#LeyAmnistíaCDMX – Réplica al diario La Razón 26 oct 2016

Artículo original de La Razón: Morena hace ley para quitar delitos a 500 vándalos
Aquí el link de descarga del documento digital: respuesta-la-razon

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

Sr. Rubén Cortes Hernández,
Director General de La Razón,
P r e s e n t e .

El mayor daño, muy probablemente, que se ha hecho a los detenidos arbitrariamente en marchas y manifestaciones en esta Ciudad, es la criminalización y su identificación, con total impunidad por parte de sus acusadores, como “vándalos” y “delincuentes”.

Si revisamos los medios de comunicación del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, vamos a encontrarnos con un mundo de señalamientos, todos ellos falsos, pero que sin embargo han creado un entorno adverso socialmente para las víctimas, que es la fecha no ha sido resarcido a pesar de que se ha demostrado lo ilegal de sus procesos e incluso que muchos de ellos han obtenido sus libertad probando lo falso de las acusaciones que se les hicieron.

Es el caso de la nota aparecida hoy en La Razón, firmada por Luis Alonso, en la cual trata de presentarse a la Amnistía propuesta por Morena como una “ley a modo” hecha para “salvar” a 4 vándalos, repitiendo exactamente lo mismo que ha venido diciendo el GDF desde hace 3 años y soslayando que esos 4 jóvenes están presos por haber asistido a marchas o manifestaciones, que fueron inculpados de diversos delitos en medio de un cúmulo de irregularidades, y ante el fracaso sonado de todos los casos de detenciones en ese tipo de evento, ya que no pudo demostrarse a la mayoría su culpabilidad (más de 500 detenidos arbitrariamente, de los cuales sólo se pudo procesar a 193, casi todos libres por una razón u otra), se pretende ahora usarlos como “ejemplarizantes” de la “eficacia” del GDF y “prueba” de que el vandalismo sí se castiga en esta Ciudad.

La nota incurre, empero, en varias imprecisiones que es preciso aclarar:

1.- Jesse Alejandro Montaño, de 31 años de edad. El fue detenido sin ninguna razón antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013 y le fue sembrada marihuana para poderlo acusar de delitos contra la salud, a pesar de que consta en video todo lo que él llevaba en su mochila ese día. Salió en libertad, pero fue nuevamente detenido el 12 de junio de 2014, dice la nota “por ultrajes a la autoridad luego de que… escalara la megapantalla ubicada en el Zócalo capitalino, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas”. ¡Vaya delito!

2.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en 2013 a los 19 años, fue acusado de haber quemado el árbol de una refresquera pero no fue detenido en flagrancia sino en calles aledañas al Metro insurgentes; se le detuvo con lujo de violencia y lo sentenciaron con la única prueba de un video editado en el que no se logra ver más que un grupo de personas encapuchadas, aunque la jueza sí distinguió entre ellos a Fernando, y lo condenó a 5 años 9 meses. Le bastó el testimonio de un policía que lo “identificó” en el video y como no correspondía con los encapuchados que quemaron el árbol, lo que se dice es que se despojó de la capucha y de la ropa para confundirse con los transeúntes, aunque no presentan ni la capucha ni la ropa.

3.- Abraham Cortés Avila, joven oaxaqueño de 23 años, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por agentes vestidos de civil. A él lo condenaron a pesar de que de la noche a la mañana el delito original por el que se le acusó –portación de objeto apto para agredir- lo convirtieron, mediante el testimonio de dos policías, en tentativa de homicidio. Sin embargo, el MP nunca acreditó el dicho de los policías y los peritos dictaminaron que los objetos asegurados por los agentes remitentes y usados para inculparlo no fueron obtenidos con una adecuada cadena de custodia, por lo que estaban contaminados.  Originalmente lo sentenciaron a 13 años 4 meses, pero en su lucha jurídica para demostrar su inocencia logró que se rebajara la pena a 6 años 6 meses.

4.- Luis Fernando Sotelo. Él tiene 20 años y se le acusa de haber incendiado un Metrobús en CU el 5 de noviembre de 2014, pero en realidad fue castigado porque tenía un historial incómodo como activista comprometido. Tampoco fue detenido en flagrancia, y entre las irregularidades desde su detención constan que fue golpeado por la policía y las lesiones reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos; que fue trasladado en un carro particular al MP y después al Reclusorio Sur, antes del plazo legal de 48 horas, y sin que se le informara a los abogados. El único testimonio en su contra es el del conductor del metrobús, una declaración incongruente y prefabricada en la que a pesar de hablar de encapuchados, señaló plenamente como responsable a Luís Fernando.

5.- Gabriela Hernández, Luna Flores, su caso es emblemático de las arbitrariedades cometidas contra manifestantes por la SPP y la PGJ capitalinas. Ella nunca estuvo detenida por motín, fue detenida el 29 de octubre de 2013 y pasaron varios días para que se aclarara la razón de su detención. Dos policías la acusaron de “ultrajes a la autoridad” a pesar de contarse con videos que contradicen sus dichos, y sin embargo, la jueza consideró que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones”. Una clara violación no sólo de nuestra Constitución sino de las convenciones y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. Además tiene dos recomendaciones de la CDHDF en su favor, la 09/2015 y la 11/2016.

Ahora bien, respecto a otros detenidos que se señala en el reportaje: José Luis Ramírez Alcántara, no es sujeto de la Ley de Amnistía porque si bien fue preso y procesado penalmente por su supuesta participación en hechos vandálicos del 2 de octubre de 2013, esto nunca se le pudo comprobar y fue absuelto. Y tanto en su caso como en el de Irene Pérez Villegas, se les ha criminalizado por hechos que no contempla la Amnistía (la toma de CU) porque no se trata ni de una marcha ni de una manifestación. Pero además, en el caso de Irene, si bien fue detenida en la marcha del 2 de octubre de 2013, salió inmediatamente libre bajo fianza, confirmándose que los policías utilizaron toletes y gas pimienta, por lo que las detenciones fueron ilegales.

Conviene señalar además, que Abraham Cortés y Jesse Alejandro Montaño están considerados dentro de Recomendaciones de la CDHDF. Jesse Alejandro en la 11/2015 donde se consigna la tortura de que fue objeto, y en la 11/2016 donde consta lo arbitrario de su detención; y Abraham Cortés en la 10/2015 donde se da testimonio de la fabricación de delitos. Y si bien a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas no se les considera en ninguna Recomendación, la CDHDF mantiene bajo investigación ambos casos, el de Sotelo en el Exp. de Queja CDHDF/122/COY/14/D7154 y el de Bárcenas en el Exp. de Queja CDHDF/122/CUAUH/14/D1638. Contando éste último además con un “Amicus” emitido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

Subrayando por último que este es un caso de peculiar de Amnistía, pues trata de favorecer a inocentes, procesados y presos con procesos irregulares y acusaciones fabricadas, siendo que las Amnistías no se hacen para quienes la justicia señala como inocentes sino para favorecer a quienes los tribunales han condenado. Entonces, doblemente justificada esta Amnistía, porque lo que se busca con ella es hacer justicia y poner fin a un clima de tensión social, reconciliar a la sociedad con las autoridades y abrir paso a una nueva etapa, mejor  que la anterior. A eso se oponen quienes obstaculizan que se apruebe no un “dictamen de Morena” sino el dictamen aprobatorio de la Comisión de DDHH de la Asamblea, quienes con argumentos leguleyos insisten en mantener el clima de encono y desencuentro con un importante sector de ciudadanos, en especial jóvenes, un contexto en el que nadie puede ganar.

Tener jóvenes en las cárceles, y más por los “delitos” que se les achaca a los 4 presos, es una afrenta para cualquier gobierno que se precie de democrático, ya no se diga de izquierda.

Si José López Portillo y Carlos Salinas estuvieron dispuestos a amnistiar guerrilleros y ciudadanos acusados de terrorismo en sus gobiernos. Si priístas como José Murat y Fidel Herrera lo hicieron en sus respectivos estados, ¿cual es la verdadera razón por la que el gobierno de esta Ciudad se niega a corregir los flagrantes errores que cometió con ciudadanos y estudiantes criminalizados injustamente entre 2012 y 2015?

Morena no defiende vándalos ni la Amnistía es un “cheque en blanco” al vandalismo, antes bien la promueve porque hubo detenciones arbitrarias, porque hubo acusaciones inventadas y procesos irregulares mediante los cuales se condenó a inocentes y activistas, y todavía se mantiene a 4 jóvenes en prisión, por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta. 4 jóvenes que podrían estar estudiando, trabajando, aportando a la lucha social de manera constructiva y que con la sola acreditación de la irregularidad de sus detenciones y las violaciones al debido proceso sufridas por todos ellos sería razón suficiente para dejarlos libres. Y no se ha hecho.

Dicho lo anterior, convendrá con nosotros señor Director en que la Amnistía es la oportunidad de darle vuelta a la hoja de un capítulo que nunca debió haberse abierto. Un llamado a la razón y también a la concordia. No una bandera política sino, llanamente, una deuda social con los jóvenes de esta Ciudad.

En ejercicio del derecho de réplica consagrado por el Art. 6o de nuestra Constitución, solicitamos atentamente se publique la presente en el mismo espacio donde se publicó la nota de referencia el día de hoy.

Atentamente,
Presos, ex presos y procesados en el contexto de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México entre 2012 y 2015

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Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

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Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

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Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.

La contaminación del DeFe

Primero que nada, sí De-eFe, porque la tal Asamblea Constituyente es una farsa para intentar legitimar unas nuevas instituciones que siguen sin ser del pueblo ni servir al pueblo. En segundo lugar hay que aclarar este texto no hablará únicamente del Distrito Federal sin embargo le doy ese título porque es el espacio en donde la problemática ha alcanzado su mayor impacto político. Y en tercer lugar hay que declarar la Ciudad de México es, tradicionalmente, la región comprendida por el Centro Histórico y sus márgenes, hasta principios del siglo XX la ciudad era únicamente ese espacio. Hoy que las divisiones poblacionales se reducen a lo administrativo y la gran urbe se extiende por 16 delegaciones y 60 municipios yo considero a la Ciudad de México todo ese mounstro urbano sin diferencia alguna entre Distrito Federal y zona conurbada.

Pasando al tema que nos ocupa este día me he decidido a escribir esto porque se ha armado un enorme jaleo con la contaminación que aqueja al Valle de México desde el pasado 15 de marzo. La repentina crisis ambiental hizo paralizar una parte de los servicios, escuelas, actividades y por supuesto (intentar parar) una parte del parque vehicular de la ciudad. A partir de ahí los funcionarios del GDF han intentado aminorar el costo político de la emergencia acusando aquí y allá las responsabilidades del problema. Luego de unas horas de parálisis (neuronal) [1] el GDF encontró el discurso exculpatorio sobre el que se ha encontrado relativa concodia política: el problema es de la Megalópolis [2], es decir la contaminación en la Ciudad de México es producto no sólo de la Zona Metropolitana sino del conjunto de ciudades vecinas. Yo no sé qué tan viable sea esta teoría pero, efectivamente, cuando uno sube a las montañas que rodean el valle de México los tres valles que lo rodean y las sierras de Hidalgo tienen cada una su respectiva capa de smog. Este chivo expiatorio del gobierno local será la moda lo que resta del sexenio, sin embargo, las autoridades han variado este discurso dependiendo de las necesidades políticas y el momento social que se vive, por ejemplo: hace apenas dos años el gobierno consideraba la principal causa de contaminación a la vivienda [3].

En cambio para el grueso de académicos y organizaciones civiles el problema fundamental recae en la situación de la movilidad y el uso del automóvil. En torno a ello se ha discutido la viabilidad del transporte público, los planes de movilidad gubernamental que han privilegiado el uso del automóvil y la falta de alternativas de transporte ecológico eficiente con la respectiva inclusión en los planes de movilidad.

Lo que yo no me explico es ¿por qué ya no se cuestiona el problema del crecimiento urbano y la falta de planeación en la expansión de la metrópoli? ¿Es acaso porque tanto gobierno como organizaciones consideran que ese problema está desbordado y es punto muerto? ¿Es acaso porque es un tema políticamente sensible e incorrecto? A mí me interesaría a lo largo de las siguientes líneas enfocar el problema del crecimiento urbano y la necesidad de que tanto las organizaciones civiles como el movimiento social se integren a la discusión pública del crecimiento de la ciudad a partir del tema de la contaminación.

El planteamiento fundamental que hago consiste en los siguientes puntos: a lo largo de los últimos 15 años los tres órdenes de gobierno de las siete entidades que constituyen la megalópolis han impulsado un crecimiento urbano absurdo y mal planeado de las urbes, útil casi exclusivamente al gran capital de las usureras constructoras de vivienda. Así mismo el capitalismo ha impulsado una tercerización (es decir que la actividad económica preponderante es el sector de bienes y servicios en detrimento del sector primario agropecuario y el secundario industrial) de las actividades económicas que concentra los empleos en espacios mínimos. Al mismo tiempo el gobierno impulsa esta política de movilidad que privilegia el uso del automóvil y el transporte carretero. De estos tres factores tenemos dos consecuencias: primero un alto aforo vehícular que no puede ser resuelto por ninguna política de movilidad en el corto plazo, y segundo, altos tiempos de traslado entre las ahora llamadas ciudades dormitorio y los centros de trabajo así como entre las zonas de consumo final de productos y las zonas de oferta de bienes y servicios. El resultado final es una horrenda contaminación. El problema de la contaminación es fundamentalmente un problema de planeación urbana y no sólo de movilidad que es sólo una parte. A esto hay que añadir, posteriormente, los problemas derivados más puntuales.

