos, trompadas y puntapies propios de gañanes más que de gobernadores de un pueblo civilizado como el mexicano. Amenazas ilegales de represión contra legisladores por parte del presidente del Congreso impuesto por la “mayoría”. Símbolos del fraude electoral en la centena de escaños de la oposición de derecha. Abandono del recinto del Congreso de la casi centena y media de los legisladores de oposición de izquierda. Gritos desaforados de “México” de los legisladores de la autodenominada “mayoría” pretendiendo arrogarse ridículamente el monopolio para representar a la nación. Una promesa de “no permitiré la anarquía” como concepto más significativo en un último informe de gobierno a tres meses de concluir el periodo presidencial. Y las columnas de soldados salpicadas por ralos contingentes burocráticos y denuestos opositores como vallas para el recorrido de San Lázaro a Palacio Nacional. Es el botón de muestra de lo que depara la imposición dictatorial.

Ciertamente ello no indicó que “la nación se desmoronaba entre las manos” del Presidente. La nación mexicana está solidamente unida en su voluntad por la democracia. Lo que se desmoronaba era el gobierno que requiere de la armonía de los poderes Legislativo y Ejecutivo para gobernar.

La imposibilidad de integrar realmente el quorum necesario en las sesiones de la Cámara de Diputados, así como la impugnación de su presidente, son otros anticipos de la desarticulación gubernamental.

No son los mejores augurios para la sucesión e inauguración de un gobierno mínimamente perdurable, capaz de conducir a México conforme a sus valores nacionales primarios. Es más, resulta imposible imaginar cómo una imposición tal resultaría en una mejor garantía para la seguridad, la tranquilidad, la libertad, la justicia y el bienestar que exigen los mexicanos, más que en una fuente creciente de privación de estos valores fundamentales. En cambio, es enteramente factible imaginar la realización creciente de esos valores para beneficio de la inmensa mayoría de los mexicanos, si el curso es el que exige la Constitución para garantizar la democracia. Es el único camino viable para que México se integre y se desarrolle sana y vigorosamente en lo político, lo económico y lo social.

Nadie en México, más que una restringida élite burocrática electoral e históricamente derrotada, en realidad se hubiese opuesto a que la Cámara de Diputados, en tanto que Colegio Electoral, hubiese abierto y contado los votos directos y efectivos de los ciudadanos para calificar la elección presidencial, como lo ordena la Constitución y la ley. Bajo condiciones de garantías efectivas de imparcialidad de la autoridad electoral el cómputo debería ser una operación matemática, sin que diese lugar a controversias políticas ya resueltas por los ciudadanos al ejercer su derecho constitucional al sufragio. El candidato que obtuvo un mayor número de votos simplemente sería declarado Presidente Electo por la Cámara de Diputados en su conjunto, tanto por los diputados de su partido como por los de partidos opositores, para significar la incuestionable autoridad constitucional democrática del Presidente. El gran problema que enfrenta México en este momento es que la autoridad electoral fue parcial y actuó sin conformidad a Derecho. Y su parcialidad y arbitrariedad al parecer no sólo condujeron a un amplio divorcio entre los resultados electorales, consignados por la autoridad en las “actas distritales de escrutinio” y los contenidos en los “paquetes electorales” con los votos de los ciudadanos. También parece haber conducido a una confusión de votos efectivos y fraudulentos en el contenido de dichos paquetes que hizo imposible la calificación de la elección presidencial que ordena la Constitución. La consecuencia fue la imposibilidad constitucional de declarar Presidente Electo a cualquiera de los candidatos.

