La democracia sobre la dictadura – Samuel I. del Villar

Samuel del Villar, foto Arturo Guerra. La Jornada.

Samuel del Villar, foto Arturo Guerra. La Jornada.

Antes de entrar en materia…

La historia de la crisis de la política institucional en México bien puede remontarse al fraude electoral de 1988. Eso no significa que ahí haya tenido sus orígenes o que esté olvidando que tal crisis es el resultado de un proceso político y social mucho más amplio, complejo y antiguo. Sin embargo la específica importancia de 1988 radica, creo yo, en que la crisis política que se vivió entonces evidenció los problemas que experimentaban las relaciones y nociones de poder del sistema priísta, mismas que entraron en una decadencia acelerada desde principios de los ochentas cuando el grupo tecnócrata empezó a hacerse del poder. El fraude electoral de 1988 persigue la conciencia política de México a 27 años de haber ocurrido y, con toda seguridad, la perseguirá en las elecciones de 2018.

Como parte de la necesaria historia que hay que reconstruir cotidianamente para entender mejor el proceso del cual somos consecuencia y parte hasta el día de hoy es que transcribo este artículo que encontré entre otras antigüedades. La democracia sobre la dictadura es un texto importante por sí mismo ya que al mismo tiempo es un análisis legal, un recuento de hechos y una crítica a los eventos de aquel tiempo hecha en ese mismo momento. Así mismo su autor, si bien no formará parte fundamental de todo libro de historia, jugó un papel tristemente bufonesco pero relevante en la transformación política del país que quizá con el tiempo deba ser mejor analizado. Yo no comparto la postura del texto, misma que es propia de un abogado que se fundamenta de principio en el iuspositivismo y en sus valores liberales y que no realiza prácticamente ningún análisis social; en cambio, me parece loable su esfuerzo por hacer un texto conciso y crítico en momentos donde el futuro inmediato del país era incierto.

Esta reflexión fue publicada en seis entregas en el periódico La Jornada entre el 26 de septiembre y el primero de octubre de 1988 motivo por el cual especifico sus diferentes publicaciones con la fecha correspondiente a su edición. Por lo mismo el texto contiene reiteraciones aparentemente innecesarias pero que son perfectamente comprensibles a la luz de la forma de su edición original. Otras ediciones pueden ser encontradas en revistas especializadas como Modernización Política de Noviembre de 1988 que, desgraciadamente, no se encuentran en línea.  Al final del texto añadiré una semblanza de su autor que espero sea de mejor utilidad.


LA DEMOCRACIA SOBRE LA DICTADURA

Samuel I. del Villar

La Jornada

Primera entrega 26/09/1988

El 10 de septiembre de 1988 una “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados, y de la representación del pueblo de México, declaró a Carlos Salinas como “presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos” para el periodo 1988-1994. La integración de esa “mayoría” y su declaración se hizo ocultando los votos directos de los ciudadanos y sin el escrutinio de su mayoría efectiva que exige nuestra Constitución y la legalidad derivada de ella para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y declararlo como tal. El sustento de esa “mayoría” en el ocultamiento del sufragio de los ciudadanos mexicanos, y su control arbitrario sobre el aparato del Estado, sustituyeron a la soberanía del pueblo, a la Constitución y a la legalidad derivada de ella como fundamento para constituir el poder en México.

Sería impropio caracterizar al régimen político construido a partir de esa declaración como constitucional y como democracia. Si no fuese “dictadura sin adjetivos”, podría calificarse como “dictadura de la mayoría oculta” y/o de la “mayoría fraudulenta”. La alternativa a este régimen es el curso constitucional que irremediablemente conduce a la democracia.

Se ha pensado que la declaración de lo que seguramente pasará a la historia como el “albazo del 10 de septiembre de 1988” instauró la dictadura para que domine en México al menos durante los seis años próximos. En este ensayo busco razonar mi confianza en que la democracia y el bienestar económico y social derivado de ella prevalecerá sobre la dictadura, incluso si llega a consumarse su imposición el primero de diciembre. El ensayo se divide en tres partes que abordan, respectivamente, el establecimiento de la dictadura de la “mayoría” autodesignada, su desintegración y la transición a la democracia.

  1. La dictadura de la “mayoría” autodesignada

La Constitución y el albazo del 10 de septiembre

Dictadura en español quiere decir un gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la elección de Presidente será directa” (art. 81) y que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “erigirse en Colegio Electoral para ejercer las funciones que la ley le señala respecto de la elección de presidente de la República” (art. 71 fracc. I) La Ley Orgánica del Congreso General establece claramente las funciones respectivas: “La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión calificará y hará el cómputo total de los votos emitidos en todo el país en las elecciones para presidente de la República, para lo cual se erigirá en Colegio Electoral a fin de declarar electo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano que hubiese obtenido mayoría de votos en las elecciones que al efecto se hubiesen celebrado” (art. 24).

La “elección” del señor Salinas no fue en esos términos. La declaración del 10 de septiembre negó la “elección directa” de los ciudadanos. Sustituyó la calificación y el cómputo del total de los votos emitidos en todo el país por la calificación y cómputo de “la información de la Comisión Federal Electoral” que propuso el secretario general del PRI, Manuel Camacho, el 6 de septiembre, como base para declarar Presidente Electo a Carlos Salinas. En esa ocasión el señor Camacho instruyó públicamente a esa “mayoría” en el sentido de que “condicionar la validez de los comicios a la apertura de los paquetes (electorales) no tiene fundamento legal”. El razonamiento para ocultar los votos contenidos en los paquetes fue que su publicidad, y el fundar en su conocimiento la calificación del Colegio Electoral, implicaría desconocer el cómputo hecho por la Comisión Federal Electoral (CFE). El razonamiento es absurdo.

