#LeyAmnistíaCDMX – Réplica al diario La Razón 26 oct 2016

Artículo original de La Razón: Morena hace ley para quitar delitos a 500 vándalos
Aquí el link de descarga del documento digital: respuesta-la-razon

Ciudad de México, 26 de octubre de 2016.

Sr. Rubén Cortes Hernández,
Director General de La Razón,
P r e s e n t e .

El mayor daño, muy probablemente, que se ha hecho a los detenidos arbitrariamente en marchas y manifestaciones en esta Ciudad, es la criminalización y su identificación, con total impunidad por parte de sus acusadores, como “vándalos” y “delincuentes”.

Si revisamos los medios de comunicación del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, vamos a encontrarnos con un mundo de señalamientos, todos ellos falsos, pero que sin embargo han creado un entorno adverso socialmente para las víctimas, que es la fecha no ha sido resarcido a pesar de que se ha demostrado lo ilegal de sus procesos e incluso que muchos de ellos han obtenido sus libertad probando lo falso de las acusaciones que se les hicieron.

Es el caso de la nota aparecida hoy en La Razón, firmada por Luis Alonso, en la cual trata de presentarse a la Amnistía propuesta por Morena como una “ley a modo” hecha para “salvar” a 4 vándalos, repitiendo exactamente lo mismo que ha venido diciendo el GDF desde hace 3 años y soslayando que esos 4 jóvenes están presos por haber asistido a marchas o manifestaciones, que fueron inculpados de diversos delitos en medio de un cúmulo de irregularidades, y ante el fracaso sonado de todos los casos de detenciones en ese tipo de evento, ya que no pudo demostrarse a la mayoría su culpabilidad (más de 500 detenidos arbitrariamente, de los cuales sólo se pudo procesar a 193, casi todos libres por una razón u otra), se pretende ahora usarlos como “ejemplarizantes” de la “eficacia” del GDF y “prueba” de que el vandalismo sí se castiga en esta Ciudad.

La nota incurre, empero, en varias imprecisiones que es preciso aclarar:

1.- Jesse Alejandro Montaño, de 31 años de edad. El fue detenido sin ninguna razón antes de la marcha del 1 de septiembre de 2013 y le fue sembrada marihuana para poderlo acusar de delitos contra la salud, a pesar de que consta en video todo lo que él llevaba en su mochila ese día. Salió en libertad, pero fue nuevamente detenido el 12 de junio de 2014, dice la nota “por ultrajes a la autoridad luego de que… escalara la megapantalla ubicada en el Zócalo capitalino, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas”. ¡Vaya delito!

2.- Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en 2013 a los 19 años, fue acusado de haber quemado el árbol de una refresquera pero no fue detenido en flagrancia sino en calles aledañas al Metro insurgentes; se le detuvo con lujo de violencia y lo sentenciaron con la única prueba de un video editado en el que no se logra ver más que un grupo de personas encapuchadas, aunque la jueza sí distinguió entre ellos a Fernando, y lo condenó a 5 años 9 meses. Le bastó el testimonio de un policía que lo “identificó” en el video y como no correspondía con los encapuchados que quemaron el árbol, lo que se dice es que se despojó de la capucha y de la ropa para confundirse con los transeúntes, aunque no presentan ni la capucha ni la ropa.

3.- Abraham Cortés Avila, joven oaxaqueño de 23 años, fue detenido el 2 de octubre de 2013 por agentes vestidos de civil. A él lo condenaron a pesar de que de la noche a la mañana el delito original por el que se le acusó –portación de objeto apto para agredir- lo convirtieron, mediante el testimonio de dos policías, en tentativa de homicidio. Sin embargo, el MP nunca acreditó el dicho de los policías y los peritos dictaminaron que los objetos asegurados por los agentes remitentes y usados para inculparlo no fueron obtenidos con una adecuada cadena de custodia, por lo que estaban contaminados.  Originalmente lo sentenciaron a 13 años 4 meses, pero en su lucha jurídica para demostrar su inocencia logró que se rebajara la pena a 6 años 6 meses.

4.- Luis Fernando Sotelo. Él tiene 20 años y se le acusa de haber incendiado un Metrobús en CU el 5 de noviembre de 2014, pero en realidad fue castigado porque tenía un historial incómodo como activista comprometido. Tampoco fue detenido en flagrancia, y entre las irregularidades desde su detención constan que fue golpeado por la policía y las lesiones reconocidas por la Comisión de Derechos Humanos; que fue trasladado en un carro particular al MP y después al Reclusorio Sur, antes del plazo legal de 48 horas, y sin que se le informara a los abogados. El único testimonio en su contra es el del conductor del metrobús, una declaración incongruente y prefabricada en la que a pesar de hablar de encapuchados, señaló plenamente como responsable a Luís Fernando.

5.- Gabriela Hernández, Luna Flores, su caso es emblemático de las arbitrariedades cometidas contra manifestantes por la SPP y la PGJ capitalinas. Ella nunca estuvo detenida por motín, fue detenida el 29 de octubre de 2013 y pasaron varios días para que se aclarara la razón de su detención. Dos policías la acusaron de “ultrajes a la autoridad” a pesar de contarse con videos que contradicen sus dichos, y sin embargo, la jueza consideró que era “altamente peligrosa” por ser “asidua asistente a manifestaciones”. Una clara violación no sólo de nuestra Constitución sino de las convenciones y tratados internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la manifestación. Además tiene dos recomendaciones de la CDHDF en su favor, la 09/2015 y la 11/2016.

Ahora bien, respecto a otros detenidos que se señala en el reportaje: José Luis Ramírez Alcántara, no es sujeto de la Ley de Amnistía porque si bien fue preso y procesado penalmente por su supuesta participación en hechos vandálicos del 2 de octubre de 2013, esto nunca se le pudo comprobar y fue absuelto. Y tanto en su caso como en el de Irene Pérez Villegas, se les ha criminalizado por hechos que no contempla la Amnistía (la toma de CU) porque no se trata ni de una marcha ni de una manifestación. Pero además, en el caso de Irene, si bien fue detenida en la marcha del 2 de octubre de 2013, salió inmediatamente libre bajo fianza, confirmándose que los policías utilizaron toletes y gas pimienta, por lo que las detenciones fueron ilegales.

Conviene señalar además, que Abraham Cortés y Jesse Alejandro Montaño están considerados dentro de Recomendaciones de la CDHDF. Jesse Alejandro en la 11/2015 donde se consigna la tortura de que fue objeto, y en la 11/2016 donde consta lo arbitrario de su detención; y Abraham Cortés en la 10/2015 donde se da testimonio de la fabricación de delitos. Y si bien a Luis Fernando Sotelo y Fernando Bárcenas no se les considera en ninguna Recomendación, la CDHDF mantiene bajo investigación ambos casos, el de Sotelo en el Exp. de Queja CDHDF/122/COY/14/D7154 y el de Bárcenas en el Exp. de Queja CDHDF/122/CUAUH/14/D1638. Contando éste último además con un “Amicus” emitido por el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.

Subrayando por último que este es un caso de peculiar de Amnistía, pues trata de favorecer a inocentes, procesados y presos con procesos irregulares y acusaciones fabricadas, siendo que las Amnistías no se hacen para quienes la justicia señala como inocentes sino para favorecer a quienes los tribunales han condenado. Entonces, doblemente justificada esta Amnistía, porque lo que se busca con ella es hacer justicia y poner fin a un clima de tensión social, reconciliar a la sociedad con las autoridades y abrir paso a una nueva etapa, mejor  que la anterior. A eso se oponen quienes obstaculizan que se apruebe no un “dictamen de Morena” sino el dictamen aprobatorio de la Comisión de DDHH de la Asamblea, quienes con argumentos leguleyos insisten en mantener el clima de encono y desencuentro con un importante sector de ciudadanos, en especial jóvenes, un contexto en el que nadie puede ganar.

Tener jóvenes en las cárceles, y más por los “delitos” que se les achaca a los 4 presos, es una afrenta para cualquier gobierno que se precie de democrático, ya no se diga de izquierda.

Si José López Portillo y Carlos Salinas estuvieron dispuestos a amnistiar guerrilleros y ciudadanos acusados de terrorismo en sus gobiernos. Si priístas como José Murat y Fidel Herrera lo hicieron en sus respectivos estados, ¿cual es la verdadera razón por la que el gobierno de esta Ciudad se niega a corregir los flagrantes errores que cometió con ciudadanos y estudiantes criminalizados injustamente entre 2012 y 2015?

Morena no defiende vándalos ni la Amnistía es un “cheque en blanco” al vandalismo, antes bien la promueve porque hubo detenciones arbitrarias, porque hubo acusaciones inventadas y procesos irregulares mediante los cuales se condenó a inocentes y activistas, y todavía se mantiene a 4 jóvenes en prisión, por el sólo hecho de ejercer su derecho a la protesta. 4 jóvenes que podrían estar estudiando, trabajando, aportando a la lucha social de manera constructiva y que con la sola acreditación de la irregularidad de sus detenciones y las violaciones al debido proceso sufridas por todos ellos sería razón suficiente para dejarlos libres. Y no se ha hecho.

Dicho lo anterior, convendrá con nosotros señor Director en que la Amnistía es la oportunidad de darle vuelta a la hoja de un capítulo que nunca debió haberse abierto. Un llamado a la razón y también a la concordia. No una bandera política sino, llanamente, una deuda social con los jóvenes de esta Ciudad.

En ejercicio del derecho de réplica consagrado por el Art. 6o de nuestra Constitución, solicitamos atentamente se publique la presente en el mismo espacio donde se publicó la nota de referencia el día de hoy.

Atentamente,
Presos, ex presos y procesados en el contexto de marchas y manifestaciones en la Ciudad de México entre 2012 y 2015

Amnistía a los presos políticos de la Ciudad de México

libertad2

Desde el 1o. de diciembre de 2012 se vive en la Ciudad de México un periodo de particular represión hacia los movimientos sociales y hacia la ciudadanía en general, caracterizado por el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública. Si bien la represión es una constante en la historia de nuestro país, particularmente desde esa fecha se ha documentado un esquema de uso masivo de las fuerzas policíacas locales y federales para responder ante problemáticas sociales con violencia. Además de lo anterior se ha hecho un uso arbitrario de las leyes para criminalizar y judicializar a quienes participan en distintas luchas sociales.

La expresión más evidente de esta situación ocurre en la represión al derecho a la protesta, es decir, las agresiones policiacas que han sufrido numerosas marchas, plantones y otras expresiones de descontento en nuestra ciudad desde la llegada al poder de Enrique Peña Nieto. Ante el descontento surgido de las decisiones gubernamentales como son las llamadas Reformas Estructurales o de las constantes violaciones a los derechos humanos, el gobierno capitalino y federal han respondido con más violencia con un resultado, desde diciembre de 2012 y hasta diciembre de 2015, de 405 personas detenidas arbitrariamente, 192 consignadas y 91 procesadas en el Distrito Federal, entre otras víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos.

La represión es contraria a los principios democráticos asentados en las leyes. En cambio, tiene el propósito de ocultar el descontento, fomentar el miedo entre la sociedad y configurar un “orden” que sólo beneficia a unos cuantos mientras la gran mayoría es obligada a acatar decisiones que no representan ni sus necesidades ni sus intereses. La falta de diálogo público ha contribuido a generar cada vez más impunidad, violencia y violaciones de derechos humanos. Los casos denunciados por organismos nacionales e internacionales son la muestra de que, sin diálogo público, se crean más condiciones para actos criminales cometidos por particulares y violaciones de derechos humanos realizadas por el Estado.

De las 405 personas detenidas arbitrariamente en la Ciudad de México durante el periodo mencionado, 5 aún continúan en prisión:

  1. Jesse Alejandro Montaño Sánchez, detenido en el preámbulo de la protesta en contra del primer informe de gobierno el 1 de septiembre de 2013, sentenciado a 7 años de prisión.
  2. Abraham Cortés Ávila, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013 y sentenciado a 13 años de prisión.
  3. Andrés Pérez Rosales, detenido en la marcha conmemorativa del 2 de octubre de 2013, sentenciado a 13 años de prisión.
  4. Luis Fernando Bárcenas Castillo, detenido en la marcha contra el incremento del precio del boleto de metro, el 13 de diciembre de 2013, sentenciado a 5 años de prisión.
  5. Luis Fernando Sotelo Zambrano, detenido en el contexto de la marcha por el caso Ayotzinapa el 5 de noviembre de 2014 y sentenciado a 33 años de prisión.

Además de los mencionados aún continúan bajo proceso, con la amenaza de ser detenidos y llevados a los reclusorios, casi un centenar de personas detenidas arbitrariamente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha documentado el uso faccioso de las fuerzas policiales y de los instrumentos legales estableciendo que existen constantes en la violaciones de derechos humanos cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), así como numerosas irregularidades en la actuación de los juzgados que dependen de la autoridad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por lo cual ha expedido las recomendaciones 07/2013, 09/201510/201511/2015,  16/201517/2015 y 11/2016.

A raíz del estudio de los casos en las recomendaciones ha establecido que los cuerpos de seguridad locales actúan con arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza incurriendo en tortura y agresiones sexuales. La Comisión ha documentado que tal arbitrariedad se debe, en buena medida, a que los funcionarios actúan bajo prejuicios dentro de un esquema de criminalización a la juventud y a las personas que protestan. También ha documentado que la actuación de la policía cuenta con la aprobación o inclusive la orden directa de sus mandos. Otro punto importante es que se ha demostrado como la Procuraduría se dedica a fabricar los casos y a maquilar las declaraciones para que los detenidos sean consignados por delitos que no cometieron y participa sembrando pruebas u obstaculizando los procesos. Finalmente las recomendaciones demuestran que varios juzgados locales han incurrido en numerosas irregularidades al momento de llevar los procesos y han elaborado sentencias injustas.

Un punto fundamental de las recomendaciones  es el análisis legal de los delitos de Ataques a la Paz Pública (art 362 del Código Penal del DF) y Ultrajes a la Autoridad (artículo 287 del Código Penal del DF), el cual concluyó que son violatorios de los derechos humanos por lo cual la Comisión solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal su derogación. Esta solicitud se vio reforzada a raíz de que la lucha legal por la libertad de varios de los detenidos llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales ambos artículos el 8 de marzo de 2016, por lo que queda en manos de la ALDF la derogación o modificación de ambos artículos.

Esto, sin embargo, no ha ocurrido. En caso de derogarse inmediatamente se sobreseerían las sentencias dictadas en contra de todas las personas procesadas bajo estos artículos. No por ello debe pensarse que la libertad de las personas injustamente presas está cerca de lograrse por esta vía pues el contubernio de la SSP y la PGJ se ha dedicado a crear expedientes en los que constan pruebas falsas, declaraciones fabricadas y otros delitos para agravar las sentencias. Es por ello que, aunado a las derogaciones, se solicita la amnistía de los presos y los procesados.

La amnistía es un procedimiento que declara extintos los delitos imputados, es decir, elimina los delitos por los que se ha sido acusado. Es importante diferenciarlo del indulto, el cual es un perdón de la pena, es decir, que se reconoce la comisión del delito pero se establece que no se ejercerá la pena por el mismo. La amnistía sólo puede ser decretada por el poder legislativo mismo que establecería que las personas injustamente acusadas de los delitos de Ataques a la Paz Pública y Ultrajes a la Autoridad no cometieron tales delitos y que, por lo tanto, deben obtener su libertad.

En estos momentos se encuentra aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF una propuesta de Ley de Amnistía para las personas procesadas en el contexto de manifestaciones entre el 1o. de diciembre de 2012 y el 1o. de diciembre de 2015. Esta propuesta, además de beneficiar a todas las personas arbitrariamente detenidas y procesadas, propone brindar a la citada Comisión de la ALDF la facultad de conocer y revisar todos los procesos del periodo donde existan violaciones a los derechos humanos.

Esta medida puede constituir un enorme avance en la lucha por el derecho a la protesta y en contra de la acción autoritaria de los órganos políticos y policiales que han buscado acallar el descontento popular por la fuerza. Constituye, además, un enorme esfuerzo por dar fuerza y solidez al movimiento social que busca la discusión pública de las Reformas Estructurales y un combate real a la impunidad que gozan las instituciones del Estado que incurren en violaciones de derechos humanos.

Por ello es necesario exigir a los legisladores del Distrito Federal que aprueben esta iniciativa en discusión pues la libertad de los Presos Políticos y de Conciencia es una condición fundamental de una lucha social conjunta así como de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

¡Presos políticos libertad!

 

amnistia1amnistia2amnistia3 amnistia4

Ilia Infante, injustamente preso y encarcelado el 2 de octubre de 2013.

La contaminación del DeFe

Primero que nada, sí De-eFe, porque la tal Asamblea Constituyente es una farsa para intentar legitimar unas nuevas instituciones que siguen sin ser del pueblo ni servir al pueblo. En segundo lugar hay que aclarar este texto no hablará únicamente del Distrito Federal sin embargo le doy ese título porque es el espacio en donde la problemática ha alcanzado su mayor impacto político. Y en tercer lugar hay que declarar la Ciudad de México es, tradicionalmente, la región comprendida por el Centro Histórico y sus márgenes, hasta principios del siglo XX la ciudad era únicamente ese espacio. Hoy que las divisiones poblacionales se reducen a lo administrativo y la gran urbe se extiende por 16 delegaciones y 60 municipios yo considero a la Ciudad de México todo ese mounstro urbano sin diferencia alguna entre Distrito Federal y zona conurbada.

Pasando al tema que nos ocupa este día me he decidido a escribir esto porque se ha armado un enorme jaleo con la contaminación que aqueja al Valle de México desde el pasado 15 de marzo. La repentina crisis ambiental hizo paralizar una parte de los servicios, escuelas, actividades y por supuesto (intentar parar) una parte del parque vehicular de la ciudad. A partir de ahí los funcionarios del GDF han intentado aminorar el costo político de la emergencia acusando aquí y allá las responsabilidades del problema. Luego de unas horas de parálisis (neuronal) [1] el GDF encontró el discurso exculpatorio sobre el que se ha encontrado relativa concodia política: el problema es de la Megalópolis [2], es decir la contaminación en la Ciudad de México es producto no sólo de la Zona Metropolitana sino del conjunto de ciudades vecinas. Yo no sé qué tan viable sea esta teoría pero, efectivamente, cuando uno sube a las montañas que rodean el valle de México los tres valles que lo rodean y las sierras de Hidalgo tienen cada una su respectiva capa de smog. Este chivo expiatorio del gobierno local será la moda lo que resta del sexenio, sin embargo, las autoridades han variado este discurso dependiendo de las necesidades políticas y el momento social que se vive, por ejemplo: hace apenas dos años el gobierno consideraba la principal causa de contaminación a la vivienda [3].

En cambio para el grueso de académicos y organizaciones civiles el problema fundamental recae en la situación de la movilidad y el uso del automóvil. En torno a ello se ha discutido la viabilidad del transporte público, los planes de movilidad gubernamental que han privilegiado el uso del automóvil y la falta de alternativas de transporte ecológico eficiente con la respectiva inclusión en los planes de movilidad.

Lo que yo no me explico es ¿por qué ya no se cuestiona el problema del crecimiento urbano y la falta de planeación en la expansión de la metrópoli? ¿Es acaso porque tanto gobierno como organizaciones consideran que ese problema está desbordado y es punto muerto? ¿Es acaso porque es un tema políticamente sensible e incorrecto? A mí me interesaría a lo largo de las siguientes líneas enfocar el problema del crecimiento urbano y la necesidad de que tanto las organizaciones civiles como el movimiento social se integren a la discusión pública del crecimiento de la ciudad a partir del tema de la contaminación.

El planteamiento fundamental que hago consiste en los siguientes puntos: a lo largo de los últimos 15 años los tres órdenes de gobierno de las siete entidades que constituyen la megalópolis han impulsado un crecimiento urbano absurdo y mal planeado de las urbes, útil casi exclusivamente al gran capital de las usureras constructoras de vivienda. Así mismo el capitalismo ha impulsado una tercerización (es decir que la actividad económica preponderante es el sector de bienes y servicios en detrimento del sector primario agropecuario y el secundario industrial) de las actividades económicas que concentra los empleos en espacios mínimos. Al mismo tiempo el gobierno impulsa esta política de movilidad que privilegia el uso del automóvil y el transporte carretero. De estos tres factores tenemos dos consecuencias: primero un alto aforo vehícular que no puede ser resuelto por ninguna política de movilidad en el corto plazo, y segundo, altos tiempos de traslado entre las ahora llamadas ciudades dormitorio y los centros de trabajo así como entre las zonas de consumo final de productos y las zonas de oferta de bienes y servicios. El resultado final es una horrenda contaminación. El problema de la contaminación es fundamentalmente un problema de planeación urbana y no sólo de movilidad que es sólo una parte. A esto hay que añadir, posteriormente, los problemas derivados más puntuales.

Empecemos por el primero de esos problemas. El crecimiento de las urbes del centro de México, particularmente el de la Ciudad de México, se acelera luego de la explosión demográfica que inicia en los cuarentas aunado al alto índice de migración por la industrialización acelerada de aquellos años. Esta urbanización acelerada llevó al surgimiento de ciudades perdidas, barrios marginales, campamentos y colonias en los espacios intermedios a las diferentes localidades que se ubicaban dentro del Distrito Federal. También llevó a plantear la necesidad de un plan urbano a largo plazo que solventara los problemas de movilidad que se habían gestado. Fue durante la larguísima regencia de Ernesto P. Uruchurtu que el Distrito Federal se concibió como una gran urbe más que como una colección de pequeñas unidades administrativas que cobijaban la Ciudad de México. Por lo mismo se realizó el trazado del periférico, del Viaducto y de multitud de obras viales que se hicieron a costa de desalojos y despojos en aras del milagro mexicano. Así mismo se crearon corredores industriales específicos y se concentraron los mercados y zonas comerciales en instalaciones diseñadas expresamente para ello.