Sexta entrega 1/10/1988

La analogía con la situación de España a la muerte de Franco flota en el ambiente. Algunos se lamentan de que en México, a diferencia de la España de 1975, no haya un monarca que como jefe de Estado mantenga la integridad política en medio de los cambios de gobierno que condujeron la transición hacia la democracia. Hay también escepticismo y/o temor en algunos ambientes frente a la alternativa de la democracia. Se refieren a ella bien como una quimera inalcanzable en México, con las consabidas denigraciones a nuestro pueblo, que lo presentan como sólo digno del autoritarismo corporativista, o bien rechazan la democracia “sin adjetivos” -para usar la paráfrasis de Enrique Krauze del concepto de Raymond Carr sobre la transición española- cuando la corriente democrática dominante es contraria a sus preferencias o prejuicios ideológicos, dando al traste con sus aparentes convicciones democráticas. Se vuelven “realistas” y suscriben la opción constitucional por un “orden canijo e injusto” que Adrián Lajous reserva a los mexicanos.

México ha vivido otras dos grandes crisis constitucionales de la envergadura de la presente a lo largo de su historia. Ambas resultaron en violencia revolucionaria sumamente destructiva por la necedad de élites burocráticas dominantes de mantener estructuras de poder insostenibles. La primera fue la que se presentó al fin del mundo novohispano y resultó en las guerras de independencia, condujo a lo que Jesús Reyes Heroles llamó la “sociedad fluctuante” con más de 50 gobiernos y los golpes, rebeliones, asonadas y guerras antecedentes y consecuentes, a tres invasiones extranjeras y a la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, hasta la restauración de la República con base en la Constitución de 1917. La segunda gran crisis constitucional mexicana sobreviene al fin del Porfiriato, con la necedad elitista de negar los principios democráticos constitucionales cuando el pueblo y la nación exigieron su cumplimiento con el liderazgo de Francisco I. Madero para la sucesión presidencial de 1910. La revolución consecuente lleva de nuevo a México a la violencia y no se produce un orden político-constitucional estable sino hasta 1929, con la creación bajo el liderazgo de Plutarco Elías Calles del Partido Nacional Revolucionario después del homicidio de Álvaro Obregón, vinculado a su intento de romper con el principio toral de no reelección de la Constitución de 1917 heredera de la de 1857. El presidente Lázaro Cárdenas, consolida el orden político-constitucional con la expulsión del general Calles cuando éste pretende desafiar la primacía de la autoridad presidencial derivada del mismo. Ahora que se han erosionado a un grado extremo los contrapesos éticos, jurídicos y políticos al ejercicio arbitrario del poder presidencial, y el pueblo y la nación volvieron a exigir en las elecciones de julio de 1988 la democracia en la sucesión presidencial, y las élites dominantes encubiertas en una “mayoría” oculta y fraudulenta pretenden negarla, se plantea la tercera gran crisis histórica en la constitución política de México. También flota en el ambiente que ella tendrá que resolverse con violencia y destrucción como las anteriores.

Ni el pueblo mexicano es gobernable con un corporativismo autoritario impuesto por una “mayoría” fraudulenta. Ni esta crisis constitucional debe resolverse con violencia y destrucción. Ni México necesita un monarca como España para transitar a la democracia.

El seis de julio no sólo se manifestó abrumadoramente una voluntad del pueblo, sino que se estableció un precedente histórico de unidad y coincidencia nacional, desde la derecha y desde la izquierda, por la democracia. Se sentaron las bases para integrar, dentro de un mismo orden constitucional libertario, a la herencia de los partidos liberal y conservador del siglo XIX que subyace en la izquierda y la derecha de nuestros días, con base en la efectividad de la soberanía del pueblo ejercida a través del sufragio para constituir el Gobierno. Bajo las garantías de nuestra Constitución Política surgida de la Revolución, ahora izquierda y derecha, conservadores y liberales, defienden un mismo orden constitucional fundado en la garantía a la soberanía del pueblo para elegir entre ellos.