Empecemos por el primero de esos problemas. El crecimiento de las urbes del centro de México, particularmente el de la Ciudad de México, se acelera luego de la explosión demográfica que inicia en los cuarentas aunado al alto índice de migración por la industrialización acelerada de aquellos años. Esta urbanización acelerada llevó al surgimiento de ciudades perdidas, barrios marginales, campamentos y colonias en los espacios intermedios a las diferentes localidades que se ubicaban dentro del Distrito Federal. También llevó a plantear la necesidad de un plan urbano a largo plazo que solventara los problemas de movilidad que se habían gestado. Fue durante la larguísima regencia de Ernesto P. Uruchurtu que el Distrito Federal se concibió como una gran urbe más que como una colección de pequeñas unidades administrativas que cobijaban la Ciudad de México. Por lo mismo se realizó el trazado del periférico, del Viaducto y de multitud de obras viales que se hicieron a costa de desalojos y despojos en aras del milagro mexicano. Así mismo se crearon corredores industriales específicos y se concentraron los mercados y zonas comerciales en instalaciones diseñadas expresamente para ello.

A mediados de los sesenta la población urbana continuaba creciendo y con la caída en desgracia política de Uruchurtu comenzó el plan para retirar finalmente el servicio de tranvías e impulsar las obras del STC Metro. Mientras tanto los viejos barrios y pueblos tradicionales empezaron a difuminarse en una mancha urbana que engullía todo y que, sin el control férreo del urbanismo de Uruchurtu, propició la apertura de una multitud de fábricas fuera de los corredores industriales pero con acceso a las vías primarias de comunicación construídas. Este proceso continuó básicamente sin alteraciones hasta los ochentas cuando el volumen demográfico de la Ciudad de México la hizo inviable, fue entonces cuando el temblor de 1985 reventó el vaso e inició un éxodo masivo.

Los daños sobre las construcciones habitacionales, así como en los edificios y las instalaciones fabriles llevaron a dos procesos: el primero un gran movimiento urbano que reclamaba el derecho a la vivienda mismo que hizo uso de la ocupación para construir una infinidad de proyectos de vivienda en los espacios mal urbanizados o rurales que restaban en la ciudad. Tales proyectos se enfrentaron a la falta de permisos, servicios y al abandono gubernamental a pesar de lo cual salieron adelante y constituyeron la gran urbanización del Distrito Federal. A pesar de ello los proyectos carecieron de muchos aspectos críticos de planeación lo que, junto con la falta de apoyos, creo colonias populares saturadas. El segundo proceso fue una política de desconcentración de las actividades económico administrativas que se encontraban en la ciudad comenzando la construcción de los centros fabriles por sector en el interior de la república y la desconcentración de oficinas públicas. De esta forma la actividad fabril en la ciudad se redujo a la manufactura y empezó el proceso de tercerización de las actividades económicas. Sobre esto hablaré más adelante.

La explosión demográfica empezó a frenarse hacia los noventas a pesar de lo cual no se detuvo la expansión de la ciudad. Hacia mediados de esa década el modelo de unidades habitacionales estaba consolidado y el modelo de vivienda de consumo impidió el regreso hacia los anteriores modelos de casonas o vecindades. Fue a mediados de los noventa cuando se volvió a pensar en la posibilidad de modificar el plan urbano promoviendo la urbanización acelerada de la zonas periféricas del Distrito Federal. Los municipios conurbados, que ya recibían grandes cantidades de nuevos residentes desde los ochentas, fueron vistos de pronto como una oportunidad de valorización del capital al modificar los usos de suelo y permitir que compañías inmobiliarias promovieran la visión de las unidades y conjuntos habitacionales apoyados por los gobiernos en turno que se hacían cargo del despojo y la urbanización invasiva. Coincidente con los cambios políticos del nuevo milenio, una cascada de modificaciones legales y planificaciones públicas impulsaron la creación de unidades habitacionales bajo el esquema probado de Ixtapaluca a lo largo y ancho del centro del país; particularmente en los municipios conurbados.

El proceso alcanzó su máxima expresión en el proyecto de las llamadas Ciudades Bicentenario, proyectadas durante el sexenio de Vicente Fox para ser llevadas a cabo a lo largo de los siguientes 15 años. Este proyecto contempló la urbanización de vastas áreas del Estado de México para construir las unidades habitacionales de pequeñas casas en batería que todos conocemos hoy en día. La diferencia con el proceso de urbanización del movimiento popular estriba en que las unidades fueron solamente un pretexto para la valorización del capital privado de las constructoras que, en complicidad con los intereses políticos regionales, despojaron de sus tierras a pueblos y campesinos para crear proyectos basura de vivienda económica lejos de las fuentes de trabajo.

La mayoría de los proyectos de vivienda popular de la crisis de los ochentas y noventas como los proyectos neoliberales de la primera década del siglo XXI carecieron de proyección urbanísitca. Lo que primero fue la concreción de una lucha por tener un espacio para vivir, que sin embargo carecía de la integralidad necesaria para construir entornos urbanos saludables, luego fue transformado por los intereses privados en un pretexto para el despojo y la venta de casas chatarra con créditos económicos pero no por ello menos eternos y con entornos urbanos igualmente igualmente enfermizos.

¿A qué me refiero con un entorno urbano saludable? Miles de años de experiencia en la construcción de entornos urbanos han brindado la experiencia para saber que las ciudades deben ser núcleos económico, administrativos y demográficos que funcionan de manera cohesionada atendiendo las necesidades de los habitantes. Esto es verdad a grosso modo inclusive en las condiciones de explotación del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo neoliberal encontró que solventando determinadas necesidades límite de movilidad podía externalizar el costo del acceso a las diferentes necesidades y derechos de la población creando estas ciudades satélite. El resultado es que las Ciudades Bicentenario, al igual que los asentamientos urbanos irregulares o producto de la urbanización acelerada carecen muchas veces de servicios, empleos, actividades comerciales suficientes y en general de todos los satisfactores por lo que se han convertido en ciudades dormitorio. Además suelen ser urbes parasitarias pues despojan de recursos a las comunidades originales sin participar de las actividades comunitarias ni devolver de alguna forma los recursos explotados. Un ejemplo claro de esta situación es Tecámac [4], la más cercana de las promisorias ciudades que se han mostrado como enormes fracasos.

Este proceso sería inimaginable sin el proceso de expulsión de personas que inició el GDF casi paralelamente con la publicación del tan mencionado Bando dos [5]. Más allá de acusaciones mutuas entre obradoristas y marcelistas es evidente que el Bando dos fue el inicio de un proceso de gentrificación de las delegaciones centrales. Originalmente se adujo que el propósito de la medida era la redensificación de las áreas urbanas despobladas por el éxodo anteriormente mencionado a través de proyectos de vivienda de interés popular, sin embargo, poco después, el proceso de cambio de uso de suelo dio la pauta para empezar la construcción de unidades habitacionales de alto precio. Uno pensaría que fue una mala jugada de algún aprovechado si no fuera porque también, en aquellos tiempos y entre otras medidas, la misma administración reactivó el Fideicomiso de la Ciudad de México el cual ha sido el principal organismo encargado de la planeación de la participación privada y transformación de la vida social y económica del Centro Histórico para beneficio de los grandes empresarios (mismo que actualmente amenaza al barrio y mercado de La Merced).

Dicho lo anterior podemos pasar al segundo punto. Por un lado tenemos que el GDF expulsa a la gente de los barrios y comunidades desde hace 15 años, mismo tiempo en que se han construido los desarrollos urbanos de los grandes usureros denominados Sadasi, GEO y otros de la misma calaña. Pero ¿qué ha pasado con las actividades económicas de la Ciudad de México? Durante el llamado milagro mexicano se promovió la industrialización pública y privada de México estableciéndose zonas industriales en varias de las delegaciones adyacentes a la Ciudad de México. Poco a poco buena parte de las ciudades perdidas se fueron construyendo alrededor de las fuentes de trabajo buscando acceder a oportunidades de empleo precarias. A finales de los años setenta e inicios de los ochentas se da un viraje en la concepción del desarrollo industrial basado en dos aspectos: por un lado la falsa promesa del milagro petrolero y, por el otro, la irrupción de las políticas neoliberales. De acuerdo al nuevo esquema se promovió la agrupación de la gran industria en unidades económicas y territoriales que facilitaran sus actividades. De esta forma grandes sectores industriales se desplazaron de la ciudad para seguir el modelo que ya tenían las industrias de automóviles y crear corredores industriales o parques industriales en estados de la república que les ofrecían oportunidades casi regaladas a base de despojos agrarios.

De esta manera la industria que quedó en el Distrito Federal fue básicamente la manufactura y la industria de productos ligados al sector de bienes y servicios. Este último sector empezó a experimentar un impulso creciente producto del fomento de la Ciudad de México (propiamente el Centro Histórico) como un lugar enfocado al comercio y al turismo junto con sus ramales a Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes. En los últimos años el modelo de la gran industria ha cambiado la figura del parque industrial por la del cluster industrial pero el proceso de expulsión de la industria no se ha detenido, estimulado además por las normatividades que en materia ambiental promulgó tanto el Departamento del Distrito Federal (DDF) como su sucesor el GDF.

El sector terciario empezó a verse estimulado a través del ya mencionado cambio de uso de suelo. La urbanización de los grandes rellenos sanitarios de las cañadas de Santa Fe comenzó en los años ochenta a través del desarrollo del programa denominado Zona Especial de Desarrollo Santa Fe. El proyecto ha continuado durante 28 años dando como resultado una ciudad dentro de la ciudad dedicada a satisfacer las necesidades de servicios e infraestructura del gran capital sobretodo en lo que se refiere a sus necesidades financieras. Así mismo durante los últimos 15 años el GDF impulso el proyecto Corredor Urbano Turístico y Financiero Reforma [6] con el que se fomentó la creación de los edificios y corredores comerciales que caracterizan actualmente a esta calzada. Proyectos similares pero con diferentes magnitudes y resultados se han dado a lo largo de Avenida Insurgentes y de otros ejes viales. Como una de las últimas modas en desarrollo capitalista se han impulsado parques industriales dedicados exclusivamente a las actividades económico administrativas por lo que para efectos prácticos la tercerización de la ciudad es un hecho [7].

Otro aspecto a considerar es la concentración en la oferta de bienes como otra de las grandes fuentes de empleo y de la necesidad de formas de accesibilidad constantes. El Distrito Federal concentra  una enorme cantidad de la oferta comercial del país. Ya sean productos para el comercio informal, comercio no establecido o para el comercio regulado en cualquiera de sus formas, la mayor parte del abastecimiento de productos del centro del país e inclusive de otros estados pasa por los mecanismos de distribución y comercio dentro del Distrito Federal y su zona conurbada. El abandono progresivo de las actividades agropecuarias locales hace a la gran mancha urbana dependiente del sistema centralizado de comercio cuyo eje radica en torno a la Central de Abastos. Por otro lado los productos comerciales e industriales se distribuyen a partir de las bodegas fabriles, los mercados y centros de productos especializados y las zonas comerciales como el propio Centro Histórico.

Esta tercerización de la economía regional está ampliamente documentada. La perspectiva estadísitca del INEGI acerca del Distrito Federal realizada en 2012 [8] muestra que el 17% de la población ocupada del Distrito Federal se dedica a actividades del sector primario y 81% se encuentra laborando en el sector terciario, por su parte en el Estado de México estos indicadores son del 25.4 para el sector primario y 69.5 para el sector terciario. Estas estadísticas no deben tomarse al pie de la letra por dos condiciones: una no son un indicador regional por lo que las cifras del Estado de México deben dividirse entre la población del área conurbada del DF y la de la metrópoli de Toluca. Así mismo hay que considerar que el mismo informe no considera de forma específica qué porcentaje de la población económicamente activa (PEA) tiene por fuente principal de ingresos un empleo informal. A pesar de ello podemos considerar que la estructua económica regional depende de la oferta de bienes y servicios.

¿Qué actividades comerciales son preponderantes en el Distrito Federal? El mismo reporte señala que la oferta de maquinaria, mobiliario y equipo para actividades productivas está por encima al doble en el DF por sobre la media nacional. El segundo sector que se encuentra disparado al triple por encima de la media nacional es la venta de productos farmacéuticos, de perfumería, esparcimiento y electrodomésticos. La mayoría de las demás cifras siguen de cerca la media nacional excepto en el caso de la venta de artículos de abarrotes. La mayoría de esta oferta comercial se realiza a partir de la venta de productos que son almacenados y ofertados en el DF por lo que la actividad comercial gira en torno a la movilidad que se tiene entre la metrópoli entera y los centros donde se ofertan los productos.

Por su parte en el sector servicios el informe del INEGI señala como los tres porcentajes más altos por personas ocupadas a servicios de apoyo a negocios y manejo de deshechos con 24.7%, servicios financieros y de seguros con 17.2% y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos con 12%. Al menos dos de estas actividades están concentradas en torno a fuentes de empleo centralizadas de acuerdo a las necesidades de generación de ganancia del capital y es una, la de servicios financieros, la que constituye más de la mitad del valor agregado censal bruto de las actividades del sector. Es decir que la mitad de la derrama económica de servicios depende de la capacidad de generación de ganancia donde trabaja solamente el 17.2% de las personas que están en el mismo sector de servicios.