A mediados de los sesenta la población urbana continuaba creciendo y con la caída en desgracia política de Uruchurtu comenzó el plan para retirar finalmente el servicio de tranvías e impulsar las obras del STC Metro. Mientras tanto los viejos barrios y pueblos tradicionales empezaron a difuminarse en una mancha urbana que engullía todo y que, sin el control férreo del urbanismo de Uruchurtu, propició la apertura de una multitud de fábricas fuera de los corredores industriales pero con acceso a las vías primarias de comunicación construídas. Este proceso continuó básicamente sin alteraciones hasta los ochentas cuando el volumen demográfico de la Ciudad de México la hizo inviable, fue entonces cuando el temblor de 1985 reventó el vaso e inició un éxodo masivo.

Los daños sobre las construcciones habitacionales, así como en los edificios y las instalaciones fabriles llevaron a dos procesos: el primero un gran movimiento urbano que reclamaba el derecho a la vivienda mismo que hizo uso de la ocupación para construir una infinidad de proyectos de vivienda en los espacios mal urbanizados o rurales que restaban en la ciudad. Tales proyectos se enfrentaron a la falta de permisos, servicios y al abandono gubernamental a pesar de lo cual salieron adelante y constituyeron la gran urbanización del Distrito Federal. A pesar de ello los proyectos carecieron de muchos aspectos críticos de planeación lo que, junto con la falta de apoyos, creo colonias populares saturadas. El segundo proceso fue una política de desconcentración de las actividades económico administrativas que se encontraban en la ciudad comenzando la construcción de los centros fabriles por sector en el interior de la república y la desconcentración de oficinas públicas. De esta forma la actividad fabril en la ciudad se redujo a la manufactura y empezó el proceso de tercerización de las actividades económicas. Sobre esto hablaré más adelante.

La explosión demográfica empezó a frenarse hacia los noventas a pesar de lo cual no se detuvo la expansión de la ciudad. Hacia mediados de esa década el modelo de unidades habitacionales estaba consolidado y el modelo de vivienda de consumo impidió el regreso hacia los anteriores modelos de casonas o vecindades. Fue a mediados de los noventa cuando se volvió a pensar en la posibilidad de modificar el plan urbano promoviendo la urbanización acelerada de la zonas periféricas del Distrito Federal. Los municipios conurbados, que ya recibían grandes cantidades de nuevos residentes desde los ochentas, fueron vistos de pronto como una oportunidad de valorización del capital al modificar los usos de suelo y permitir que compañías inmobiliarias promovieran la visión de las unidades y conjuntos habitacionales apoyados por los gobiernos en turno que se hacían cargo del despojo y la urbanización invasiva. Coincidente con los cambios políticos del nuevo milenio, una cascada de modificaciones legales y planificaciones públicas impulsaron la creación de unidades habitacionales bajo el esquema probado de Ixtapaluca a lo largo y ancho del centro del país; particularmente en los municipios conurbados.

El proceso alcanzó su máxima expresión en el proyecto de las llamadas Ciudades Bicentenario, proyectadas durante el sexenio de Vicente Fox para ser llevadas a cabo a lo largo de los siguientes 15 años. Este proyecto contempló la urbanización de vastas áreas del Estado de México para construir las unidades habitacionales de pequeñas casas en batería que todos conocemos hoy en día. La diferencia con el proceso de urbanización del movimiento popular estriba en que las unidades fueron solamente un pretexto para la valorización del capital privado de las constructoras que, en complicidad con los intereses políticos regionales, despojaron de sus tierras a pueblos y campesinos para crear proyectos basura de vivienda económica lejos de las fuentes de trabajo.

La mayoría de los proyectos de vivienda popular de la crisis de los ochentas y noventas como los proyectos neoliberales de la primera década del siglo XXI carecieron de proyección urbanísitca. Lo que primero fue la concreción de una lucha por tener un espacio para vivir, que sin embargo carecía de la integralidad necesaria para construir entornos urbanos saludables, luego fue transformado por los intereses privados en un pretexto para el despojo y la venta de casas chatarra con créditos económicos pero no por ello menos eternos y con entornos urbanos igualmente igualmente enfermizos.

¿A qué me refiero con un entorno urbano saludable? Miles de años de experiencia en la construcción de entornos urbanos han brindado la experiencia para saber que las ciudades deben ser núcleos económico, administrativos y demográficos que funcionan de manera cohesionada atendiendo las necesidades de los habitantes. Esto es verdad a grosso modo inclusive en las condiciones de explotación del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo neoliberal encontró que solventando determinadas necesidades límite de movilidad podía externalizar el costo del acceso a las diferentes necesidades y derechos de la población creando estas ciudades satélite. El resultado es que las Ciudades Bicentenario, al igual que los asentamientos urbanos irregulares o producto de la urbanización acelerada carecen muchas veces de servicios, empleos, actividades comerciales suficientes y en general de todos los satisfactores por lo que se han convertido en ciudades dormitorio. Además suelen ser urbes parasitarias pues despojan de recursos a las comunidades originales sin participar de las actividades comunitarias ni devolver de alguna forma los recursos explotados. Un ejemplo claro de esta situación es Tecámac [4], la más cercana de las promisorias ciudades que se han mostrado como enormes fracasos.

Este proceso sería inimaginable sin el proceso de expulsión de personas que inició el GDF casi paralelamente con la publicación del tan mencionado Bando dos [5]. Más allá de acusaciones mutuas entre obradoristas y marcelistas es evidente que el Bando dos fue el inicio de un proceso de gentrificación de las delegaciones centrales. Originalmente se adujo que el propósito de la medida era la redensificación de las áreas urbanas despobladas por el éxodo anteriormente mencionado a través de proyectos de vivienda de interés popular, sin embargo, poco después, el proceso de cambio de uso de suelo dio la pauta para empezar la construcción de unidades habitacionales de alto precio. Uno pensaría que fue una mala jugada de algún aprovechado si no fuera porque también, en aquellos tiempos y entre otras medidas, la misma administración reactivó el Fideicomiso de la Ciudad de México el cual ha sido el principal organismo encargado de la planeación de la participación privada y transformación de la vida social y económica del Centro Histórico para beneficio de los grandes empresarios (mismo que actualmente amenaza al barrio y mercado de La Merced).

Dicho lo anterior podemos pasar al segundo punto. Por un lado tenemos que el GDF expulsa a la gente de los barrios y comunidades desde hace 15 años, mismo tiempo en que se han construido los desarrollos urbanos de los grandes usureros denominados Sadasi, GEO y otros de la misma calaña. Pero ¿qué ha pasado con las actividades económicas de la Ciudad de México? Durante el llamado milagro mexicano se promovió la industrialización pública y privada de México estableciéndose zonas industriales en varias de las delegaciones adyacentes a la Ciudad de México. Poco a poco buena parte de las ciudades perdidas se fueron construyendo alrededor de las fuentes de trabajo buscando acceder a oportunidades de empleo precarias. A finales de los años setenta e inicios de los ochentas se da un viraje en la concepción del desarrollo industrial basado en dos aspectos: por un lado la falsa promesa del milagro petrolero y, por el otro, la irrupción de las políticas neoliberales. De acuerdo al nuevo esquema se promovió la agrupación de la gran industria en unidades económicas y territoriales que facilitaran sus actividades. De esta forma grandes sectores industriales se desplazaron de la ciudad para seguir el modelo que ya tenían las industrias de automóviles y crear corredores industriales o parques industriales en estados de la república que les ofrecían oportunidades casi regaladas a base de despojos agrarios.

De esta manera la industria que quedó en el Distrito Federal fue básicamente la manufactura y la industria de productos ligados al sector de bienes y servicios. Este último sector empezó a experimentar un impulso creciente producto del fomento de la Ciudad de México (propiamente el Centro Histórico) como un lugar enfocado al comercio y al turismo junto con sus ramales a Chapultepec y la Avenida de los Insurgentes. En los últimos años el modelo de la gran industria ha cambiado la figura del parque industrial por la del cluster industrial pero el proceso de expulsión de la industria no se ha detenido, estimulado además por las normatividades que en materia ambiental promulgó tanto el Departamento del Distrito Federal (DDF) como su sucesor el GDF.

El sector terciario empezó a verse estimulado a través del ya mencionado cambio de uso de suelo. La urbanización de los grandes rellenos sanitarios de las cañadas de Santa Fe comenzó en los años ochenta a través del desarrollo del programa denominado Zona Especial de Desarrollo Santa Fe. El proyecto ha continuado durante 28 años dando como resultado una ciudad dentro de la ciudad dedicada a satisfacer las necesidades de servicios e infraestructura del gran capital sobretodo en lo que se refiere a sus necesidades financieras. Así mismo durante los últimos 15 años el GDF impulso el proyecto Corredor Urbano Turístico y Financiero Reforma [6] con el que se fomentó la creación de los edificios y corredores comerciales que caracterizan actualmente a esta calzada. Proyectos similares pero con diferentes magnitudes y resultados se han dado a lo largo de Avenida Insurgentes y de otros ejes viales. Como una de las últimas modas en desarrollo capitalista se han impulsado parques industriales dedicados exclusivamente a las actividades económico administrativas por lo que para efectos prácticos la tercerización de la ciudad es un hecho [7].

Otro aspecto a considerar es la concentración en la oferta de bienes como otra de las grandes fuentes de empleo y de la necesidad de formas de accesibilidad constantes. El Distrito Federal concentra  una enorme cantidad de la oferta comercial del país. Ya sean productos para el comercio informal, comercio no establecido o para el comercio regulado en cualquiera de sus formas, la mayor parte del abastecimiento de productos del centro del país e inclusive de otros estados pasa por los mecanismos de distribución y comercio dentro del Distrito Federal y su zona conurbada. El abandono progresivo de las actividades agropecuarias locales hace a la gran mancha urbana dependiente del sistema centralizado de comercio cuyo eje radica en torno a la Central de Abastos. Por otro lado los productos comerciales e industriales se distribuyen a partir de las bodegas fabriles, los mercados y centros de productos especializados y las zonas comerciales como el propio Centro Histórico.

Esta tercerización de la economía regional está ampliamente documentada. La perspectiva estadísitca del INEGI acerca del Distrito Federal realizada en 2012 [8] muestra que el 17% de la población ocupada del Distrito Federal se dedica a actividades del sector primario y 81% se encuentra laborando en el sector terciario, por su parte en el Estado de México estos indicadores son del 25.4 para el sector primario y 69.5 para el sector terciario. Estas estadísticas no deben tomarse al pie de la letra por dos condiciones: una no son un indicador regional por lo que las cifras del Estado de México deben dividirse entre la población del área conurbada del DF y la de la metrópoli de Toluca. Así mismo hay que considerar que el mismo informe no considera de forma específica qué porcentaje de la población económicamente activa (PEA) tiene por fuente principal de ingresos un empleo informal. A pesar de ello podemos considerar que la estructua económica regional depende de la oferta de bienes y servicios.

¿Qué actividades comerciales son preponderantes en el Distrito Federal? El mismo reporte señala que la oferta de maquinaria, mobiliario y equipo para actividades productivas está por encima al doble en el DF por sobre la media nacional. El segundo sector que se encuentra disparado al triple por encima de la media nacional es la venta de productos farmacéuticos, de perfumería, esparcimiento y electrodomésticos. La mayoría de las demás cifras siguen de cerca la media nacional excepto en el caso de la venta de artículos de abarrotes. La mayoría de esta oferta comercial se realiza a partir de la venta de productos que son almacenados y ofertados en el DF por lo que la actividad comercial gira en torno a la movilidad que se tiene entre la metrópoli entera y los centros donde se ofertan los productos.

Por su parte en el sector servicios el informe del INEGI señala como los tres porcentajes más altos por personas ocupadas a servicios de apoyo a negocios y manejo de deshechos con 24.7%, servicios financieros y de seguros con 17.2% y servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos con 12%. Al menos dos de estas actividades están concentradas en torno a fuentes de empleo centralizadas de acuerdo a las necesidades de generación de ganancia del capital y es una, la de servicios financieros, la que constituye más de la mitad del valor agregado censal bruto de las actividades del sector. Es decir que la mitad de la derrama económica de servicios depende de la capacidad de generación de ganancia donde trabaja solamente el 17.2% de las personas que están en el mismo sector de servicios.

¿Dónde se localizan estas actividades productivas y comerciales que son el eje de las actividades económicas y de la generación de empleo en toda la región? Para ello quiero citar un trabajo de análisis llamado Nuevos patrones espaciales en las derramas de empleo en la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) publicado en la Scientific Electronic Library Online [9]. Si bien este trabajo hace referencia al periodo comprendido entre 1993 y 2004, por su extensión demuestra la tendencia de concentración de la oferta laboral en torno a la tercerización de las actividades económicas de la ZMCM. Los autores realizan cuatro mapas que muestran las aglomeraciones espaciales de forma estadística de las actividades económicas. El primero muestra el empleo manufacturero, el segundo la aglomeración del sector servicios, el tercero los clusters de clase técnica (entendiendo aquí actividades de carácter instrumental para la realización de actividades o mediciones programadas) y el cuarto para los clusters de clase creativa (entendiendo aquellos cuyas actividades dependen de la generación de contenidos o conocimientos). Si consideramos que estos indicadores son coincidentes con los años en los que se estaba realizando la planeación de las Ciudades Bicentenario podemos observar que ¡únicamente en el caso de Zumpango las áreas geográficas de planeación urbana y crecimiento económico coinciden! Por supuesto no podemos olvidar aquí que otro de los grandes proyectos impulsados por el neoliberalismo es la creación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya sea en los llanos de Texcoco o, como actualmente se construye, en el área del antiguo lago. La única explicación para el desarrollo de las zonas urbanas de Tecámac y Huehuetoca radica en que se tratara de alimentar de mano de obra la expansión urbana que se daría por efecto de la creación de esta obra.

Me gustaría terminar esta parte citando el análisis estadístico de la población obrera que realiza Héctor Maravillo [10]  acerca de la dispersión de la población obrera en relación con las zonas industriales que aún existen en la ZMCM. En este trabajo Maravillo nos arroja importantes datos, por un lado un mapa donde podemos observar los principales parques industriales que es básicamente coincidente con lo que observamos en los datos del Gobierno Federal y el análisis antes mencionado. Las zonas fabriles se hallan concentradas en el norponiente de la ciudad destacándose Azcapotzalco alrededor de donde se localizan los patios de descarga de ferrocarriles de Pantaco; la zona de Naucalpan con acceso a la carretera a Querétaro y la salida Naucalpan-Toluca y la zona industrial de Tlalnepantla a Cuautitlán con acceso tanto a la carretera como a la vía férrea. Del lado oriente de la ciudad las zonas fabriles son más pequeñas pero destacan Ecatepec a la altura de Xalostoc y los corredores industriales en las inmediaciones de eje 3 de Iztacalco e Iztapalapa. Las demás fábricas se hallan medianamente repartidas por la ciudad o constituyen clusters emergentes como el de Ixtapaluca o el de Tepotzotlán.

Como hemos visto la expansión urbana producto de la búsqueda de vivienda y/o del negocio insensato del capital no coinciden con las fuentes de trabajo y de distribución de bienes y servicios. La ciudad se ha ido extendiendo hacia el oriente mientras que las actividades económicas se han concentrado reiteradamente hacia el poniente de la ciudad. Por lo anterior tenemos que examinar ahora lo siguiente: ¿cómo se conecta nuestra ciudad? ¿Cuáles son sus características viales y cuál es la política de movilidad que existe en esta región? Como ya mencioné con anterioridad, fue en la larga regencia de Ernesto Uruchurtu que los planes para crear vialidades modernas empezaron a llevarse a cabo. Este regente de hierro cayó en desgracia para el sistema político priísta y eso abrió las puertas para la construcción de las primeras líneas del STC Metro. Con el metro construído se eliminaron las últimas líneas de tranvías y se consolidó el sistema de trolebuses. A pesar de la existencia de varias redes de transporte público la ampliación de vialidades y la oferta comercial de la época provocó que en sólo 15 años se saturara nuevamente la ciudad.

Fue a finales de los setenta, con otro regente de hierro en el DDF, Carlos Hank González, que se decide iniciar la construcción de los ejes viales: un sistema de vialidades cuadricular que atraviesa la ciudad de extremo a extremo [11]. El proyecto transformó completamente la ciudad al impulsar el uso del vehículo automotor para abarcar grandes distancias. Las rutas del transporte público estatal, privado y concesionado fueron obligadas a transitar por estas vías lo que modificó sustancialmente las necesidades de movilidad de las personas. Así mismo la planeación del proyecto sufrió diversas modificaciones y fue muy irregular. Por un lado pueblos y colonias quedaron abruptamente divididos por decisión del gobierno que expropió y definió el trazo sin permitir objeción alguna; por el otro hubo zonas fabriles y administrativas en las que se modificó el trazo para no afectarlas o para beneficiarlas plenamente. En cualquier caso fue un proyecto enfocado en resolver la situación de congestión vial creando las condiciones necesarias para que se incrementara la flota de automóviles. Otro aspecto de este plan de cuadricular la ciudad era hacerlo compatible con el Plan Maestro del Metro diseñado en 1977 para que las obras pudieran realizarse sobre el derecho de vía que tenía el gobierno sobre los ejes viales sin necesidad de entrar dos veces en conflictos políticos y legales para la compra y expropiación de vialidades.

Desafortunadamente México es conocido por su falta de continuidad en los proyectos públicos una vez que los sexenios cambian. El proyecto Periférico y Circuito Interior ha tardado en terminarse cerca de 50 años, los ejes viales nunca fueron plenamente terminados y el Plan Maestro del metro ha sido modificado reiteradas veces, sobre todo a partir de los noventas. Particularmente la configuración actual de este sistema de transporte muestra cómo se ha privilegiado el acceso a las zonas céntricas de la ciudad, baste para ello ver la forma en que se diseñaron la línea 8, A, B y 12 lo cual aparentemente es en beneficio del trabajador pero al largo plazo beneficia únicamente a los empleadores que sólo esperan a que tengan posibilidades de movilidad los trabajadores sin poner de su parte en el proceso de una ciudad más horizontal e integrada.

La planeación de los ejes viales y del metro solamente consolidó el esquema de movilidad sobre una ciudad ya construida sin prevenir la expansión que se daría a partir de 1985, la cual ya era previsible considerando la urbanización que se daba de Ecatepec, Chalco, Los Reyes, Tlahuac e Iztapalapa. Cuando empieza la urbanización de estos lugares ninguno se halla dentro del sistema de ejes viales con excepción de Ciudad Nezahualcóyotl que fue un proyecto urbano específico (un antecesor de las Ciudades Bicentenario) y que, sin embargo, sufrió durante décadas problemas de servicios y accesibilidad hacia el interior de la Ciudad de México.

La explosión de la ciudad hizo necesario empezar a pensar a la ciudad como toda la mancha urbana que sobrepasaba los límites político territoriales. En 1988 fue instaurada la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana misma que fue ratificada en  2005 cuando se definió, de forma oficial, la Zona Metropolitana del Valle de México integrada por las 16 delegaciones del DF, 59 municipios del EdoMex y 1 municipio del estado de Hidalgo. Desde entonces y ante la necesidad de movilidad tanto para los habitantes como para las mercancías que transitan por el centro del país se han ido abriendo nuevas vialidades y proyectos de modificación de las existentes. Particularmente los más importantes han sido la creación de segundos pisos en Periférico y en la carretera México-Querétaro. Otro elemento importante en este esquema ha sido la construcción de pasos a desnivel en las intersecciones de ejes viales y vialidades que conectan el EdoMex con el DF. El segundo elemento es la creación del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y otras vialidades en el Estado de México para desviar el tránsito pesado que se mueve entre las diferentes ciudades centrales rematado por el Arco Norte. Sin embargo la conexión al DF sigue estando centralizada por las grandes vialidades tradicionales: la salida de Eje 8 y Calzada Zaragoza con sus ramales a Texcoco y a Puebla. La salida Oriente que se divide en el ramal de Avenida Central hacia Ecatepec, la salida a Texcoco y Calzada Zaragoza. La salida norte por la autopista de Pachuca y Teotihuacán. La salida norponiente que tiene acceso a la vía Naucalpan-Toluca y a la Carretera a Querétaro. La salida poniente hacia Toluca por autopista o Carretera y la salida sur hacia Cuernavaca. Todos estos son nodos cerrados que cada día empeoran por el aumento de automóviles y de transporte público. Todos necesitamos entrar y salir de la ciudad básicamente por los mismos puntos y usando los mismos ejes viales (aquí podemos encontrar un análisis de estas vialidades cuando aún eran proyectos). La ciudad está saturada de vehículos automotores.

¿Por qué todos estos desarrollos favorecen el uso del automóvil? Porque el transporte público concesionado (y también el público) únicamente se encarga de conectar las áreas habitacionales con los centros de trabajo. No existe una red de transporte que permita conectar diversos puntos de la ciudad de manera horizontal ¡porque la ciudad no es horizontal! Como hemos visto los trabajos y las zonas comerciales se concentran en determinados puntos hacia los cuales se dirigen casi todas las rutas de transporte. Al verse imposibilitados de tránsitar cómodamente las personas optan por el automóvil y el gobierno fomenta esta situación por segunda vez al construir más infraestructura vial destinada a vehículos automotores.

Salvador Medina Ramírez es un economista y urbanista que se ha dedicado a estudiar y difundir la problemática que representa la política regional en torno al medio ambiente y la motorización. Su aplicación al Valle de México de la noción de motorización inducida [12] demuestra que la construcción de vialidades más amplias y más estacionamientos en lugar de liberar las vialidades promueve que se llenen de más carros. Así mismo ha demostrado que las políticas de movilidad y vivienda de las dos entidades han contribuído a la compra masiva de autos obteniendo, entre otras, la conclusión que sostengo aquí: “Se requiere abandonar la planeación urbana segmentada de la ciudad” [13].

Otros especialistas han señalado desde hace muchos años el fracaso de los programas ambientales particularmente del famoso Hoy no circula. Ya hace algunos años cuando se implementó el programa en día sábado surgieron muchas voces que indicaban que el programa sencillamente era un fracaso desde su origen a finales de los ochentas. Como paliativo puede funcionar (aunque no pocos académicos han puesto en duda su capacidad real para disminuir la emisión de contaminantes [14]) pero a largo plazo estimula el uso del transporte público contaminante y estimula la compra de más autos [15]. Otro aspecto necesario de considerar es que todo ámbito administrativo que es creado, no para asegurar la efectiva satisfacción de un derecho, sino para asegurar a una minoría el ejercicio de una prerrogativa se convierte en el ámbito para dos posibilidades: la corporativización de la sociedad para fines electorales o el espacio ideal para que prolifere la corrupción. Las políticas ambientales y viales han sido el más claro ejemplo. Las últimas modificaciones a la normatividad automovilística trajeron como consecuencia una ola de amparos insensatos promovidos por el PAN y por MORENA para los automovilistas cuyos autos eran modelo 2005 y anteriores; por el otro la corrupción ha sido la norma tanto en verificentros como en las corporaciones policiacas.