La distinción frente a la España franquista es que México tiene una Constitución profundamente enraizada en la historia y la vida de la nación. Las “leyes fundamentales del reino” franquista eran una forma jurídica para encubrir una imposición dictatorial. Es por ello que sólo con la guía rectora de un monarca los españoles pudieron transitar pacíficamente a la democracia. A diferencia de la España de 1975, el México de 1988 tiene principios constitucionales congruentes desde 1857 y una misma Constitución Política en vigor desde 1917. En la década pasada las fuerzas democráticas de Espala volteaban todavía con admiración y agradecimiento a México no sólo por el apoyo que les brindaba nuestro gobierno constitucional. También por las garantías que ofreció nuestro orden constitucional a los exiliados de la dictadura para que pudieran prosperar y desarrollarse con libertad en nuestro país.

La Constitución de México es la rectora del tránsito a la democracia. Su raigambre histórica y sus principios fundamentales son los firmes asideros que harán llegar a buen éxito la voluntad popular y nacional de vivir en ella. Podrán sobrevivir albazos contra la Constitución como el del 10 de septiembre, que de alguna forma recuerda al que el presidente Ignacio Comonfort orquestó con Félix Zuloaga recién establecidos los principios constitucionales básicos de 1857. Pero no prevalecerán sobre la voluntad nacional, como no prevalecieron entonces con el liderazgo de Benito Juárez, quien hizo valer la voluntad nacional bajo circunstancias mucho más aciagas.

Los principios de la constitución para el caso que estamos viviendo difícilmente podrían ser más integradores y efectivos para resolver el desgobierno que amenaza a México. La elección de un Presidente interino por un Colegio Electoral constituido con al menos las dos terceras partes del número total de miembros del Congreso e la Unión cancela el margen fraudulento con que se ha autodesignado la “mayoría” legislativa actual, conduce a la unión constitucional de las disgregadas fuerzas políticas nacionales y permite el establecimiento del gobierno constitucional fuerte y ampliamente legitimado que se requiere para que el país entre en la democracia. El mandato de convocatoria a elecciones presidenciales, a celebrarse entre 14 y 18 meses después de la elección de Presidente interino, establece las bases y abre un periodo apropiado para que el gobierno interino integre una autoridad electoral imparcial, y para que la nación y sus ricas y diversas fuerzas políticas se acomoden, se organicen y se preparen para competir por el voto soberano del pueblo, que debe constituir el gobierno definitivo del México democrático.

La opción constitucional por la democracia ofrece un contraste extremo frente a la opción de la dictadura de la “mayoría” autodesignada, para el bienestar político, económico y social de los mexicanos.

En lo político, el curso constitucional inmediatamente tranquilizaría a la nación, llenaría de regocijo al pueblo que ha sido el gran actor de la transición a la democracia, abriría las salidas institucionales para canalizar ordenadamente las vigorosas fuerzas nacionales emergentes y establecería un Poder Ejecutivo legítimo y fuerte para definir y hacer respetar el orden público legítimo que tanto exige la sociedad y la economía mexicana. Su mandato político interino sería restrictivo y claramente definido: garantizar la efectividad del voto del pueblo en las elecciones presidenciales de 1989. Su interinato, sustentado en la unidad nacional reflejada constitucionalmente al menos con las dos terceras partes del Congreso de la Unión, resolvería el conflicto constitucional-partidista de intereses que han llevado al presidente de la República a seleccionar su sucesor, como líder del PRI, y a utilizar su autoridad presidencial para hacerlo “triunfar” en las elecciones.

La desvinculación del Presidente interino de cualquier parcialidad partidista sería la piedra angular para que el PRI, o lo que resultase del mismo, pudiese convertirse efectivamente a la democracia aprendiendo las reglas de imparcialidad electoral del Estado. Ofrecería la gran oportunidad y el tiempo necesario para que la voluntad de sus militantes en cada región y estado de la República, incluidos los gobernadores que quedarían como los militantes más significativos, organizaran democráticamente sus fuerzas para obtener realmente y no suplantar el voto del pueblo frente a las nuevas reglas políticas nacionales. Y sólo el consenso democrático entre ellos podría redificarse (sic) un partido de abajo hacia arriba -como se construye o reconstruye cualquier edificio- y nominar un candidato a la Presidencia capaz de obtener abiertamente y sin fraudes el voto mayoritario del pueblo, que bien podría ser Salinas, si es que en verdad cuenta con el apoyo democrático decidido y mayoritario de los priístas y los ,mexicanos.