¿Dónde se localizan estas actividades productivas y comerciales que son el eje de las actividades económicas y de la generación de empleo en toda la región? Para ello quiero citar un trabajo de análisis llamado Nuevos patrones espaciales en las derramas de empleo en la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) publicado en la Scientific Electronic Library Online [9]. Si bien este trabajo hace referencia al periodo comprendido entre 1993 y 2004, por su extensión demuestra la tendencia de concentración de la oferta laboral en torno a la tercerización de las actividades económicas de la ZMCM. Los autores realizan cuatro mapas que muestran las aglomeraciones espaciales de forma estadística de las actividades económicas. El primero muestra el empleo manufacturero, el segundo la aglomeración del sector servicios, el tercero los clusters de clase técnica (entendiendo aquí actividades de carácter instrumental para la realización de actividades o mediciones programadas) y el cuarto para los clusters de clase creativa (entendiendo aquellos cuyas actividades dependen de la generación de contenidos o conocimientos). Si consideramos que estos indicadores son coincidentes con los años en los que se estaba realizando la planeación de las Ciudades Bicentenario podemos observar que ¡únicamente en el caso de Zumpango las áreas geográficas de planeación urbana y crecimiento económico coinciden! Por supuesto no podemos olvidar aquí que otro de los grandes proyectos impulsados por el neoliberalismo es la creación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya sea en los llanos de Texcoco o, como actualmente se construye, en el área del antiguo lago. La única explicación para el desarrollo de las zonas urbanas de Tecámac y Huehuetoca radica en que se tratara de alimentar de mano de obra la expansión urbana que se daría por efecto de la creación de esta obra.

Me gustaría terminar esta parte citando el análisis estadístico de la población obrera que realiza Héctor Maravillo [10]  acerca de la dispersión de la población obrera en relación con las zonas industriales que aún existen en la ZMCM. En este trabajo Maravillo nos arroja importantes datos, por un lado un mapa donde podemos observar los principales parques industriales que es básicamente coincidente con lo que observamos en los datos del Gobierno Federal y el análisis antes mencionado. Las zonas fabriles se hallan concentradas en el norponiente de la ciudad destacándose Azcapotzalco alrededor de donde se localizan los patios de descarga de ferrocarriles de Pantaco; la zona de Naucalpan con acceso a la carretera a Querétaro y la salida Naucalpan-Toluca y la zona industrial de Tlalnepantla a Cuautitlán con acceso tanto a la carretera como a la vía férrea. Del lado oriente de la ciudad las zonas fabriles son más pequeñas pero destacan Ecatepec a la altura de Xalostoc y los corredores industriales en las inmediaciones de eje 3 de Iztacalco e Iztapalapa. Las demás fábricas se hallan medianamente repartidas por la ciudad o constituyen clusters emergentes como el de Ixtapaluca o el de Tepotzotlán.

Como hemos visto la expansión urbana producto de la búsqueda de vivienda y/o del negocio insensato del capital no coinciden con las fuentes de trabajo y de distribución de bienes y servicios. La ciudad se ha ido extendiendo hacia el oriente mientras que las actividades económicas se han concentrado reiteradamente hacia el poniente de la ciudad. Por lo anterior tenemos que examinar ahora lo siguiente: ¿cómo se conecta nuestra ciudad? ¿Cuáles son sus características viales y cuál es la política de movilidad que existe en esta región? Como ya mencioné con anterioridad, fue en la larga regencia de Ernesto Uruchurtu que los planes para crear vialidades modernas empezaron a llevarse a cabo. Este regente de hierro cayó en desgracia para el sistema político priísta y eso abrió las puertas para la construcción de las primeras líneas del STC Metro. Con el metro construído se eliminaron las últimas líneas de tranvías y se consolidó el sistema de trolebuses. A pesar de la existencia de varias redes de transporte público la ampliación de vialidades y la oferta comercial de la época provocó que en sólo 15 años se saturara nuevamente la ciudad.

Fue a finales de los setenta, con otro regente de hierro en el DDF, Carlos Hank González, que se decide iniciar la construcción de los ejes viales: un sistema de vialidades cuadricular que atraviesa la ciudad de extremo a extremo [11]. El proyecto transformó completamente la ciudad al impulsar el uso del vehículo automotor para abarcar grandes distancias. Las rutas del transporte público estatal, privado y concesionado fueron obligadas a transitar por estas vías lo que modificó sustancialmente las necesidades de movilidad de las personas. Así mismo la planeación del proyecto sufrió diversas modificaciones y fue muy irregular. Por un lado pueblos y colonias quedaron abruptamente divididos por decisión del gobierno que expropió y definió el trazo sin permitir objeción alguna; por el otro hubo zonas fabriles y administrativas en las que se modificó el trazo para no afectarlas o para beneficiarlas plenamente. En cualquier caso fue un proyecto enfocado en resolver la situación de congestión vial creando las condiciones necesarias para que se incrementara la flota de automóviles. Otro aspecto de este plan de cuadricular la ciudad era hacerlo compatible con el Plan Maestro del Metro diseñado en 1977 para que las obras pudieran realizarse sobre el derecho de vía que tenía el gobierno sobre los ejes viales sin necesidad de entrar dos veces en conflictos políticos y legales para la compra y expropiación de vialidades.

Desafortunadamente México es conocido por su falta de continuidad en los proyectos públicos una vez que los sexenios cambian. El proyecto Periférico y Circuito Interior ha tardado en terminarse cerca de 50 años, los ejes viales nunca fueron plenamente terminados y el Plan Maestro del metro ha sido modificado reiteradas veces, sobre todo a partir de los noventas. Particularmente la configuración actual de este sistema de transporte muestra cómo se ha privilegiado el acceso a las zonas céntricas de la ciudad, baste para ello ver la forma en que se diseñaron la línea 8, A, B y 12 lo cual aparentemente es en beneficio del trabajador pero al largo plazo beneficia únicamente a los empleadores que sólo esperan a que tengan posibilidades de movilidad los trabajadores sin poner de su parte en el proceso de una ciudad más horizontal e integrada.

La planeación de los ejes viales y del metro solamente consolidó el esquema de movilidad sobre una ciudad ya construida sin prevenir la expansión que se daría a partir de 1985, la cual ya era previsible considerando la urbanización que se daba de Ecatepec, Chalco, Los Reyes, Tlahuac e Iztapalapa. Cuando empieza la urbanización de estos lugares ninguno se halla dentro del sistema de ejes viales con excepción de Ciudad Nezahualcóyotl que fue un proyecto urbano específico (un antecesor de las Ciudades Bicentenario) y que, sin embargo, sufrió durante décadas problemas de servicios y accesibilidad hacia el interior de la Ciudad de México.

La explosión de la ciudad hizo necesario empezar a pensar a la ciudad como toda la mancha urbana que sobrepasaba los límites político territoriales. En 1988 fue instaurada la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana misma que fue ratificada en  2005 cuando se definió, de forma oficial, la Zona Metropolitana del Valle de México integrada por las 16 delegaciones del DF, 59 municipios del EdoMex y 1 municipio del estado de Hidalgo. Desde entonces y ante la necesidad de movilidad tanto para los habitantes como para las mercancías que transitan por el centro del país se han ido abriendo nuevas vialidades y proyectos de modificación de las existentes. Particularmente los más importantes han sido la creación de segundos pisos en Periférico y en la carretera México-Querétaro. Otro elemento importante en este esquema ha sido la construcción de pasos a desnivel en las intersecciones de ejes viales y vialidades que conectan el EdoMex con el DF. El segundo elemento es la creación del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y otras vialidades en el Estado de México para desviar el tránsito pesado que se mueve entre las diferentes ciudades centrales rematado por el Arco Norte. Sin embargo la conexión al DF sigue estando centralizada por las grandes vialidades tradicionales: la salida de Eje 8 y Calzada Zaragoza con sus ramales a Texcoco y a Puebla. La salida Oriente que se divide en el ramal de Avenida Central hacia Ecatepec, la salida a Texcoco y Calzada Zaragoza. La salida norte por la autopista de Pachuca y Teotihuacán. La salida norponiente que tiene acceso a la vía Naucalpan-Toluca y a la Carretera a Querétaro. La salida poniente hacia Toluca por autopista o Carretera y la salida sur hacia Cuernavaca. Todos estos son nodos cerrados que cada día empeoran por el aumento de automóviles y de transporte público. Todos necesitamos entrar y salir de la ciudad básicamente por los mismos puntos y usando los mismos ejes viales (aquí podemos encontrar un análisis de estas vialidades cuando aún eran proyectos). La ciudad está saturada de vehículos automotores.

¿Por qué todos estos desarrollos favorecen el uso del automóvil? Porque el transporte público concesionado (y también el público) únicamente se encarga de conectar las áreas habitacionales con los centros de trabajo. No existe una red de transporte que permita conectar diversos puntos de la ciudad de manera horizontal ¡porque la ciudad no es horizontal! Como hemos visto los trabajos y las zonas comerciales se concentran en determinados puntos hacia los cuales se dirigen casi todas las rutas de transporte. Al verse imposibilitados de tránsitar cómodamente las personas optan por el automóvil y el gobierno fomenta esta situación por segunda vez al construir más infraestructura vial destinada a vehículos automotores.

Salvador Medina Ramírez es un economista y urbanista que se ha dedicado a estudiar y difundir la problemática que representa la política regional en torno al medio ambiente y la motorización. Su aplicación al Valle de México de la noción de motorización inducida [12] demuestra que la construcción de vialidades más amplias y más estacionamientos en lugar de liberar las vialidades promueve que se llenen de más carros. Así mismo ha demostrado que las políticas de movilidad y vivienda de las dos entidades han contribuído a la compra masiva de autos obteniendo, entre otras, la conclusión que sostengo aquí: “Se requiere abandonar la planeación urbana segmentada de la ciudad” [13].

Otros especialistas han señalado desde hace muchos años el fracaso de los programas ambientales particularmente del famoso Hoy no circula. Ya hace algunos años cuando se implementó el programa en día sábado surgieron muchas voces que indicaban que el programa sencillamente era un fracaso desde su origen a finales de los ochentas. Como paliativo puede funcionar (aunque no pocos académicos han puesto en duda su capacidad real para disminuir la emisión de contaminantes [14]) pero a largo plazo estimula el uso del transporte público contaminante y estimula la compra de más autos [15]. Otro aspecto necesario de considerar es que todo ámbito administrativo que es creado, no para asegurar la efectiva satisfacción de un derecho, sino para asegurar a una minoría el ejercicio de una prerrogativa se convierte en el ámbito para dos posibilidades: la corporativización de la sociedad para fines electorales o el espacio ideal para que prolifere la corrupción. Las políticas ambientales y viales han sido el más claro ejemplo. Las últimas modificaciones a la normatividad automovilística trajeron como consecuencia una ola de amparos insensatos promovidos por el PAN y por MORENA para los automovilistas cuyos autos eran modelo 2005 y anteriores; por el otro la corrupción ha sido la norma tanto en verificentros como en las corporaciones policiacas.

Esta situación se agrava por dos motivos. El primero es que el esquema laboral y de negocios del transporte concecionado está basado en el modelo hombre-camión que sencillamente causa contaminación, explotación laboral y serios riesgos para los pasajeros como se ha demostrado ampliamente en Guadalajara. La ventaja para la Ciudad de México es la existencia de las vialidades anteriormente descritas y de la existencia de múltiples formas de transporte público paraestatal o estatal. En los últimos años el problema del hombre camión se ha tratado de solucionar con el sistema de Metrobús el cual ha sido replicado en el Mexibús y el Tuzobus pero se encuentra igualmente rebasado tanto por el hecho de que recorta un carril a los ejes viales como por el hecho de que es incapaz de brindar un transporte de calidad a la gran cantidad de personas que se desplaza diariamente entre el centro y las afueras de la ciudad.  Estos problemas pueden resumirse en lo siguiente: el gobierno no crea una cultura del transporte público solamente solventa necesidades de transporte.

¿Qué implicaría crear una cultura de transporte público? Primero que nada ayudar resolver los problemas laborales de los choferes de rutas concesionadas, en segundo lugar fomentar a través de campañas el uso del transporte público y, ante todo, no usar el transporte público paraestatal (metro, suburbano, metrobus y mexibus) como una medida neoliberal para destruir el sistema de transporte público conformado por el Sistema de Transporte Eléctrico y la Red de Transporte de Pasajeros (esta última con toda una historia que no nos debe hacer olvidar las lecciones heredadas del cierre y la represión a la extinta Ruta 100).   El gobierno no cuida los Trolebuses ni el RTP, ha protegido algunos ramales bajo pretextos de transporte o ecología como fue el corredor ecológico Eje Central, pero en otras partes de la ciudad el RTP casi ha desaparecido y muchas líneas de Trolebus se encuentran abandonadas. Tampoco existe una campaña para ser servidores y usuarios responsables del transporte público fomentando la cultura cívica necesaria para su uso (el ejemplo más simple es que está prohibido bajar y subir pasaje pasando la calle pero esta medida se deja a la discrecionalidad de los agentes de tránsito para morder a los choferes del transporte concesionado).