Esta situación se agrava por dos motivos. El primero es que el esquema laboral y de negocios del transporte concecionado está basado en el modelo hombre-camión que sencillamente causa contaminación, explotación laboral y serios riesgos para los pasajeros como se ha demostrado ampliamente en Guadalajara. La ventaja para la Ciudad de México es la existencia de las vialidades anteriormente descritas y de la existencia de múltiples formas de transporte público paraestatal o estatal. En los últimos años el problema del hombre camión se ha tratado de solucionar con el sistema de Metrobús el cual ha sido replicado en el Mexibús y el Tuzobus pero se encuentra igualmente rebasado tanto por el hecho de que recorta un carril a los ejes viales como por el hecho de que es incapaz de brindar un transporte de calidad a la gran cantidad de personas que se desplaza diariamente entre el centro y las afueras de la ciudad.  Estos problemas pueden resumirse en lo siguiente: el gobierno no crea una cultura del transporte público solamente solventa necesidades de transporte.

¿Qué implicaría crear una cultura de transporte público? Primero que nada ayudar resolver los problemas laborales de los choferes de rutas concesionadas, en segundo lugar fomentar a través de campañas el uso del transporte público y, ante todo, no usar el transporte público paraestatal (metro, suburbano, metrobus y mexibus) como una medida neoliberal para destruir el sistema de transporte público conformado por el Sistema de Transporte Eléctrico y la Red de Transporte de Pasajeros (esta última con toda una historia que no nos debe hacer olvidar las lecciones heredadas del cierre y la represión a la extinta Ruta 100).   El gobierno no cuida los Trolebuses ni el RTP, ha protegido algunos ramales bajo pretextos de transporte o ecología como fue el corredor ecológico Eje Central, pero en otras partes de la ciudad el RTP casi ha desaparecido y muchas líneas de Trolebus se encuentran abandonadas. Tampoco existe una campaña para ser servidores y usuarios responsables del transporte público fomentando la cultura cívica necesaria para su uso (el ejemplo más simple es que está prohibido bajar y subir pasaje pasando la calle pero esta medida se deja a la discrecionalidad de los agentes de tránsito para morder a los choferes del transporte concesionado).

Mucho se discute sobre la necesidad de renovar y “poner en cintura” las flotas de microbuses, particularmente por parte de los automovilistas que sufren el castigo de las medidas paliativas de los gobiernos locales. Pero esa es una falsa confrontación. El mercado del transporte constituye una mafia explotadora entre las secretarías de transporte y los concesionarios, la asignación de programas para la renovación de autobuses no es pareja y para los choferes que trabajan por cuenta propia la capacidad para obtener un crédito es casi nula. Lo único medianamente bueno ha sido el progresivo abandono de las unidades de baja capacidad de carga sin embargo no es una solución integral porque las nuevas unidades suelen ocasionar problemas viales al ingresar a las colonias, barrios o pueblos.El sistema hombre-camión es un mercado minorista y, como tal, padece de los problemas del capitalismo explotador sobre los pequeños sectores y de la corrupción de las instituciones mexicanas; todo ello a pesar de ser un sector de interés público.  Sin embargo el gran dolor de cabeza con el transporte concesionado (y también con el paraestatal y estatal) es la enorme cantidad de contaminantes que expulsa y es que este es un proceso irreversible. Menos personas en autos son más personas en camiones y los camiones están exentos de no circular aparte de ser unidades con muchos años sin el mantenimiento apropiado.

Recientemente se ha impulsado el uso de la bicicleta como la gran panacea en el transporte pero esta es una falsa esperanza. Como también ha demostrado Salvador Medina en su artículo Bicicletas, ¿la revolución urbana que no será? [16] la bicicleta es un pretexto político para otra medida neoliberal: la gentrificación de los espacios públicos. El discurso de ciclistas contra automovilistas es otro conflicto falso y creado para servir a intereses de mercado. La bicicleta no puede solucionar las necesidades fundamentales de movilidad del grueso de la población, puede ayudar a crear espacios con distintas formas de transporte y movilidad, distintas dinámicas de traslado, pero no puede ayudar a que las personas se trasladen cotidianamente a sus trabajos en una ciudad donde más de la mitad de la población trabajadora recorre distancias que oscilan entre los 15 (considerando localidades en Iztapalapa, Neza, Tlahuac o la Gustavo A. Madero) a los 40 kilómetros (para quienes ingresan provenientes de Tecámac, Cuautitlán, Texcoco o Chalco). Actualmente uno de los ejemplos en torno a la mala aplicación de programas de infraestructura urbana para el ciclismo se tiene en la delegación Benito Juárez donde el proyecto de ciclopista ha afectado la movilidad de las calles y avenidas y, antetodo, se ha realizado sin tomar en cuenta las necesidades de los negocios comerciales que suelen dedicarse a la carga y descarga de productos.

Estas innovaciones en materia de mobiliario urbano para convertirnos en una ciudad moderna han demostrado estar pésimamente planeadas. Dos ejemplos son claros: los semáforos con retardo para cruce de peatones y el mobiliario urbano para acotar cruces peatonales. Desde que los instalaron en la Calzada Ermita Iztapalapa las filas de vehículos han aumentado hasta el doble en horas pico al reducir carriles y entorpecer la circulación. Por un lado crean puentes para agilizar la circulación y por el otro colocan mobiliario para entorpecerla. Por si no fuera suficiente el GDF reduce la velocidad de circulación en todas las vialidades al mismo tiempo que estimula el uso del auto.

Queda finalmente por hablar del gran nuevo chivo expiatorio del GDF: la megalópolis. ¿En qué medida este mounstro urbano donde habita la tercera parte de la población nacional es culpable de la crisis ambiental en una de sus partes? Me fue imposible encontrar en línea investigaciones ambientales acerca de la relación que existe entre la polución de las otras ciudades de la megalópolis con la del Valle de México en específico. A pesar de ello este enfoque no es nuevo, ya lo había usado Alejandro Encinas cuando fue Jefe de Gobierno para decir que la contaminación provenía de los clusters industriales de Pachuca y del EdoMex. Hace unos días los integrantes de la Comisión de la Megalópolis (absurdamente los gobernantes de las entidades) se reunieron y básicamente le dijeron al Jefe de Gobierno que el problema no era suyo. Que los indicadores de contaminación no estaban relacionados y que lo único en lo que podían apoyar era cuidando la normatividad de los autos que transitaban hacia la Ciudad de México [17].

Es difícil valorar estas palabras exculpatorias de los demás gobernadores. Por un lado, y como mencionaba al principio, los demás valles (particularmente Querétaro, Toluca y Puebla-Tlaxcala) se encuentran sumamente contaminados por su propio parque vehicular; por otro lado precisamente las zonas intermedias están llenas de parques industriales [18 para observar los registros oficiales]; finalmente se encuentran las pruebas de la entrada vehícular. Tanto Pachuca como Morelos padecen altas tasas de desempleo que arrojan una cantidad considerable de personas día con día al DF mismas que están dispuestas a realizar 4 horas o más de viaje diario o semanal con tal de conseguir un trabajo, baste para ello observar las personas que piden aventón en la salida a Cuernavaca o el redituable negocio que tiene la empresa Pullman de Morelos en la terminal de autobuses de Taxqueña, misma situación que se repite en la salida hacia Pachuca vía Morelos o autopista y en la Central de Autobuses Norte. También tenemos una importante entrada de vehículos con productos comerciales al Distrito Federal que concentran la distribución de bienes. Habría que obtener indicadores y estudios específicos de estas problemáticas pero dudo que sean la parte nodal del problema. La contaminación del Valle de México es prioritariamente una responsabilidad del EdoMex y del Distrito Federal.

El diagnóstico de movilidad 2007 [19], con el cual se intentó justificar el diseño y construcción de la línea 12 del metro (entre otras medidas) no se ha actualizado hasta la fecha aunque no por ello ha dejado de ser estudiado. Sus conclusiones como las mías son quizá demasiado obvias para quienes las vivimos día con día pero no dejan de ser importantes para la planeación de políticas públicas, movimientos sociales y para la mejor comprensión de lo que sucede en nuestro entorno social. La configuración de la ciudad es ineficiente para un transporte adecuado independientemente del medio que sea, el análisis de los datos de movilidad indica una saturación de las vialidades en horas pico por la propia configuración geográfica pero también por la configuración de los horarios de actividades laborales y escolares como demuestra de José María Casado sobre datos de la misma encuesta de movilidad [20]. La ciudad no es solamente un espacio geográfico que puede ser medido de acuerdo a indicadores salariales, de servicios, de empleo u otros. También es un espacio con una dinámica temporal que afecta activamente su eficiencia en términos de movilidad. La Zona Metropolitana también es ineficiente en ese aspecto y todos lo vivimos cotidianamente cuando pasamos la barrera de cinco minutos que definen si cabemos en el metro, en el camión, o sencillamente tenemos que esperar hasta cuarenta minutos para poder abordarlo.

Hace ya casi un año se le dio mucha publicidad a un estudio denominado Los costos de la expansión urbana: aproximación a partir de un modelo de precios hedónicos en la Zona Metropolitana del Valle de México, realizado por José Alberto Lara Pulido y Gabriela Estrada Díaz de la Universidad Iberoamericana. A mi parecer el uso que se le dió fue el de tratar de justificar nuevamente la necesidad de crear más vialidades y acelerar las existentes por medio de las medidas que se tomarían con los cambios en el programa Hoy no circula y el Nuevo Reglamento de Tránsito. A pesar del malicioso uso que se le dio creo que el estudio hace hincapié en lo que aquí señalo.

Exceptuando los especialistas en temas de urbanismo la mayoría de quienes opinan sobre el tema ambiental han seguido la pauta gubernamental de decir que el problema de la contaminación es un problema que se da entre quienes conducen un vehículo motorizado y quienes no. Eso es falso. Incluso suponiendo que empresas y gobierno pusieran todo su empeño en cambiar los vehículos de combustión interna por medios alternativos el problema de la movilidad no se solucionaría y otras formas de contaminación derivada aparecerían. Aún cuando se sustituyeran todos los camiones o se modificaran las políticas de transporte público (lo que sería un enorme adelanto en la solución del problema) tampoco se hallaría la esperada panacea citadina. El problema fundamental es la configuración de la ciudad, sus características económicas y geográficas así como su dinámica temporal y productiva. En los últimos 30 años el capitalismo neoliberal y sus figuras de poder han movido todas sus piezas para extraer ganancias por medio de la explotación y la corrupción, continuando el proceso de degradación ambiental que ya habían iniciado sus predecesores. Si no se crean y consolidan fuentes de trabajo, servicios, bienes, educación y esparcimiento en las grandes aglomeraciones urbanas construídas en los últimos 35 años la contaminación seguirá generándose en forma de basura, ruido, aguas residuales y, por supuesto, contaminación ambiental. Sólo la organización junto con el diseño de políticas urbanísticas eficientes puede revertir esta situación.

Si bien creo que los problemas político-sociales deben enfrentarse a partir de estudios y estrategias organizativas no quiero cerrar este texto sin hacer una reflexión acerca de la “comodidad del automóvil”. Uno de los grandes pretextos para no usar el transporte público es que este es ineficiente, incómodo, ruidoso, contaminante, etc. La gran alternativa es tener un flamante automóvil calcomanía doble cero o al menos cero. Pero ¿cuáles son las ventajas del auto? Poder asegurarse que va uno sentado es posiblemente una de ellas, la segunda que lleva uno la música que uno quiere y gracias al diseño de interiores de los modelos actuales puede, aparentemente, aislarse del mundo que le rodea. También que las cosas que necesite llevar uno, sean veinte cajas o una pequeña bolsa, pueden ir cómodamente ocupando su espacio sin el temor de que se vayan a caer, estorbar o vaya a ser uno víctima de la delincuencia. Además el auto permite no tomar múltiples medios de transporte y no tener que dar las vueltas por la ciudad a que obliga un sistema de transporte centralizado o con rutas surrealistas y finalmente poder estacionarse lo más cerca posible de su destino.

Todas esas supuestas ventajas son la muestra de que un sistema ideológico y comercial nos ha metido en la cabeza la idea de que una forma de vida es mejor porque incluye determinados comportamientos. A pesar de que esas condiciones puedan darse la mejoría es solamente aparente ya que el automovilista viaja más estresado, está expuesto cotidianamente a la contaminación, cae en una lógica de movilidad individualista y casi siempre agresiva y, por supuesto, incrementa la contaminación en varios sentidos. De hecho las más de las veces no hay lugares para estacionarse a precios accesibles en las zonas céntricas y el Distrito Federal y el Estado de México encabezan las listas nacionales en robo de vehículos. Los seguros contra accidentes y contra robo constituyen un impuesto obligado que beneficia a particulares y que distan de ser bajos. La opción es arriesgarse a las mordidas, la corrupción y a la degradación mayor del entorno social y ambiental de nuestra ciudad.

Con ello no quiero decir que la bicicleta, la motocicleta o el transporte público sean mejores. Cada uno tiene sus deficiencias en una ciudad donde el problema de movilidad, como ha sido mi intención demostrar, va más allá de en qué nos desplazamos. El problema es ¿por qué y cuánto nos desplazamos? La ciudad necesita ser horizontal y democrática y los grandes desplazamientos deben dejarse al esparcimiento y no al ejercicio de nuestros derechos. De todas formas pensemos dos veces antes de hacerle gestos al transporte público.

Atte Ilia Adad

 

[1] http://www.animalpolitico.com/2016/03/8-culpables-y-8-soluciones-al-problema-de-la-contaminacion-alta-en-el-valle-de-mexico/

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_regional_del_centro_de_México

[3] http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/07/06/907550

[4] www.redalyc.org/pdf/748/74833911006.pdf

[5] https://salvolomas.wordpress.com/2014/07/21/norma-31-es-sacarse-la-loteria-puri-dixit/

[6] http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/105703.html

[7] https://shailarosagel.wordpress.com/2010/07/31/df-dice-adios-a-la-manufactura/

[8] http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-df.pdf

[9] http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362010000400006

[10] http://elcomunista.nuevaradio.org/?p=1363

[11] http://www.movimet.com/2013/02/la-cd-de-mexico-df-origen-de-ejes-viales/

[12] http://www.letraslibres.com/blogs/trafico-inducido-mas-calles-mas-trafico

[13] http://labrujula.nexos.com.mx/?p=305

[14] http://www.fisica.unam.mx/personales/hgriveros/docu/10-HoyNoCircula.299122533.pdf

[15] http://somoselmedio.org/blog/tozoonpolitikon/el-programa-hoy-no-circula

[16] http://horizontal.mx/bicicletas-la-revolucion-urbana-que-no-sera/

[17] http://www.milenio.com/estados/Hoy_No_Circula_Hidalgo-Francisco_Olvera_contaminacion-Megalopolis_contaminacion_0_709729342.html

[18] http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_del_estado

[19] http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/1diagnostico.htm

[20] http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-487.htm

 

 

Trabajadores y zonas de trabajo

http://cuencavalledemexico.com/informacion/cuenca-del-valle-de-mexico/aspectos-economicos/

Movilidad

http://www.animalpolitico.com/blogueros-transeunte/2014/11/12/hacia-una-estrategia-de-desarrollo-orientado-al-transporte-para-el-df/

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-487.htm

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/2906.htm

Megalópolis

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico

ciudadanosenred.com.mx/htm/areas/6/economia_9.pdf

http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/las-fallas-de-las-ciudades-bicentenario.html

Pobreza y oficios: computadoras.

 

qwe_download

Hace 16 años, cuando empecé a estudiar más acerca de la reparación de computadoras, este sector se perfilaba, en todos sus ámbitos, como una de las más grandes promesas profesionales. El hecho de estudiar computación en cualquiera de sus ramas prometía otorgar un empleo y un ingreso seguros, sin embargo con los años esta afirmación se ha convertido en algo muy relativo. Sin lugar a dudas el mercado y los campos donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se están aplicando han aumentado exponencialmente durante los últimos cuarenta años y esa curva de crecimiento está lejos de detenerse. Incluso algunos estudiosos le dan el nombre de tercera revolución industrial. Sin embargo es necesario preguntarse cuáles han sido las consecuencias de esta industria.

Varias de las consecuencias sociales y ambientales ya son evidentes y han sido profusamente denunciadas. El proceso productivo que inicia en las minas de países pobres para extraer materiales semiconductores o hidrocarburos termina en los tiraderos tecnológicos de China y África y a lo largo de todo el proceso deja, en su mayoría, una estela de problemas causados por la explotación, la corrupción, la delincuencia, los monopolios, el consumismo, entre otros factores.

Esto no quiere decir que la tecnología pueda y mucho menos deba verse como un enemigo de la vida y bienestar humano. Desarrollada como parte del conocimiento tecno-científico, impulsada por el mecanismo productivo y de mercado capitalista y aprovechada por un sin fin de actividades humanas, las TIC han potenciado las capacidades humanas hasta límites insospechados. Y aún cuando muchas de esas capacidades son éticamente discutibles y moralmente reprobables también han permitido generar mecanismos de resistencia y proponer respuestas éticas y políticas importantes aun en el mismo campo de estas tecnologías. En este texto me quiero centrar, sin embargo, en un punto rara vez contemplado por la gran crítica a los problemas de las industrias digitales que es el problema laboral generado en las partes intermedias del proceso y, particularmente, en las carreras técnicas relacionadas con la computación en el centro de México.

Desde hace veinte años existe en México un discurso acerca de los beneficios laborales de las TIC. Durante buena parte de los ochentas y los noventas este discurso consistió en promover las carreras relacionada con las ingenerías en computación y programación que permitieran ir implementando las nuevas tecnologías dentro de las grandes empresas y el gobierno como clientes inmediatos. Ya en los noventas y a principios del nuevo milenio el discurso se trasladó a las licenciaturas y carreras técnicas que permitirían crear una fuerza de trabajo necesaria a medida que se expandiera el uso de las TIC a los pequeños consumidores. Finalmente a lo largo de la última década hemos visto como se ha puesto de moda el promocionar la enseñanza de computación a niños y adultos con tal fuerza que incluso se ha vuelto un capital político aprovechado por los distintos niveles de gobierno y las organizaciones partidistas.

Podemos observar que la introducción de la educación digital no fue transversal en nuestro país sino que obedeció a una planeación que privilegió al gobierno y las empresas y que ha dejado de lado desde entonces a la población en general. Propiamente se creó primero un mercado de las TIC antes de empezar a educar a la población en su uso y beneficios. Esto parecería natural desde una perspectiva comercial pero desde una social y productiva no lo es. La falta de una educación adecuada y de programas públicos adecuados generó un mercado descontrolado y consumista que suele ir en contra de nuestros bolsillos, que genera un ejercicio indebido del erario y que al final sólo beneficia a las grandes marcas comercializadoras. De todo esto me gustaría ocuparme en otro artículo.

A mediados de los noventa y ante los tratados de libre comercio se empezaron a comercializar de forma masiva las computadoras de escritorio en México y se amplió de manera masiva el mercado. Poco después se promovió la creación de carreras técnicas que fueran en consonancia con esa ampliación del mercado y que fueron promovidas como la nueva panacea laboral. Cuando inició el año 2000 las computadoras eran un mercado en auge a tal nivel que se empezaron a crear nuevos referentes en torno a la distribución de productos o componentes. Hasta ese entonces el referente local único en el DF era la conocida Plaza de la Computación que en ese entonces tenía ya 13 años en funcionamiento.

Por otro lado el impulso de la educación técnica en TIC es el resultado de las modificaciones en el esquema educativo mexicano, particularmente en el conjunto de reformas que se inició en 1992 y que han seguido ocurriendo hasta nuestros días (una importante modificación se dió en 2008). Este proceso, en lo que respecta al sector al que me refiero, se dio a través de dos mecanismos: el primero fue obligar a las escuelas públicas a que incorporaran planes de estudio sobre estas materias acordes con las necesidades del mercado emergente, sin embargo, el problema fue que no se hicieron planeaciones integrales y la población de bajos recursos fue dejada de lado. El segundo mecanismo consistió en la infinitud de institutos, escuelas y universidades privadas de diversa calidad que se abrieron como parte de las reformas y en los cuales se instauraron y promocionaron las carreras relacionadas con TIC como formas rápidas y eficientes de obtener empleo.

Hoy está muy en boga ese discurso de las pequeñas y medianas industrias o negocios (pymes) tan promocionado con el marketing de Pepe y Toño o el cínico discurso de la microempresa y el autoempleo. En esta óptica se busca enfrentar el desempleo a través de convencer a las personas que el pequeño negocio es una alternativa plausible para solventar sus necesidades económicas. Este modelo donde hasta quien vende tamales es empresario es un mito y está ampliamente demostrado. Las carreras sobre tecnologías digitales no sólo forman parte de este esquema sino que, en buena medida, fueron pioneras en ello ya que fueron constituidas en momentos donde el neoliberalismo se estaba institucionalizando como política empresarial y de Estado, por lo que sus programas fueron construidos sobre la lógica de que tenían que crear una fuerza de trabajo flexible y móvil que pudiera solventar las necesidades del mercado emergente.

Los programas de estudio en este campo impartidos por la educación pública o privada suelen carecer de la preparación necesaria en materias sociales, cívicas y humanísticas que enriquezcan su desempeño profesional. En cambio, suelen verse acompañadas de una empañada de materias administrativas que carecen de calidad y que no muestran la realidad legal, fiscal, hacendaria, económica y de mercado que enfrentarán cuando intenten enfrentarse al mundo laboral. En cambio incorporan todo un discurso sistemático aunque no evidente de sandeces motivacionales en tono a la relación entre el individualismo y el empleo bajo la conocida fórmula de que el cambio del propio modo de vida está en uno mismo.