Si se ve en perspectiva, la opción constitucional es la mejor para todos los mexicanos, incluso para las personalidades políticas del presidente De la Madrid y de Salinas. El primero pasaría a la historia como el Presidente en cuyo gobierno se abrió el camino a la democracia en México, y no como el que pretendió obstruir al final infructuosamente su curso constitucional y la voluntad abrumadora del pueblo que lo sustenta. La proyección política del segundo para actuar por el bien de México crecería inmensamente con un acto de grandeza extraordinaria, al renunciar a una presidencia que se sustenta en el ocultamiento de los votos de los ciudadanos. Decía Jesús Reyes Heroles que “más vale una devaluación en frío, que una caliente”. Se puede establecer el parangón con la sucesión presidencial que vivimos. “Más vale una renuncia a una presidencia anticonstitucional todavía en frío, antes que se consume, que en caliente”. En frío el país ahorraría meses de contestación, fricción, intranquilidad social y política y el PRI, el gobierno y Salinas, el deterioro ulterior.


Samuel Ignacio del Villar Kretchmar

Nació en la Ciudad de México en 1945 hijo de una familia de terratenientes potosinos. Estudió en el Instituto Cumbres de los Legionarios de Cristo, economía en la UNAM y luego obtendría un doctorado en leyes de Harvard. Fue periodista y académico formando parte de Excelsior donde apoyó a la mesa directiva de Julio Scherer cuando la represión gubernamental a este diario, posteriormente pasó a ser tesorero y fundador de Proceso, sin por ello desdeñar posteriormente un puesto en la administración de José López Portillo. Ante el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia se incorporó en una posición cercana a presidencia hasta que fue cesado por las pugnas internas que se daban ante la llegada del “grupo compacto” salinista.

En 1988, ya con una extensa carrera en el gobierno, la academia y el periodismo, escribió el artículo que nos ocupa en esta entrada por el cual se acercó a Cuahutémoc Cárdenas y participó en la fundación del PRD. A partir de ahí tiene una carrera política dentro de la izquierda partidista y organizativa constante durante los siguientes nueve años. Es en 1997 cuando salta a la esfera pública ya que el triunfo de Cárdenas en las primeras elecciones del D.F. lo llevó a ocupar el cargo de Procurador de Justicia durante el siguiente trienio.

Durante ese periodo hay dos eventos principales que lo llevaron a ser repudiado por innumerables sectores. El primero lo constituye el asesinato del conductor Paco Stanley en junio de 1999 que desencadenó un linchamiento mediático contra las autoridades del GDF tanto por el asesinato como por los nulos resultados de las investigaciones que dejaron el caso sin resolver y revelaron que la PGJ aún adolecía de una gran corrupción a pesar de la anunciada reestructuración. El segundo fue la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México durante la cual se dieron múltiples agresiones, hostigamientos y detenciones a miembros del movimiento en las cuales hubo participación oficial o ilegal de miembros de la PGJ, así como diversos acercamientos entre rectoría y la procuraduría por lo que fue acusado de apoyar actos de represión contra los huelguistas.

Luego, ya enfermo, regresó a trabajar al Colegio de México y se encargó de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia interna del PRD. En ese puesto hizo un diagnóstico sobre los fraudes electorales y vicios que mostraban los procesos internos debido a la lucha de las tribus lo que le orilló a un ostracismo mayor por parte de la clase política. Samuel del Villar murió en el DF víctima de cáncer en 2005.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/140194.plaza-publica-samuel-del-villar.html

http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/050324.pdf

http://www.ccardenass.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:-homenaje-a-samuel-del-villar&catid=36:conferencias&Itemid=55

http://www.jornada.unam.mx/1999/05/20/colabora.html

Dictan libertad bajo caución a 4 de los Presos Políticos de San Bartolo Ameyalco

WP_003408 Hace unos momentos, a la una de la tarde, se realizó una conferencia de prensa frente al Reclusorio Oriente del Distrito Federal para informar de la situación jurídica de las cinco personas que se encuentran recluidas en este centro penitenciario inculpadas por el enfrentamiento con elementos de la policía capitalina  el 21 de mayo de 2014 en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. En la conferencia de prensa estuvieron presentes familiares, miembros de la Coordinación por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco y representantes de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