Mucho se discute sobre la necesidad de renovar y “poner en cintura” las flotas de microbuses, particularmente por parte de los automovilistas que sufren el castigo de las medidas paliativas de los gobiernos locales. Pero esa es una falsa confrontación. El mercado del transporte constituye una mafia explotadora entre las secretarías de transporte y los concesionarios, la asignación de programas para la renovación de autobuses no es pareja y para los choferes que trabajan por cuenta propia la capacidad para obtener un crédito es casi nula. Lo único medianamente bueno ha sido el progresivo abandono de las unidades de baja capacidad de carga sin embargo no es una solución integral porque las nuevas unidades suelen ocasionar problemas viales al ingresar a las colonias, barrios o pueblos.El sistema hombre-camión es un mercado minorista y, como tal, padece de los problemas del capitalismo explotador sobre los pequeños sectores y de la corrupción de las instituciones mexicanas; todo ello a pesar de ser un sector de interés público.  Sin embargo el gran dolor de cabeza con el transporte concesionado (y también con el paraestatal y estatal) es la enorme cantidad de contaminantes que expulsa y es que este es un proceso irreversible. Menos personas en autos son más personas en camiones y los camiones están exentos de no circular aparte de ser unidades con muchos años sin el mantenimiento apropiado.

Recientemente se ha impulsado el uso de la bicicleta como la gran panacea en el transporte pero esta es una falsa esperanza. Como también ha demostrado Salvador Medina en su artículo Bicicletas, ¿la revolución urbana que no será? [16] la bicicleta es un pretexto político para otra medida neoliberal: la gentrificación de los espacios públicos. El discurso de ciclistas contra automovilistas es otro conflicto falso y creado para servir a intereses de mercado. La bicicleta no puede solucionar las necesidades fundamentales de movilidad del grueso de la población, puede ayudar a crear espacios con distintas formas de transporte y movilidad, distintas dinámicas de traslado, pero no puede ayudar a que las personas se trasladen cotidianamente a sus trabajos en una ciudad donde más de la mitad de la población trabajadora recorre distancias que oscilan entre los 15 (considerando localidades en Iztapalapa, Neza, Tlahuac o la Gustavo A. Madero) a los 40 kilómetros (para quienes ingresan provenientes de Tecámac, Cuautitlán, Texcoco o Chalco). Actualmente uno de los ejemplos en torno a la mala aplicación de programas de infraestructura urbana para el ciclismo se tiene en la delegación Benito Juárez donde el proyecto de ciclopista ha afectado la movilidad de las calles y avenidas y, antetodo, se ha realizado sin tomar en cuenta las necesidades de los negocios comerciales que suelen dedicarse a la carga y descarga de productos.

Estas innovaciones en materia de mobiliario urbano para convertirnos en una ciudad moderna han demostrado estar pésimamente planeadas. Dos ejemplos son claros: los semáforos con retardo para cruce de peatones y el mobiliario urbano para acotar cruces peatonales. Desde que los instalaron en la Calzada Ermita Iztapalapa las filas de vehículos han aumentado hasta el doble en horas pico al reducir carriles y entorpecer la circulación. Por un lado crean puentes para agilizar la circulación y por el otro colocan mobiliario para entorpecerla. Por si no fuera suficiente el GDF reduce la velocidad de circulación en todas las vialidades al mismo tiempo que estimula el uso del auto.

Queda finalmente por hablar del gran nuevo chivo expiatorio del GDF: la megalópolis. ¿En qué medida este mounstro urbano donde habita la tercera parte de la población nacional es culpable de la crisis ambiental en una de sus partes? Me fue imposible encontrar en línea investigaciones ambientales acerca de la relación que existe entre la polución de las otras ciudades de la megalópolis con la del Valle de México en específico. A pesar de ello este enfoque no es nuevo, ya lo había usado Alejandro Encinas cuando fue Jefe de Gobierno para decir que la contaminación provenía de los clusters industriales de Pachuca y del EdoMex. Hace unos días los integrantes de la Comisión de la Megalópolis (absurdamente los gobernantes de las entidades) se reunieron y básicamente le dijeron al Jefe de Gobierno que el problema no era suyo. Que los indicadores de contaminación no estaban relacionados y que lo único en lo que podían apoyar era cuidando la normatividad de los autos que transitaban hacia la Ciudad de México [17].

Es difícil valorar estas palabras exculpatorias de los demás gobernadores. Por un lado, y como mencionaba al principio, los demás valles (particularmente Querétaro, Toluca y Puebla-Tlaxcala) se encuentran sumamente contaminados por su propio parque vehicular; por otro lado precisamente las zonas intermedias están llenas de parques industriales [18 para observar los registros oficiales]; finalmente se encuentran las pruebas de la entrada vehícular. Tanto Pachuca como Morelos padecen altas tasas de desempleo que arrojan una cantidad considerable de personas día con día al DF mismas que están dispuestas a realizar 4 horas o más de viaje diario o semanal con tal de conseguir un trabajo, baste para ello observar las personas que piden aventón en la salida a Cuernavaca o el redituable negocio que tiene la empresa Pullman de Morelos en la terminal de autobuses de Taxqueña, misma situación que se repite en la salida hacia Pachuca vía Morelos o autopista y en la Central de Autobuses Norte. También tenemos una importante entrada de vehículos con productos comerciales al Distrito Federal que concentran la distribución de bienes. Habría que obtener indicadores y estudios específicos de estas problemáticas pero dudo que sean la parte nodal del problema. La contaminación del Valle de México es prioritariamente una responsabilidad del EdoMex y del Distrito Federal.

El diagnóstico de movilidad 2007 [19], con el cual se intentó justificar el diseño y construcción de la línea 12 del metro (entre otras medidas) no se ha actualizado hasta la fecha aunque no por ello ha dejado de ser estudiado. Sus conclusiones como las mías son quizá demasiado obvias para quienes las vivimos día con día pero no dejan de ser importantes para la planeación de políticas públicas, movimientos sociales y para la mejor comprensión de lo que sucede en nuestro entorno social. La configuración de la ciudad es ineficiente para un transporte adecuado independientemente del medio que sea, el análisis de los datos de movilidad indica una saturación de las vialidades en horas pico por la propia configuración geográfica pero también por la configuración de los horarios de actividades laborales y escolares como demuestra de José María Casado sobre datos de la misma encuesta de movilidad [20]. La ciudad no es solamente un espacio geográfico que puede ser medido de acuerdo a indicadores salariales, de servicios, de empleo u otros. También es un espacio con una dinámica temporal que afecta activamente su eficiencia en términos de movilidad. La Zona Metropolitana también es ineficiente en ese aspecto y todos lo vivimos cotidianamente cuando pasamos la barrera de cinco minutos que definen si cabemos en el metro, en el camión, o sencillamente tenemos que esperar hasta cuarenta minutos para poder abordarlo.

Hace ya casi un año se le dio mucha publicidad a un estudio denominado Los costos de la expansión urbana: aproximación a partir de un modelo de precios hedónicos en la Zona Metropolitana del Valle de México, realizado por José Alberto Lara Pulido y Gabriela Estrada Díaz de la Universidad Iberoamericana. A mi parecer el uso que se le dió fue el de tratar de justificar nuevamente la necesidad de crear más vialidades y acelerar las existentes por medio de las medidas que se tomarían con los cambios en el programa Hoy no circula y el Nuevo Reglamento de Tránsito. A pesar del malicioso uso que se le dio creo que el estudio hace hincapié en lo que aquí señalo.

Exceptuando los especialistas en temas de urbanismo la mayoría de quienes opinan sobre el tema ambiental han seguido la pauta gubernamental de decir que el problema de la contaminación es un problema que se da entre quienes conducen un vehículo motorizado y quienes no. Eso es falso. Incluso suponiendo que empresas y gobierno pusieran todo su empeño en cambiar los vehículos de combustión interna por medios alternativos el problema de la movilidad no se solucionaría y otras formas de contaminación derivada aparecerían. Aún cuando se sustituyeran todos los camiones o se modificaran las políticas de transporte público (lo que sería un enorme adelanto en la solución del problema) tampoco se hallaría la esperada panacea citadina. El problema fundamental es la configuración de la ciudad, sus características económicas y geográficas así como su dinámica temporal y productiva. En los últimos 30 años el capitalismo neoliberal y sus figuras de poder han movido todas sus piezas para extraer ganancias por medio de la explotación y la corrupción, continuando el proceso de degradación ambiental que ya habían iniciado sus predecesores. Si no se crean y consolidan fuentes de trabajo, servicios, bienes, educación y esparcimiento en las grandes aglomeraciones urbanas construídas en los últimos 35 años la contaminación seguirá generándose en forma de basura, ruido, aguas residuales y, por supuesto, contaminación ambiental. Sólo la organización junto con el diseño de políticas urbanísticas eficientes puede revertir esta situación.

Si bien creo que los problemas político-sociales deben enfrentarse a partir de estudios y estrategias organizativas no quiero cerrar este texto sin hacer una reflexión acerca de la “comodidad del automóvil”. Uno de los grandes pretextos para no usar el transporte público es que este es ineficiente, incómodo, ruidoso, contaminante, etc. La gran alternativa es tener un flamante automóvil calcomanía doble cero o al menos cero. Pero ¿cuáles son las ventajas del auto? Poder asegurarse que va uno sentado es posiblemente una de ellas, la segunda que lleva uno la música que uno quiere y gracias al diseño de interiores de los modelos actuales puede, aparentemente, aislarse del mundo que le rodea. También que las cosas que necesite llevar uno, sean veinte cajas o una pequeña bolsa, pueden ir cómodamente ocupando su espacio sin el temor de que se vayan a caer, estorbar o vaya a ser uno víctima de la delincuencia. Además el auto permite no tomar múltiples medios de transporte y no tener que dar las vueltas por la ciudad a que obliga un sistema de transporte centralizado o con rutas surrealistas y finalmente poder estacionarse lo más cerca posible de su destino.

Todas esas supuestas ventajas son la muestra de que un sistema ideológico y comercial nos ha metido en la cabeza la idea de que una forma de vida es mejor porque incluye determinados comportamientos. A pesar de que esas condiciones puedan darse la mejoría es solamente aparente ya que el automovilista viaja más estresado, está expuesto cotidianamente a la contaminación, cae en una lógica de movilidad individualista y casi siempre agresiva y, por supuesto, incrementa la contaminación en varios sentidos. De hecho las más de las veces no hay lugares para estacionarse a precios accesibles en las zonas céntricas y el Distrito Federal y el Estado de México encabezan las listas nacionales en robo de vehículos. Los seguros contra accidentes y contra robo constituyen un impuesto obligado que beneficia a particulares y que distan de ser bajos. La opción es arriesgarse a las mordidas, la corrupción y a la degradación mayor del entorno social y ambiental de nuestra ciudad.

Con ello no quiero decir que la bicicleta, la motocicleta o el transporte público sean mejores. Cada uno tiene sus deficiencias en una ciudad donde el problema de movilidad, como ha sido mi intención demostrar, va más allá de en qué nos desplazamos. El problema es ¿por qué y cuánto nos desplazamos? La ciudad necesita ser horizontal y democrática y los grandes desplazamientos deben dejarse al esparcimiento y no al ejercicio de nuestros derechos. De todas formas pensemos dos veces antes de hacerle gestos al transporte público.

Atte Ilia Adad

 

[1] http://www.animalpolitico.com/2016/03/8-culpables-y-8-soluciones-al-problema-de-la-contaminacion-alta-en-el-valle-de-mexico/

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_regional_del_centro_de_México

[3] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/06/907550

[4] www.redalyc.org/pdf/748/74833911006.pdf

[5] https://salvolomas.wordpress.com/2014/07/21/norma-31-es-sacarse-la-loteria-puri-dixit/

[6] http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/105703.html

[7] https://shailarosagel.wordpress.com/2010/07/31/df-dice-adios-a-la-manufactura/

[8] http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-df.pdf

[9] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362010000400006

[10] http://elcomunista.nuevaradio.org/?p=1363

[11] http://www.movimet.com/2013/02/la-cd-de-mexico-df-origen-de-ejes-viales/

[12] http://www.letraslibres.com/blogs/trafico-inducido-mas-calles-mas-trafico

[13] http://labrujula.nexos.com.mx/?p=305

[14] http://www.fisica.unam.mx/personales/hgriveros/docu/10-HoyNoCircula.299122533.pdf

[15] http://somoselmedio.org/blog/tozoonpolitikon/el-programa-hoy-no-circula

[16] http://horizontal.mx/bicicletas-la-revolucion-urbana-que-no-sera/

[17] http://www.milenio.com/estados/Hoy_No_Circula_Hidalgo-Francisco_Olvera_contaminacion-Megalopolis_contaminacion_0_709729342.html

[18] http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_del_estado

[19] http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm

[20] http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-487.htm

 

 

Trabajadores y zonas de trabajo

http://cuencavalledemexico.com/informacion/cuenca-del-valle-de-mexico/aspectos-economicos/

Movilidad

http://www.animalpolitico.com/blogueros-transeunte/2014/11/12/hacia-una-estrategia-de-desarrollo-orientado-al-transporte-para-el-df/

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-487.htm

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/2906.htm

Megalópolis

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico

ciudadanosenred.com.mx/htm/areas/6/economia_9.pdf

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/las-fallas-de-las-ciudades-bicentenario.html

Pobreza y oficios: computadoras.

 

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Hace 16 años, cuando empecé a estudiar más acerca de la reparación de computadoras, este sector se perfilaba, en todos sus ámbitos, como una de las más grandes promesas profesionales. El hecho de estudiar computación en cualquiera de sus ramas prometía otorgar un empleo y un ingreso seguros, sin embargo con los años esta afirmación se ha convertido en algo muy relativo. Sin lugar a dudas el mercado y los campos donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se están aplicando han aumentado exponencialmente durante los últimos cuarenta años y esa curva de crecimiento está lejos de detenerse. Incluso algunos estudiosos le dan el nombre de tercera revolución industrial. Sin embargo es necesario preguntarse cuáles han sido las consecuencias de esta industria.