El único fundamento constitucional y legal para declarar Presidente Electo son los votos directos contenidos en esos paquetes. La racionalidad constitucional y legislativa de dar intervención en la Cámara de Diputados para calificar la elección presidencial haciendo el cómputo de los votos es, precisamente, el riesgo de parcialidad y de fraude hecho por la CFE. Si el poder constituyente hubiese considerado que no hay riesgo significativo de corrupción en ese sentido de la autoridad electoral, que sus cómputos son necesaria e indubitablemente honestos, no hubiese previsto tal intervención constitucional de la Cámara de Diputados y su reglamentación no habría ordenado la remisión a ésta de los paquetes electorales y el cómputo de su contenido para fundamentar la calificación de la elección crucial a fin de constituir el poder público en México. La “mayoría” autodesignada de diputados al impedir, mediante el uso de las fuerzas armadas, el conocimiento y el escrutinio público de los votos populares a los diputados que así lo solicitaban, y al fundar su declaración de Presidente Electo en un cómputo hecho por otro poder ampliamente descalificado en la propia Cámara, negó la constitucionalidad y legalidad de su declaración.

Por más que declare esa “mayoría” sobre esas bases anticonstitucionales, y por más que informe la CFE, simple y sencillamente el señor Salinas no es Presidente constitucional electo de los Estados Unidos Mexicanos, si las declaraciones y las informaciones que lo califican de “presidente” no están sustentadas públicamente en la mayoría de votos efectivos de los ciudadanos mexicanos. Lo que no tiene fundamento constitucional ni legal es imponerlo por el 52.6 por ciento de los diputados sobre el ocultamiento de esos votos. Más aún si la integración de esa “mayoría” se obtuvo con base en los mismos vicios de calificación –cuya ostensible arbitrariedad llevó incluso a la renuncia del magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral, Emilio Krieger.

El albazo del 10 de septiembre de 1988 no sólo quebrantó los mandamientos sustantivos de la Constitución y su legalidad. La Ley Orgánica del Congreso General establece un amplio periodo para que la Cámara de Diputados realice el cómputo de los votos de la elección presidencial: “la declaratoria –del Presidente- deberá emitirse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se inició el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el año de la elección” (art. 24, párrafo segundo). Evidentemente, la racionalidad legislativa de establecer hasta dos meses para que la Cámara desahogue su responsabilidad constitucional de calificar la elección presidencial es lograr un escrutinio cuidadoso y un cómputo efectivo de la mayoría del total de votos emitidos en todo el país. Esto era particularmente significativo en la elección presidencial más reñida en la historia posrevolucionaria de México, y cuando una mayoría abrumadora (de cinco de los seis partidos políticos) representada en la Cámara de Diputados y 47.4 por ciento de sus integrantes reconocidos, oficialmente descalificó la información de la autoridad electoral, en vez de seguir la racionalidad de la ley, la “mayoría” comprimió al extremo de diez días el proceso de calificación, imposibilitando la realización del “cómputo” legal. La imposición de la “mayoría” de términos legales absurdos para calificar la elección presidencial, con base en un dictamen que se informó, ni siquiera fue elaborado en la Cámara de Diputados; fue una arbitrariedad ulterior para negar el sustento constitucional y legal de la “presidencia” del señor Salinas.

La explicación evidente del ocultamiento arbitrario de los votos de los ciudadanos es que sus resultados fueron contrarios a los que formuló la autoridad electoral. Sea porque el candidato releccionado por el Presidente no fue electo por los votos efectivos contenidos en los paquetes. Sea porque la magnitud de los votos fraudulentos fue tal que nulificó la elección presidencial del 6 de julio e imposibilitó la declaración constitucional de un Presidente Electo. El albazo de la “mayoría”, en vez de abrir, cerró las posibilidades constitucionales de que el señor Salinas ocupe la presidencia de la República, al impedir que el cómputo legal de la Cámara de Diputados mostrase a la nación que la voluntad soberana del pueblo mexicano lo eligió, si es que en realidad lo hizo. El albazo hizo de esa posibilidad, y de la del triunfo del ingeniero Cuahutémoc Cárdenas, meras especulaciones inverificables. El curso constitucional, que el albazo del 10 de septiembre pretendió obstruir ante estas circunstancias, es la elección de un Presidente interino por un colegio electoral de al menos las dos terceras partes del Congreso de la Unión, que tomaría posesión el primero de diciembre y la convocatoria a elecciones presidenciales democráticas a celebrarse entre el 10 de febrero y el 10 de agosto de 1989.

El albazo de la “mayoría” fraudulenta pone al rojo vivo la crisis constitucional que vive México a raíz del divorcio entre los resultados sustantivos de las elecciones del 6 de julio para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y su “calificación” por esa “mayoría”. Si la toma de posesión del sucesor del pre4sidente De la Madrid se diese conforme a los dictados de esa “mayoría”, se habrá impuesto en México literalmente una dictadura del fraude y la corrupción, obviamente rompiendo con el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda entrega 27/09/1988

México caería en “un orden de poder, más no en un orden jurídico que sólo puede ser el que crean los hombres en ejercicio de su liberad y de su soberanía” –en palabras de Mario de la Cueva, cuyo pensamiento es de lo más significativo para ilustrar sobre la crisis constitucional que vive México. El gran maestro y jurista mexicano, homenajeado incluso por su alumno Miguel de la Madrid, calificó en esos términos precisamente la ilegalidad de “la Constitución impuesta por un usurpador o por una especie de asamblea”, que lo mismo sirven para negar la juricidad del positivismo estatista de Hans Kelsen, que la juricidad de un gobierno constituido a partir de la declaración de la especie de asamblea “mayoritaria” del 10 de septiembre. Vale la pena referir el corolario del pensamiento de De la Cueva: “las ideas de régimen de poder y de soberanía no implican supremacía del poder sobre el derecho; únicamente el positivismo estatista defiende eso que podría llamarse el libertinaje jurídico del derecho injusto”.

Seguramente algunos pensarían peyorativamente con el Presidente De la Madrid que el pensamiento de De la Cueva corresponde al de un “académico de cubículo” –como muchos en la audiencia de su último discurso ante la asamblea de la CTM, en el que refirió el concepto e hizo la apología del corporativismo frente a la democracia-. Seguramente el desprecio de aquellos para un trabajo como el de De la Cueva por su falta de “realismo político” aumentaría si se les recordase que renunció a la dirección de la Facultad de Derecho de la UNAM a raíz de la decisión de otorgar el grado de licenciado en Derecho a Miguel Alemán Velasco cuando su padre era presidente de la República, por considerar que tal acto defraudaba la legalidad universitaria.