En lo que respecta a sus contenidos técnicos la calidad suele ser muy dispareja aún cuando los programas sean similares. Tanto las escuelas públicas como privadas suelen sufrir de una profunda desigualdad en torno al acceso a los materiales necesarios, la disponibilidad de profesores capacitados y la cantidad de horas teoría/práctica que se imparten en los planteles. Esas desigualdades se dan por factores como la ubicación de la escuela, la población hacia la que va enfocada, los costos de ingreso, los planes de estudio, etc.

¿Cuál es la realidad hoy de la mayoría de egresados de carreras técnicas relacionadas con TIC? Hay empleo, es verdad, ya que como dije anteriormente la curva de incremento de mercado dista de frenarse. Pero este empleo está basado comúnmente en el empleo informal, la subcontratación, la flexibilización laboral, los bajos empleos, el comercio informal, la piratería, la estafa y otras encantadoras joyas por el estilo. Particularmente en torno al armado, la reparación y el mantenimiento fueron apareciendo en barrios y colonias múltiples negocios o anuncios que ofrecían estos servicios ofrecidos por pequeños talleres que subsisten con mucho esfuerzo y que, más comúnmente, se inclinan por la diversificación de sus servicios al abrir un lugar de renta de computadoras u ofrecer la reparación de celulares y otros aparatos. En el empleo formal esta formación no es común ni bien remunerada ya que se oferta como personal de apoyo a profesionistas encargados de estas áreas o terminan sencillamente empleados por negocios precarios en el sector de ventas.

Este esquema de producción, educación y empleo fomentado por las empresas y los gobiernos, aun cuando pueda ser un paliativo para las personas, es un verdadero crimen y tiene nefastas consecuencias. En este empleo no es raro encontrar clientes que se quejan de sus experiencias con otros técnicos. A algunos les roban las piezas, les realizan sobrecobros, estafas, quedan insatisfechos por el servicio, etc. Los talleres técnicos suelen cobrar por la revisión del equipo (algo que a mi modo de ver es poco ético) para solventar la falta de entradas e imponer tarifas muy desiguales por sus servicios.

Esta situación se ve agravada por las características funestas del mercado tecnológico oficial. Particularmente escandalosas son las graves deficiencias que tienen las empresas de marcas reconocidas para dar cobertura técnica la cual se basa mayoritariamente en la sustitución física del equipo dentro del periodo de garantía. Las grandes compañías como HP, Toshiba, Samsung, entre otras suelen solicitar al consumidor que pague los costos de envío al extranjero de los equipos para poder darles mantenimiento, en su defecto tienen acuerdos de mantenimiento con talleres de mediano tamaño que cobran sus servicios a precios exhorbitantes. Al final de cuentas los consumidores pagan el precio: se encuentran a la deriva después del plazo de seis meses o un año de garantía sin poder hacer nada más que recurrir a pequeños talleres que no siempre tienen la posibilidad técnica de brindar soluciones integrales. Los compañeros técnicos independientes sufren de la falta de ingresos, de material y herramienta, la dificultad de poder actualizarse y realizar prácticas así como de las diversas vicisitudes referentes al mercado de insumos y la capacidad económica del cliente.

Claro que las TIC no se reducen al pequeño consumidor de productos de cómputo pero sin duda son una parte muy redituable del proceso. Cuando uno abre un catálogo de productos electrónicos, acude a alguna tienda minorista o realiza una cotización en línea suele encontrar productos de baja gama ya que por cada computadora de alta gama se venden decenas de equipos económicos que buscan alcanzar al grueso de la población mexicana. A esta demanda tecnológica del consumidor habitual mexicano hay que sumar la de celulares, tablets, consolas de videojuegos, equipos de comunicación, equipos electrónicos para contenidos multimedia, dispositivos para la reproductibilidad de contenidos y por supuesto los servicios de telecomunicaciones (televisión, radio, internet y telefonía). Todos ellos tienen, aparte de su dimensión laboral, económica y funcional, consecuencias ambientales (contaminación y manejo de deshechos), legales (los problemas inherentes a la piratería y la fayuca), entre otros.

Sabemos que no es algo exclusivo de aquellos que nos hemos dedicado a este campo técnico. En general la rama de servicios es el amortiguador económico del capitalismo actual y sufre de dificultades similares sobre todo en aquellos casos que involucran oficios relacionados con la compostura de bienes. Ya sean zapateros, sastres, plomeros, carpinteros, reparadores de aparatos o mecánicos todos ellos luchan por mantenerse en pie contra un sistema de producción y consumo que se esfuerza acrecentar la venta de productos terminados y hacer que las personas se tornen clientes dependientes y consumistas. Ahí, para muchos rubros, se ha instalado la lógica del compre, use y tire con todas sus desagradables consecuencias.

¿Podemos revertir esta situación? Es una buena pregunta que sólo tendrá respuesta cuando los intentos al respecto hayan rendido frutos. Pero podemos ir haciendo algunas anotaciones al respecto que no constituyen ninguna innovación ya que este no es un tema nuevo y se ha ido reflexionando a lo largo de los años.

En primer lugar hay que entender firmemente que las TIC han tenido su auge dentro del neoliberalismo y que por ende sus mecanismos de producción y comercialización son opresivos y explotadores. Tanto consumidores como trabajadores de este ramo debemos conocer y entender el proceso productivo de las computadoras para asumir sus consecuencias sociales, políticas y económicas. La educación en la materia va más allá de conocer los aspectos técnicos o utilitarios, debe estar acompañado de una conciencia en torno a la situación que vivimos y cómo somos partícipes de ella. Ahí es donde tienen mucho que aportarnos las ciencias sociales.

En segundo lugar hay que encontrar la manera de generar una mejor educación en torno a los aspectos generales de las TIC, su uso y su provecho. Por aspectos generales me refiero a muchos temas implícitos en el uso de estas tecnologías que no necesariamente caen dentro de los aspectos técnicos de la materia. Por ejemplo, en materia de salud física no se han incorporado como parte de los planes de estudio los temas acerca de las consecuencias a la salud por el uso prolongado de la computadora y medidas de seguridad. En materia de salud síquica y social también debemos hay mucho que discutir y enseñar en torno a las consecuencias anímicas y sociales que tiene el uso de las redes y los dispositivos. Y sobretodo hay que enseñar a la población a aprovechar las herramientas para que sean recursos efectivos en nuestro papel de ciudadanos con derechos, obligaciones y necesidades sociales específicas.

Otro rubro que he encontrado particularmente importante desarrollar en mis clientes se desprende de los anteriores y es el hecho de crear consumidores responsables de hardware y de software. Por esto no entiendo tan sólo entiendo a un comprador consciente del origen de lo que compra y de las consecuencias en su salud, en su entorno social y en el medio ambiente. También es necesario ir creando un consumidor crítico que tiene claro qué clase de producto quiere y para qué lo quiere. Alguien que no se pone pasivamente en manos del vendedor o del técnico sino que se mantiene, aunque sea someramente, informado acerca del mercado y sabe reconocer qué clase de productos se relacionan más directamente a sus necesidades. Esto reditúa no sólo en su bolsillo sino también en su entorno pues puede aprovechar mejor y durante más tiempo su equipo. Así mismo es necesario generar en el cliente una cultura del sofware en contra de los corporativos informáticos sin falsas condenas ni falsas promesas en torno a la piratería, expandir la cultura del software libre y del diseñado con una perspectiva social más amplia. Y esto no reditúa solamente en torno a los consumidores individuales pues ¿cuántos miles de millones de pesos del erario público se han tirado por la compra irresponsable de equipo y programas para dependencias públicas por falta de planeación o del personal necesario para mantener tales equipos funcionales? ¿Cuántos millones más por corruptelas y licitaciones amañadas?

Finalmente se necesita una educación técnica mejor planeada, más sistematizada, con mejores maestros, contenidos y herramientas. En primer lugar la tan pregonada educación en computación básica que promueven el gobierno y las escuelas privadas no es sino un fraude gigantesco en todo nuestro país. Es raro encontrar la escuela pública que tenga maestros de computación dedicados o suficientemente preparados y a pesar de que en los últimos años es cada vez más alto el número de escuelas con laboratorios de computación también es cierto que se carece del personal técnico y los recursos necesarios para mantener el equipo funcional y actualizado. Igualmente es raro que los programas de escuelas privadas, ansiosas a su vez por ver a los educandos como consumidores, den programas educativos completos para comprender qué es, cómo funciona y cómo operar un equipo a partir de las necesidades particulares y de las necesidades sociales.

En segundo lugar está el desarrollo de las carreras técnicas u oficios técnicos, desde el secretariado que ya incorpora conceptos de informática en algunas escuelas secundarias o bachilleratos tecnológicos, hasta los propios técnicos en materias informáticas o relacionadas con las TIC. Hasta el momento en general los programas educativos giran en torno a moldes de carreras generales con una visión pobre del proceso. Como ya apuntaba líneas arriba las escuelas públicas sufren de enormes carencias técnicas y los programas carecen de aspectos formativos (véanse los programas técnicos de la DGETI o de los CONALEP). En cambio las escuelas privadas, particularmente las que prometen titulaciones técnicas, son profundamente dispares en la calidad de sus contenidos, la disponibilidad de material y la capacidad para tener maestros adecuadamente preparados. A diferencia de otras carreras técnicas que se han visto golpeadas por el embate neoliberal las carreras en TIC nacieron dentro de esta lógica que es necesario subvertir para crear técnicos y profesionistas bien formados y educados con visión social de servicio, capacidad técnica y con los medios a su disposición para seguir mejorando sus conocimientos.

Por nuestra parte, como personal especializado esencial para que todo este proceso funcione, nos hace falta crear algo mejor que esta pobre educación administrativa y de negocios. Nos hace falta destruir esta visión del micronegocio, de la pequeña y mediana empresa la cual, aunque pueda sernos someramente útil para sobrevivir, en realidad solamente sirve a los grandes empresarios para perpetuar el despojo que hacen a la sociedad. Hay que transformar nuestras formas de organizarnos para no ser uno de los eslabones finales de esta cadena de consumo, para mejorar nuestra competencia contra el gran capital pero no con el objetivo de sustituirles en el despojo sino con el objetivo de tener empleos estables, dignos y bien remunerados para vivir, en los cuales podamos dar un servicio de calidad a un costo justo y accesible. Es necesario crear talleres donde se puedan dar cada vez mejores servicios de mantenimiento, donde se puedan recolectar, reciclar y reusar materiales y componentes. También urge crear programas y centros de actualización técnica donde se puedan dar las prácticas necesarias, es evidente que no hay mejor escuela que el trabajo mismo con el cliente pero aún así deberían existir más oportunidades para poder mejorar el conocimiento técnico.

Hay buenas propuestas y oportunidades en varios lados pero aún carecen de articulación y alcance entre la población. Las mismas necesidades de las grandes empresas han obligado a ir abriendo espacios a todos los ramos de las TIC pero la cadena de la pobreza no se ha frenado ya que, incluso dentro de las premisas del capitalismo, el mercado corporativo impide avanzar en esta materia. Las computadoras siguen avanzando y así como el consumismo sigue incrementándose, la expoliación de recursos naturales también, la explotación de todos los trabajadores del ramo permanece y la sociedad mexicana como consumidora o usuaria no ha desarrollado una cultura digital suficiente que le ayude a que estas tecnologías le ayuden a mejorar su vida de forma integral. Esta es, evidentemente, una reflexión general acerca de los problemas pero en la cual trato de encontrar, al menos, hacia dónde deben apuntar las soluciones.

Atte Ilia Adad.

2 de octubre. Posicionamiento sobre recomendación 10/2015 CDHDF

Observaciones a la recomendación 10/2015 de la CDHDF referente a los hechos de represión del 2 de octubre de 2013.

Luego de dos años y medio sin recomendaciones en torno a la escalada de represión que se ha vivido bajo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la CDHDF por fin se ha pronunciado. Desafortunadamente las recomendaciones que ha expedido carecen de la precisión y la rigurosidad que justifiquen la tardanza. Desde hace ya más de dos años numerosas víctimas de la actuación ilegal del gobierno capitalino acudimos a la CDHDF buscando que se le diera a este tema la mayor importancia dada su gravedad y su relevancia social. Se nos dio como excusa de la tardanza la supuesta intención de sacar una recomendación global que evidenciara la mala actuación de las autoridades y la política de violaciones de derechos humanos que se estaba dando. Desafortunadamente luego de dos años lo único que tenemos son tres recomendaciones separadas que ven estos hechos como casos aislados y que no apuntan contra los verdaderos perpetradores que dirigen el gobierno local. Nos centraremos pues en la recomendación 10/2015 referente a los hechos del 2 de octubre de 2013 sin dejar de hacer notar que las otras dos recomendaciones tienen defectos similares que corresponde a las víctimas hacer notar.

La recomendación 7/2013 referente a los hechos del 1º de diciembre de 2012 enlista 22 puntos recomendatorios dirigidos a la SSP-DF, PGJ-DF, TSJ y Consejo de la Judicatura del DF, así como a la Secretaría de Gobierno del DF. En cambio la recomendación 10/2015 hace 17 recomendaciones en contra de la SSP, PGJ, TSJ y Consejo de la Judicatura, al Consejero Jurídico y de Servicios Legales del DF y a la Asamblea Legislativa. Salta en primer lugar que se omitan los puntos recomendatorios dictados en contra de la PGJ durante 2013 por la mala actuación de los Ministerios Públicos que consignaron a las víctimas así como la participación de la Policía de Investigación en los operativos y en las violaciones a derechos humanos.  En segundo lugar salta el hecho de que no se incluye entre las autoridades recomendadas a la Secretaría de Gobierno cuando la propia Comisión tuvo conocimiento de diversas anomalías y violaciones a los derechos humanos en los reclusorios en contra de los procesados y sentenciados. Así mismo es evidente la deficiencia en el estudio de las circunstancias políticas y el contexto de los hechos, mismo que se podría haber dado en una recomendación global bien hecha, misma que sirve para que se evada la responsabilidad de las Secretaría y Jefatura de Gobierno en los distintos hechos de represión. Ante la similitud de los hechos y su reiteración  es evidente que la escalada represiva es una política de gobierno dictada desde las oficinas de los más altos funcionarios capitalinos.

El propio contenido de la recomendación es un galimatías de equívocos y omisiones en torno a las circunstancias y casos englobados. La falta de una investigación seria y amplia respecto de los acontecimientos lleva a que se tomen en cuenta exclusivamente los datos provenientes de los expedientes recabados en las diferentes dependencias. Por ello se desdeñan las declaraciones de las víctimas de la causa 235/2013 quienes señalamos reiteradamente la participación de la PGJ en la selección y fabricación de los casos a consignar durante nuestra ilegal estadía en la Coordinación Territorial GAM 6. Esta omisión es mayor en tanto la comisión no recabó las pruebas que, por un lado, explicaban la tardanza en nuestra presentación y por el otro evidenciaban el conocimiento y participación que tuvo la Procuraduría en estos hechos.

Otro claro ejemplo es la exposición del caso 236/2015 de la víctima, hoy fallecida, José Alejandro Bautista Peña. Bajo el apartado de víctimas de violaciones a la integridad personal se hace referencia a la tortura a la cual fue sometido por las personas que lo detuvieron. Si bien esta tortura es un hecho comprobado por el Protocolo de Estambul que se le realizó, hay que señalar que la Comisión asume, sin presentar evidencia, que los agresores eran policías de la SSP capitalina sin hacer mención que tales personas estaban vestidas de civil y que jamás se identificaron. Meses más tarde pudimos identificar a uno de los agresores como parte del personal oficial que antecedía a la marcha del 10 de junio de 2014 portando radios y comunicándose personalmente con empleados del edificio de la Jefatura de Gobierno en el Zócalo de la ciudad. Este personaje fue fotografiado y tales evidencias entregadas a la Comisión sin que se realizara absolutamente nada al respecto y sobre lo cual no se realiza mención alguna en la recomendación.

Igualmente nos parece grave que no se realice mención alguna a las violaciones a derechos humanos en contra del inculpado en la causa 238/2013, también llevada por el juez 40 de lo penal, a quien detuvieron y desaparecieron por más de 12 horas miembros de la Policía de Investigación durante las cuales fue trasladado a instalaciones de la PGR, mismas que se negaron a recibirlo y por lo cual fue consignado posteriormente ante un MP en la delegación Iztacalco. Así mismo en su calidad de inculpado fue criminalizado ante los medios en voz de funcionarios públicos y actualmente se halla purgando una sentencia de 5 años en el Reclusorio Norte. Nos llama la atención de que, a pesar de encontrarse referido su caso en los anexos, no se haga ninguna referencia en la recomendación.

Hay numerosas deficiencias en el expediente de la investigación. Varias víctimas son omitidas de la recomendación y del expediente por no constar en los documentos oficiales. Por citar un ejemplo los casos de Arely Guerrero y Mónica Hernández, quienes fueron detenidas arbitrariamente y llevadas al Juzgado Cívico TLP-03 no constan en la recomendación a pesar de que sus casos son públicos. El motivo de esta omisión bien puede ser que la ilegalidad de las detenciones y los procesos subsecuentes hizo que no constaran en los archivos remitidos por los Juzgados Cívicos.

Estos son sólo algunos ejemplos de las graves omisiones y errores que contiene la recomendación y la investigación en la que se basa. Por desconocimiento de las características específicas de los casos y expedientes falta especificar aquí otros aspectos de la recomendación como son los referidos a la detención arbitraria y tortura de Mario Gonzalez y demás víctimas detenidas en la calle de Isabel La Católica. Es igualmente grave la falta de mención al caso de Gabriela Hernández cuya detención es producto de las falsas imputaciones con las que policías de la SSP tergiversaron los hechos de la noche del 2 de octubre de 2013 en la entrada de la agencia 50, mismos que se hallan grabados en video. En general la recomendación hace referencia a 57 víctimas de violaciones a los derechos humanos cuando la propia SSP reconoció 102 detenidos y las organizaciones de defensa de derechos humanos manejaron cifras también superiores al centenar de detenidos. Por ello es evidente que la recomendación deja sin analizar numerosos casos y acontecimientos de la misma fecha.

La investigación de la comisión adolece de graves deficiencias en torno al material y la evidencia que recopiló en dos años. No hay ni una referencia al material de las cámaras de vigilancia ni a las radiocomunicaciones de los organismos de seguridad capitalinos, tampoco se recabaron todas las hojas de fatiga  de la SSP y otros materiales fundamentales de la investigación.  Tales evidencias fueron solicitadas a las dependencias el 1º de diciembre de 2012 y lo recabado en ellas sirvió para sustentar y reforzar profundamente la investigación respectiva. En el caso de las víctimas posteriores una y otra vez se nos dijo que otro de los motivos de la tardanza en la emisión de la recomendación era el hecho de no contar con esos materiales que ya se habían solicitado. En tal caso nos parece grave que no se haga mención alguna a las razones por las que no se pudo acceder a tales pruebas ya sea por causa de un encubrimiento de las propias dependencias o por ineficiencia en el proceso de investigación. Sin ese material se incumple el derecho a la verdad que tiene la sociedad en torno a conocer los hechos y los perpetradores y, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos queda reducida a una mera consejería legal en la materia. Tampoco constan en el anexo las evidencias que proporcionamos las víctimas en nuestra calidad de coadyuvantes como son fotografías, videos y otros materiales.

Tales deficiencias se repiten en las recomendaciones 09/2015 y 11/2015 presentadas el 14 de septiembre de 2015 y consideramos necesario un estudio puntual de las mismas para evaluar la labor que realiza la CDHDF actualmente. Es imprescindible que este organismo se ajuste a estándares internacionales que le permitan cumplir su función a cabalidad sin permitir que los responsables de la actual política represiva queden impunes.

Finalmente hay que mencionar la opacidad con la que se presentaron las recomendaciones mencionadas. Si bien se avisó de último momento a las víctimas que serían publicadas, se nos dijo que “su presencia no sería necesaria”. Días antes se nos hizo de nuestro conocimiento una serie de aspectos relevantes que tendría la recomendación sin permitírsenos una lectura exhaustiva del documento. El 14 de septiembre de 2015, en un evento a puerta cerrada con la presencia de pocos medios, fue realizada conferencia donde se señalaron algunos puntos que se incluyeron. Afuera algunas de las víctimas solicitaron acceso a la Comisión señalando el expediente que venían a revisar bajo el conocimiento de que habría un evento público al respecto. A pesar de ello se les dio largas y se les impidió el acceso. Esta exclusión de las víctimas y el desdén a los datos que pueden aportar es la más grave falta que ha tenido la Comisión ha tenido durante la Presidencia de la Doctora Perla Gómez Gallardo, una política institucional que tiene que revertirse urgentemente pues sin las víctimas la Comisión es incapaz de retomar su función de defensa de los derechos fundamentales de nuestra sociedad.

La situación de los derechos humanos en la Ciudad de México presenta un retroceso innegable. La política de represión y militarización se ha extendido en nuestra ciudad a lo largo de los últimos años actuando premeditadamente en contra de la población y particularmente en contra de todos aquellos que luchan por el cabal cumplimiento de los derechos de la población. La Comisión tiene actualmente un serio retraso en la investigación y pronunciamiento en torno a los casos de represión. Si bien las tres recomendaciones emitidas se refieren a tres fechas emblemáticas, se deja de lado la actuación policiaca en fechas intermedias y se hace patente la falta de pronunciamientos en torno a todos los hechos de represión posteriores; falta la investigación y condena ante la presencia de civiles que participaron en las agresiones y las detenciones; los operativos de vigilancia contra agrupaciones políticas, luchadores sociales y víctimas; la criminalización de la población y de las diferentes posturas políticas; así como los casos quienes aún continúan injustamente presos por manifestar su posición política. Estos no son casos aislados, por el contrario: son parte de una estrategia de criminalización y judicialización de la protesta y la organización política. Una estrategia que se desarrolla a nivel nacional.

Por ello exigimos:

  • Investigaciones serias e imparciales en torno a la responsabilidad de las autoridades capitalinas en los hechos de represión y criminalización.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables.
  • Actuación plena y firme de la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno al cumplimiento de las recomendaciones 07/2013, 09/2015, 10/2015 y 11/2015.