Varias de las consecuencias sociales y ambientales ya son evidentes y han sido profusamente denunciadas. El proceso productivo que inicia en las minas de países pobres para extraer materiales semiconductores o hidrocarburos termina en los tiraderos tecnológicos de China y África y a lo largo de todo el proceso deja, en su mayoría, una estela de problemas causados por la explotación, la corrupción, la delincuencia, los monopolios, el consumismo, entre otros factores.

Esto no quiere decir que la tecnología pueda y mucho menos deba verse como un enemigo de la vida y bienestar humano. Desarrollada como parte del conocimiento tecno-científico, impulsada por el mecanismo productivo y de mercado capitalista y aprovechada por un sin fin de actividades humanas, las TIC han potenciado las capacidades humanas hasta límites insospechados. Y aún cuando muchas de esas capacidades son éticamente discutibles y moralmente reprobables también han permitido generar mecanismos de resistencia y proponer respuestas éticas y políticas importantes aun en el mismo campo de estas tecnologías. En este texto me quiero centrar, sin embargo, en un punto rara vez contemplado por la gran crítica a los problemas de las industrias digitales que es el problema laboral generado en las partes intermedias del proceso y, particularmente, en las carreras técnicas relacionadas con la computación en el centro de México.

Desde hace veinte años existe en México un discurso acerca de los beneficios laborales de las TIC. Durante buena parte de los ochentas y los noventas este discurso consistió en promover las carreras relacionada con las ingenerías en computación y programación que permitieran ir implementando las nuevas tecnologías dentro de las grandes empresas y el gobierno como clientes inmediatos. Ya en los noventas y a principios del nuevo milenio el discurso se trasladó a las licenciaturas y carreras técnicas que permitirían crear una fuerza de trabajo necesaria a medida que se expandiera el uso de las TIC a los pequeños consumidores. Finalmente a lo largo de la última década hemos visto como se ha puesto de moda el promocionar la enseñanza de computación a niños y adultos con tal fuerza que incluso se ha vuelto un capital político aprovechado por los distintos niveles de gobierno y las organizaciones partidistas.

Podemos observar que la introducción de la educación digital no fue transversal en nuestro país sino que obedeció a una planeación que privilegió al gobierno y las empresas y que ha dejado de lado desde entonces a la población en general. Propiamente se creó primero un mercado de las TIC antes de empezar a educar a la población en su uso y beneficios. Esto parecería natural desde una perspectiva comercial pero desde una social y productiva no lo es. La falta de una educación adecuada y de programas públicos adecuados generó un mercado descontrolado y consumista que suele ir en contra de nuestros bolsillos, que genera un ejercicio indebido del erario y que al final sólo beneficia a las grandes marcas comercializadoras. De todo esto me gustaría ocuparme en otro artículo.

A mediados de los noventa y ante los tratados de libre comercio se empezaron a comercializar de forma masiva las computadoras de escritorio en México y se amplió de manera masiva el mercado. Poco después se promovió la creación de carreras técnicas que fueran en consonancia con esa ampliación del mercado y que fueron promovidas como la nueva panacea laboral. Cuando inició el año 2000 las computadoras eran un mercado en auge a tal nivel que se empezaron a crear nuevos referentes en torno a la distribución de productos o componentes. Hasta ese entonces el referente local único en el DF era la conocida Plaza de la Computación que en ese entonces tenía ya 13 años en funcionamiento.

Por otro lado el impulso de la educación técnica en TIC es el resultado de las modificaciones en el esquema educativo mexicano, particularmente en el conjunto de reformas que se inició en 1992 y que han seguido ocurriendo hasta nuestros días (una importante modificación se dió en 2008). Este proceso, en lo que respecta al sector al que me refiero, se dio a través de dos mecanismos: el primero fue obligar a las escuelas públicas a que incorporaran planes de estudio sobre estas materias acordes con las necesidades del mercado emergente, sin embargo, el problema fue que no se hicieron planeaciones integrales y la población de bajos recursos fue dejada de lado. El segundo mecanismo consistió en la infinitud de institutos, escuelas y universidades privadas de diversa calidad que se abrieron como parte de las reformas y en los cuales se instauraron y promocionaron las carreras relacionadas con TIC como formas rápidas y eficientes de obtener empleo.

Hoy está muy en boga ese discurso de las pequeñas y medianas industrias o negocios (pymes) tan promocionado con el marketing de Pepe y Toño o el cínico discurso de la microempresa y el autoempleo. En esta óptica se busca enfrentar el desempleo a través de convencer a las personas que el pequeño negocio es una alternativa plausible para solventar sus necesidades económicas. Este modelo donde hasta quien vende tamales es empresario es un mito y está ampliamente demostrado. Las carreras sobre tecnologías digitales no sólo forman parte de este esquema sino que, en buena medida, fueron pioneras en ello ya que fueron constituidas en momentos donde el neoliberalismo se estaba institucionalizando como política empresarial y de Estado, por lo que sus programas fueron construidos sobre la lógica de que tenían que crear una fuerza de trabajo flexible y móvil que pudiera solventar las necesidades del mercado emergente.

Los programas de estudio en este campo impartidos por la educación pública o privada suelen carecer de la preparación necesaria en materias sociales, cívicas y humanísticas que enriquezcan su desempeño profesional. En cambio, suelen verse acompañadas de una empañada de materias administrativas que carecen de calidad y que no muestran la realidad legal, fiscal, hacendaria, económica y de mercado que enfrentarán cuando intenten enfrentarse al mundo laboral. En cambio incorporan todo un discurso sistemático aunque no evidente de sandeces motivacionales en tono a la relación entre el individualismo y el empleo bajo la conocida fórmula de que el cambio del propio modo de vida está en uno mismo.

En lo que respecta a sus contenidos técnicos la calidad suele ser muy dispareja aún cuando los programas sean similares. Tanto las escuelas públicas como privadas suelen sufrir de una profunda desigualdad en torno al acceso a los materiales necesarios, la disponibilidad de profesores capacitados y la cantidad de horas teoría/práctica que se imparten en los planteles. Esas desigualdades se dan por factores como la ubicación de la escuela, la población hacia la que va enfocada, los costos de ingreso, los planes de estudio, etc.

¿Cuál es la realidad hoy de la mayoría de egresados de carreras técnicas relacionadas con TIC? Hay empleo, es verdad, ya que como dije anteriormente la curva de incremento de mercado dista de frenarse. Pero este empleo está basado comúnmente en el empleo informal, la subcontratación, la flexibilización laboral, los bajos empleos, el comercio informal, la piratería, la estafa y otras encantadoras joyas por el estilo. Particularmente en torno al armado, la reparación y el mantenimiento fueron apareciendo en barrios y colonias múltiples negocios o anuncios que ofrecían estos servicios ofrecidos por pequeños talleres que subsisten con mucho esfuerzo y que, más comúnmente, se inclinan por la diversificación de sus servicios al abrir un lugar de renta de computadoras u ofrecer la reparación de celulares y otros aparatos. En el empleo formal esta formación no es común ni bien remunerada ya que se oferta como personal de apoyo a profesionistas encargados de estas áreas o terminan sencillamente empleados por negocios precarios en el sector de ventas.

Este esquema de producción, educación y empleo fomentado por las empresas y los gobiernos, aun cuando pueda ser un paliativo para las personas, es un verdadero crimen y tiene nefastas consecuencias. En este empleo no es raro encontrar clientes que se quejan de sus experiencias con otros técnicos. A algunos les roban las piezas, les realizan sobrecobros, estafas, quedan insatisfechos por el servicio, etc. Los talleres técnicos suelen cobrar por la revisión del equipo (algo que a mi modo de ver es poco ético) para solventar la falta de entradas e imponer tarifas muy desiguales por sus servicios.

Esta situación se ve agravada por las características funestas del mercado tecnológico oficial. Particularmente escandalosas son las graves deficiencias que tienen las empresas de marcas reconocidas para dar cobertura técnica la cual se basa mayoritariamente en la sustitución física del equipo dentro del periodo de garantía. Las grandes compañías como HP, Toshiba, Samsung, entre otras suelen solicitar al consumidor que pague los costos de envío al extranjero de los equipos para poder darles mantenimiento, en su defecto tienen acuerdos de mantenimiento con talleres de mediano tamaño que cobran sus servicios a precios exhorbitantes. Al final de cuentas los consumidores pagan el precio: se encuentran a la deriva después del plazo de seis meses o un año de garantía sin poder hacer nada más que recurrir a pequeños talleres que no siempre tienen la posibilidad técnica de brindar soluciones integrales. Los compañeros técnicos independientes sufren de la falta de ingresos, de material y herramienta, la dificultad de poder actualizarse y realizar prácticas así como de las diversas vicisitudes referentes al mercado de insumos y la capacidad económica del cliente.

Claro que las TIC no se reducen al pequeño consumidor de productos de cómputo pero sin duda son una parte muy redituable del proceso. Cuando uno abre un catálogo de productos electrónicos, acude a alguna tienda minorista o realiza una cotización en línea suele encontrar productos de baja gama ya que por cada computadora de alta gama se venden decenas de equipos económicos que buscan alcanzar al grueso de la población mexicana. A esta demanda tecnológica del consumidor habitual mexicano hay que sumar la de celulares, tablets, consolas de videojuegos, equipos de comunicación, equipos electrónicos para contenidos multimedia, dispositivos para la reproductibilidad de contenidos y por supuesto los servicios de telecomunicaciones (televisión, radio, internet y telefonía). Todos ellos tienen, aparte de su dimensión laboral, económica y funcional, consecuencias ambientales (contaminación y manejo de deshechos), legales (los problemas inherentes a la piratería y la fayuca), entre otros.

Sabemos que no es algo exclusivo de aquellos que nos hemos dedicado a este campo técnico. En general la rama de servicios es el amortiguador económico del capitalismo actual y sufre de dificultades similares sobre todo en aquellos casos que involucran oficios relacionados con la compostura de bienes. Ya sean zapateros, sastres, plomeros, carpinteros, reparadores de aparatos o mecánicos todos ellos luchan por mantenerse en pie contra un sistema de producción y consumo que se esfuerza acrecentar la venta de productos terminados y hacer que las personas se tornen clientes dependientes y consumistas. Ahí, para muchos rubros, se ha instalado la lógica del compre, use y tire con todas sus desagradables consecuencias.

¿Podemos revertir esta situación? Es una buena pregunta que sólo tendrá respuesta cuando los intentos al respecto hayan rendido frutos. Pero podemos ir haciendo algunas anotaciones al respecto que no constituyen ninguna innovación ya que este no es un tema nuevo y se ha ido reflexionando a lo largo de los años.

En primer lugar hay que entender firmemente que las TIC han tenido su auge dentro del neoliberalismo y que por ende sus mecanismos de producción y comercialización son opresivos y explotadores. Tanto consumidores como trabajadores de este ramo debemos conocer y entender el proceso productivo de las computadoras para asumir sus consecuencias sociales, políticas y económicas. La educación en la materia va más allá de conocer los aspectos técnicos o utilitarios, debe estar acompañado de una conciencia en torno a la situación que vivimos y cómo somos partícipes de ella. Ahí es donde tienen mucho que aportarnos las ciencias sociales.

En segundo lugar hay que encontrar la manera de generar una mejor educación en torno a los aspectos generales de las TIC, su uso y su provecho. Por aspectos generales me refiero a muchos temas implícitos en el uso de estas tecnologías que no necesariamente caen dentro de los aspectos técnicos de la materia. Por ejemplo, en materia de salud física no se han incorporado como parte de los planes de estudio los temas acerca de las consecuencias a la salud por el uso prolongado de la computadora y medidas de seguridad. En materia de salud síquica y social también debemos hay mucho que discutir y enseñar en torno a las consecuencias anímicas y sociales que tiene el uso de las redes y los dispositivos. Y sobretodo hay que enseñar a la población a aprovechar las herramientas para que sean recursos efectivos en nuestro papel de ciudadanos con derechos, obligaciones y necesidades sociales específicas.

Otro rubro que he encontrado particularmente importante desarrollar en mis clientes se desprende de los anteriores y es el hecho de crear consumidores responsables de hardware y de software. Por esto no entiendo tan sólo entiendo a un comprador consciente del origen de lo que compra y de las consecuencias en su salud, en su entorno social y en el medio ambiente. También es necesario ir creando un consumidor crítico que tiene claro qué clase de producto quiere y para qué lo quiere. Alguien que no se pone pasivamente en manos del vendedor o del técnico sino que se mantiene, aunque sea someramente, informado acerca del mercado y sabe reconocer qué clase de productos se relacionan más directamente a sus necesidades. Esto reditúa no sólo en su bolsillo sino también en su entorno pues puede aprovechar mejor y durante más tiempo su equipo. Así mismo es necesario generar en el cliente una cultura del sofware en contra de los corporativos informáticos sin falsas condenas ni falsas promesas en torno a la piratería, expandir la cultura del software libre y del diseñado con una perspectiva social más amplia. Y esto no reditúa solamente en torno a los consumidores individuales pues ¿cuántos miles de millones de pesos del erario público se han tirado por la compra irresponsable de equipo y programas para dependencias públicas por falta de planeación o del personal necesario para mantener tales equipos funcionales? ¿Cuántos millones más por corruptelas y licitaciones amañadas?