Tendrían razón en que De la Cueva fue un gran académico y en que para serlo tuvo que dedicar la parte más significativa de su vida a la concentración de su inteligencia en el conocimiento y reflexión sobre el ser y el deber ser del hombre en su biblioteca, que para el efecto es lo mismo que un cubículo. Con certeza no hubiese producido nada que valiera la pena si se hubiese pasado la parte más significativa de su vida asistiendo a reuniones como esa de la CTM, haciendo discursos improvisados en ellas y guiando su vida con una moralidad representativa como la del anfitrión presidencial del DF, Joaquín Gamboa Pascoe. Ciertamente no hubiese producido el Código Federal del Trabajo vigente, que ha sido infinitamente más significativo para el bienestar de los trabajadores de México que todas las asambleas, discursos y anfitriones presidenciales como ésos.

No tendrían razón de descalificar el pensamiento de De la Cueva porque es verdadero, porque no existe orden constitucional ni jurídico sin fundamento incuestionable en la soberanía del pueblo. La Constitución es en esencia la garantía de los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado. La efectividad del derecho a elegir a los propios gobernantes, a no ser gobernado reprimiendo o falseando la voluntad soberana del pueblo, es el fundamento del poder constitucional del Estado. La dictadura es, en síntesis, la usurpación de ese derecho por una persona o por un grupo de personas que en el caso se apoderan anticonstitucionalmente del poder del Estado y lo ejerce o lo ejercen arbitrariamente cancelando aquel y otros principios constitucionales de gobierno protectores de los derechos de las personas y de la sociedad.

Del supremo poder conservador al libertinaje jurídico.

El voto directo de la mayoría de los ciudadanos sufragantes es la piedra angular de la democracia constitucional mexicana. Incluso algunos constitucionalistas del país critican la democracia de Estados Unidos por el sistema de votación indirecta para elegir presidente a través de electores en un colegio electoral que eligen al titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el principio del voto directo en México se ha corrompido por el control “mayoritario” autodesignado del Colegio Electoral. Al desechar arbitrariamente los sufragios directos emitidos por los ciudadanos, su “calificación” de la elección presidencial ha usurpado a un grado extremo el derecho fundamental de los mexicanos de elegir a nuestros gobernantes que, a su vez, es la piedra angular de nuestra Constitución Política y de la revolución que le dio origen.

El orgullo de nuestro constitucionalismo por el sistema de votación directa se derrumba debido a la corrupción de la garantía que el Colegio Electoral debería ser para que prevalezca la elección del pueblo por encima de los fraudes en el proceso electoral, y de la corrupción de la autoridad electoral que los permite y propicia. En vez de ser el medio para la democracia que exige el pueblo de México en 1988, la “mayoría” en el Colegio Electoral ha degenerado retrotrayendo más de 150 años si naturaleza a una “especie de asamblea” parecida a la del “Supremo Poder Conservador” de las Bases Constitucionales instauradas por Antonio López de Santa Anna en 1836 al suprimir la Constitución de 1824. Lucas Alamán diseñó este poder como control de la “constitucionalidad”, estableciendo que “este supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones” (base segunda, art. 17). El primero de septiembre declaraba Octavio Paz que “el PAN debía mirar más hacia Lucas Alamán y menos hacia el Partido Republicano de Estados Unidos”. Independientemente de dónde esté situado el pensamiento político del señor Paz, el gran problema político no sólo del PRI sino de México, que subyace en la crisis constitucional que vivimos, es que la dirigencia priísta actual y la autodesignada “mayoría” en la Cámara de Diputados –y no las fuerzas democráticas del PAN- son quienes han atendido su recomendación de mirar hacia Lucas Alamán. Con el control del aparato del Estado han atribuido la soberanía del pueblo a un “supremo poder conservador” autodesignado como “mayoría”, que en realidad atropella el orden constitucional para garantizar los intereses ampliamente minoritarios de élites restringidas.

Incluso la evolución del sistema constitucional de Estados Unidos ha hecho que la institución del colegio electoral sea cada vez más una ficción por la atadura de los electores en el mismo con los candidatos presidenciales, cancelándose su discrecionalidad para elegir en contra de la voluntad de los ciudadanos que los eligieron. Por el contrario, los votos de los diputados-electores de la “mayoría”, el 10 de septiembre, se desvincularon abiertamente del voto de los ciudadanos sufragantes para imponer al candidato designado por el Presidente, sin fundamento democrático constitucional sustantivo.

Las dictaduras siempre se establecen y se justifican a sí mismas como los baluartes contra la “anarquía” que resulta del ejercicio de derechos constitucionales. En realidad el orden dictatorial no es fuente de Derecho y de un orden jurídico, sino que es fuente de anarquía o, en términos de De la Cueva, de un “libertinaje jurídico” que se funda en la negación de los derechos constitucionales de las personas y de la sociedad.

Por una parte, el candidato del PRI afirmó después de la declaración de la “mayoría”, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que “desterraremos el capricho y la arbitrariedad”. Por otra parte, el 14 de septiembre el CEN del PRI afirmó que el discurso pronunciado por Cuahutémoc Cárdenas Solórzano el mismo día en el Zócalo “lo coloca en franca ilegalidad… es evidente que a la oferta de un diálogo político democrático el ingeniero Cárdenas Solórzano responde con un abierto llamado a la violencia y con una disyuntiva notoriamente grave: ‘yo o la guerra civil’”. Lo único que es evidente es la falsedad, la arbitrariedad y la voluntad de cancelar las garantías constitucionales y de establecer el “libertinaje jurídico” que anuncian los suscriptores de ese comunicado.

Lo que hizo Cárdenas y quienes lo acompañaron fue ejercer sus derechos y libertades civiles de “manifestación de las ideas”, de “petición y de protesta”, de “asociación y de reunión” que garantizan los artículos sexto y noveno de la Constitución. Más aún, el texto de su discurso fue singularmente constitucionalista y legalista, rechazando expresamente cualquier incitación a la violencia.