Durante la conferencia se informó que, luego de que se ratificara el amparo a efectos en contra del auto de formal prisión emitido por el juzgado 56 de lo penal, se dictó un nuevo auto constitucional que permite la salida bajo caución a cuatro de los inculpados luego de que se les retirase el agravante. Por lo anterior Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez, Juan José González Martínez y Gerardo Gutiérrez García podrían salir en las próximas horas. En cambio a Eduardo Mejía Nava se le reconfiguró el delito bajo la modalidad de lesiones agravado por lo que no podrá alcanzar fianza.

Los familiares denunciaron que autoridades de la delegación Álvaro Obregón ofrecieron pagar las fianzas y sostuvieron que este ofrecimiento es un chantaje pues si el gobierno delegacional tuviera la voluntad política de solucionar el conflicto desistiría de la acción penal, mientras que la retención de Eduardo Mejía Nava tiene como objetivo usarlo como botín político en época electoral. Así mismo denunciaron que miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como funcionarios delegacionales han intentado chantajear previamente a la población amenazándola con recortar el flujo de agua si no hay votos a favor de este partido en las elecciones a celebrarse el próximo 7 de junio. De último momento informaron que la juez responsable del caso había amagado con incrementar las fianzas hasta 500 mil pesos si no se suspendía el evento de prensa realizado en las inmediaciones. WP_003406

El Comité Cerezo México expresó que con esta nueva determinación la intención del Gobierno del Distrito Federal es alargar el conflicto pues los funcionarios tienen pleno conocimiento de que las detenciones se dieron previas al operativo y que fue el mismo subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa el que informó de la salida de los cuatro acusados. El Comité también señaló que el nuevo auto es producto de la ratificación del amparo que se obtuvo hace más de dos meses, mismo que se retrasó debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de inconformidad a pesar de que en el operativo no participaron elementos ni fuerzas federales.

Este caso se remonta al 21 de mayo de 2014 cuando pobladores del San Bartolo Ameyalco se manifestaron en contra de la imposición de obra para la extracción de agua por parte de la Delegación Álvaro Obregón. Ante esto el delegado Leonel Luna ordenó la realización de un operativo policiaco en el que participaron 2500 elementos antimotines y que fue coordinado por la Secretaría de Gobierno, encabezada por Héctor Serrano, y la Secretaría de Seguridad Pública entonces dirigida por Jesús Almeida. Durante la realización del mismo se dieron abusos policiacos entre los que se cuentan cateos ilegales, detenciones arbitrarias y agresiones que fueron documentadas y expuestas en las redes sociales. Dos días después cinco personas fueron puestas a disposición del juzgado 56 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente donde continúan al día de hoy sin que hasta el momento se haya dado acción administrativa o penal alguna en contra de los elementos que incurrieron en abusos. Mientras tanto la obra fue concluida y el pueblo argumenta que es usada para llevar agua a la zona de Santa Fe donde se usa en zonas residenciales y abrevaderos de animales de lujo como es la sección Rancho San Francisco mientras a los propios pobladores son despojados de su derecho al agua.

El giro que ha tomado este caso se inserta dentro del enrarecido ambiente político electoral pues el pasado 25 de febrero Leonel Luna Estrada abandonó la corriente perredista IDN, dirigida por René Bejarano, a pesar del apoyo que este último le prestó al afirmar que eran los dueños de las pipas de agua los que incitaban el conflicto en la demarcación. Ahora Leonel Luna Estrada busca la diputación local por el PRD sin filiación definida a una corriente luego de pedir licencia al cargo de delegado.