Finalmente se necesita una educación técnica mejor planeada, más sistematizada, con mejores maestros, contenidos y herramientas. En primer lugar la tan pregonada educación en computación básica que promueven el gobierno y las escuelas privadas no es sino un fraude gigantesco en todo nuestro país. Es raro encontrar la escuela pública que tenga maestros de computación dedicados o suficientemente preparados y a pesar de que en los últimos años es cada vez más alto el número de escuelas con laboratorios de computación también es cierto que se carece del personal técnico y los recursos necesarios para mantener el equipo funcional y actualizado. Igualmente es raro que los programas de escuelas privadas, ansiosas a su vez por ver a los educandos como consumidores, den programas educativos completos para comprender qué es, cómo funciona y cómo operar un equipo a partir de las necesidades particulares y de las necesidades sociales.

En segundo lugar está el desarrollo de las carreras técnicas u oficios técnicos, desde el secretariado que ya incorpora conceptos de informática en algunas escuelas secundarias o bachilleratos tecnológicos, hasta los propios técnicos en materias informáticas o relacionadas con las TIC. Hasta el momento en general los programas educativos giran en torno a moldes de carreras generales con una visión pobre del proceso. Como ya apuntaba líneas arriba las escuelas públicas sufren de enormes carencias técnicas y los programas carecen de aspectos formativos (véanse los programas técnicos de la DGETI o de los CONALEP). En cambio las escuelas privadas, particularmente las que prometen titulaciones técnicas, son profundamente dispares en la calidad de sus contenidos, la disponibilidad de material y la capacidad para tener maestros adecuadamente preparados. A diferencia de otras carreras técnicas que se han visto golpeadas por el embate neoliberal las carreras en TIC nacieron dentro de esta lógica que es necesario subvertir para crear técnicos y profesionistas bien formados y educados con visión social de servicio, capacidad técnica y con los medios a su disposición para seguir mejorando sus conocimientos.

Por nuestra parte, como personal especializado esencial para que todo este proceso funcione, nos hace falta crear algo mejor que esta pobre educación administrativa y de negocios. Nos hace falta destruir esta visión del micronegocio, de la pequeña y mediana empresa la cual, aunque pueda sernos someramente útil para sobrevivir, en realidad solamente sirve a los grandes empresarios para perpetuar el despojo que hacen a la sociedad. Hay que transformar nuestras formas de organizarnos para no ser uno de los eslabones finales de esta cadena de consumo, para mejorar nuestra competencia contra el gran capital pero no con el objetivo de sustituirles en el despojo sino con el objetivo de tener empleos estables, dignos y bien remunerados para vivir, en los cuales podamos dar un servicio de calidad a un costo justo y accesible. Es necesario crear talleres donde se puedan dar cada vez mejores servicios de mantenimiento, donde se puedan recolectar, reciclar y reusar materiales y componentes. También urge crear programas y centros de actualización técnica donde se puedan dar las prácticas necesarias, es evidente que no hay mejor escuela que el trabajo mismo con el cliente pero aún así deberían existir más oportunidades para poder mejorar el conocimiento técnico.

Hay buenas propuestas y oportunidades en varios lados pero aún carecen de articulación y alcance entre la población. Las mismas necesidades de las grandes empresas han obligado a ir abriendo espacios a todos los ramos de las TIC pero la cadena de la pobreza no se ha frenado ya que, incluso dentro de las premisas del capitalismo, el mercado corporativo impide avanzar en esta materia. Las computadoras siguen avanzando y así como el consumismo sigue incrementándose, la expoliación de recursos naturales también, la explotación de todos los trabajadores del ramo permanece y la sociedad mexicana como consumidora o usuaria no ha desarrollado una cultura digital suficiente que le ayude a que estas tecnologías le ayuden a mejorar su vida de forma integral. Esta es, evidentemente, una reflexión general acerca de los problemas pero en la cual trato de encontrar, al menos, hacia dónde deben apuntar las soluciones.

Atte Ilia Adad.

2 de octubre. Posicionamiento sobre recomendación 10/2015 CDHDF

Observaciones a la recomendación 10/2015 de la CDHDF referente a los hechos de represión del 2 de octubre de 2013.

Luego de dos años y medio sin recomendaciones en torno a la escalada de represión que se ha vivido bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la CDHDF por fin se ha pronunciado. Desafortunadamente las recomendaciones que ha expedido carecen de la precisión y la rigurosidad que justifiquen la tardanza. Desde hace ya más de dos años numerosas víctimas de la actuación ilegal del gobierno capitalino acudimos a la CDHDF buscando que se le diera a este tema la mayor importancia dada su gravedad y su relevancia social. Se nos dio como excusa de la tardanza la supuesta intención de sacar una recomendación global que evidenciara la mala actuación de las autoridades y la política de violaciones de derechos humanos que se estaba dando. Desafortunadamente luego de dos años lo único que tenemos son tres recomendaciones separadas que ven estos hechos como casos aislados y que no apuntan contra los verdaderos perpetradores que dirigen el gobierno local. Nos centraremos pues en la recomendación 10/2015 referente a los hechos del 2 de octubre de 2013 sin dejar de hacer notar que las otras dos recomendaciones tienen defectos similares que corresponde a las víctimas hacer notar.

La recomendación 7/2013 referente a los hechos del 1º de diciembre de 2012 enlista 22 puntos recomendatorios dirigidos a la SSP-DF, PGJ-DF, TSJ y Consejo de la Judicatura del DF, así como a la Secretaría de Gobierno del DF. En cambio la recomendación 10/2015 hace 17 recomendaciones en contra de la SSP, PGJ, TSJ y Consejo de la Judicatura, al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del DF y a la Asamblea Legislativa. Salta en primer lugar que se omitan los puntos recomendatorios dictados en contra de la PGJ durante 2013 por la mala actuación de los Ministerios Públicos que consignaron a las víctimas así como la participación de la Policía de Investigación en los operativos y en las violaciones a derechos humanos.  En segundo lugar salta el hecho de que no se incluye entre las autoridades recomendadas a la Secretaría de Gobierno cuando la propia Comisión tuvo conocimiento de diversas anomalías y violaciones a los derechos humanos en los reclusorios en contra de los procesados y sentenciados. Así mismo es evidente la deficiencia en el estudio de las circunstancias políticas y el contexto de los hechos, mismo que se podría haber dado en una recomendación global bien hecha, misma que sirve para que se evada la responsabilidad de las Secretaría y Jefatura de Gobierno en los distintos hechos de represión. Ante la similitud de los hechos y su reiteración  es evidente que la escalada represiva es una política de gobierno dictada desde las oficinas de los más altos funcionarios capitalinos.

El propio contenido de la recomendación es un galimatías de equívocos y omisiones en torno a las circunstancias y casos englobados. La falta de una investigación seria y amplia respecto de los acontecimientos lleva a que se tomen en cuenta exclusivamente los datos provenientes de los expedientes recabados en las diferentes dependencias. Por ello se desdeñan las declaraciones de las víctimas de la causa 235/2013 quienes señalamos reiteradamente la participación de la PGJ en la selección y fabricación de los casos a consignar durante nuestra ilegal estadía en la Coordinación Territorial GAM 6. Esta omisión es mayor en tanto la comisión no recabó las pruebas que, por un lado, explicaban la tardanza en nuestra presentación y por el otro evidenciaban el conocimiento y participación que tuvo la Procuraduría en estos hechos.

Otro claro ejemplo es la exposición del caso 236/2015 de la víctima, hoy fallecida, José Alejandro Bautista Peña. Bajo el apartado de víctimas de violaciones a la integridad personal se hace referencia a la tortura a la cual fue sometido por las personas que lo detuvieron. Si bien esta tortura es un hecho comprobado por el Protocolo de Estambul que se le realizó, hay que señalar que la Comisión asume, sin presentar evidencia, que los agresores eran policías de la SSP capitalina sin hacer mención que tales personas estaban vestidas de civil y que jamás se identificaron. Meses más tarde pudimos identificar a uno de los agresores como parte del personal oficial que antecedía a la marcha del 10 de junio de 2014 portando radios y comunicándose personalmente con empleados del edificio de la Jefatura de Gobierno en el Zócalo de la ciudad. Este personaje fue fotografiado y tales evidencias entregadas a la Comisión sin que se realizara absolutamente nada al respecto y sobre lo cual no se realiza mención alguna en la recomendación.

Igualmente nos parece grave que no se realice mención alguna a las violaciones a derechos humanos en contra del inculpado en la causa 238/2013, también llevada por el juez 40 de lo penal, a quien detuvieron y desaparecieron por más de 12 horas miembros de la Policía de Investigación durante las cuales fue trasladado a instalaciones de la PGR, mismas que se negaron a recibirlo y por lo cual fue consignado posteriormente ante un MP en la delegación Iztacalco. Así mismo en su calidad de inculpado fue criminalizado ante los medios en voz de funcionarios públicos y actualmente se halla purgando una sentencia de 5 años en el Reclusorio Norte. Nos llama la atención de que, a pesar de encontrarse referido su caso en los anexos, no se haga ninguna referencia en la recomendación.

Hay numerosas deficiencias en el expediente de la investigación. Varias víctimas son omitidas de la recomendación y del expediente por no constar en los documentos oficiales. Por citar un ejemplo los casos de Arely Guerrero y Mónica Hernández, quienes fueron detenidas arbitrariamente y llevadas al Juzgado Cívico TLP-03 no constan en la recomendación a pesar de que sus casos son públicos. El motivo de esta omisión bien puede ser que la ilegalidad de las detenciones y los procesos subsecuentes hizo que no constaran en los archivos remitidos por los Juzgados Cívicos.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves omisiones y errores que contiene la recomendación y la investigación en la que se basa. Por desconocimiento de las características específicas de los casos y expedientes falta especificar aquí otros aspectos de la recomendación como son los referidos a la detención arbitraria y tortura de Mario Gonzalez y demás víctimas detenidas en la calle de Isabel La Católica. Es igualmente grave la falta de mención al caso de Gabriela Hernández cuya detención es producto de las falsas imputaciones con las que policías de la SSP tergiversaron los hechos de la noche del 2 de octubre de 2013 en la entrada de la agencia 50, mismos que se hallan grabados en video. En general la recomendación hace referencia a 57 víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando la propia SSP reconoció 102 detenidos y las organizaciones de defensa de derechos humanos manejaron cifras también superiores al centenar de detenidos. Por ello es evidente que la recomendación deja sin analizar numerosos casos y acontecimientos de la misma fecha.

La investigación de la comisión adolece de graves deficiencias en torno al material y la evidencia que recopiló en dos años. No hay ni una referencia al material de las cámaras de vigilancia ni a las radiocomunicaciones de los organismos de seguridad capitalinos, tampoco se recabaron todas las hojas de fatiga  de la SSP y otros materiales fundamentales de la investigación.  Tales evidencias fueron solicitadas a las dependencias el 1º de diciembre de 2012 y lo recabado en ellas sirvió para sustentar y reforzar profundamente la investigación respectiva. En el caso de las víctimas posteriores una y otra vez se nos dijo que otro de los motivos de la tardanza en la emisión de la recomendación era el hecho de no contar con esos materiales que ya se habían solicitado. En tal caso nos parece grave que no se haga mención alguna a las razones por las que no se pudo acceder a tales pruebas ya sea por causa de un encubrimiento de las propias dependencias o por ineficiencia en el proceso de investigación. Sin ese material se incumple el derecho a la verdad que tiene la sociedad en torno a conocer los hechos y los perpetradores y, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos queda reducida a una mera consejería legal en la materia. Tampoco constan en el anexo las evidencias que proporcionamos las víctimas en nuestra calidad de coadyuvantes como son fotografías, videos y otros materiales.

Tales deficiencias se repiten en las recomendaciones 09/2015 y 11/2015 presentadas el 14 de septiembre de 2015 y consideramos necesario un estudio puntual de las mismas para evaluar la labor que realiza la CDHDF actualmente. Es imprescindible que este organismo se ajuste a estándares internacionales que le permitan cumplir su función a cabalidad sin permitir que los responsables de la actual política represiva queden impunes.

Finalmente hay que mencionar la opacidad con la que se presentaron las recomendaciones mencionadas. Si bien se avisó de último momento a las víctimas que serían publicadas, se nos dijo que “su presencia no sería necesaria”. Días antes se nos hizo de nuestro conocimiento una serie de aspectos relevantes que tendría la recomendación sin permitírsenos una lectura exhaustiva del documento. El 14 de septiembre de 2015, en un evento a puerta cerrada con la presencia de pocos medios, fue realizada conferencia donde se señalaron algunos puntos que se incluyeron. Afuera algunas de las víctimas solicitaron acceso a la Comisión señalando el expediente que venían a revisar bajo el conocimiento de que habría un evento público al respecto. A pesar de ello se les dio largas y se les impidió el acceso. Esta exclusión de las víctimas y el desdén a los datos que pueden aportar es la más grave falta que ha tenido la Comisión ha tenido durante la Presidencia de la Doctora Perla Gómez Gallardo, una política institucional que tiene que revertirse urgentemente pues sin las víctimas la Comisión es incapaz de retomar su función de defensa de los derechos fundamentales de nuestra sociedad.