Cárdenas hubiese podido autodesignarse “presidente electo” con base en su información parcial de la mayoría de las casillas electorales y en sus partidarios que le daban el triunfo, como lo hizo Salinas con base en su información y en sus partidarios. Pero no lo hizo, respetando el principio constitucional que exige una mayoría efectiva de votos contenidos en los paquetes electorales –que la “mayoría” en el Colegio Electoral impidió abrir- para la legitimidad del Presidente. Cambió su posición política de acuerdo con lo procedente para resolver la crisis constitucional provocada por la arbitraria declaración de esa “mayoría”. Pidió con todo respeto a Salinas: “si renuncia al cargo de Presidente Electo, que abriría el camino para restaurar legalidad y legitimidad constitucionales, al través de un interinato y la convocatoria para celebrar nuevas elecciones presidenciales” – de acuerdo con lo previsto en los artículos 84 y 85 constitucionales-. El medio de lucha política que anunció para “derrotar” la ilegitimidad se restringió al “ejercicio de los derechos que nos da la Constitución”. Anticipó la respuesta del CEN del PRI: “ellos –el partido de la corrupción- han roto la legalidad, se han puesto fuera del marco constitucional, y sólo ellos serán responsables de violentar la decisión popular de hacer valer el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes por la vía constitucional”. Hizo énfasis en que su curso político “no será rindiéndose a la amenaza y a la intimidación, ni cayendo ante la tentación del cohecho, ni por la violencia”.

Además de una pésima redacción, se necesita en verdad una mentalidad política anárquica y torva para escribir que ese discurso es “una disyuntiva notoriamente grave: “yo o la guerra civil”, “un abierto llamado a la violencia” que coloca a Cárdenas “en la franca ilegalidad”. Da la impresión de que quien escribió el escrito piensa que la amenaza, la intimidación, el cohecho y la violencia constituyen la legalidad, y que la legalidad y la guerra civil consisten en el ejercicio de los derechos constitucionales y en el rechazo a la violencia. También da la impresión de que esa mentalidad y el libertinaje jurídico derivado de ella, inspirarán al régimen “constitucional” de la “mayoría” autodesignada, o dictadura, que posiblemente se inaugure el primero de diciembre de 1988.

Tercera entrega 28/09/88

II.- La desintegración de la dictadura

Ha habido y hay dictaduras que se han establecido y consolidado política, económica y socialmente durante años, e incluso décadas, sin fundamentos en un orden constitucional y en el Estado de Derecho, derivado del mismo. Todavía el 6 de julio, el día de las elecciones, hubiese resultado inverosímil que México sufriría a partir del primero de diciembre “la constitución impuesta por un usurpador o por una especie de asamblea” -para usar los términos del positivismo estatista de Kelsen- en contra de los derechos políticos de los ciudadanos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después del albazo contra ella que asestó la especie de asamplea de la “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados el 10 de septiembre, esta posibilidad dejó de ser inverosímil, aunque todavía nos cueste mucho trabajo aceptar que México vivirá en cuestión de semanas bajo una dictadura. Más aún si ella sostiene que la “franca ilegalidad” consiste en el ejercicio de los derechos constitucionales y en el rechazo a la amenaza, la intimidación, el cohecho, y la violencia, como lo anticipó el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI del 14 de septiembre. Sin embargo, bajo la hipótesis de que lo que resultaba inverosímil ocurriese, todo permite pensar que el “orden” del poder anticonstitucional e ilegítimo emanado de ello no podría durar mucho, ni -de nuevo en términos de De la Cueva- sus “mandamientos autoritarios impuestos coercitivamente, que pueden encontrar obediencia por temor a la coacción, pero sin obligar a la conciencia.”

Las estructuras políticas, como los edificios, se sustentan en las bases y no en las cúpulas, en los cimientos y no en los techos. El orden dictatorial en México no tendría sustento de base, y su poder tendería a desintegrarse más bien rápida que lentamente. El saldo de las elecciones de julio fue el rechazo equilibrado del pueblo -ideológicamente desde el centro, la izquierda y la derecha- a cualquier gobierno que no tenga sustento democrático electoral incuestionable e intachable, lo mismo del proletario trabajador que del empresario productivo, del estudiante que del empleado y del votante libre, lo mismo en la ciudad que en el campo. La dictadura de la “mayoría” autodesignada, sin legitimidad democrático-electoral, intentaría sustentarse en pactos corporativos. Su gran problema sería que los representantes corporativos pactantes, o bien ya no tienen a quién representar, o el precio de su apoyo sería tan alto que una dictadura empobrecida no podría pagar aunque se les subordinase enteramente, y/o su deslealtad fuese tan grande que lo mismo pactarían con la oposición.

También se refiere como evidencia de la capacidad para sostener un gobierno federal elegido sin el sustento de los votos de los mexicanos la aptitud probada para sostener gobiernos estatales y municipales electos fraudulentamente. Hay una distinción fundamental. Mientras que los primeros han podido sostenerse en el apoyo del “Centro”, cuando al gobierno federal le faltase el sustento constitucional se descentraría el régimen, ya no tendrían dónde sostenerse.

Los previsores de la dictadura apuntan a las fuerzas armadas mexicanas de nuestros días como el baluarte fundamental para su sostenimiento, bajo la hipótesis de que el régimen dictatorial ampliase la cancelación de los derechos políticos a la represión general de otras garantías constitucionales. Las confunden denigrantemente con los militares conservadores de Félix Zuluoaga que apoyaron el golpe de Estado del presidente Comonfort, con el ejército porfirista que sostuvo efímeramente a Victoriano Huerta, con las oficialidades elitistas y golpistas sudamericanas del pasado, o con los conspiradores franquistas-tejeristas que intentaron fallidamente obstruir el curso de la democracia constitucional en España. Si algo ha distinguido el balance del Ejército Mexicano posrevolucionario es su carácter popular y constitucionalista. Resulta totalmente inverosímil imaginarlo como sustento de un régimen dictatorial fundado en la represión generalizada y permanente de las garantías constitucionales del pueblo.