¡Presos políticos libertad!

logo2oct

Acerca del libro El Mirreynato (spoilers)

Acabo de terminar el libro El Mirreynato del académico y periodista Ricardo Raphael. Puedo decir que ha sido una grata y amena lectura que invita, como muchos otros libros hoy en día, a reflexionar sobre el problema por el que atraviesa la sociedad mexicana. Aunque siempre me han llamado la atención las opiniones de este señor en el programa Espiral que conduce en Canal 11 del IPN, debo confesar que no me había sentido tentado a acercarme a sus textos por encima de ciertos artículos y de las investigaciones que realiza para los centros de investigación o dependencias donde trabaja. Sin embargo, luego de que fuera invitado a presentarlo por igual en espacios noticiosos como el de Carmen Aristegui o el de Carlos Loret de Mola y de haber sido recomendado por diversas publicaciones me sentí intrigado. ¿Qué puede contener este libro que le ha llamado la atención a tantas personas dentro de los círculos de análisis político? Pues luego de aguantar mi curiosidad durante varios meses al fin he podido conseguirlo y me ha gustado bastante y sobre el cual he reflexionado algunas cosas que hoy me gustaría exponer aquí reproduciendo además algunos pasajes centrales del libro. Desde luego yo aconsejaría que no por ello deje usted de leer este libro pues mi poco docta opinión no es garantía de nada y segunda porque le aseguro que vale la pena.

Soy de la opinión de que todos los años que el sistema político priísta gobernó al país (y los que se avecinan) dejaron una cultura política que nos constituye actualmente como mexicanos. Esa forma de hacer política es profundamente autoritaria y aunque los movimientos sociales desde hace 50 años la han denunciado y combatido con fuerza son pocos los que han logrado revertirla o anularla de forma efectiva. Los vicios de mayoritear asambleas, imponer personajes, corromper procesos y corporativizar movimientos (como algunos de los síntomas de esta enfermedad) se reproducen en todos los partidos, en casi cualquier organización sindical, en muchísimos movimientos, en no pocas organizaciones y en la mayoría de la sociedad mexicana. Los procesos políticos que han logrado horizontalidad y democracia son mínimos porque seguimos reproduciendo los mismos vicios políticos y porque estos se han acentuado en los grandes núcleos de poder arrastrando a una mecánica de corrupción, arbitrariedad y autoritarismo a toda la sociedad.

Ricardo Raphael sostiene una tesis similar pero mucho más amplia. Para él las élites económicas y políticas no sólo están corruptas en términos políticos. La decadencia ética y política, moral y legal, de quienes tienen el poder es tal que ha instaurado una forma de ejercicio de poder y mercado que llama Mirreynato. El motivo del nombre se halla en que para el autor la forma de comportamiento que caracteriza a aquellos que se hacen llamar “mi rey”  se ha convertido en el mayor símbolo de las aspiraciones y valores (o antivalores mejor dicho) a los que trata de arribar la pirámide social mexicana. Cada uno de sus excesos y sus ostentaciones, ahora tan documentados a través de las redes sociales, es la muestra no sólo del grupo que gobierna sino de la forma de pensamiento hegemónica de nuestro país.

A diferencia de la discusión política tradicional que observa la corrupción desde la estructura de las empresas y de las instituciones públicas y que desdeña como un “añadido ilustrativo” los comportamientos abusivos de las élites o de quienes buscan ser parte de las mismas, el académico señala que estos comportamientos son también formas centrales de este ejercicio de poder. Los actos de los mirreyes construyen la pirámide de poder alrededor de un concepto central: la discriminación. Aquí hay que señalar algo que me parece importante pero que no debe llevarnos a prejuiciar al autor: Ricardo Raphael es un autor de corte liberal. En su libro nos habla de cómo este régimen autoritario y exclusivo (en el sentido de que excluye activamente a otros) impide que la democracia se realice y de que el mercado al fin sea competitivo y productivo en nuestro país. A pesar de lo anterior (mejor dicho por lo mismo) no me parece en absoluto desdeñable (menos aún dada mi formación en filosofía) pensar la intrincada relación entre las ideas y valores que constituyen al mirrey. A partir de este extracto del capítulo inicial podemos darnos una idea de lo que pretende su autor:

El mirrey no pertenece a una tribu urbana más: se pretende la tribu elegida, la que se coloca por encima de todas las demás. Su estética y sus placeres, su ostentación a la hora de gastar, su exhibicionismo y su narcisismo suelen tener consecuencias. Es un personaje que intenta volar sobre lo que percibe como un pantano, y en el intento por no manchar su plumaje despoja al otro de su dignidad.
[…]
En contraste [con el junior o el fresa de anteriores generaciones], al mirrey contemporáneo lo tiene sin cuidado la ostentación pública. Todavía más, necesita mostrar cuanto sea posible para que el resto de la humanidad se entere de su naturaleza superior. Puede afirmarse aquí que el mirrey es el junior sin inhibiciones, sin vergüenza alguna que lo devuelva a la moderación. Es probable que el cambio ocurrido entre una y otra generación lo explique una sociedad que se volvió incapaz de establecer controles sobre su élite más pudiente y la corte que lo acompaña.
La prepotencia siempre ha existido pero hoy se hace notoria, lo mismo que la impunidad, la corrupción, la discriminación y la desigualdad; sin embargo, el síntoma de los tiempos es la entrega de garantías para incurrir en todo lo anterior sin pagar costo alguno. Habrá quien piense que la exhibición en redes sociales de los comportamientos mirreynales son una suerte de sanción. Pero, como la historia del Mirrreybook sugiere, esas mismas redes podrían estar potenciando el hambre de alarde y pompa entre los personajes aludidos.
[…]
No se mira en el panorama a otro sector de la sociedad -ninguna otra tribu urbana, grupo de interés, agente criminal, sector de la política- que represente mejor nuestros vicios más desagradables. El mirrey no está en el margen sino en el corazón de la vida mexicana…

Ahora bien desde los movimientos anticapitalistas la consigna fundamental es que el principio de acumulación de la ganancia lleva por sí mismo a una lógica de exclusión y explotación del trabajador. Para poder mantener el sistema capitalista funcionado el burgués debe encontrar la forma de convertir la naturaleza en un producto comercializable y disminuir el costo de producción debido a los salarios de los trabajadores.  Para los capitalistas (y los neoliberales claro) esto es un logro.  La lógica de mercado elimina los estamentos aristocráticos y convierte a los seres humanos en mercancías que pueden, supuestamente, transformar su condición económica a través de la movilidad social, la garantía de que esto suceda es la igualdad legal que existe en un sistema de voto representativo. De esta manera democracia y mercado se hallan estrechamente ligados. Evidentemente el capitalismo, aún en sus mejores exponentes, no ha logrado eliminar  exclusiones o las ha externalizado junto con sus costos. En muchos casos se jacta de haber introducido a mujeres, jóvenes y minorías dentro del sistema de mercado y del sistema de derechos aunque en general tal emancipación es limitada y depende de la permanencia en el mercado del grupo. Mientras tanto la sobreexplotación ecológica, colonialista y laboral se ha trasladado a otras latitudes diferentes a las de los grandes centros financieros.

A la par de esa explotación capitalista tenemos esta lógica de exclusión que ocurre en el Mirreynato y otras partes del mundo y la cual está corrompiendo en todo sentido las instituciones. Una reacción del conservadurismo bajo la óptica capitalista que retrocede más allá de los presupuestos de movilidad social del propio capitalismo (quizá como consecuencia del mismo lo cual es motivo de otra interesante discusión) y que impide la propia dinámica del mercado, atenta contra toda forma de sistemas de representatividad y obliga a toda la sociedad a un ejercicio de violencia excluyente constante que termina por hacerse norma. Este vicio o adversario (como se le quiera ver) del capitalismo y su “democracia” debiera ser motivo de discusión en toda organización social pues en México ha desembocado en un estado de violencia permanente y en Europa se atestigua como el ascenso de la ultraderecha al poder con tintes neofascistas.

Aquello que en otros textos he caracterizado como el autoritarismo priísta es para el autor del Mirreynato una faceta entre las muchas que tiene este sistema político económico como son la corrupción, la discriminación (por color de piel, la misoginia, por grupo laboral) o la violencia, entre otras. En todas ellas encuentra profundamente marcado el concepto de cierre social que retoma de Max Webber:

“[El cierre social es] la acción conjunta de las personas que acumulan las ventajas; este cierre es una estructura que sirve para justificar la inclusión y también la exclusión a partir de ciertas categorías artificales elaboradas por la inteligencia humana. El principal propósito del esfuerzo discriminatorio es perpetuar en el tiempo las ventajas de dominación que posee un grupo humano sobre otro: todos aquellos bienes valorados por el conjunto de la sociedad como de difícil obtención generarán pulsiones tendientes al acaparamiento, la salvaguarda de los intereses individuales y la marginación de todo aquel cuyo afán sea disputar lo que se considera propiedad del grupo aventajado.”

A la exclusión sistemática  de quien no forma parte de la clase empresarial que hace el sistema capitalista, tenemos que añadir esta versión prepotente de los criollismos locales que se cierra en torno a valores tan altos como el abolengo, el tipo de estudios, las influencias, la capacidad de consumo y derroche, el control político, el ejercicio del cohecho, el nepotismo, entre otros. Un sistema de dominación que se ratifica en los antivalores encarnados por sus versiones para las clases medias o pobres: la narcocultura, la misoginia del raeggetón, el chauvinismo profesional, el elitismo en contra de lo naco, lo indio, lo godínez, lo chairo, etc., todas ellas versiones del mirrey que buscan alcanzar las altas cotas de este último y que ven con menosprecio todo lo que les sigue en la escala social.

Este cierre social construido para perpetuar el sistema estamentario que se está construyendo en nuestro país no es una cuestión de valores individuales; Ricardo Raphael demuestra a través de cifras y datos duros cómo esos grupos de poder creado han logrado que el país se estanque siguiendo la línea de lo que el premio Nobel de economía James Hackeman vino a decir alguna vez: en México la cultura política y económica es la de un “capitalismo de amigos”. Por ello es también loable que mire contra los prejuicios que, en aras del capitalismo, nos han impuesto y que al mismo tiempo nos impiden ver que la realidad nacional ni siquiera opera con esos presupuestos. Como ejemplo está lo que expone bajo el apartado “El salario tiene la culpa” donde señala que a pesar de la popular creencia de que es el esfuerzo individual el que reditúa en conseguir un mejor ingreso las cifras lo desmienten. La presión que hacen gobierno y empresas para impedir elevar el salario mínimo en aras de la inversión y productividad de hecho está atentando contra esta última pues impide que las personas se desarrollen laboralmente. Así mismo existe por parte de los empleadores y del sistema de contratación un cierre social que encasilla a los trabajadores en torno a perfiles laborales e impide igualmente su desarrollo en otras áreas. Ambos factores condicionan a los trabajadores mexicanos para que muchos caigan en las garras infalibles del comercio informal.

Así mismo los prejuicios en torno al origen familiar, al sexo y a la edad hacen que los jóvenes y las mujeres sean víctimas de discriminación laboral con empleos mal remunerados en relación al salario masculino en edad productiva. Igualmente ocasiona que todas las personas en general se encuentren encasilladas dentro de su perspectiva laboral a partir de estructuras sociales condicionadas por el oficio de los padres, la conformación de su familia, el matrimonio, el fenotipo y otras características: “A pesar de los datos que en México y en el mundo cuestionan la existencia de una verdadera movilidad social, las personas se venden a sí mismas una ilusión disonante: creen que subirse al ascensor es un acto meramente de voluntad individual. […] Al parecer la evidencia científica nada puede contra la necesidad de engañarse a propósito de una circunstancia que resulta difícil de cambiar. Es mejor pensar que la flojera y no la cuna son la razón de la inmovilidad: al menos lo primero puede modificarse, mientras lo segundo no tiene solución.”

El núcleo fuerte del libro se halla precisamente en la demostración de que la exclusión y la explotación económica van de la mano así como en demostrarlo con cifras (aunque el mismo autor reconoce que faltan estudios más específicos sobre tales temas). Todo ello apunta al hecho de que la clase gobernante ha perdido toda legitimidad y que hay que reencauzarla a los límites de la legalidad y la moralidad acorde con los conocimientos actuales de forma que se recupere el tejido social y se elimine la discriminación. Es ahí donde el autor se detiene y no hace más que una endeble afirmación: “Si bien es cierto que el origen de los valores y la cultura siempre es impreciso, también lo es que ambos ruedan en cascada desde arriba hacia abajo. Por ello, no es barriendo los vicios del Mirreynato que existen en la planta baja como un día todo el edificio obtendrá mayor dignidad. Llegó el momento para que las cosas dejen de romperse por su lado más delgado”.

Aún suponiendo que el objetivo sea transformar y “democratizar” dentro de la lógica representativa al sistema político quienes hacen eso son las masas, los movimientos sociales, los cambios efectivos dentro de la cultura y las estructuras sociales. De tal manera que, independientemente de que existan algunas buenas voluntades dentro del grupo en el poder, de quien depende cambiar las cosas es de la sociedad organizada. El mirrey no necesita otra cosa sino imponer este poder autoritario y corromper a todos cuantos le siguen para perpetuar su poder pero son todos los despojados que le siguen los que necesitan encontrar formas de organizarse que implican nuevos sistemas morales y legales acordes a sus necesidades, coherentes y propositivos en torno a las exigencias actuales. La inundación de exámenes de confianza, pruebas y otras medidas a la clase trabajadora por parte de los poderosos no son un intento de romper el ciclo por su parte más delgada sino de legitimar la misma estructura de corrupción y despojo.

Evidenciar el crimen del poderoso se ha vuelto relativamente sencillo, al menos en los medios tecnológicos con que se cuentan para exponerlo públicamente; no así si consideramos que el poder tiene ahora tentáculos interminables en sus formas de corromper a la sociedad, para muestra de ello están los cinco ejecutados en la colonia Narvarte anteayer. Sin embargo una tarea titánica es la de exponer la desigualdad y la discriminación en nosotros mismos, en nuestros círculos sociales, entre las personas cercanas ya que corremos el riesgo de perder precisamente esos cierres sociales sobre los que hemos sido educados. Sobre todo si consideramos que un cambio en nosotros, como ya se apuntó, no cambia nuestra condición social de la noche a la mañana y posiblemente no lo haga durante toda la vida. El cambio social es gradual y al final de cuentas efectivo cuando la estructura social en su conjunto se ha modificado de manera suficiente.

Dado lo expuesto la invitación de Ricardo Raphael me parece inconclusa pero suficiente. Es un deber de la organización social evidenciar, denunciar y acabar con la exclusión de formas cada vez más integrales e inclusivas. Sin eso no podremos acabar con el Mirreynato o bien sólo lo sustituiremos con otro régimen de opresión y exclusión.

El canero #3: ilegalidad

El siguiente escrito es parte del número 3 de El CⒶNERO, Periódico Independiente de Combate, que es publicado por los presos políticos de la Ciudad de México. Hay que recordar que ellos, junto con otros reclusos, acordaron la conformación de la Coordinador Informal de Presos en Resistencia, misma que se declaró en huelga de hambre el 27 de junio de 2015 para denunciar públicamente las violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro del sistema penitenciario del DF ante el silencio cómplice de la CDHDF. Parte de esta Coordinación es también partícipe en la publicación de El CⒶNERO, periódico que han publicado desde el interior del reclusorio en colaboración con otros presos políticos y presos comunes.

Es imprescindible no olvidar que en la Ciudad de México aún se encuentran recluidos varios presos políticos producto de diversas represiones a marchas y protestas durante los últimos tres años. Esta represión se incrementó con las detenciones arbitrarias a diversos activistas cerca de sus domicilios por parte de policías federales que les imputaron delitos falsos. El caso más sonado fue sin duda el de Jacqueline Santana y Bryan Reyes quienes el pasado viernes 10 de julio obtuvieron su libertad luego de 8 meses de prisión.

Sin embargo aún quedan en las prisiones Fernando Bárcenas Castillo, Abraham Cortés Ávila, Jessie Alejandro Montaño, Luis Fernando Sotelo entre otros, además de que existen más de 30 procesos abiertos contra personas que han sido víctimas de la represión de Estado desde que arreció en el DF el 1° de diciembre de 2012.

Así pues este artículo es, en parte, un testimonio de lo que ocurre dentro de las cárceles; por otra parte es también una reflexión acerca de las mismas desde su vivencia inmediata y finalmente un programa de lucha contra la degradación social que existe por parte de este sistema opresor y represor, dentro y fuera de las prisiones. Al final pongo el pliego petitorio de los presos en huelga de hambre.


El Canero #3

ETAPAS DE LA CARCEL

Etapa de resistencia pasiva. (Apando / Estancias de ING y C.O.C.)

La primera etapa comenzó desde el ingreso al penal, en esos momentos mi mente comenzaba a asimilar la cárcel como un proyecto, como una oportunidad para construir un nuevo escenario de lucha y resistencia. Al principio me enfoqué pero las cosas fueron difíciles, no entendía cómo podía enfrentarme a un panorama tan adverso, tan poco cotidiano, tan miserable y con medios ridículamente pequeños para actuar.

En un principio me enfoqué en conocer el panorama y tratar de buscar alguna alternativa de sobrevivencia; la fajina fue uno de los problemas económicos, más grande; al día siguiente “me leyeron la cartilla” y me di cuenta de que habia una especie de complicidad entre las “autoridades” y algunos internos que funcionan como una subpolicía; algo similar a un equipo de operaciones parapoliciales que generan una auto-reproducción del sistema de corrupción…

La primera etapa de “iniciación” es “formarle a la fajina”, y pareciera ser un simple rito de castigo psicosomático que asociado al hecho de que el individuo ha ingresado a la cárcel y ha sentido esa ruptura con el exterior; la pérdida de esperanza y el sentido de marginación social, golpean las emociones de quienes experimentan esa etapa de tortura mental. Pero no solo se queda ahí, sino que al sostenerse dicha aplicación impúnemente por medio de la corrupción, inicia la explotación económica; el cuerpo del individux está limitado por el miedo y el terror psicológico que lo hace frágil ante un panorama adverso, lo hace susceptible, al robo y la violencia directa del sistema de criminalidad…

Al iniciar la “fajina” inicia otra etapa de tortura física y mental, es un trabajo forzado que debe hacerse con la intención de: degradar a las personas y hacerlas sentir humillación y miedo para que su voluntad se quiebre y obligarlo a que decida hacer cualquier cosa por dejar de experimentar el terror, dolor y humillación.

[La fajina como método de extosión (extracción de capital económico mediante el robo, el cohecho y la corrupción)]

Durante la fajina, había quienes no podían seguir, debido a la presión psicológica que ejercían sobre ellxs, con el fin de implantar terror, miedo, al sometido cuerpo del prisionero de recién ingreso… ésto sirve para dos cosas: Primero, para generar resentimiento en lxs sometidxs; segundo, para aprovechar la vulnerabilidad emocional de lxs sometidxs y extorcionarlos para que paguen lo que se llama “un rescate”.

Había quienes pagaban hasta $3000 para dejar de hacer la fajina, en mi caso, yo no tenía dinero y aunque lo tuviera, no estaba dispuesto a participar de ninguna manera para perpetuar su sistema de corrupción; desde el principio decidí marcar la línea, con el desconocimiento de las “autoridades” penitenciarias, asimilándolos como mis enemigos inmediatos en esta etapa de guerra en la que me tocó ser prisionero…

Siempre he hecho una distinción entre las maneras y modos de la ilegalidad y en este contexto serían dos alternativas, siendo que omitimos por excelencia la institucionalización como vía o alternativa coherente…

FORMAS DE LA ILEGALIDAD:

1) La corrupción: que es la via de la ilegalidad propuesta por el Estado que básicamente propone una “permisividad” para salir momentánea o constantemente del parámetro “legal” en complicidad con las autoridades y su silencio y respaldo, a cambio de un fin monetario; los “derechos” están a la venta y aquel que pueda adquirirlos, generará la idea de un “estado de privilegio”… Es entonces cuando la degradación del individux lo lleva a tener que aceptar ser reducido a un simple material productivo; atándolo a la esclavitud perpetua que le exige competitividad, porque así lo han moldeado, le han enseñado a ser un rebelde incompleto; a violentar a lxs débiles y a tolerar la violencia de arriba, a ser sumiso ante la “autoridad”; comvierte al individux en un animal domesticado que velará los intereses de su amo y saldrá a defenderlos cuando le sea demandado.

De esta manera la corrupción, al ser perpetuadora del sistema, no puede ser una vía de lucha, y mucho menos en la cárcel, pues aunque aparentemente “rompe con los esquemas de la “sociedad””, en el fondo no hace más que repetir los ciclos mismos y por lo tanto ayuda a su crecimiento y fortalecimiento, pues incrementa sus capacidades represivas; al ir coptando y/o comprando aliadxs que le servirán para mantener el panorama social controlado. Con esto descubrí que la corrupción crea lo que aquí se llaman “borregos”; que son quienes trabajan directa o indirectamente en complicidad con la autoridad, generando como máxima “todos los problemas entre presxs” que se reprimirán entre ellos y respetarán a la falsa autoridad.

2) Clandestinidad: que es la vía ilegal que propongo y trato de mantener en pie de la manera más coherente posible desde que puedo llamarme anarquista; consiste básicamente en moldear el panorama y moverse a través de la oscuridad de la ilegalidad pero sin mediador alguno, es hacer que suceda lo necesario para hacer posible lo mediocremente creído imposible.

Se trata de sostener tus principios y tu dignidad, de obedecer a nadie más que tú mismo, de ser incorrompible, incorruptible, de aceptar los riesgos y las consecuencias de tus actos de rebeldía, saberse libre y actuar por propia decisión con paso fiero y decidido.

De esta manera, creo que en estas circunstancias de reclusión, la mejor vía para desconocer la “legalidad”, así como suy funcionalidad y procedencia sin dejar de ser autónomo, es la clandestinidad; pues al negar y desconocer todo tipo de práctica autoritaria no la reproduces, sino por el contrario la atacas desde sus bases ideológicas; no hay tratos cordiales con las figuras que componen la clase gobernante del reclusorio, que como ya he declarado son mis enemigos…

Desde un principio he creído que el anarquista es sembrador por naturaleza; se ha demostrado con el autosustento colectivo e individual; también sabemos plantar bombas en edificios de gobierno. Pero, sobre todo, están esas semillas que se dispersan y germinan durante el transcurso cotidiano. Basta tener una determinación y constancia de sí mismo.

Por la libertad y la real solidaridad, porque hay un mundo mejor.