La situación de los derechos humanos en la Ciudad de México presenta un retroceso innegable. La política de represión y militarización se ha extendido en nuestra ciudad a lo largo de los últimos años actuando premeditadamente en contra de la población y particularmente en contra de todos aquellos que luchan por el cabal cumplimiento de los derechos de la población. La Comisión tiene actualmente un serio retraso en la investigación y pronunciamiento en torno a los casos de represión. Si bien las tres recomendaciones emitidas se refieren a tres fechas emblemáticas, se deja de lado la actuación policiaca en fechas intermedias y se hace patente la falta de pronunciamientos en torno a todos los hechos de represión posteriores; falta la investigación y condena ante la presencia de civiles que participaron en las agresiones y las detenciones; los operativos de vigilancia contra agrupaciones políticas, luchadores sociales y víctimas; la criminalización de la población y de las diferentes posturas políticas; así como los casos quienes aún continúan injustamente presos por manifestar su posición política. Estos no son casos aislados, por el contrario: son parte de una estrategia de criminalización y judicialización de la protesta y la organización política. Una estrategia que se desarrolla a nivel nacional.

Por ello exigimos:

  • Investigaciones serias e imparciales en torno a la responsabilidad de las autoridades capitalinas en los hechos de represión y criminalización.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al cumplimiento de las recomendaciones 07/2013, 09/2015, 10/2015 y 11/2015.

¡Presos políticos libertad!

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Acerca del libro El Mirreynato (spoilers)

Acabo de terminar el libro El Mirreynato del académico y periodista Ricardo Raphael. Puedo decir que ha sido una grata y amena lectura que invita, como muchos otros libros hoy en día, a reflexionar sobre el problema por el que atraviesa la sociedad mexicana. Aunque siempre me han llamado la atención las opiniones de este señor en el programa Espiral que conduce en Canal 11 del IPN, debo confesar que no me había sentido tentado a acercarme a sus textos por encima de ciertos artículos y de las investigaciones que realiza para los centros de investigación o dependencias donde trabaja. Sin embargo, luego de que fuera invitado a presentarlo por igual en espacios noticiosos como el de Carmen Aristegui o el de Carlos Loret de Mola y de haber sido recomendado por diversas publicaciones me sentí intrigado. ¿Qué puede contener este libro que le ha llamado la atención a tantas personas dentro de los círculos de análisis político? Pues luego de aguantar mi curiosidad durante varios meses al fin he podido conseguirlo y me ha gustado bastante y sobre el cual he reflexionado algunas cosas que hoy me gustaría exponer aquí reproduciendo además algunos pasajes centrales del libro. Desde luego yo aconsejaría que no por ello deje usted de leer este libro pues mi poco docta opinión no es garantía de nada y segunda porque le aseguro que vale la pena.

Soy de la opinión de que todos los años que el sistema político priísta gobernó al país (y los que se avecinan) dejaron una cultura política que nos constituye actualmente como mexicanos. Esa forma de hacer política es profundamente autoritaria y aunque los movimientos sociales desde hace 50 años la han denunciado y combatido con fuerza son pocos los que han logrado revertirla o anularla de forma efectiva. Los vicios de mayoritear asambleas, imponer personajes, corromper procesos y corporativizar movimientos (como algunos de los síntomas de esta enfermedad) se reproducen en todos los partidos, en casi cualquier organización sindical, en muchísimos movimientos, en no pocas organizaciones y en la mayoría de la sociedad mexicana. Los procesos políticos que han logrado horizontalidad y democracia son mínimos porque seguimos reproduciendo los mismos vicios políticos y porque estos se han acentuado en los grandes núcleos de poder arrastrando a una mecánica de corrupción, arbitrariedad y autoritarismo a toda la sociedad.

Ricardo Raphael sostiene una tesis similar pero mucho más amplia. Para él las élites económicas y políticas no sólo están corruptas en términos políticos. La decadencia ética y política, moral y legal, de quienes tienen el poder es tal que ha instaurado una forma de ejercicio de poder y mercado que llama Mirreynato. El motivo del nombre se halla en que para el autor la forma de comportamiento que caracteriza a aquellos que se hacen llamar “mi rey”  se ha convertido en el mayor símbolo de las aspiraciones y valores (o antivalores mejor dicho) a los que trata de arribar la pirámide social mexicana. Cada uno de sus excesos y sus ostentaciones, ahora tan documentados a través de las redes sociales, es la muestra no sólo del grupo que gobierna sino de la forma de pensamiento hegemónica de nuestro país.

A diferencia de la discusión política tradicional que observa la corrupción desde la estructura de las empresas y de las instituciones públicas y que desdeña como un “añadido ilustrativo” los comportamientos abusivos de las élites o de quienes buscan ser parte de las mismas, el académico señala que estos comportamientos son también formas centrales de este ejercicio de poder. Los actos de los mirreyes construyen la pirámide de poder alrededor de un concepto central: la discriminación. Aquí hay que señalar algo que me parece importante pero que no debe llevarnos a prejuiciar al autor: Ricardo Raphael es un autor de corte liberal. En su libro nos habla de cómo este régimen autoritario y exclusivo (en el sentido de que excluye activamente a otros) impide que la democracia se realice y de que el mercado al fin sea competitivo y productivo en nuestro país. A pesar de lo anterior (mejor dicho por lo mismo) no me parece en absoluto desdeñable (menos aún dada mi formación en filosofía) pensar la intrincada relación entre las ideas y valores que constituyen al mirrey. A partir de este extracto del capítulo inicial podemos darnos una idea de lo que pretende su autor:

El mirrey no pertenece a una tribu urbana más: se pretende la tribu elegida, la que se coloca por encima de todas las demás. Su estética y sus placeres, su ostentación a la hora de gastar, su exhibicionismo y su narcisismo suelen tener consecuencias. Es un personaje que intenta volar sobre lo que percibe como un pantano, y en el intento por no manchar su plumaje despoja al otro de su dignidad.
[…]
En contraste [con el junior o el fresa de anteriores generaciones], al mirrey contemporáneo lo tiene sin cuidado la ostentación pública. Todavía más, necesita mostrar cuanto sea posible para que el resto de la humanidad se entere de su naturaleza superior. Puede afirmarse aquí que el mirrey es el junior sin inhibiciones, sin vergüenza alguna que lo devuelva a la moderación. Es probable que el cambio ocurrido entre una y otra generación lo explique una sociedad que se volvió incapaz de establecer controles sobre su élite más pudiente y la corte que lo acompaña.
La prepotencia siempre ha existido pero hoy se hace notoria, lo mismo que la impunidad, la corrupción, la discriminación y la desigualdad; sin embargo, el síntoma de los tiempos es la entrega de garantías para incurrir en todo lo anterior sin pagar costo alguno. Habrá quien piense que la exhibición en redes sociales de los comportamientos mirreynales son una suerte de sanción. Pero, como la historia del Mirrreybook sugiere, esas mismas redes podrían estar potenciando el hambre de alarde y pompa entre los personajes aludidos.
[…]
No se mira en el panorama a otro sector de la sociedad -ninguna otra tribu urbana, grupo de interés, agente criminal, sector de la política- que represente mejor nuestros vicios más desagradables. El mirrey no está en el margen sino en el corazón de la vida mexicana…

Ahora bien desde los movimientos anticapitalistas la consigna fundamental es que el principio de acumulación de la ganancia lleva por sí mismo a una lógica de exclusión y explotación del trabajador. Para poder mantener el sistema capitalista funcionado el burgués debe encontrar la forma de convertir la naturaleza en un producto comercializable y disminuir el costo de producción debido a los salarios de los trabajadores.  Para los capitalistas (y los neoliberales claro) esto es un logro.  La lógica de mercado elimina los estamentos aristocráticos y convierte a los seres humanos en mercancías que pueden, supuestamente, transformar su condición económica a través de la movilidad social, la garantía de que esto suceda es la igualdad legal que existe en un sistema de voto representativo. De esta manera democracia y mercado se hallan estrechamente ligados. Evidentemente el capitalismo, aún en sus mejores exponentes, no ha logrado eliminar  exclusiones o las ha externalizado junto con sus costos. En muchos casos se jacta de haber introducido a mujeres, jóvenes y minorías dentro del sistema de mercado y del sistema de derechos aunque en general tal emancipación es limitada y depende de la permanencia en el mercado del grupo. Mientras tanto la sobreexplotación ecológica, colonialista y laboral se ha trasladado a otras latitudes diferentes a las de los grandes centros financieros.

A la par de esa explotación capitalista tenemos esta lógica de exclusión que ocurre en el Mirreynato y otras partes del mundo y la cual está corrompiendo en todo sentido las instituciones. Una reacción del conservadurismo bajo la óptica capitalista que retrocede más allá de los presupuestos de movilidad social del propio capitalismo (quizá como consecuencia del mismo lo cual es motivo de otra interesante discusión) y que impide la propia dinámica del mercado, atenta contra toda forma de sistemas de representatividad y obliga a toda la sociedad a un ejercicio de violencia excluyente constante que termina por hacerse norma. Este vicio o adversario (como se le quiera ver) del capitalismo y su “democracia” debiera ser motivo de discusión en toda organización social pues en México ha desembocado en un estado de violencia permanente y en Europa se atestigua como el ascenso de la ultraderecha al poder con tintes neofascistas.

Aquello que en otros textos he caracterizado como el autoritarismo priísta es para el autor del Mirreynato una faceta entre las muchas que tiene este sistema político económico como son la corrupción, la discriminación (por color de piel, la misoginia, por grupo laboral) o la violencia, entre otras. En todas ellas encuentra profundamente marcado el concepto de cierre social que retoma de Max Webber:

“[El cierre social es] la acción conjunta de las personas que acumulan las ventajas; este cierre es una estructura que sirve para justificar la inclusión y también la exclusión a partir de ciertas categorías artificales elaboradas por la inteligencia humana. El principal propósito del esfuerzo discriminatorio es perpetuar en el tiempo las ventajas de dominación que posee un grupo humano sobre otro: todos aquellos bienes valorados por el conjunto de la sociedad como de difícil obtención generarán pulsiones tendientes al acaparamiento, la salvaguarda de los intereses individuales y la marginación de todo aquel cuyo afán sea disputar lo que se considera propiedad del grupo aventajado.”

A la exclusión sistemática  de quien no forma parte de la clase empresarial que hace el sistema capitalista, tenemos que añadir esta versión prepotente de los criollismos locales que se cierra en torno a valores tan altos como el abolengo, el tipo de estudios, las influencias, la capacidad de consumo y derroche, el control político, el ejercicio del cohecho, el nepotismo, entre otros. Un sistema de dominación que se ratifica en los antivalores encarnados por sus versiones para las clases medias o pobres: la narcocultura, la misoginia del raeggetón, el chauvinismo profesional, el elitismo en contra de lo naco, lo indio, lo godínez, lo chairo, etc., todas ellas versiones del mirrey que buscan alcanzar las altas cotas de este último y que ven con menosprecio todo lo que les sigue en la escala social.

Este cierre social construido para perpetuar el sistema estamentario que se está construyendo en nuestro país no es una cuestión de valores individuales; Ricardo Raphael demuestra a través de cifras y datos duros cómo esos grupos de poder creado han logrado que el país se estanque siguiendo la línea de lo que el premio Nobel de economía James Hackeman vino a decir alguna vez: en México la cultura política y económica es la de un “capitalismo de amigos”. Por ello es también loable que mire contra los prejuicios que, en aras del capitalismo, nos han impuesto y que al mismo tiempo nos impiden ver que la realidad nacional ni siquiera opera con esos presupuestos. Como ejemplo está lo que expone bajo el apartado “El salario tiene la culpa” donde señala que a pesar de la popular creencia de que es el esfuerzo individual el que reditúa en conseguir un mejor ingreso las cifras lo desmienten. La presión que hacen gobierno y empresas para impedir elevar el salario mínimo en aras de la inversión y productividad de hecho está atentando contra esta última pues impide que las personas se desarrollen laboralmente. Así mismo existe por parte de los empleadores y del sistema de contratación un cierre social que encasilla a los trabajadores en torno a perfiles laborales e impide igualmente su desarrollo en otras áreas. Ambos factores condicionan a los trabajadores mexicanos para que muchos caigan en las garras infalibles del comercio informal.

Así mismo los prejuicios en torno al origen familiar, al sexo y a la edad hacen que los jóvenes y las mujeres sean víctimas de discriminación laboral con empleos mal remunerados en relación al salario masculino en edad productiva. Igualmente ocasiona que todas las personas en general se encuentren encasilladas dentro de su perspectiva laboral a partir de estructuras sociales condicionadas por el oficio de los padres, la conformación de su familia, el matrimonio, el fenotipo y otras características: “A pesar de los datos que en México y en el mundo cuestionan la existencia de una verdadera movilidad social, las personas se venden a sí mismas una ilusión disonante: creen que subirse al ascensor es un acto meramente de voluntad individual. […] Al parecer la evidencia científica nada puede contra la necesidad de engañarse a propósito de una circunstancia que resulta difícil de cambiar. Es mejor pensar que la flojera y no la cuna son la razón de la inmovilidad: al menos lo primero puede modificarse, mientras lo segundo no tiene solución.”

El núcleo fuerte del libro se halla precisamente en la demostración de que la exclusión y la explotación económica van de la mano así como en demostrarlo con cifras (aunque el mismo autor reconoce que faltan estudios más específicos sobre tales temas). Todo ello apunta al hecho de que la clase gobernante ha perdido toda legitimidad y que hay que reencauzarla a los límites de la legalidad y la moralidad acorde con los conocimientos actuales de forma que se recupere el tejido social y se elimine la discriminación. Es ahí donde el autor se detiene y no hace más que una endeble afirmación: “Si bien es cierto que el origen de los valores y la cultura siempre es impreciso, también lo es que ambos ruedan en cascada desde arriba hacia abajo. Por ello, no es barriendo los vicios del Mirreynato que existen en la planta baja como un día todo el edificio obtendrá mayor dignidad. Llegó el momento para que las cosas dejen de romperse por su lado más delgado”.