Quienes piensan en forma diferente incluso se refieren a las fotografías publicadas en la prensa nacional de un militar uniformado marchando junto al secretario general del PRI, Manuel Camacho, en una manifestación partidista el 15 de septiembre en Puebla, celebrando el “triunfo” del señor Salinas, con el apoyo más significativo de Antorcha Campesina. Desde luego que los militares, como todo ciudadano mexicano, disfrutan de las libertades y derechos políticos que garantiza la Constitución. Tan es así que las encuestas sobre el sufragio militar del 6 de julio fueron muestra de las variadas preferencias nacionales por los candidatos Salinas, Cárdenas y Clouthier. Sin embargo, como todo servidor público, están impedidos de comprometer su servicio en tareas político-partidistas. Es enteramente irresponsable comprometer el uniforme militar en política partidista, particularmente en estos momentos tan críticos para la vida constitucional del país y con contingentes de grupos como Antorcha Campesina, que se han distinguido por su desafío incluso armado a la legalidad. Si el militar fotografiado deseaba manifestar en la calle su preferencia ideológica y política por el PRI o por Antorcha Campesina, debería haberlo hecho sin comprometer su uniforme. Y si la dirigencia actual del PRI desea ganarse el apoyo político de los militares, debe hacerlo apelando a su voto en las urnas y no a su uniforme en manifestaciones callejeras.

Como los servidores públicos en el magisterio, en correos, en las policías, en Pemex, o en cualquier otro servicio público, están obligados a prestar el suyo en los términos que les marcan sus respectivos ordenamientos legales. Y están igualmente obligados a rechazar cualquier corrupción de su servicio, más aun si los llevase a ser el medio para la supresión dictatorial de las garantías constitucionales de los mexicanos. Nada permite pensar en que, llegado el caso en que ese fuese el último reducto para el régimen dictatorial, los militares mexicanos participarían de una empresa tal.

Independientemente de la naturaleza popular y constitucionalista de los militares mexicanos, sería absurdo y descabellado para ellos convertirse en los grandes gorilas del subcontinente después de ser durante tantas décadas el ejemplo iberoamericano mundial de un ejército constitucionalista, después de los grandes fracasos en todos los órdenes de los regímenes dictatoriales-militares y en un momento histórico en que la democracia finalmente predomina en el continente.

Cuarta entrega 29/09/1988

En ausencia de fuerzas reales mexicanas, se argumenta que el sostén de la dictadura estaría en el exterior, notablemente en Estados Unidos. Están los antecedentes de las felicitaciones al triunfo electoral del candidato Salinas promovidas por el canciller Sepúlveda antes de su procedencia constitucional, y la inusitada visita a Washington del secretario general del PRI, Manuel Camacho, el 10 de septiembre. También se refiere a un supuesto temor de Washington a un gobierno de izquierda elegido constitucional y democráticamente como el que podría constituir Cuahutémoc Cárdenas. Por más extranjerizante que se pueda ser, habría que ser políticamente oligofrénico para pensar que la legitimidad o el sustento de un gobierno mexicano puede encontrarse en el extranjero, en Estados Unidos. Por otra parte, es claro que el Washington de nuestros días preferiría que los mexicanos eligiesen un gobierno pronorteamericano de derecha. Lo que no está claro es que Washington tema más al gobierno constitucional de un Presidente interino elegido por al menos las dos terceras partes del Congreso de la Unión y con un amplísimo apoyo y sustento popular que siguiese el curso constitucional de la democracia, que la imposición de una dictadura sin más sustento político interno que el ocultamiento del voto de los ciudadamnos mexicanos. El embajador, el secretario de Estado o incluso el presidente de Estados Unidos que temiese más al curso constitucional e interviniese en los asuntos internos de México para obstruirlo y favorecer el curso dictatorial, tendrían que ser políticamente tan oligofrénicos para definir los intereses nacionales efectivos de Estados Unidos, como el diplomático o el político mexicano que pensase en la procedencia de sustituir el sustento constitucional por el sustento de Washington.

El único sustento político-social para la dictadura de la “mayoría fraudulenta” son restringidas élites burocráticas que esperarían satisfacer sus ambiciones políticas y económicas y que no muestran más capacidad política que hacer comisiones, ponencias, planes y manifestaciones “populares” de opereta, como las del presidente del PRI en el DF cuando “gana la calle” para convalidad la imposición -y replicar al Zócalo lleno de pueblo por la democracia-. Un gobierno mínimamente efectivo de México evidentemente necesita algo más de sustento social. Tampoco se lo pueden dar las cúpulas corporativas del PRI y del empresariado que pretenden controlar desde la ciudad de México la conciencia y la conducta política de asalariados, profesionales, campesinos y empresarios. Cierto que hasta ahora han sido vehículos de lo más efectivo para imponer las directrices burocrático-centralistas en materia de precios, salarios e ingresos, para ocultar la inefectividad de esas directrices en el saneamiento equitativo y productivo de la economía y la arbitrariedad y corrupción asociadas a ellas, y para reprimir en los protocolos del Palacio Nacional y Los Pinos la manifestación del amplio descontento social y político que las directrices han ocasionado entre campesinos, asalariados y empresarios de toda índole. Pero las elecciones del 6 de julio fueron la muestra más abrumadora de la derrota política, históricamente irreversible, que han sufrido esas cúpulas para representar y manipular a la sociedad mexicana. Pueden sostenerse todavía porque están engarzadas de una forma u otra a la ubre de concesiones y a los medios de coerción del aparato burocrático. Pero esa ubre está enferma de mastitis, se está secando, y esos medios de coerción difícilmente se sostendrían al confrontar con la represión generalizada de las garantías constitucionales que necesitaría una dictadura para consolidarse.

Cierto que se han desarrollado crecientemente indicios de represión de garantías constitucionales. A los homicidios presuntamente políticos de Francisco Javier Ovando y Ramón Gil y los subsecuentes, se han añadido la afectación de las garantías constitucionales de protesta y de reunión de los miembros del PAN y de trabajadoras dañadas por el sismo. Pero hay todavía una enorme brecha a la represión general de las garantías constitucionales.