Sin título

Caricatura sobre el sistema dentro de El Canero #3


[Huelga de hambre] Por las siguientes reivindicaciones:

1) Cese a los malos tratos y la tortura en todas las prisiones ya sean de palabra u obra.

2) Cese a la represión silenciosa que ejerce la institución en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (C.D.H.D.F. )

3) Mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y/o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos.

4) Repudio total a las medidas de austeridad que se están implantando a nivel mundial, en las cárceles por la tendencia de intereses económicos y      políticos.

5) Aplicación del protocolo de Estambul por tortura a todos los internos.

6) Esclarecimiento y desistimiento penal sobre causa 148/201H ; del compañero sentenciado José Santiago Hernández quien fue sentenciado y encarcelado 8 meses antes de su mayoría de edad.

7) Que se guarde el debido respeto y consideración a los familiares de los presos cuando estos se hallen en los recintos penitenciarios.

8) No más enriquecimiento ilícito, con base a la explotación de los presxs.

9) No más enriquecimiento ilícito de los funcionarios con base a la explotación sexual de las internas en los reclusorios femeniles y varoniles.

10) Rompimiento a la relación de complicidad entre la administración y la unidad médica; no más negligencia y tratos inhumanos.

11) Abrir más espacios de recreación cultural y proyección artística, así como trabajos remunerados para los presxs; ya que los pocos que existen están elitisados  y condicionados por la administración.

12) Renuncia del personal que activamente conforma el Consejo Técnico en todas las prisiones del D.F. y generar los mecanismos necesarios para eliminar la corrupción y autoritarismo de la administración y custodia.

13) Que no se nos juzgue ni reprima por las actividades que tomamos en protesta, ya que siempre hemos sido incitados por el mal funcionamiento de la institución penitenciaria.

14) No más violaciones a los datos personales y correspondencia con fines de extorsión, secuestro, intimidación y decomiso de materiales informativos.

Así mismo denunciamos el aislamiento y la incomunicación que es practicada en contra del compañero Jessi Alejandro Montaño por llevar a cabo una jornada de lucha y resistencia para dejar marcada la línea de desconocimiento y rechazo a la autoridad penitenciaria. ¡Codo a codo con nuestrxs hermanxs cara a cara con el enemigo!

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡QUE NADIE SE CALLE, LOS PRESOS A LA CALLE!

¡LIBERTAD, LIBERTAD, A LOS PRESOS POR LUCHAR!

Seguramente los señores Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal; Daniel Alejandro Magaña Jimenez de la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno y Ángel Erick Ibarra Cruz Contralor Interno de la Secretaría de Gobierno estarán muy interesados en conocer las denuncias a las que hacen referencia los presos en huelga de hambre. Sobre todo cuando han estado tan ocupados recientemente con el tema de los reclusorios ya sea por el cese e inhabilitación del director del Reclusorio Oriente o bien por la investigación en torno a los custodios que traían un perro colgando del barandal de una camioneta. Así pues confío en que enviarán el llamado de atención procedente para que los consejos interdisciplinarios dentro de los reclusorios terminen inmediatamente las replesalias en contra de los internos por su labor de denuncia. En cualquier caso la población en general puede encontrar en los enlaces los números telefónicos de estas dependencias donde podrán informarse de qué se está haciendo al respecto.

La democracia sobre la dictadura – Samuel I. del Villar

Samuel del Villar, foto Arturo Guerra. La Jornada.

Samuel del Villar, foto Arturo Guerra. La Jornada.

Antes de entrar en materia…

La historia de la crisis de la política institucional en México bien puede remontarse al fraude electoral de 1988. Eso no significa que ahí haya tenido sus orígenes o que esté olvidando que tal crisis es el resultado de un proceso político y social mucho más amplio, complejo y antiguo. Sin embargo la específica importancia de 1988 radica, creo yo, en que la crisis política que se vivió entonces evidenció los problemas que experimentaban las relaciones y nociones de poder del sistema priísta, mismas que entraron en una decadencia acelerada desde principios de los ochentas cuando el grupo tecnócrata empezó a hacerse del poder. El fraude electoral de 1988 persigue la conciencia política de México a 27 años de haber ocurrido y, con toda seguridad, la perseguirá en las elecciones de 2018.

Como parte de la necesaria historia que hay que reconstruir cotidianamente para entender mejor el proceso del cual somos consecuencia y parte hasta el día de hoy es que transcribo este artículo que encontré entre otras antigüedades. La democracia sobre la dictadura es un texto importante por sí mismo ya que al mismo tiempo es un análisis legal, un recuento de hechos y una crítica a los eventos de aquel tiempo hecha en ese mismo momento. Así mismo su autor, si bien no formará parte fundamental de todo libro de historia, jugó un papel tristemente bufonesco pero relevante en la transformación política del país que quizá con el tiempo deba ser mejor analizado. Yo no comparto la postura del texto, misma que es propia de un abogado que se fundamenta de principio en el iuspositivismo y en sus valores liberales y que no realiza prácticamente ningún análisis social; en cambio, me parece loable su esfuerzo por hacer un texto conciso y crítico en momentos donde el futuro inmediato del país era incierto.

Esta reflexión fue publicada en seis entregas en el periódico La Jornada entre el 26 de septiembre y el primero de octubre de 1988 motivo por el cual especifico sus diferentes publicaciones con la fecha correspondiente a su edición. Por lo mismo el texto contiene reiteraciones aparentemente innecesarias pero que son perfectamente comprensibles a la luz de la forma de su edición original. Otras ediciones pueden ser encontradas en revistas especializadas como Modernización Política de Noviembre de 1988 que, desgraciadamente, no se encuentran en línea.  Al final del texto añadiré una semblanza de su autor que espero sea de mejor utilidad.


LA DEMOCRACIA SOBRE LA DICTADURA

Samuel I. del Villar

La Jornada

Primera entrega 26/09/1988

El 10 de septiembre de 1988 una “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados, y de la representación del pueblo de México, declaró a Carlos Salinas como “presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos” para el periodo 1988-1994. La integración de esa “mayoría” y su declaración se hizo ocultando los votos directos de los ciudadanos y sin el escrutinio de su mayoría efectiva que exige nuestra Constitución y la legalidad derivada de ella para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y declararlo como tal. El sustento de esa “mayoría” en el ocultamiento del sufragio de los ciudadanos mexicanos, y su control arbitrario sobre el aparato del Estado, sustituyeron a la soberanía del pueblo, a la Constitución y a la legalidad derivada de ella como fundamento para constituir el poder en México.

Sería impropio caracterizar al régimen político construido a partir de esa declaración como constitucional y como democracia. Si no fuese “dictadura sin adjetivos”, podría calificarse como “dictadura de la mayoría oculta” y/o de la “mayoría fraudulenta”. La alternativa a este régimen es el curso constitucional que irremediablemente conduce a la democracia.

Se ha pensado que la declaración de lo que seguramente pasará a la historia como el “albazo del 10 de septiembre de 1988” instauró la dictadura para que domine en México al menos durante los seis años próximos. En este ensayo busco razonar mi confianza en que la democracia y el bienestar económico y social derivado de ella prevalecerá sobre la dictadura, incluso si llega a consumarse su imposición el primero de diciembre. El ensayo se divide en tres partes que abordan, respectivamente, el establecimiento de la dictadura de la “mayoría” autodesignada, su desintegración y la transición a la democracia.

  1. La dictadura de la “mayoría” autodesignada

La Constitución y el albazo del 10 de septiembre

Dictadura en español quiere decir un gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la elección de Presidente será directa” (art. 81) y que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “erigirse en Colegio Electoral para ejercer las funciones que la ley le señala respecto de la elección de presidente de la República” (art. 71 fracc. I) La Ley Orgánica del Congreso General establece claramente las funciones respectivas: “La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para presidente de la República, para lo cual se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado” (art. 24).

La “elección” del señor Salinas no fue en esos términos. La declaración del 10 de septiembre negó la “elección directa” de los ciudadanos. Sustituyó la calificación y el cómputo del total de los votos emitidos en todo el país por la calificación y cómputo de “la información de la Comisión Federal Electoral” que propuso el secretario general del PRI, Manuel Camacho, el 6 de septiembre, como base para declarar Presidente Electo a Carlos Salinas. En esa ocasión el señor Camacho instruyó públicamente a esa “mayoría” en el sentido de que “condicionar la validez de los comicios a la apertura de los paquetes (electorales) no tiene fundamento legal”. El razonamiento para ocultar los votos contenidos en los paquetes fue que su publicidad, y el fundar en su conocimiento la calificación del Colegio Electoral, implicaría desconocer el cómputo hecho por la Comisión Federal Electoral (CFE). El razonamiento es absurdo.

El único fundamento constitucional y legal para declarar Presidente Electo son los votos directos contenidos en esos paquetes. La racionalidad constitucional y legislativa de dar intervención en la Cámara de Diputados para calificar la elección presidencial haciendo el cómputo de los votos es, precisamente, el riesgo de parcialidad y de fraude hecho por la CFE. Si el poder constituyente hubiese considerado que no hay riesgo significativo de corrupción en ese sentido de la autoridad electoral, que sus cómputos son necesaria e indubitablemente honestos, no hubiese previsto tal intervención constitucional de la Cámara de Diputados y su reglamentación no habría ordenado la remisión a ésta de los paquetes electorales y el cómputo de su contenido para fundamentar la calificación de la elección crucial a fin de constituir el poder público en México. La “mayoría” autodesignada de diputados al impedir, mediante el uso de las fuerzas armadas, el conocimiento y el escrutinio público de los votos populares a los diputados que así lo solicitaban, y al fundar su declaración de Presidente Electo en un cómputo hecho por otro poder ampliamente descalificado en la propia Cámara, negó la constitucionalidad y legalidad de su declaración.

Por más que declare esa “mayoría” sobre esas bases anticonstitucionales, y por más que informe la CFE, simple y sencillamente el señor Salinas no es Presidente constitucional electo de los Estados Unidos Mexicanos, si las declaraciones y las informaciones que lo califican de “presidente” no están sustentadas públicamente en la mayoría de votos efectivos de los ciudadanos mexicanos. Lo que no tiene fundamento constitucional ni legal es imponerlo por el 52.6 por ciento de los diputados sobre el ocultamiento de esos votos. Más aún si la integración de esa “mayoría” se obtuvo con base en los mismos vicios de calificación –cuya ostensible arbitrariedad llevó incluso a la renuncia del magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, Emilio Krieger.

El albazo del 10 de septiembre de 1988 no sólo quebrantó los mandamientos sustantivos de la Constitución y su legalidad. La Ley Orgánica del Congreso General establece un amplio periodo para que la Cámara de Diputados realice el cómputo de los votos de la elección presidencial: “la declaratoria –del Presidente- deberá emitirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se inició el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el año de la elección” (art. 24, párrafo segundo). Evidentemente, la racionalidad legislativa de establecer hasta dos meses para que la Cámara desahogue su responsabilidad constitucional de calificar la elección presidencial es lograr un escrutinio cuidadoso y un cómputo efectivo de la mayoría del total de votos emitidos en todo el país. Esto era particularmente significativo en la elección presidencial más reñida en la historia posrevolucionaria de México, y cuando una mayoría abrumadora (de cinco de los seis partidos políticos) representada en la Cámara de Diputados y 47.4 por ciento de sus integrantes reconocidos, oficialmente descalificó la información de la autoridad electoral, en vez de seguir la racionalidad de la ley, la “mayoría” comprimió al extremo de diez días el proceso de calificación, imposibilitando la realización del “cómputo” legal. La imposición de la “mayoría” de términos legales absurdos para calificar la elección presidencial, con base en un dictamen que se informó, ni siquiera fue elaborado en la Cámara de Diputados; fue una arbitrariedad ulterior para negar el sustento constitucional y legal de la “presidencia” del señor Salinas.

La explicación evidente del ocultamiento arbitrario de los votos de los ciudadanos es que sus resultados fueron contrarios a los que formuló la autoridad electoral. Sea porque el candidato releccionado por el Presidente no fue electo por los votos efectivos contenidos en los paquetes. Sea porque la magnitud de los votos fraudulentos fue tal que nulificó la elección presidencial del 6 de julio e imposibilitó la declaración constitucional de un Presidente Electo. El albazo de la “mayoría”, en vez de abrir, cerró las posibilidades constitucionales de que el señor Salinas ocupe la presidencia de la República, al impedir que el cómputo legal de la Cámara de Diputados mostrase a la nación que la voluntad soberana del pueblo mexicano lo eligió, si es que en realidad lo hizo. El albazo hizo de esa posibilidad, y de la del triunfo del ingeniero Cuahutémoc Cárdenas, meras especulaciones inverificables. El curso constitucional, que el albazo del 10 de septiembre pretendió obstruir ante estas circunstancias, es la elección de un Presidente interino por un colegio electoral de al menos las dos terceras partes del Congreso de la Unión, que tomaría posesión el primero de diciembre y la convocatoria a elecciones presidenciales democráticas a celebrarse entre el 10 de febrero y el 10 de agosto de 1989.

El albazo de la “mayoría” fraudulenta pone al rojo vivo la crisis constitucional que vive México a raíz del divorcio entre los resultados sustantivos de las elecciones del 6 de julio para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y su “calificación” por esa “mayoría”. Si la toma de posesión del sucesor del pre4sidente De la Madrid se diese conforme a los dictados de esa “mayoría”, se habrá impuesto en México literalmente una dictadura del fraude y la corrupción, obviamente rompiendo con el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda entrega 27/09/1988

México caería en “un orden de poder, más no en un orden jurídico que sólo puede ser el que crean los hombres en ejercicio de su liberad y de su soberanía” –en palabras de Mario de la Cueva, cuyo pensamiento es de lo más significativo para ilustrar sobre la crisis constitucional que vive México. El gran maestro y jurista mexicano, homenajeado incluso por su alumno Miguel de la Madrid, calificó en esos términos precisamente la ilegalidad de “la Constitución impuesta por un usurpador o por una especie de asamblea”, que lo mismo sirven para negar la juricidad del positivismo estatista de Hans Kelsen, que la juricidad de un gobierno constituido a partir de la declaración de la especie de asamblea “mayoritaria” del 10 de septiembre. Vale la pena referir el corolario del pensamiento de De la Cueva: “las ideas de régimen de poder y de soberanía no implican supremacía del poder sobre el derecho; únicamente el positivismo estatista defiende eso que podría llamarse el libertinaje jurídico del derecho injusto”.

Seguramente algunos pensarían peyorativamente con el Presidente De la Madrid que el pensamiento de De la Cueva corresponde al de un “académico de cubículo” –como muchos en la audiencia de su último discurso ante la asamblea de la CTM, en el que refirió el concepto e hizo la apología del corporativismo frente a la democracia-. Seguramente el desprecio de aquellos para un trabajo como el de De la Cueva por su falta de “realismo político” aumentaría si se les recordase que renunció a la dirección de la Facultad de Derecho de la UNAM a raíz de la decisión de otorgar el grado de licenciado en Derecho a Miguel Alemán Velasco cuando su padre era presidente de la República, por considerar que tal acto defraudaba la legalidad universitaria.

Tendrían razón en que De la Cueva fue un gran académico y en que para serlo tuvo que dedicar la parte más significativa de su vida a la concentración de su inteligencia en el conocimiento y reflexión sobre el ser y el deber ser del hombre en su biblioteca, que para el efecto es lo mismo que un cubículo. Con certeza no hubiese producido nada que valiera la pena si se hubiese pasado la parte más significativa de su vida asistiendo a reuniones como esa de la CTM, haciendo discursos improvisados en ellas y guiando su vida con una moralidad representativa como la del anfitrión presidencial del DF, Joaquín Gamboa Pascoe. Ciertamente no hubiese producido el Código Federal del Trabajo vigente, que ha sido infinitamente más significativo para el bienestar de los trabajadores de México que todas las asambleas, discursos y anfitriones presidenciales como ésos.

No tendrían razón de descalificar el pensamiento de De la Cueva porque es verdadero, porque no existe orden constitucional ni jurídico sin fundamento incuestionable en la soberanía del pueblo. La Constitución es en esencia la garantía de los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado. La efectividad del derecho a elegir a los propios gobernantes, a no ser gobernado reprimiendo o falseando la voluntad soberana del pueblo, es el fundamento del poder constitucional del Estado. La dictadura es, en síntesis, la usurpación de ese derecho por una persona o por un grupo de personas que en el caso se apoderan anticonstitucionalmente del poder del Estado y lo ejerce o lo ejercen arbitrariamente cancelando aquel y otros principios constitucionales de gobierno protectores de los derechos de las personas y de la sociedad.

Del supremo poder conservador al libertinaje jurídico.

El voto directo de la mayoría de los ciudadanos sufragantes es la piedra angular de la democracia constitucional mexicana. Incluso algunos constitucionalistas del país critican la democracia de Estados Unidos por el sistema de votación indirecta para elegir presidente a través de electores en un colegio electoral que eligen al titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el principio del voto directo en México se ha corrompido por el control “mayoritario” autodesignado del Colegio Electoral. Al desechar arbitrariamente los sufragios directos emitidos por los ciudadanos, su “calificación” de la elección presidencial ha usurpado a un grado extremo el derecho fundamental de los mexicanos de elegir a nuestros gobernantes que, a su vez, es la piedra angular de nuestra Constitución Política y de la revolución que le dio origen.

El orgullo de nuestro constitucionalismo por el sistema de votación directa se derrumba debido a la corrupción de la garantía que el Colegio Electoral debería ser para que prevalezca la elección del pueblo por encima de los fraudes en el proceso electoral, y de la corrupción de la autoridad electoral que los permite y propicia. En vez de ser el medio para la democracia que exige el pueblo de México en 1988, la “mayoría” en el Colegio Electoral ha degenerado retrotrayendo más de 150 años si naturaleza a una “especie de asamblea” parecida a la del “Supremo Poder Conservador” de las Bases Constitucionales instauradas por Antonio López de Santa Anna en 1836 al suprimir la Constitución de 1824. Lucas Alamán diseñó este poder como control de la “constitucionalidad”, estableciendo que “este supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones” (base segunda, art. 17). El primero de septiembre declaraba Octavio Paz que “el PAN debía mirar más hacia Lucas Alamán y menos hacia el Partido Republicano de Estados Unidos”. Independientemente de dónde esté situado el pensamiento político del señor Paz, el gran problema político no sólo del PRI sino de México, que subyace en la crisis constitucional que vivimos, es que la dirigencia priísta actual y la autodesignada “mayoría” en la Cámara de Diputados –y no las fuerzas democráticas del PAN- son quienes han atendido su recomendación de mirar hacia Lucas Alamán. Con el control del aparato del Estado han atribuido la soberanía del pueblo a un “supremo poder conservador” autodesignado como “mayoría”, que en realidad atropella el orden constitucional para garantizar los intereses ampliamente minoritarios de élites restringidas.

Incluso la evolución del sistema constitucional de Estados Unidos ha hecho que la institución del colegio electoral sea cada vez más una ficción por la atadura de los electores en el mismo con los candidatos presidenciales, cancelándose su discrecionalidad para elegir en contra de la voluntad de los ciudadanos que los eligieron. Por el contrario, los votos de los diputados-electores de la “mayoría”, el 10 de septiembre, se desvincularon abiertamente del voto de los ciudadanos sufragantes para imponer al candidato designado por el Presidente, sin fundamento democrático constitucional sustantivo.

Las dictaduras siempre se establecen y se justifican a sí mismas como los baluartes contra la “anarquía” que resulta del ejercicio de derechos constitucionales. En realidad el orden dictatorial no es fuente de Derecho y de un orden jurídico, sino que es fuente de anarquía o, en términos de De la Cueva, de un “libertinaje jurídico” que se funda en la negación de los derechos constitucionales de las personas y de la sociedad.

Por una parte, el candidato del PRI afirmó después de la declaración de la “mayoría”, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que “desterraremos el capricho y la arbitrariedad”. Por otra parte, el 14 de septiembre el CEN del PRI afirmó que el discurso pronunciado por Cuahutémoc Cárdenas Solórzano el mismo día en el Zócalo “lo coloca en franca ilegalidad… es evidente que a la oferta de un diálogo político democrático el ingeniero Cárdenas Solórzano responde con un abierto llamado a la violencia y con una disyuntiva notoriamente grave: ‘yo o la guerra civil’”. Lo único que es evidente es la falsedad, la arbitrariedad y la voluntad de cancelar las garantías constitucionales y de establecer el “libertinaje jurídico” que anuncian los suscriptores de ese comunicado.

Lo que hizo Cárdenas y quienes lo acompañaron fue ejercer sus derechos y libertades civiles de “manifestación de las ideas”, de “petición y de protesta”, de “asociación y de reunión” que garantizan los artículos sexto y noveno de la Constitución. Más aún, el texto de su discurso fue singularmente constitucionalista y legalista, rechazando expresamente cualquier incitación a la violencia.

Cárdenas hubiese podido autodesignarse “presidente electo” con base en su información parcial de la mayoría de las casillas electorales y en sus partidarios que le daban el triunfo, como lo hizo Salinas con base en su información y en sus partidarios. Pero no lo hizo, respetando el principio constitucional que exige una mayoría efectiva de votos contenidos en los paquetes electorales –que la “mayoría” en el Colegio Electoral impidió abrir- para la legitimidad del Presidente. Cambió su posición política de acuerdo con lo procedente para resolver la crisis constitucional provocada por la arbitraria declaración de esa “mayoría”. Pidió con todo respeto a Salinas: “si renuncia al cargo de Presidente Electo, que abriría el camino para restaurar legalidad y legitimidad constitucionales, al través de un interinato y la convocatoria para celebrar nuevas elecciones presidenciales” – de acuerdo con lo previsto en los artículos 84 y 85 constitucionales-. El medio de lucha política que anunció para “derrotar” la ilegitimidad se restringió al “ejercicio de los derechos que nos da la Constitución”. Anticipó la respuesta del CEN del PRI: “ellos –el partido de la corrupción- han roto la legalidad, se han puesto fuera del marco constitucional, y sólo ellos serán responsables de violentar la decisión popular de hacer valer el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes por la vía constitucional”. Hizo énfasis en que su curso político “no será rindiéndose a la amenaza y a la intimidación, ni cayendo ante la tentación del cohecho, ni por la violencia”.