Aún suponiendo que el objetivo sea transformar y “democratizar” dentro de la lógica representativa al sistema político quienes hacen eso son las masas, los movimientos sociales, los cambios efectivos dentro de la cultura y las estructuras sociales. De tal manera que, independientemente de que existan algunas buenas voluntades dentro del grupo en el poder, de quien depende cambiar las cosas es de la sociedad organizada. El mirrey no necesita otra cosa sino imponer este poder autoritario y corromper a todos cuantos le siguen para perpetuar su poder pero son todos los despojados que le siguen los que necesitan encontrar formas de organizarse que implican nuevos sistemas morales y legales acordes a sus necesidades, coherentes y propositivos en torno a las exigencias actuales. La inundación de exámenes de confianza, pruebas y otras medidas a la clase trabajadora por parte de los poderosos no son un intento de romper el ciclo por su parte más delgada sino de legitimar la misma estructura de corrupción y despojo.

Evidenciar el crimen del poderoso se ha vuelto relativamente sencillo, al menos en los medios tecnológicos con que se cuentan para exponerlo públicamente; no así si consideramos que el poder tiene ahora tentáculos interminables en sus formas de corromper a la sociedad, para muestra de ello están los cinco ejecutados en la colonia Narvarte anteayer. Sin embargo una tarea titánica es la de exponer la desigualdad y la discriminación en nosotros mismos, en nuestros círculos sociales, entre las personas cercanas ya que corremos el riesgo de perder precisamente esos cierres sociales sobre los que hemos sido educados. Sobre todo si consideramos que un cambio en nosotros, como ya se apuntó, no cambia nuestra condición social de la noche a la mañana y posiblemente no lo haga durante toda la vida. El cambio social es gradual y al final de cuentas efectivo cuando la estructura social en su conjunto se ha modificado de manera suficiente.

Dado lo expuesto la invitación de Ricardo Raphael me parece inconclusa pero suficiente. Es un deber de la organización social evidenciar, denunciar y acabar con la exclusión de formas cada vez más integrales e inclusivas. Sin eso no podremos acabar con el Mirreynato o bien sólo lo sustituiremos con otro régimen de opresión y exclusión.

El canero #3: ilegalidad

El siguiente escrito es parte del número 3 de El CⒶNERO, Periódico Independiente de Combate, que es publicado por los presos políticos de la Ciudad de México. Hay que recordar que ellos, junto con otros reclusos, acordaron la conformación de la Coordinador Informal de Presos en Resistencia, misma que se declaró en huelga de hambre el 27 de junio de 2015 para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro del sistema penitenciario del DF ante el silencio cómplice de la CDHDF. Parte de esta Coordinación es también partícipe en la publicación de El CⒶNERO, periódico que han publicado desde el interior del reclusorio en colaboración con otros presos políticos y presos comunes.

Es imprescindible no olvidar que en la Ciudad de México aún se encuentran recluidos varios presos políticos producto de diversas represiones a marchas y protestas durante los últimos tres años. Esta represión se incrementó con las detenciones arbitrarias a diversos activistas cerca de sus domicilios por parte de policías federales que les imputaron delitos falsos. El caso más sonado fue sin duda el de Jacqueline Santana y Bryan Reyes quienes el pasado viernes 10 de julio obtuvieron su libertad luego de 8 meses de prisión.

Sin embargo aún quedan en las prisiones Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Jessie Alejandro Montaño, Luis Fernando Sotelo entre otros, además de que existen más de 30 procesos abiertos contra personas que han sido víctimas de la represión de Estado desde que arreció en el DF el 1° de diciembre de 2012.

Así pues este artículo es, en parte, un testimonio de lo que ocurre dentro de las cárceles; por otra parte es también una reflexión acerca de las mismas desde su vivencia inmediata y finalmente un programa de lucha contra la degradación social que existe por parte de este sistema opresor y represor, dentro y fuera de las prisiones. Al final pongo el pliego petitorio de los presos en huelga de hambre.


El Canero #3

ETAPAS DE LA CARCEL

Etapa de resistencia pasiva. (Apando / Estancias de ING y C.O.C.)

La primera etapa comenzó desde el ingreso al penal, en esos momentos mi mente comenzaba a asimilar la cárcel como un proyecto, como una oportunidad para construir un nuevo escenario de lucha y resistencia. Al principio me enfoqué pero las cosas fueron difíciles, no entendía cómo podía enfrentarme a un panorama tan adverso, tan poco cotidiano, tan miserable y con medios ridículamente pequeños para actuar.

En un principio me enfoqué en conocer el panorama y tratar de buscar alguna alternativa de sobrevivencia; la fajina fue uno de los problemas económicos, más grande; al día siguiente “me leyeron la cartilla” y me di cuenta de que habia una especie de complicidad entre las “autoridades” y algunos internos que funcionan como una subpolicía; algo similar a un equipo de operaciones parapoliciales que generan una auto-reproducción del sistema de corrupción…

La primera etapa de “iniciación” es “formarle a la fajina”, y pareciera ser un simple rito de castigo psicosomático que asociado al hecho de que el individuo ha ingresado a la cárcel y ha sentido esa ruptura con el exterior; la pérdida de esperanza y el sentido de marginación social, golpean las emociones de quienes experimentan esa etapa de tortura mental. Pero no solo se queda ahí, sino que al sostenerse dicha aplicación impúnemente por medio de la corrupción, inicia la explotación económica; el cuerpo del individux está limitado por el miedo y el terror psicológico que lo hace frágil ante un panorama adverso, lo hace susceptible, al robo y la violencia directa del sistema de criminalidad…

Al iniciar la “fajina” inicia otra etapa de tortura física y mental, es un trabajo forzado que debe hacerse con la intención de: degradar a las personas y hacerlas sentir humillación y miedo para que su voluntad se quiebre y obligarlo a que decida hacer cualquier cosa por dejar de experimentar el terror, dolor y humillación.

[La fajina como método de extosión (extracción de capital económico mediante el robo, el cohecho y la corrupción)]

Durante la fajina, había quienes no podían seguir, debido a la presión psicológica que ejercían sobre ellxs, con el fin de implantar terror, miedo, al sometido cuerpo del prisionero de recién ingreso… ésto sirve para dos cosas: Primero, para generar resentimiento en lxs sometidxs; segundo, para aprovechar la vulnerabilidad emocional de lxs sometidxs y extorcionarlos para que paguen lo que se llama “un rescate”.

Había quienes pagaban hasta $3000 para dejar de hacer la fajina, en mi caso, yo no tenía dinero y aunque lo tuviera, no estaba dispuesto a participar de ninguna manera para perpetuar su sistema de corrupción; desde el principio decidí marcar la línea, con el desconocimiento de las “autoridades” penitenciarias, asimilándolos como mis enemigos inmediatos en esta etapa de guerra en la que me tocó ser prisionero…

Siempre he hecho una distinción entre las maneras y modos de la ilegalidad y en este contexto serían dos alternativas, siendo que omitimos por excelencia la institucionalización como vía o alternativa coherente…

FORMAS DE LA ILEGALIDAD:

1) La corrupción: que es la via de la ilegalidad propuesta por el Estado que básicamente propone una “permisividad” para salir momentánea o constantemente del parámetro “legal” en complicidad con las autoridades y su silencio y respaldo, a cambio de un fin monetario; los “derechos” están a la venta y aquel que pueda adquirirlos, generará la idea de un “estado de privilegio”… Es entonces cuando la degradación del individux lo lleva a tener que aceptar ser reducido a un simple material productivo; atándolo a la esclavitud perpetua que le exige competitividad, porque así lo han moldeado, le han enseñado a ser un rebelde incompleto; a violentar a lxs débiles y a tolerar la violencia de arriba, a ser sumiso ante la “autoridad”; comvierte al individux en un animal domesticado que velará los intereses de su amo y saldrá a defenderlos cuando le sea demandado.

De esta manera la corrupción, al ser perpetuadora del sistema, no puede ser una vía de lucha, y mucho menos en la cárcel, pues aunque aparentemente “rompe con los esquemas de la “sociedad””, en el fondo no hace más que repetir los ciclos mismos y por lo tanto ayuda a su crecimiento y fortalecimiento, pues incrementa sus capacidades represivas; al ir coptando y/o comprando aliadxs que le servirán para mantener el panorama social controlado. Con esto descubrí que la corrupción crea lo que aquí se llaman “borregos”; que son quienes trabajan directa o indirectamente en complicidad con la autoridad, generando como máxima “todos los problemas entre presxs” que se reprimirán entre ellos y respetarán a la falsa autoridad.

2) Clandestinidad: que es la vía ilegal que propongo y trato de mantener en pie de la manera más coherente posible desde que puedo llamarme anarquista; consiste básicamente en moldear el panorama y moverse a través de la oscuridad de la ilegalidad pero sin mediador alguno, es hacer que suceda lo necesario para hacer posible lo mediocremente creído imposible.

Se trata de sostener tus principios y tu dignidad, de obedecer a nadie más que tú mismo, de ser incorrompible, incorruptible, de aceptar los riesgos y las consecuencias de tus actos de rebeldía, saberse libre y actuar por propia decisión con paso fiero y decidido.

De esta manera, creo que en estas circunstancias de reclusión, la mejor vía para desconocer la “legalidad”, así como suy funcionalidad y procedencia sin dejar de ser autónomo, es la clandestinidad; pues al negar y desconocer todo tipo de práctica autoritaria no la reproduces, sino por el contrario la atacas desde sus bases ideológicas; no hay tratos cordiales con las figuras que componen la clase gobernante del reclusorio, que como ya he declarado son mis enemigos…

Desde un principio he creído que el anarquista es sembrador por naturaleza; se ha demostrado con el autosustento colectivo e individual; también sabemos plantar bombas en edificios de gobierno. Pero, sobre todo, están esas semillas que se dispersan y germinan durante el transcurso cotidiano. Basta tener una determinación y constancia de sí mismo.

Por la libertad y la real solidaridad, porque hay un mundo mejor.

Sin título

Caricatura sobre el sistema dentro de El Canero #3


[Huelga de hambre] Por las siguientes reivindicaciones:

1) Cese a los malos tratos y la tortura en todas las prisiones ya sean de palabra u obra.

2) Cese a la represión silenciosa que ejerce la institución en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (C.D.H.D.F. )

3) Mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y/o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos.

4) Repudio total a las medidas de austeridad que se están implantando a nivel mundial, en las cárceles por la tendencia de intereses económicos y      políticos.

5) Aplicación del protocolo de Estambul por tortura a todos los internos.

6) Esclarecimiento y desistimiento penal sobre causa 148/201H ; del compañero sentenciado José Santiago Hernández quien fue sentenciado y encarcelado 8 meses antes de su mayoría de edad.

7) Que se guarde el debido respeto y consideración a los familiares de los presos cuando estos se hallen en los recintos penitenciarios.

8) No más enriquecimiento ilícito, con base a la explotación de los presxs.

9) No más enriquecimiento ilícito de los funcionarios con base a la explotación sexual de las internas en los reclusorios femeniles y varoniles.

10) Rompimiento a la relación de complicidad entre la administración y la unidad médica; no más negligencia y tratos inhumanos.

11) Abrir más espacios de recreación cultural y proyección artística, así como trabajos remunerados para los presxs; ya que los pocos que existen están elitisados  y condicionados por la administración.

12) Renuncia del personal que activamente conforma el Consejo Técnico en todas las prisiones del D.F. y generar los mecanismos necesarios para eliminar la corrupción y autoritarismo de la administración y custodia.

13) Que no se nos juzgue ni reprima por las actividades que tomamos en protesta, ya que siempre hemos sido incitados por el mal funcionamiento de la institución penitenciaria.

14) No más violaciones a los datos personales y correspondencia con fines de extorsión, secuestro, intimidación y decomiso de materiales informativos.

Así mismo denunciamos el aislamiento y la incomunicación que es practicada en contra del compañero Jessi Alejandro Montaño por llevar a cabo una jornada de lucha y resistencia para dejar marcada la línea de desconocimiento y rechazo a la autoridad penitenciaria. ¡Codo a codo con nuestrxs hermanxs cara a cara con el enemigo!

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡QUE NADIE SE CALLE, LOS PRESOS A LA CALLE!

¡LIBERTAD, LIBERTAD, A LOS PRESOS POR LUCHAR!

Seguramente los señores Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal; Daniel Alejandro Magaña Jimenez de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno y Ángel Erick Ibarra Cruz Contralor Interno de la Secretaría de Gobierno estarán muy interesados en conocer las denuncias a las que hacen referencia los presos en huelga de hambre. Sobre todo cuando han estado tan ocupados recientemente con el tema de los reclusorios ya sea por el cese e inhabilitación del director del Reclusorio Oriente o bien por la investigación en torno a los custodios que traían un perro colgando del barandal de una camioneta. Así pues confío en que enviarán el llamado de atención procedente para que los consejos interdisciplinarios dentro de los reclusorios terminen inmediatamente las replesalias en contra de los internos por su labor de denuncia. En cualquier caso la población en general puede encontrar en los enlaces los números telefónicos de estas dependencias donde podrán informarse de qué se está haciendo al respecto.