El sustento económico para esa dictadura de la “mayoría” también sería lo más precario. El gobierno actual ha podido sostener hasta principios de diciembre los controles de precios que impuso corporativamente después del derrumbe de la Bolsa de Valores y de la espectacular devaluación de noviembre de 1987. El más significativo de esos controles es el tipo de esos controles es el tipo de cambio que debe reflejar el balance del comportamiento de los precios internos en relación con los precios internacionales. Cierto que la tasa de inflación se ha reducido contrayendo brutalmente el ingreso real de la población con una congelación total de salarios. Pero el Pacto de Solidaridad Económica no ha impedido que el peso se sobrevalúe de nuevo contra el dólar, que estén creciendo más rápido las importaciones que las exportaciones, que se estén drenando las reservas internacionales y que se desencadene en un futuro próximo la especulación contra la divisa nacional y el ensanchamiento del déficit financiero del gobierno federal. Esta inercia conduce de nuevo irremediablemente a la devaluación y al derrumbe de la estabilidad artificial de precios. Su supervivencia, antes o después del primero de diciembre, será la puntilla para el sustento económico de la dictadura de la autodesignada “mayoría” oculta y/o fraudulenta.

Quinta entrega 30/09/1988

III.- La confianza en la democracia.

La opinión dominante en las élites políticas y burocráticas es que la dictadura prevalecerá sobre la democracia con la designación y toma de posesión de Carlos Salinas impuesta por la “mayoría” autodesignada de la Cámara de Diputados con base en los sufragios ocultos. Además del albazo del 10 de septiembre, la autodesignación de esta fracción como mayoría camaral, la premura y la arbitrariedad para calificar a su favor las elecciones legislativas, las evidencias persuasivas de fraude con que se integró esa mayoría, la impugnación de casi la mitad de los diputados al informe del Presidente, la salida de los diputados cardenistas del recinto cameral y la ruptura consecuente del Congreso de la Unión, ciertamente, anticipan la cancelación de la Constitución y un gobierno dictatorial.

No obstante, pienso que esa perspectiva está equivocada. Tengo confianza en que la democracia constitucional prevalecerá sobre la dictadura, por infranqueables que parezcan en estos momentos los obstáculos a la democracia que “la mayoría” autodesignada pueda anteponerle. La confianza en el futuro democrático de México está fincada esencialmente en la expresión abrumadora de la voluntad el pueblo (sic) y la nación del México por la democracia constitucional en las elecciones del seis de julio, y en la convicción de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es más fuerte para hacer prevalecer la democracia, que la fuerza de sus violadores para derrotarla. Ha sido un gran absurdo político que la “mayoría” autodesignada trate de imponer al pueblo una dictadura sin sustento no sólo constitucional, sino tampoco político, económico y social. Más aun, bajo la hipótesis de que ese atentado se consumase en contra de la voluntad del pueblo y de la nación, la dictadura parecería tan endeble que en poco tiempo se desmoronaría.

Los intentos de imposición dictatorial no garantizan más que el desorden social, el continuo deterioro económico y la ruptura creciente del orden político-constitucional, es decir, el desgobierno que comenzó a sentise crudamente en la nueva realidad política de México con la disgregación del Congreso de la Unión a raíz del último informe de gobierno de Miguel de la Madrid.

Interpelaciones de la oposición que cortaron la palabra presidencial. Insultos, trompadas y puntapies propios de gañanes más que de gobernadores de un pueblo civilizado como el mexicano. Amenazas ilegales de represión contra legisladores por parte del presidente del Congreso impuesto por la “mayoría”. Símbolos del fraude electoral en la centena de escaños de la oposición de derecha. Abandono del recinto del Congreso de la casi centena y media de los legisladores de oposición de izquierda. Gritos desaforados de “México” de los legisladores de la autodenominada “mayoría” pretendiendo arrogarse ridículamente el monopolio para representar a la nación. Una promesa de “no permitiré la anarquía” como concepto más significativo en un último informe de gobierno a tres meses de concluir el periodo presidencial. Y las columnas de soldados salpicadas por ralos contingentes burocráticos y denuestos opositores como vallas para el recorrido de San Lázaro a Palacio Nacional. Es el botón de muestra de lo que depara la imposición dictatorial.

Ciertamente ello no indicó que “la nación se desmoronaba entre las manos” del Presidente. La nación mexicana está solidamente unida en su voluntad por la democracia. Lo que se desmoronaba era el gobierno que requiere de la armonía de los poderes Legislativo y Ejecutivo para gobernar.

La imposibilidad de integrar realmente el quorum necesario en las sesiones de la Cámara de Diputados, así como la impugnación de su presidente, son otros anticipos de la desarticulación gubernamental.

No son los mejores augurios para la sucesión e inauguración de un gobierno mínimamente perdurable, capaz de conducir a México conforme a sus valores nacionales primarios. Es más, resulta imposible imaginar cómo una imposición tal resultaría en una mejor garantía para la seguridad, la tranquilidad, la libertad, la justicia y el bienestar que exigen los mexicanos, más que en una fuente creciente de privación de estos valores fundamentales. En cambio, es enteramente factible imaginar la realización creciente de esos valores para beneficio de la inmensa mayoría de los mexicanos, si el curso es el que exige la Constitución para garantizar la democracia. Es el único camino viable para que México se integre y se desarrolle sana y vigorosamente en lo político, lo económico y lo social.

Nadie en México, más que una restringida élite burocrática electoral e históricamente derrotada, en realidad se hubiese opuesto a que la Cámara de Diputados, en tanto que Colegio Electoral, hubiese abierto y contado los votos directos y efectivos de los ciudadanos para calificar la elección presidencial, como lo ordena la Constitución y la ley. Bajo condiciones de garantías efectivas de imparcialidad de la autoridad electoral el cómputo debería ser una operación matemática, sin que diese lugar a controversias políticas ya resueltas por los ciudadanos al ejercer su derecho constitucional al sufragio. El candidato que obtuvo un mayor número de votos simplemente sería declarado Presidente Electo por la Cámara de Diputados en su conjunto, tanto por los diputados de su partido como por los de partidos opositores, para significar la incuestionable autoridad constitucional democrática del Presidente. El gran problema que enfrenta México en este momento es que la autoridad electoral fue parcial y actuó sin conformidad a Derecho. Y su parcialidad y arbitrariedad al parecer no sólo condujeron a un amplio divorcio entre los resultados electorales, consignados por la autoridad en las “actas distritales de escrutinio” y los contenidos en los “paquetes electorales” con los votos de los ciudadanos. También parece haber conducido a una confusión de votos efectivos y fraudulentos en el contenido de dichos paquetes que hizo imposible la calificación de la elección presidencial que ordena la Constitución. La consecuencia fue la imposibilidad constitucional de declarar Presidente Electo a cualquiera de los candidatos.