Además de una pésima redacción, se necesita en verdad una mentalidad política anárquica y torva para escribir que ese discurso es “una disyuntiva notoriamente grave: “yo o la guerra civil”, “un abierto llamado a la violencia” que coloca a Cárdenas “en la franca ilegalidad”. Da la impresión de que quien escribió el escrito piensa que la amenaza, la intimidación, el cohecho y la violencia constituyen la legalidad, y que la legalidad y la guerra civil consisten en el ejercicio de los derechos constitucionales y en el rechazo a la violencia. También da la impresión de que esa mentalidad y el libertinaje jurídico derivado de ella, inspirarán al régimen “constitucional” de la “mayoría” autodesignada, o dictadura, que posiblemente se inaugure el primero de diciembre de 1988.

Tercera entrega 28/09/88

II.- La desintegración de la dictadura

Ha habido y hay dictaduras que se han establecido y consolidado política, económica y socialmente durante años, e incluso décadas, sin fundamentos en un orden constitucional y en el Estado de Derecho, derivado del mismo. Todavía el 6 de julio, el día de las elecciones, hubiese resultado inverosímil que México sufriría a partir del primero de diciembre “la constitución impuesta por un usurpador o por una especie de asamblea” -para usar los términos del positivismo estatista de Kelsen- en contra de los derechos políticos de los ciudadanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después del albazo contra ella que asestó la especie de asamplea de la “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados el 10 de septiembre, esta posibilidad dejó de ser inverosímil, aunque todavía nos cueste mucho trabajo aceptar que México vivirá en cuestión de semanas bajo una dictadura. Más aún si ella sostiene que la “franca ilegalidad” consiste en el ejercicio de los derechos constitucionales y en el rechazo a la amenaza, la intimidación, el cohecho, y la violencia, como lo anticipó el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI del 14 de septiembre. Sin embargo, bajo la hipótesis de que lo que resultaba inverosímil ocurriese, todo permite pensar que el “orden” del poder anticonstitucional e ilegítimo emanado de ello no podría durar mucho, ni -de nuevo en términos de De la Cueva- sus “mandamientos autoritarios impuestos coercitivamente, que pueden encontrar obediencia por temor a la coacción, pero sin obligar a la conciencia.”

Las estructuras políticas, como los edificios, se sustentan en las bases y no en las cúpulas, en los cimientos y no en los techos. El orden dictatorial en México no tendría sustento de base, y su poder tendería a desintegrarse más bien rápida que lentamente. El saldo de las elecciones de julio fue el rechazo equilibrado del pueblo -ideológicamente desde el centro, la izquierda y la derecha- a cualquier gobierno que no tenga sustento democrático electoral incuestionable e intachable, lo mismo del proletario trabajador que del empresario productivo, del estudiante que del empleado y del votante libre, lo mismo en la ciudad que en el campo. La dictadura de la “mayoría” autodesignada, sin legitimidad democrático-electoral, intentaría sustentarse en pactos corporativos. Su gran problema sería que los representantes corporativos pactantes, o bien ya no tienen a quién representar, o el precio de su apoyo sería tan alto que una dictadura empobrecida no podría pagar aunque se les subordinase enteramente, y/o su deslealtad fuese tan grande que lo mismo pactarían con la oposición.

También se refiere como evidencia de la capacidad para sostener un gobierno federal elegido sin el sustento de los votos de los mexicanos la aptitud probada para sostener gobiernos estatales y municipales electos fraudulentamente. Hay una distinción fundamental. Mientras que los primeros han podido sostenerse en el apoyo del “Centro”, cuando al gobierno federal le faltase el sustento constitucional se descentraría el régimen, ya no tendrían dónde sostenerse.

Los previsores de la dictadura apuntan a las fuerzas armadas mexicanas de nuestros días como el baluarte fundamental para su sostenimiento, bajo la hipótesis de que el régimen dictatorial ampliase la cancelación de los derechos políticos a la represión general de otras garantías constitucionales. Las confunden denigrantemente con los militares conservadores de Félix Zuluoaga que apoyaron el golpe de Estado del presidente Comonfort, con el ejército porfirista que sostuvo efímeramente a Victoriano Huerta, con las oficialidades elitistas y golpistas sudamericanas del pasado, o con los conspiradores franquistas-tejeristas que intentaron fallidamente obstruir el curso de la democracia constitucional en España. Si algo ha distinguido el balance del Ejército Mexicano posrevolucionario es su carácter popular y constitucionalista. Resulta totalmente inverosímil imaginarlo como sustento de un régimen dictatorial fundado en la represión generalizada y permanente de las garantías constitucionales del pueblo.

Quienes piensan en forma diferente incluso se refieren a las fotografías publicadas en la prensa nacional de un militar uniformado marchando junto al secretario general del PRI, Manuel Camacho, en una manifestación partidista el 15 de septiembre en Puebla, celebrando el “triunfo” del señor Salinas, con el apoyo más significativo de Antorcha Campesina. Desde luego que los militares, como todo ciudadano mexicano, disfrutan de las libertades y derechos políticos que garantiza la Constitución. Tan es así que las encuestas sobre el sufragio militar del 6 de julio fueron muestra de las variadas preferencias nacionales por los candidatos Salinas, Cárdenas y Clouthier. Sin embargo, como todo servidor público, están impedidos de comprometer su servicio en tareas político-partidistas. Es enteramente irresponsable comprometer el uniforme militar en política partidista, particularmente en estos momentos tan críticos para la vida constitucional del país y con contingentes de grupos como Antorcha Campesina, que se han distinguido por su desafío incluso armado a la legalidad. Si el militar fotografiado deseaba manifestar en la calle su preferencia ideológica y política por el PRI o por Antorcha Campesina, debería haberlo hecho sin comprometer su uniforme. Y si la dirigencia actual del PRI desea ganarse el apoyo político de los militares, debe hacerlo apelando a su voto en las urnas y no a su uniforme en manifestaciones callejeras.

Como los servidores públicos en el magisterio, en correos, en las policías, en Pemex, o en cualquier otro servicio público, están obligados a prestar el suyo en los términos que les marcan sus respectivos ordenamientos legales. Y están igualmente obligados a rechazar cualquier corrupción de su servicio, más aun si los llevase a ser el medio para la supresión dictatorial de las garantías constitucionales de los mexicanos. Nada permite pensar en que, llegado el caso en que ese fuese el último reducto para el régimen dictatorial, los militares mexicanos participarían de una empresa tal.

Independientemente de la naturaleza popular y constitucionalista de los militares mexicanos, sería absurdo y descabellado para ellos convertirse en los grandes gorilas del subcontinente después de ser durante tantas décadas el ejemplo iberoamericano mundial de un ejército constitucionalista, después de los grandes fracasos en todos los órdenes de los regímenes dictatoriales-militares y en un momento histórico en que la democracia finalmente predomina en el continente.

Cuarta entrega 29/09/1988

En ausencia de fuerzas reales mexicanas, se argumenta que el sostén de la dictadura estaría en el exterior, notablemente en Estados Unidos. Están los antecedentes de las felicitaciones al triunfo electoral del candidato Salinas promovidas por el canciller Sepúlveda antes de su procedencia constitucional, y la inusitada visita a Washington del secretario general del PRI, Manuel Camacho, el 10 de septiembre. También se refiere a un supuesto temor de Washington a un gobierno de izquierda elegido constitucional y democráticamente como el que podría constituir Cuahutémoc Cárdenas. Por más extranjerizante que se pueda ser, habría que ser políticamente oligofrénico para pensar que la legitimidad o el sustento de un gobierno mexicano puede encontrarse en el extranjero, en Estados Unidos. Por otra parte, es claro que el Washington de nuestros días preferiría que los mexicanos eligiesen un gobierno pronorteamericano de derecha. Lo que no está claro es que Washington tema más al gobierno constitucional de un Presidente interino elegido por al menos las dos terceras partes del Congreso de la Unión y con un amplísimo apoyo y sustento popular que siguiese el curso constitucional de la democracia, que la imposición de una dictadura sin más sustento político interno que el ocultamiento del voto de los ciudadamnos mexicanos. El embajador, el secretario de Estado o incluso el presidente de Estados Unidos que temiese más al curso constitucional e interviniese en los asuntos internos de México para obstruirlo y favorecer el curso dictatorial, tendrían que ser políticamente tan oligofrénicos para definir los intereses nacionales efectivos de Estados Unidos, como el diplomático o el político mexicano que pensase en la procedencia de sustituir el sustento constitucional por el sustento de Washington.

El único sustento político-social para la dictadura de la “mayoría fraudulenta” son restringidas élites burocráticas que esperarían satisfacer sus ambiciones políticas y económicas y que no muestran más capacidad política que hacer comisiones, ponencias, planes y manifestaciones “populares” de opereta, como las del presidente del PRI en el DF cuando “gana la calle” para convalidad la imposición -y replicar al Zócalo lleno de pueblo por la democracia-. Un gobierno mínimamente efectivo de México evidentemente necesita algo más de sustento social. Tampoco se lo pueden dar las cúpulas corporativas del PRI y del empresariado que pretenden controlar desde la ciudad de México la conciencia y la conducta política de asalariados, profesionales, campesinos y empresarios. Cierto que hasta ahora han sido vehículos de lo más efectivo para imponer las directrices burocrático-centralistas en materia de precios, salarios e ingresos, para ocultar la inefectividad de esas directrices en el saneamiento equitativo y productivo de la economía y la arbitrariedad y corrupción asociadas a ellas, y para reprimir en los protocolos del Palacio Nacional y Los Pinos la manifestación del amplio descontento social y político que las directrices han ocasionado entre campesinos, asalariados y empresarios de toda índole. Pero las elecciones del 6 de julio fueron la muestra más abrumadora de la derrota política, históricamente irreversible, que han sufrido esas cúpulas para representar y manipular a la sociedad mexicana. Pueden sostenerse todavía porque están engarzadas de una forma u otra a la ubre de concesiones y a los medios de coerción del aparato burocrático. Pero esa ubre está enferma de mastitis, se está secando, y esos medios de coerción difícilmente se sostendrían al confrontar con la represión generalizada de las garantías constitucionales que necesitaría una dictadura para consolidarse.

Cierto que se han desarrollado crecientemente indicios de represión de garantías constitucionales. A los homicidios presuntamente políticos de Francisco Javier Ovando y Ramón Gil y los subsecuentes, se han añadido la afectación de las garantías constitucionales de protesta y de reunión de los miembros del PAN y de trabajadoras dañadas por el sismo. Pero hay todavía una enorme brecha a la represión general de las garantías constitucionales.

El sustento económico para esa dictadura de la “mayoría” también sería lo más precario. El gobierno actual ha podido sostener hasta principios de diciembre los controles de precios que impuso corporativamente después del derrumbe de la Bolsa de Valores y de la espectacular devaluación de noviembre de 1987. El más significativo de esos controles es el tipo de esos controles es el tipo de cambio que debe reflejar el balance del comportamiento de los precios internos en relación con los precios internacionales. Cierto que la tasa de inflación se ha reducido contrayendo brutalmente el ingreso real de la población con una congelación total de salarios. Pero el Pacto de Solidaridad Económica no ha impedido que el peso se sobrevalúe de nuevo contra el dólar, que estén creciendo más rápido las importaciones que las exportaciones, que se estén drenando las reservas internacionales y que se desencadene en un futuro próximo la especulación contra la divisa nacional y el ensanchamiento del déficit financiero del gobierno federal. Esta inercia conduce de nuevo irremediablemente a la devaluación y al derrumbe de la estabilidad artificial de precios. Su supervivencia, antes o después del primero de diciembre, será la puntilla para el sustento económico de la dictadura de la autodesignada “mayoría” oculta y/o fraudulenta.

Quinta entrega 30/09/1988

III.- La confianza en la democracia.

La opinión dominante en las élites políticas y burocráticas es que la dictadura prevalecerá sobre la democracia con la designación y toma de posesión de Carlos Salinas impuesta por la “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados con base en los sufragios ocultos. Además del albazo del 10 de septiembre, la autodesignación de esta fracción como mayoría camaral, la premura y la arbitrariedad para calificar a su favor las elecciones legislativas, las evidencias persuasivas de fraude con que se integró esa mayoría, la impugnación de casi la mitad de los diputados al informe del Presidente, la salida de los diputados cardenistas del recinto cameral y la ruptura consecuente del Congreso de la Unión, ciertamente, anticipan la cancelación de la Constitución y un gobierno dictatorial.

No obstante, pienso que esa perspectiva está equivocada. Tengo confianza en que la democracia constitucional prevalecerá sobre la dictadura, por infranqueables que parezcan en estos momentos los obstáculos a la democracia que “la mayoría” autodesignada pueda anteponerle. La confianza en el futuro democrático de México está fincada esencialmente en la expresión abrumadora de la voluntad el pueblo (sic) y la nación del México por la democracia constitucional en las elecciones del seis de julio, y en la convicción de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es más fuerte para hacer prevalecer la democracia, que la fuerza de sus violadores para derrotarla. Ha sido un gran absurdo político que la “mayoría” autodesignada trate de imponer al pueblo una dictadura sin sustento no sólo constitucional, sino tampoco político, económico y social. Más aun, bajo la hipótesis de que ese atentado se consumase en contra de la voluntad del pueblo y de la nación, la dictadura parecería tan endeble que en poco tiempo se desmoronaría.

Los intentos de imposición dictatorial no garantizan más que el desorden social, el continuo deterioro económico y la ruptura creciente del orden político-constitucional, es decir, el desgobierno que comenzó a sentise crudamente en la nueva realidad política de México con la disgregación del Congreso de la Unión a raíz del último informe de gobierno de Miguel de la Madrid.

Interpelaciones de la oposición que cortaron la palabra presidencial. Insultos, trompadas y puntapies propios de gañanes más que de gobernadores de un pueblo civilizado como el mexicano. Amenazas ilegales de represión contra legisladores por parte del presidente del Congreso impuesto por la “mayoría”. Símbolos del fraude electoral en la centena de escaños de la oposición de derecha. Abandono del recinto del Congreso de la casi centena y media de los legisladores de oposición de izquierda. Gritos desaforados de “México” de los legisladores de la autodenominada “mayoría” pretendiendo arrogarse ridículamente el monopolio para representar a la nación. Una promesa de “no permitiré la anarquía” como concepto más significativo en un último informe de gobierno a tres meses de concluir el periodo presidencial. Y las columnas de soldados salpicadas por ralos contingentes burocráticos y denuestos opositores como vallas para el recorrido de San Lázaro a Palacio Nacional. Es el botón de muestra de lo que depara la imposición dictatorial.

Ciertamente ello no indicó que “la nación se desmoronaba entre las manos” del Presidente. La nación mexicana está solidamente unida en su voluntad por la democracia. Lo que se desmoronaba era el gobierno que requiere de la armonía de los poderes Legislativo y Ejecutivo para gobernar.

La imposibilidad de integrar realmente el quorum necesario en las sesiones de la Cámara de Diputados, así como la impugnación de su presidente, son otros anticipos de la desarticulación gubernamental.

No son los mejores augurios para la sucesión e inauguración de un gobierno mínimamente perdurable, capaz de conducir a México conforme a sus valores nacionales primarios. Es más, resulta imposible imaginar cómo una imposición tal resultaría en una mejor garantía para la seguridad, la tranquilidad, la libertad, la justicia y el bienestar que exigen los mexicanos, más que en una fuente creciente de privación de estos valores fundamentales. En cambio, es enteramente factible imaginar la realización creciente de esos valores para beneficio de la inmensa mayoría de los mexicanos, si el curso es el que exige la Constitución para garantizar la democracia. Es el único camino viable para que México se integre y se desarrolle sana y vigorosamente en lo político, lo económico y lo social.

Nadie en México, más que una restringida élite burocrática electoral e históricamente derrotada, en realidad se hubiese opuesto a que la Cámara de Diputados, en tanto que Colegio Electoral, hubiese abierto y contado los votos directos y efectivos de los ciudadanos para calificar la elección presidencial, como lo ordena la Constitución y la ley. Bajo condiciones de garantías efectivas de imparcialidad de la autoridad electoral el cómputo debería ser una operación matemática, sin que diese lugar a controversias políticas ya resueltas por los ciudadanos al ejercer su derecho constitucional al sufragio. El candidato que obtuvo un mayor número de votos simplemente sería declarado Presidente Electo por la Cámara de Diputados en su conjunto, tanto por los diputados de su partido como por los de partidos opositores, para significar la incuestionable autoridad constitucional democrática del Presidente. El gran problema que enfrenta México en este momento es que la autoridad electoral fue parcial y actuó sin conformidad a Derecho. Y su parcialidad y arbitrariedad al parecer no sólo condujeron a un amplio divorcio entre los resultados electorales, consignados por la autoridad en las “actas distritales de escrutinio” y los contenidos en los “paquetes electorales” con los votos de los ciudadanos. También parece haber conducido a una confusión de votos efectivos y fraudulentos en el contenido de dichos paquetes que hizo imposible la calificación de la elección presidencial que ordena la Constitución. La consecuencia fue la imposibilidad constitucional de declarar Presidente Electo a cualquiera de los candidatos.

Sexta entrega 1/10/1988

La analogía con la situación de España a la muerte de Franco flota en el ambiente. Algunos se lamentan de que en México, a diferencia de la España de 1975, no haya un monarca que como jefe de Estado mantenga la integridad política en medio de los cambios de gobierno que condujeron la transición hacia la democracia. Hay también escepticismo y/o temor en algunos ambientes frente a la alternativa de la democracia. Se refieren a ella bien como una quimera inalcanzable en México, con las consabidas denigraciones a nuestro pueblo, que lo presentan como sólo digno del autoritarismo corporativista, o bien rechazan la democracia “sin adjetivos” -para usar la paráfrasis de Enrique Krauze del concepto de Raymond Carr sobre la transición española- cuando la corriente democrática dominante es contraria a sus preferencias o prejuicios ideológicos, dando al traste con sus aparentes convicciones democráticas. Se vuelven “realistas” y suscriben la opción constitucional por un “orden canijo e injusto” que Adrián Lajous reserva a los mexicanos.

México ha vivido otras dos grandes crisis constitucionales de la envergadura de la presente a lo largo de su historia. Ambas resultaron en violencia revolucionaria sumamente destructiva por la necedad de élites burocráticas dominantes de mantener estructuras de poder insostenibles. La primera fue la que se presentó al fin del mundo novohispano y resultó en las guerras de independencia, condujo a lo que Jesús Reyes Heroles llamó la “sociedad fluctuante” con más de 50 gobiernos y los golpes, rebeliones, asonadas y guerras antecedentes y consecuentes, a tres invasiones extranjeras y a la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, hasta la restauración de la República con base en la Constitución de 1917. La segunda gran crisis constitucional mexicana sobreviene al fin del Porfiriato, con la necedad elitista de negar los principios democráticos constitucionales cuando el pueblo y la nación exigieron su cumplimiento con el liderazgo de Francisco I. Madero para la sucesión presidencial de 1910. La revolución consecuente lleva de nuevo a México a la violencia y no se produce un orden político-constitucional estable sino hasta 1929, con la creación bajo el liderazgo de Plutarco Elías Calles del Partido Nacional Revolucionario después del homicidio de Álvaro Obregón, vinculado a su intento de romper con el principio toral de no reelección de la Constitución de 1917 heredera de la de 1857. El presidente Lázaro Cárdenas, consolida el orden político-constitucional con la expulsión del general Calles cuando éste pretende desafiar la primacía de la autoridad presidencial derivada del mismo. Ahora que se han erosionado a un grado extremo los contrapesos éticos, jurídicos y políticos al ejercicio arbitrario del poder presidencial, y el pueblo y la nación volvieron a exigir en las elecciones de julio de 1988 la democracia en la sucesión presidencial, y las élites dominantes encubiertas en una “mayoría” oculta y fraudulenta pretenden negarla, se plantea la tercera gran crisis histórica en la constitución política de México. También flota en el ambiente que ella tendrá que resolverse con violencia y destrucción como las anteriores.

Ni el pueblo mexicano es gobernable con un corporativismo autoritario impuesto por una “mayoría” fraudulenta. Ni esta crisis constitucional debe resolverse con violencia y destrucción. Ni México necesita un monarca como España para transitar a la democracia.

El seis de julio no sólo se manifestó abrumadoramente una voluntad del pueblo, sino que se estableció un precedente histórico de unidad y coincidencia nacional, desde la derecha y desde la izquierda, por la democracia. Se sentaron las bases para integrar, dentro de un mismo orden constitucional libertario, a la herencia de los partidos liberal y conservador del siglo XIX que subyace en la izquierda y la derecha de nuestros días, con base en la efectividad de la soberanía del pueblo ejercida a través del sufragio para constituir el Gobierno. Bajo las garantías de nuestra Constitución Política surgida de la Revolución, ahora izquierda y derecha, conservadores y liberales, defienden un mismo orden constitucional fundado en la garantía a la soberanía del pueblo para elegir entre ellos.

La distinción frente a la España franquista es que México tiene una Constitución profundamente enraizada en la historia y la vida de la nación. Las “leyes fundamentales del reino” franquista eran una forma jurídica para encubrir una imposición dictatorial. Es por ello que sólo con la guía rectora de un monarca los españoles pudieron transitar pacíficamente a la democracia. A diferencia de la España de 1975, el México de 1988 tiene principios constitucionales congruentes desde 1857 y una misma Constitución Política en vigor desde 1917. En la década pasada las fuerzas democráticas de Espala volteaban todavía con admiración y agradecimiento a México no sólo por el apoyo que les brindaba nuestro gobierno constitucional. También por las garantías que ofreció nuestro orden constitucional a los exiliados de la dictadura para que pudieran prosperar y desarrollarse con libertad en nuestro país.

La Constitución de México es la rectora del tránsito a la democracia. Su raigambre histórica y sus principios fundamentales son los firmes asideros que harán llegar a buen éxito la voluntad popular y nacional de vivir en ella. Podrán sobrevivir albazos contra la Constitución como el del 10 de septiembre, que de alguna forma recuerda al que el presidente Ignacio Comonfort orquestó con Félix Zuloaga recién establecidos los principios constitucionales básicos de 1857. Pero no prevalecerán sobre la voluntad nacional, como no prevalecieron entonces con el liderazgo de Benito Juárez, quien hizo valer la voluntad nacional bajo circunstancias mucho más aciagas.