Más información en el facebook de Comité Cerezo México.

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Elecciones México 2015

1.- #Quitaunanuncio

La propaganda electoral solo puede ser colocada en los lugares permitidos por la ley. Si encuentras publicidad de partidos o candidatos en algún lugar no permitido puedes quitarla sin que la autoridad te reprenda por ello. Esto está facultado por las siguientes leyes: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (art. 234, 235, 236)el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del DF (arts. 311, 313, 318 154 a 157 y 222) y la Ley de Publicidad Exterior y su reglamento (arts. 13 fracc. I, XXXII 21 y 94) se desprende el que puedas quitar la publicidad de los siguientes lugares por ser ilegal (llevar contigo una copia de estos artículos puede ser muy útil):

Sitios prohibidos: 

▪Árboles
▪Áreas verdes
▪Semáforos
▪Puentes y bajo puentes
▪Casetas telefónicas
▪Paradas de autotransporte
▪Señalamientos viales
▪Buzones de correo
▪Monumentos históricos
▪Propiedad privada sin permiso

¿Dónde sí se puede instalar propaganda electoral? 

▪Postes de luz y alumbrado (Siempre y cuando no obstruyan la iluminación).
▪Bienes de uso común propiedad del GDF (sobre todo bardas).
▪Vallas y anuncios espectaculares con premiso en regla
▪Bardas y en general propiedad privada con permiso del dueño.

Procura tomar una foto de la publicidad colocada en lugares prohibidos y subirla al Twitter de #QuitaUnAnuncio, así se llevará un registro y se exhibirá vía digital a los políticos. Puedes devolver esa propaganda a los partidos políticos o, si está muy dañada, disponer de ella mediante el adecuado proceso de separación de residuos.

2.- #Ayotzinapasomostodos

La clase política no representa al pueblo de México. Representa a la clase empresarial y criminal que ha corrompido nuestra sociedad sistemáticamente con tal de conservar sus intereses y privilegios por encima del bienestar de la nación. Por ello el gobierno mexicano, los empresarios y los narcotraficantes no quieren que se reconozcan los delitos de DESAPARICIÓN FORZADA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL que implican que el propio gobierno o una parte de él ha participado en un acto delictivo aprovechando todo el aparato estatal para estos fines. Reconocer estos delitos obligaría a:

a) Revisar la estructura gubernamental en sus leyes y en sus instituciones no sólo para aplicar el castigo a los responsables sino para prevenir que un hecho como éstos se repita tal y como está estipulado en leyes y tratados internacionales.
b) La tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial obligaría a las autoridades judiciales a abrir vías de investigación hasta el momento no exploradas por la PGR que la averiguación por secuestro o asesinato no permite ni en el caso de Ayotzinapa ni en ninguno otro.
c) No se trata solamente de encerrar en la cárcel a los criminales por la razón que sea sino de tener certeza jurídica e histórica sobre el paradero de los desaparecidos, la verdad acerca de quienes han sido asesinados y ejercer el justo y proporcional castigo a los responsables.

La clase política a través de la estructura de partidos y de la militarización del país se halla profundamente corrompida y actúa en gran parte aliada a los intereses de empresarios criminales y narcotraficantes. Si bien es obligación de las instancias judiciales investigar y perseguir los delitos así como avisar a las autoridades electorales de cualquier indicio de criminalidad en algún ciudadano que persigue ejercer un puesto de elección popular, también es una obligación ética de los partidos revisar el currículo e historial de las personas que postulan. No sólo eso sino que tal obligación junto con la de hacer públicos esos currículos debe ser establecida en la ley.

Hay más de 22 mil personas desaparecidas en nuestro país y cerca de 200 mil asesinatos muchos de los cuales no se han aclarado si son homicidios o ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de casos la autoridad intenta relacionarlos al crimen organizado en un proceso denominado criminalización sin aclarar las circunstancias del caso y congelando las investigaciones.