Sexta entrega 1/10/1988

La analogía con la situación de España a la muerte de Franco flota en el ambiente. Algunos se lamentan de que en México, a diferencia de la España de 1975, no haya un monarca que como jefe de Estado mantenga la integridad política en medio de los cambios de gobierno que condujeron la transición hacia la democracia. Hay también escepticismo y/o temor en algunos ambientes frente a la alternativa de la democracia. Se refieren a ella bien como una quimera inalcanzable en México, con las consabidas denigraciones a nuestro pueblo, que lo presentan como sólo digno del autoritarismo corporativista, o bien rechazan la democracia “sin adjetivos” -para usar la paráfrasis de Enrique Krauze del concepto de Raymond Carr sobre la transición española- cuando la corriente democrática dominante es contraria a sus preferencias o prejuicios ideológicos, dando al traste con sus aparentes convicciones democráticas. Se vuelven “realistas” y suscriben la opción constitucional por un “orden canijo e injusto” que Adrián Lajous reserva a los mexicanos.

México ha vivido otras dos grandes crisis constitucionales de la envergadura de la presente a lo largo de su historia. Ambas resultaron en violencia revolucionaria sumamente destructiva por la necedad de élites burocráticas dominantes de mantener estructuras de poder insostenibles. La primera fue la que se presentó al fin del mundo novohispano y resultó en las guerras de independencia, condujo a lo que Jesús Reyes Heroles llamó la “sociedad fluctuante” con más de 50 gobiernos y los golpes, rebeliones, asonadas y guerras antecedentes y consecuentes, a tres invasiones extranjeras y a la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, hasta la restauración de la República con base en la Constitución de 1917. La segunda gran crisis constitucional mexicana sobreviene al fin del Porfiriato, con la necedad elitista de negar los principios democráticos constitucionales cuando el pueblo y la nación exigieron su cumplimiento con el liderazgo de Francisco I. Madero para la sucesión presidencial de 1910. La revolución consecuente lleva de nuevo a México a la violencia y no se produce un orden político-constitucional estable sino hasta 1929, con la creación bajo el liderazgo de Plutarco Elías Calles del Partido Nacional Revolucionario después del homicidio de Álvaro Obregón, vinculado a su intento de romper con el principio toral de no reelección de la Constitución de 1917 heredera de la de 1857. El presidente Lázaro Cárdenas, consolida el orden político-constitucional con la expulsión del general Calles cuando éste pretende desafiar la primacía de la autoridad presidencial derivada del mismo. Ahora que se han erosionado a un grado extremo los contrapesos éticos, jurídicos y políticos al ejercicio arbitrario del poder presidencial, y el pueblo y la nación volvieron a exigir en las elecciones de julio de 1988 la democracia en la sucesión presidencial, y las élites dominantes encubiertas en una “mayoría” oculta y fraudulenta pretenden negarla, se plantea la tercera gran crisis histórica en la constitución política de México. También flota en el ambiente que ella tendrá que resolverse con violencia y destrucción como las anteriores.

Ni el pueblo mexicano es gobernable con un corporativismo autoritario impuesto por una “mayoría” fraudulenta. Ni esta crisis constitucional debe resolverse con violencia y destrucción. Ni México necesita un monarca como España para transitar a la democracia.

El seis de julio no sólo se manifestó abrumadoramente una voluntad del pueblo, sino que se estableció un precedente histórico de unidad y coincidencia nacional, desde la derecha y desde la izquierda, por la democracia. Se sentaron las bases para integrar, dentro de un mismo orden constitucional libertario, a la herencia de los partidos liberal y conservador del siglo XIX que subyace en la izquierda y la derecha de nuestros días, con base en la efectividad de la soberanía del pueblo ejercida a través del sufragio para constituir el Gobierno. Bajo las garantías de nuestra Constitución Política surgida de la Revolución, ahora izquierda y derecha, conservadores y liberales, defienden un mismo orden constitucional fundado en la garantía a la soberanía del pueblo para elegir entre ellos.

La distinción frente a la España franquista es que México tiene una Constitución profundamente enraizada en la historia y la vida de la nación. Las “leyes fundamentales del reino” franquista eran una forma jurídica para encubrir una imposición dictatorial. Es por ello que sólo con la guía rectora de un monarca los españoles pudieron transitar pacíficamente a la democracia. A diferencia de la España de 1975, el México de 1988 tiene principios constitucionales congruentes desde 1857 y una misma Constitución Política en vigor desde 1917. En la década pasada las fuerzas democráticas de Espala volteaban todavía con admiración y agradecimiento a México no sólo por el apoyo que les brindaba nuestro gobierno constitucional. También por las garantías que ofreció nuestro orden constitucional a los exiliados de la dictadura para que pudieran prosperar y desarrollarse con libertad en nuestro país.

La Constitución de México es la rectora del tránsito a la democracia. Su raigambre histórica y sus principios fundamentales son los firmes asideros que harán llegar a buen éxito la voluntad popular y nacional de vivir en ella. Podrán sobrevivir albazos contra la Constitución como el del 10 de septiembre, que de alguna forma recuerda al que el presidente Ignacio Comonfort orquestó con Félix Zuloaga recién establecidos los principios constitucionales básicos de 1857. Pero no prevalecerán sobre la voluntad nacional, como no prevalecieron entonces con el liderazgo de Benito Juárez, quien hizo valer la voluntad nacional bajo circunstancias mucho más aciagas.

Los principios de la constitución para el caso que estamos viviendo difícilmente podrían ser más integradores y efectivos para resolver el desgobierno que amenaza a México. La elección de un Presidente interino por un Colegio Electoral constituido con al menos las dos terceras partes del número total de miembros del Congreso e la Unión cancela el margen fraudulento con que se ha autodesignado la “mayoría” legislativa actual, conduce a la unión constitucional de las disgregadas fuerzas políticas nacionales y permite el establecimiento del gobierno constitucional fuerte y ampliamente legitimado que se requiere para que el país entre en la democracia. El mandato de convocatoria a elecciones presidenciales, a celebrarse entre 14 y 18 meses después de la elección de Presidente interino, establece las bases y abre un periodo apropiado para que el gobierno interino integre una autoridad electoral imparcial, y para que la nación y sus ricas y diversas fuerzas políticas se acomoden, se organicen y se preparen para competir por el voto soberano del pueblo, que debe constituir el gobierno definitivo del México democrático.