Los principios de la constitución para el caso que estamos viviendo difícilmente podrían ser más integradores y efectivos para resolver el desgobierno que amenaza a México. La elección de un Presidente interino por un Colegio Electoral constituido con al menos las dos terceras partes del número total de miembros del Congreso e la Unión cancela el margen fraudulento con que se ha autodesignado la “mayoría” legislativa actual, conduce a la unión constitucional de las disgregadas fuerzas políticas nacionales y permite el establecimiento del gobierno constitucional fuerte y ampliamente legitimado que se requiere para que el país entre en la democracia. El mandato de convocatoria a elecciones presidenciales, a celebrarse entre 14 y 18 meses después de la elección de Presidente interino, establece las bases y abre un periodo apropiado para que el gobierno interino integre una autoridad electoral imparcial, y para que la nación y sus ricas y diversas fuerzas políticas se acomoden, se organicen y se preparen para competir por el voto soberano del pueblo, que debe constituir el gobierno definitivo del México democrático.

La opción constitucional por la democracia ofrece un contraste extremo frente a la opción de la dictadura de la “mayoría” autodesignada, para el bienestar político, económico y social de los mexicanos.

En lo político, el curso constitucional inmediatamente tranquilizaría a la nación, llenaría de regocijo al pueblo que ha sido el gran actor de la transición a la democracia, abriría las salidas institucionales para canalizar ordenadamente las vigorosas fuerzas nacionales emergentes y establecería un Poder Ejecutivo legítimo y fuerte para definir y hacer respetar el orden público legítimo que tanto exige la sociedad y la economía mexicana. Su mandato político interino sería restrictivo y claramente definido: garantizar la efectividad del voto del pueblo en las elecciones presidenciales de 1989. Su interinato, sustentado en la unidad nacional reflejada constitucionalmente al menos con las dos terceras partes del Congreso de la Unión, resolvería el conflicto constitucional-partidista de intereses que han llevado al presidente de la República a seleccionar su sucesor, como líder del PRI, y a utilizar su autoridad presidencial para hacerlo “triunfar” en las elecciones.

La desvinculación del Presidente interino de cualquier parcialidad partidista sería la piedra angular para que el PRI, o lo que resultase del mismo, pudiese convertirse efectivamente a la democracia aprendiendo las reglas de imparcialidad electoral del Estado. Ofrecería la gran oportunidad y el tiempo necesario para que la voluntad de sus militantes en cada región y estado de la República, incluidos los gobernadores que quedarían como los militantes más significativos, organizaran democráticamente sus fuerzas para obtener realmente y no suplantar el voto del pueblo frente a las nuevas reglas políticas nacionales. Y sólo el consenso democrático entre ellos podría redificarse (sic) un partido de abajo hacia arriba -como se construye o reconstruye cualquier edificio- y nominar un candidato a la Presidencia capaz de obtener abiertamente y sin fraudes el voto mayoritario del pueblo, que bien podría ser Salinas, si es que en verdad cuenta con el apoyo democrático decidido y mayoritario de los priístas y los ,mexicanos.

Si se ve en perspectiva, la opción constitucional es la mejor para todos los mexicanos, incluso para las personalidades políticas del presidente De la Madrid y de Salinas. El primero pasaría a la historia como el Presidente en cuyo gobierno se abrió el camino a la democracia en México, y no como el que pretendió obstruir al final infructuosamente su curso constitucional y la voluntad abrumadora del pueblo que lo sustenta. La proyección política del segundo para actuar por el bien de México crecería inmensamente con un acto de grandeza extraordinaria, al renunciar a una presidencia que se sustenta en el ocultamiento de los votos de los ciudadanos. Decía Jesús Reyes Heroles que “más vale una devaluación en frío, que una caliente”. Se puede establecer el parangón con la sucesión presidencial que vivimos. “Más vale una renuncia a una presidencia anticonstitucional todavía en frío, antes que se consume, que en caliente”. En frío el país ahorraría meses de contestación, fricción, intranquilidad social y política y el PRI, el gobierno y Salinas, el deterioro ulterior.


Samuel Ignacio del Villar Kretchmar

Nació en la Ciudad de México en 1945 hijo de una familia de terratenientes potosinos. Estudió en el Instituto Cumbres de los Legionarios de Cristo, economía en la UNAM y luego obtendría un doctorado en leyes de Harvard. Fue periodista y académico formando parte de Excelsior donde apoyó a la mesa directiva de Julio Scherer cuando la represión gubernamental a este diario, posteriormente pasó a ser tesorero y fundador de Proceso, sin por ello desdeñar posteriormente un puesto en la administración de José López Portillo. Ante el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia se incorporó en una posición cercana a presidencia hasta que fue cesado por las pugnas internas que se daban ante la llegada del “grupo compacto” salinista.

En 1988, ya con una extensa carrera en el gobierno, la academia y el periodismo, escribió el artículo que nos ocupa en esta entrada por el cual se acercó a Cuahutémoc Cárdenas y participó en la fundación del PRD. A partir de ahí tiene una carrera política dentro de la izquierda partidista y organizativa constante durante los siguientes nueve años. Es en 1997 cuando salta a la esfera pública ya que el triunfo de Cárdenas en las primeras elecciones del D.F. lo llevó a ocupar el cargo de Procurador de Justicia durante el siguiente trienio.

Durante ese periodo hay dos eventos principales que lo llevaron a ser repudiado por innumerables sectores. El primero lo constituye el asesinato del conductor Paco Stanley en junio de 1999 que desencadenó un linchamiento mediático contra las autoridades del GDF tanto por el asesinato como por los nulos resultados de las investigaciones que dejaron el caso sin resolver y revelaron que la PGJ aún adolecía de una gran corrupción a pesar de la anunciada reestructuración. El segundo fue la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México durante la cual se dieron múltiples agresiones, hostigamientos y detenciones a miembros del movimiento en las cuales hubo participación oficial o ilegal de miembros de la PGJ, así como diversos acercamientos entre rectoría y la procuraduría por lo que fue acusado de apoyar actos de represión contra los huelguistas.

Luego, ya enfermo, regresó a trabajar al Colegio de México y se encargó de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia interna del PRD. En ese puesto hizo un diagnóstico sobre los fraudes electorales y vicios que mostraban los procesos internos debido a la lucha de las tribus lo que le orilló a un ostracismo mayor por parte de la clase política. Samuel del Villar murió en el DF víctima de cáncer en 2005.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/140194.plaza-publica-samuel-del-villar.html

Haz clic para acceder a 050324.pdf

http://www.ccardenass.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:-homenaje-a-samuel-del-villar&catid=36:conferencias&Itemid=55

http://www.jornada.unam.mx/1999/05/20/colabora.html

Dictan libertad bajo caución a 4 de los Presos Políticos de San Bartolo Ameyalco

WP_003408 Hace unos momentos, a la una de la tarde, se realizó una conferencia de prensa frente al Reclusorio Oriente del Distrito Federal para informar de la situación jurídica de las cinco personas que se encuentran recluidas en este centro penitenciario inculpadas por el enfrentamiento con elementos de la policía capitalina  el 21 de mayo de 2014 en el pueblo de San Bartolo Ameyalco. En la conferencia de prensa estuvieron presentes familiares, miembros de la Coordinación por la libertad de los presos políticos de San Bartolo Ameyalco y representantes de la organización de derechos humanos Comité Cerezo México.

Durante la conferencia se informó que, luego de que se ratificara el amparo a efectos en contra del auto de formal prisión emitido por el juzgado 56 de lo penal, se dictó un nuevo auto constitucional que permite la salida bajo caución a cuatro de los inculpados luego de que se les retirase el agravante. Por lo anterior Javier Brígido Castro, Alberto Miguel Pérez, Juan José González Martínez y Gerardo Gutiérrez García podrían salir en las próximas horas. En cambio a Eduardo Mejía Nava se le reconfiguró el delito bajo la modalidad de lesiones agravado por lo que no podrá alcanzar fianza.

Los familiares denunciaron que autoridades de la delegación Álvaro Obregón ofrecieron pagar las fianzas y sostuvieron que este ofrecimiento es un chantaje pues si el gobierno delegacional tuviera la voluntad política de solucionar el conflicto desistiría de la acción penal, mientras que la retención de Eduardo Mejía Nava tiene como objetivo usarlo como botín político en época electoral. Así mismo denunciaron que miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como funcionarios delegacionales han intentado chantajear previamente a la población amenazándola con recortar el flujo de agua si no hay votos a favor de este partido en las elecciones a celebrarse el próximo 7 de junio. De último momento informaron que la juez responsable del caso había amagado con incrementar las fianzas hasta 500 mil pesos si no se suspendía el evento de prensa realizado en las inmediaciones. WP_003406

El Comité Cerezo México expresó que con esta nueva determinación la intención del Gobierno del Distrito Federal es alargar el conflicto pues los funcionarios tienen pleno conocimiento de que las detenciones se dieron previas al operativo y que fue el mismo subsecretario de gobierno Juan José García Ochoa el que informó de la salida de los cuatro acusados. El Comité también señaló que el nuevo auto es producto de la ratificación del amparo que se obtuvo hace más de dos meses, mismo que se retrasó debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso de inconformidad a pesar de que en el operativo no participaron elementos ni fuerzas federales.

Este caso se remonta al 21 de mayo de 2014 cuando pobladores del San Bartolo Ameyalco se manifestaron en contra de la imposición de obra para la extracción de agua por parte de la Delegación Álvaro Obregón. Ante esto el delegado Leonel Luna ordenó la realización de un operativo policiaco en el que participaron 2500 elementos antimotines y que fue coordinado por la Secretaría de Gobierno, encabezada por Héctor Serrano, y la Secretaría de Seguridad Pública entonces dirigida por Jesús Almeida. Durante la realización del mismo se dieron abusos policiacos entre los que se cuentan cateos ilegales, detenciones arbitrarias y agresiones que fueron documentadas y expuestas en las redes sociales. Dos días después cinco personas fueron puestas a disposición del juzgado 56 de lo penal con sede en el Reclusorio Oriente donde continúan al día de hoy sin que hasta el momento se haya dado acción administrativa o penal alguna en contra de los elementos que incurrieron en abusos. Mientras tanto la obra fue concluida y el pueblo argumenta que es usada para llevar agua a la zona de Santa Fe donde se usa en zonas residenciales y abrevaderos de animales de lujo como es la sección Rancho San Francisco mientras a los propios pobladores son despojados de su derecho al agua.

El giro que ha tomado este caso se inserta dentro del enrarecido ambiente político electoral pues el pasado 25 de febrero Leonel Luna Estrada abandonó la corriente perredista IDN, dirigida por René Bejarano, a pesar del apoyo que este último le prestó al afirmar que eran los dueños de las pipas de agua los que incitaban el conflicto en la demarcación. Ahora Leonel Luna Estrada busca la diputación local por el PRD sin filiación definida a una corriente luego de pedir licencia al cargo de delegado.

Más información en el facebook de Comité Cerezo México.

arton2062

Discursos falsos de y acerca de las elecciones

“Las elecciones no sirven para nada” o “Sólo a través de nuestro voto podemos mejorar al país”.

El sistema electoral de nuestro país tiene serias limitaciones entre  las que se cuentan: 1) el instituto electoral nunca ha sido ciudadano y siempre ha estado cooptado por los partidos políticos, 2) nunca ha podido promover y llevar a cabo nuevos mecanismos de democratización 3) está siendo usado para una nueva centralización del poder estatal y 4) nunca ha logrado dar la certeza suficiente a los procesos electorales que garantizaría su función en torno al aspecto de la legitimación del poder que le corresponde.

Por otro lado el sistema político está estancado. Jamás ha salido de los mismos mecanismos de poder que el PRI instauró. Los candidatos provienen de 1) ser operadores políticos por lo que a) resuelven crisis dentro de las estructuras partidistas o b) son administradores de la red clientelar que asegura el voto duro de los partidos; 2) de los grupos oligárquicos en cuyo caso son encargados del cabildeo legislativo y ejecutivo para los intereses de la clase empresarial. Por ello los partidos seleccionan sus candidatos de cualquiera de estas opciones y obstaculizan la postulación de cualquiera que no garantice los intereses de sus grupos políticos o de poder.

Sin embargo no por ello podemos decir que las elecciones no sirven para nada. Los procesos electorales son una parte mínima de todo el proceso de gobierno. A menos de que seamos radicales consideraremos que el objetivo no es que la gente no vote sino que su voto sea respetado y que pueda opinar y participar sobre cada vez mayores y más importantes cuestiones de gobierno. En estos tiempo de polarización y conservadurismo hay sectores que quieren impedir ese voto o limitar su efecto y por ello debemos estimular la democracia y la participación pública.

Esto último es usado por los apologetas del régimen para construir otro discurso falso en el que dicen que la única vía hacia la democracia se halla en el INE. Eso es falso ya que, como dije,  la legitimidad y la democracia son procesos más amplios que el puro proceso de elección de representantes y además estos “representantes” propuestos no nos representan. Por ello si hay maneras de generar democracia efectiva por fuera del sistema de partidos y del INE no hay razón para no luchar por ellas. De hecho la lucha por la democracia directa es la más loable de nuestros tiempos.

Pero si en determinados lugares no está la posibilidad de sustituir el proceso electoral oficial por uno que apunte hacia una verdadera participación ciudadana lo que se puede hacer es luchar por la democratización de las instituciones haciendo del voto un mecanismo de protesta. Estoy de acuerdo en que salir a votar este año no va a cambiar prácticamente nada y mucho menos si se  vota por alguno de los candidatos propuestos desde los partidos pero no hacerlo sin tener una alternativa viable le abre las puertas al conservadurismo que se está gestando entre las clases gobernantes y en buena parte de la sociedad. Ahí donde no se puedan anular las elecciones puede estar el voto nulo, no para apoyar al INE sino para expresar en el mejor lugar lo irrisorio que nos parece su simulacro de democracia.

“Esto no pasaba con el PRI” o “Porfirio Díaz si hizo avanzar a este país”

Parece chiste pero una terminó inmortalizándose con los propios “especialistas” de marketing del PRI mientras que la segunda se llega a mencionar en más de una conversación de sobremesa. Ambas muestran que hay una concepción reaccionaria, conservadora y fascistoide del poder. En ella la estabilidad gubernamental implica la paz pública y el orden social; en ella el desarrollo económico y la obra pública anteceden al bienestar de los individuos y las minorías así como los derechos de los ciudadanos. No es que se reconozca lo bueno o loable que pudieron haber tenido las administraciones priístas alguna vez sino esa irracional melancolía por un estado de cosas que no volverá identificándolo falazmente con una opción de voto o una tendencia política. Este discurso no sólo es falso sino peligroso y se encuentra muy extendido en nuestro país aunque públicamente no se le reconoce o se le toma a broma.

El poder puede fetichizarse porque, a menos de que sea absolutamente coercitivo (y quizá incluso en este caso), es simbólico. Por ello las personas pueden creer que el ser dominadas y oprimidas es igual a vivir en paz y en orden, o como decía Don Porfirio: en orden y progreso. Que a cien años de la caída de este dictador tengamos una gran cantidad de ciudadanos que piensan de esta forma no sólo demuestra lo poco que ha avanzado nuestra educación política sino cómo, a pesar de los grandes adelantos en hechos y discursos acerca de los derechos sociales en el siglo XX, el PRI institucionalizó el discurso de la opresión y la represión como valores positivos de gobierno enseñándonos a autocensurar nuestros derechos políticos.

“Un pueblo tiene el gobierno que se merece”

Merecer significa: ser digno de un premio o castigo, es decir: tener un valor por sí mismo que debe ser premiado o castigado. Un mercader merece que le pague aquello que le compro precisamente porque es mercader en el momento de nuestra transacción comercial pero ¿qué pueblo es aquel que merece determinado gobierno? Evidentemente esa es una pregunta tramposa porque pueblo no es una palabra con un significado funcional. Pueblo es un grupo de personas y ¿cuál es la dignidad o valor por sí mismo de ese grupo de personas? Esa será una pregunta de difícil respuesta que está ligada a profundas consideraciones filosóficas y hasta religiosas.

En resumidas cuentas puede tomarse en dos sentidos: si el pueblo tiene una naturaleza moral y/o política o si no la tiene aunque se haya comportado de determinada manera en tales cuestiones. Examinando nuestra historia podemos asumir que el tal “pueblo mexicano” ha obrado políticamente de determinadas formas sin las cuales no se explicaría el gobierno que tiene (y esta frase es válida sólo si consideramos que la soberanía última emana de esa base social), sin embargo me niego a asumir un determinismo moral y político injustificado de la humanidad o una de sus partes que implique que siempre cargaremos la misma losa.

La frase suele atribuírsele al Conde Joseph de Maistre, representante del pensamiento contrarrevolucionario francés.

“Si los mexicanos se levantaran en armas todo cambiaría”

Tan probable como peligroso. Durante muchos años se cantó aquella consigna que decía “si no hay solución habrá revolución” pero hasta ese momento muy pocos de quienes así gritábamos habían previsto que el gobierno y los núcleos de poder encontrarían la manera de que hubiera una guerra civil bajo los principios corruptos del peor capitalismo. Durante ocho años se ha librado una guerra interna que no tiene una dirección ideológica definida ni progresista y cuyo claro resultado es una represión que se ha recrudecido en contra del descontento generalizado.

No es suficiente llamar a la rebelión armada, esta debe tener una estrategia y un plan político definidos. Sobre todo en estos tiempos de injerencia imperialista internacional cuando basta con mirar todo el Medio Oriente, el África subsahariana y Ucrania para darnos cuenta que las revoluciones son armas de doble filo en nuestros tiempos.

Revolución significa un cambio de modelo dentro de determinadas estructuras. En ese sentido puede haber revoluciones progresistas y otras reaccionarias. El sólo hecho de que las masas tomen las armas no es garantía de que nos dirigiremos a la sociedad que encarna los valores que queremos. Por ello toda guerrilla contemporánea le otorga radical importancia a la educación política de sus soldados. En estos tiempos de polarización política y mediatización no sólo se están difundiendo las líneas de pensamiento progresistas sino también las más reaccionarias. El ala fascista de la Revolución Ucraniana y su contraparte ultranacionalista pro-rusa así como el establecimiento del Estado Islámico dan cuenta de ello mientras las potencias juegan con los ideales para sus propios beneficios como se pudo observar en Egipto, Libia o igualmente en Siria.

Además hay que considerar que revolución e insurgencia son conceptos políticos modernos que hace tres siglos formaban parte de las malas palabras. Son las Revoluciones burguesas, las guerras de independencia y luego las revoluciones populares las que les van dando a  ambas palabras sus connotaciones positivas actuales. No toda sublevación es revolución, ni toda revolución es buena, ni existe guerra alguna (como no existe acción política alguna en general) que sea garantía absoluta del cambio que deseamos. La polarización y la desesperación nos hacen pensar que sí lo son. Creo, como muchos otros, que la Revolución Mexicana acabó en 1914 a la que siguieron 25 años de guerra civil al servicio de la reacción. Fue el PRI quien nos enseñó qué era Revolución y qué no lo era pero ahora sabemos que la Revolución llegó a su máximo alcance en la Convención de Aguascalientes y que todo progreso posterior fue el rescoldo de esa fallida y admirable experiencia política.

Peñabots y pejezombies

Estas palabras comúnmente dichas en cualquier comentario político en las redes sociales son uno de los mayores obstáculos para avanzar en la democratización por lo que a internet respecta. Sabemos que los gobernantes y los partidos contratan o reclutan personas para el trabajo de marketing que les permita posicionar lo que desean en las redes sociales, esto fue comprobado repetidas veces en el caso del Enrique Peña Nieto como gobernador y candidato a la presidencia. Por otro lado también está comprobado el desarrollo de los denominados bots o programas de repetición de hashtags de redes para los mismos fines. Independientemente de las razones económicas o políticas que llevan a una persona a participar en esto y lo cuestionable que puede ser, lo que me molesta es cómo Peñabot se ha transformado en un adjetivo denigrante que cancela toda discusión con esa persona, con cualquier persona de esa posición política o incluso sobre la discusión de esas mismas razones.

Lo mismo pasa con pejezombie. Andrés Manuel López Obrador tuvo un fuerte impulso en las últimas dos elecciones con más suerte en la de 2006 que en la de 2012, este espacio puede dar cuenta de ello y del apoyo que le brindé. Muchas personas creyeron no sólo de buena fe en su proyecto y/o en su figura mediática sino que elevaron a posiciones tan discutibles como la de ser el único político rescatable de nuestro país. En verdad se han dado muestras de lealtad, apego y fanatismo en el obradorismo dignas de las que también se dieron con el ahora presidente. También sabemos que las corrientes y tribus de los partidos llevan a los mítines sus afiliados bajo la lógica del corporativismo que alimenta los partidos, al igual que no faltan los casos de acarreo de personas que ni siquiera tienen que ver con tal o cual partido. Sin embargo pejezombie se ha vuelto la palabra que designa todos estos casos en uno sólo e indistinguible que cancela el diálogo y el análisis.

Son tan estúpidos los que usan estos calificativos con el encantador desparpajo del odio cibernético como aquello inasible que intentan calificar. Mientras se usan siguen sin una respuesta real y útil las preguntas ¿quiénes son? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuándo, dónde, cómo? Y ante todo ¿cómo poder dar marcha atrás a los actos y comportamientos referidos? Además estos adjetivos suelen incluir un “odio de clase” artificial y ridículo entre clases media-baja y baja que muestra nuestra propia conmiseración ante la pobreza intelectual/cultural/política/material a la que juramos no pertenecer a menos que convenga a nuestra crítica.

En verdad me parece difícil comprender qué clase de razones pueden inspirar el voto por el PRI que no provenga del voto duro sin embargo me niego a deshumanizar a un votante y calificarlo despectivamente de principio por su decisión. Los votos de los últimos 20 años han sido emitidos con desesperación, con miedo, con prejuicios, con suposiciones, falsas expectativas y creencias por el estilo pero supongo que la mayoría de los que votaron lo hicieron porque deseaban algo que no debería pervertir el sistema político para sus fines,  entonces dividirnos por la deliciosa opción de odiar es la mejor manera de inhibir la democracia en cualquiera de sus formas.