3.- #PresosPoliticosLibertad

Los presos asociados a motivos políticos en nuestro país son cerca de 800. Más de 350 son producto de las políticas represivas de los últimos tres años por parte de gobiernos de cualquier nivel y orientación política. Tan sólo en  los reclusorios de  la Ciudad de México se encuentran Jaqueline Santana López, Bryan Reyes Rodríguez, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés Ávila, Alejandro Montaño, Javier Brígido Castro, Alberto Pérez Linares, Eduardo Nava Mejía y Luis Fernando Sotelo, entre otros; mientras que en el Estado de México se encuentra Héctor Hernández Neri.

El contubernio del gobierno federal priísta y el gobierno local perredista ha establecido una política represiva en nuestra ciudad impidiendo el derecho humano a la protesta. Lo hacen activando mecanismos normativos y legales que prohíben o amenazan directamente el ejercicio de este derecho como son el Protocolo de Control de Multitudes de la policía, la Ley de Movilidad y a través del uso faccioso de la ley con artículos tan faltos de fundamento jurídico como el 362 del Código Penal del DF que tipifica el “delito” de Atentado contra la Paz Pública. De estos mecanismos ha sido víctimas los mencionados Presos Políticos así como más de 500 personas detenidas arbitrariamente y víctimas de agresiones entre los que se cuentan periodistas, manifestantes e incluso el propio personal de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Por su parte el gobierno del Estado de México ha sido omiso en cualquier materia de derechos humanos. Sus cuerpos de seguridad han mantenido la misma política represiva tradicional con total opacidad mientras que en la periferia de la ciudad han permitido el trabajo de los conocidos grupos de choque que inhiben la protesta ciudadana y la organización social. Es de sobra conocida la situación de inseguridad y violencia que vive el Estado de México desde hace años y que  el gobierno ha dejado gestar.

4.- ¿Y las consultas populares?

Como parte de las luchas políticas de los partidos que buscaron que por vía electoral se pusiera a discusión la Reforma Energética el Congreso aprobó la realización de Consultas Populares. Esto significaba que el día de las votaciones se incluirían boletas en donde se le hacía una pregunta clave al votante y a partir de los resultados se modificarían políticas o leyes por la vía democrática. Los partidos hicieron tres propuestas: el PRI propuso eliminar los diputados plurinominales, el PAN propuso incrementar el salario mínimo y el PRD/PT/MC/MORENA propusieron revertir la Reforma Energética. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las tres consultas bajo diversos argumentos entre los cuales se cuenta que la propia Ley tiene candados contra que la ciudadanía vote cualquier asunto relacionado con el presupuesto. De tal forma que es una ley sin efecto porque los ciudadanos seguimos sin poder participar en las decisiones de gran calado de nuestro país más que a través de los mismos partidos corruptos, verticalistas y clientelares.

5.- Recuerda

  • Que sólo la ORGANIZACIÓN de la sociedad puede hacer emerger el gobierno que quiere y necesita ya sea transformando el existente, sustituyéndolo por otro o por la combinación de ambas.
  • Que de toda la transformación política que México necesita tu voto es tan sólo un pequeño paso. El verdadero cambio está en tu participación ciudadana para resolver los problemas de tu comunidad, tu ciudad y tu país; es ésta la que verdaderamente transforma nuestra realidad y debilita el poder corrupto de empresas, criminales y gobierno.
  • Que si bien ellos tienen en sus manos el presupuesto con el que se hace obra pública y se implementan programas sociales nosotros no tenemos por qué ser compasivos ni cómplices de sus crímenes y corruptelas.
  • Que puedes anular tu voto, puedes votar por un candidato independiente registrado o anotar en la boleta el candidato de tu preferencia. LA ABSTENCIÓN NO ES UNA OPCIÓN PARA CAMBIAR NUESTRO PAÍS.

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