La opción constitucional por la democracia ofrece un contraste extremo frente a la opción de la dictadura de la “mayoría” autodesignada, para el bienestar político, económico y social de los mexicanos.

En lo político, el curso constitucional inmediatamente tranquilizaría a la nación, llenaría de regocijo al pueblo que ha sido el gran actor de la transición a la democracia, abriría las salidas institucionales para canalizar ordenadamente las vigorosas fuerzas nacionales emergentes y establecería un Poder Ejecutivo legítimo y fuerte para definir y hacer respetar el orden público legítimo que tanto exige la sociedad y la economía mexicana. Su mandato político interino sería restrictivo y claramente definido: garantizar la efectividad del voto del pueblo en las elecciones presidenciales de 1989. Su interinato, sustentado en la unidad nacional reflejada constitucionalmente al menos con las dos terceras partes del Congreso de la Unión, resolvería el conflicto constitucional-partidista de intereses que han llevado al presidente de la República a seleccionar su sucesor, como líder del PRI, y a utilizar su autoridad presidencial para hacerlo “triunfar” en las elecciones.

La desvinculación del Presidente interino de cualquier parcialidad partidista sería la piedra angular para que el PRI, o lo que resultase del mismo, pudiese convertirse efectivamente a la democracia aprendiendo las reglas de imparcialidad electoral del Estado. Ofrecería la gran oportunidad y el tiempo necesario para que la voluntad de sus militantes en cada región y estado de la República, incluidos los gobernadores que quedarían como los militantes más significativos, organizaran democráticamente sus fuerzas para obtener realmente y no suplantar el voto del pueblo frente a las nuevas reglas políticas nacionales. Y sólo el consenso democrático entre ellos podría redificarse (sic) un partido de abajo hacia arriba -como se construye o reconstruye cualquier edificio- y nominar un candidato a la Presidencia capaz de obtener abiertamente y sin fraudes el voto mayoritario del pueblo, que bien podría ser Salinas, si es que en verdad cuenta con el apoyo democrático decidido y mayoritario de los priístas y los ,mexicanos.

Si se ve en perspectiva, la opción constitucional es la mejor para todos los mexicanos, incluso para las personalidades políticas del presidente De la Madrid y de Salinas. El primero pasaría a la historia como el Presidente en cuyo gobierno se abrió el camino a la democracia en México, y no como el que pretendió obstruir al final infructuosamente su curso constitucional y la voluntad abrumadora del pueblo que lo sustenta. La proyección política del segundo para actuar por el bien de México crecería inmensamente con un acto de grandeza extraordinaria, al renunciar a una presidencia que se sustenta en el ocultamiento de los votos de los ciudadanos. Decía Jesús Reyes Heroles que “más vale una devaluación en frío, que una caliente”. Se puede establecer el parangón con la sucesión presidencial que vivimos. “Más vale una renuncia a una presidencia anticonstitucional todavía en frío, antes que se consume, que en caliente”. En frío el país ahorraría meses de contestación, fricción, intranquilidad social y política y el PRI, el gobierno y Salinas, el deterioro ulterior.


Samuel Ignacio del Villar Kretchmar

Nació en la Ciudad de México en 1945 hijo de una familia de terratenientes potosinos. Estudió en el Instituto Cumbres de los Legionarios de Cristo, economía en la UNAM y luego obtendría un doctorado en leyes de Harvard. Fue periodista y académico formando parte de Excelsior donde apoyó a la mesa directiva de Julio Scherer cuando la represión gubernamental a este diario, posteriormente pasó a ser tesorero y fundador de Proceso, sin por ello desdeñar posteriormente un puesto en la administración de José López Portillo. Ante el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia se incorporó en una posición cercana a presidencia hasta que fue cesado por las pugnas internas que se daban ante la llegada del “grupo compacto” salinista.

En 1988, ya con una extensa carrera en el gobierno, la academia y el periodismo, escribió el artículo que nos ocupa en esta entrada por el cual se acercó a Cuahutémoc Cárdenas y participó en la fundación del PRD. A partir de ahí tiene una carrera política dentro de la izquierda partidista y organizativa constante durante los siguientes nueve años. Es en 1997 cuando salta a la esfera pública ya que el triunfo de Cárdenas en las primeras elecciones del D.F. lo llevó a ocupar el cargo de Procurador de Justicia durante el siguiente trienio.

Durante ese periodo hay dos eventos principales que lo llevaron a ser repudiado por innumerables sectores. El primero lo constituye el asesinato del conductor Paco Stanley en junio de 1999 que desencadenó un linchamiento mediático contra las autoridades del GDF tanto por el asesinato como por los nulos resultados de las investigaciones que dejaron el caso sin resolver y revelaron que la PGJ aún adolecía de una gran corrupción a pesar de la anunciada reestructuración. El segundo fue la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México durante la cual se dieron múltiples agresiones, hostigamientos y detenciones a miembros del movimiento en las cuales hubo participación oficial o ilegal de miembros de la PGJ, así como diversos acercamientos entre rectoría y la procuraduría por lo que fue acusado de apoyar actos de represión contra los huelguistas.

Luego, ya enfermo, regresó a trabajar al Colegio de México y se encargó de la Comisión para la Legalidad y la Transparencia interna del PRD. En ese puesto hizo un diagnóstico sobre los fraudes electorales y vicios que mostraban los procesos internos debido a la lucha de las tribus lo que le orilló a un ostracismo mayor por parte de la clase política. Samuel del Villar murió en el DF víctima de cáncer en 2005.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/140194.plaza-publica-samuel-del-villar.html

http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/050324.pdf

http://www.ccardenass.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108:-homenaje-a-samuel-del-villar&catid=36:conferencias&Itemid=55

http://www.jornada.unam.mx/1999/05/20/colabora.html

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